POLITICA
“Un Cámpora para Cristina”: el kirchnerismo evoca un pasado traumático en medio de la interna con Kicillof
El kirchnerismo empezó a evocar en voz alta uno de los antecedentes más traumáticos de la historia del peronismo: la construcción de un candidato presidencial concebido como instrumento político de un líder “proscripto”. La comparación con Héctor Cámpora reapareció mientras Cristina Kirchner intenta preservar su centralidad dentro del PJ y Axel Kicillof trabaja para evitar otra experiencia fallida de doble comando y disputas de poder como la que terminó destruyendo al gobierno de Alberto Fernández y pavimentando el ascenso de Javier Milei.
La referencia histórica tiene una potencia política evidente. No solamente por la figura de Cámpora, sino por todo lo que vino después.
La experiencia camporista fue breve, convulsionada y terminó funcionando como antesala del período más oscuro de la Argentina contemporánea. Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973 y renunció el 13 de julio de ese mismo año. Su presidencia duró poco más de 49 días. Pero en ese lapso quedaron expuestas las tensiones irreconciliables que atravesaban al peronismo: la disputa por la conducción real, la radicalización política, la violencia interna y la imposibilidad de estabilizar un esquema de poder donde el presidente formal convivía con otro liderazgo superior, exterior y determinante. El periodista y ex dirigente montonero Miguel Bonasso reconstruyó con enorme detalle aquella experiencia en su libro “El presidente que no fue”, donde expuso las contradicciones, presiones cruzadas y conflictos internos de un gobierno concebido como transición hacia el regreso definitivo de Perón al poder.
El regreso definitivo de Juan Domingo Perón terminó reorganizando el poder político, pero también acelerando una dinámica de confrontación que derivó en fracturas cada vez más violentas dentro del propio movimiento peronista. La masacre de Ezeiza, la escalada de violencia política, la expulsión de sectores de izquierda de la Plaza de Mayo y el deterioro institucional posterior terminaron desembocando en el colapso del sistema democrático y en la dictadura militar de 1976.
Por eso la sola evocación de Cámpora dentro del peronismo contemporáneo tiene una carga tan delicada.
No se trata de una analogía electoral menor ni de una discusión académica sobre el pasado. La referencia reaparece mientras una parte importante del kirchnerismo duro trabaja para reinstalar la idea de Cristina Kirchner como vértice ordenador del futuro peronista aun después de la condena por la causa Vialidad y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pasado que vuelve
La construcción política alrededor de Cristina ya empezó a incorporar elementos simbólicos que remiten deliberadamente al viejo relato de la proscripción peronista.
San José 1111 funciona cada vez más como un centro de peregrinación política y militante. La consigna “Cristina Libre” ya no aparece solamente vinculada a la defensa judicial de la ex presidenta, sino como parte de una estrategia más amplia: sostener su centralidad política y mantener abierta la posibilidad de un regreso pleno al centro del poder.
La escena remite inevitablemente a otro momento histórico del peronismo. Durante los años de exilio de Juan Domingo Perón, Puerta de Hierro —la residencia del líder justicialista en Madrid— se convirtió en el centro simbólico y político del movimiento peronista proscripto. Gobernadores, sindicalistas, dirigentes juveniles, emisarios políticos y figuras internacionales peregrinaban hasta esa casa española para buscar una bendición política, validar candidaturas o discutir la estrategia del regreso del general a la Argentina.
Aquella lógica terminó condensada en una de las consignas más recordadas del peronismo de los años setenta: “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”. La fórmula sintetizaba una idea muy precisa: el presidente formal podía ser otro, pero la conducción real seguiría estando en manos del líder proscripto.
Esa memoria histórica es la que vuelve tan sensible la comparación actual dentro del kirchnerismo.
Porque la evocación de Cámpora no aparece solamente asociada a la lealtad política hacia Cristina Kirchner. También remite a la posibilidad de una candidatura concebida para preservar la centralidad de una dirigente que, aun condenada e inhabilitada de por vida, sigue siendo considerada por el núcleo duro del PJ como la verdadera referencia estratégica del peronismo.
Ese es el punto más inquietante de toda la discusión.
Porque la idea de “un Cámpora para Cristina” no remite únicamente a la necesidad de un dirigente leal o alineado políticamente. Remite a la posibilidad de construir una candidatura presidencial subordinada a una misión superior: contribuir a revertir la situación judicial de Cristina Kirchner y garantizar que siga siendo la principal arquitecta del futuro peronista.
La lógica quedó expuesta en una conversación televisiva entre Teresa García y Nancy Pazos. La periodista de C5N le preguntó directamente si el objetivo era encontrar “un nuevo Cámpora”. García dudó unos instantes y terminó admitiendo la comparación. “Sí”, respondió. Después intentó matizar la literalidad de la idea, pero dejó en claro el concepto político que atraviesa al kirchnerismo: “Hace falta alguien que entienda la lógica por la que vamos a atravesar en un próximo gobierno y que necesitamos que Cristina esté libre”.
La dirigente bonaerense incluso avanzó sobre otra dimensión más profunda de la narrativa kirchnerista: la idea de que Cristina Kirchner terminó judicializada por haber enfrentado “al poder real”. “No hay posibilidad para nadie que vaya a gobernar desde el peronismo, para el que vaya a gobernar este país, que no tenga en cuenta los dos períodos de Cristina presidente y las razones por las que está detenida”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, Teresa García también reivindicó el papel político singular que tuvo Cristina después de la muerte de Néstor Kirchner. “Cristina gobernó sola, tuvo que hacerse cargo de un país en el medio de la pérdida de su compañero”, sostuvo. Y enseguida agregó una definición que terminó funcionando casi como una admisión del clima interno que atraviesa hoy al PJ: “Hay que abandonar la hipocresía en la política”.
La frase tuvo impacto porque sintetizó algo que empieza a percibirse dentro del peronismo: el kirchnerismo duro ya no parece dispuesto a disimular que pretende preservar la centralidad política de Cristina Kirchner aun cuando no pueda competir electoralmente.
Y lo hizo en el peor momento de la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Pelea de fondo y de formas
El gobernador bonaerense viene desarrollando desde hace meses una estrategia política orientada a construir autonomía, con el tácito objetivo de una candidatura presidencial para el 2027. Ya no actúa únicamente como heredero político de Cristina Kirchner. Empieza a intentar convertirse en otra cosa, nueva y con identidad propia: un dirigente con liderazgo propio, capacidad de ampliación electoral y margen de maniobra para evitar un nuevo gobierno condicionado desde adentro.
Kicillof leyó el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, en la presidencia; Cristina Kirchner, en la vicepresidencia; y Sergio Massa, en el Ministerio de Economía y lanzado a ser el candidato oficialista, como un esquema probadamente ineficaz y, sobre todo, destructivo.
La experiencia del Frente de Todos terminó convertida en un laboratorio político traumático para el peronismo. Un presidente sin control pleno del poder, disputas permanentes entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, ministros que respondían a distintos liderazgos, internas públicas y una economía que terminó bordeando la hiperinflación antes de la derrota frente a Javier Milei.
El gobernador intenta evitar exactamente ese esquema.
Por eso resiste el tutelaje político del kirchnerismo duro y trabaja para construir una candidatura presidencial capaz de ampliar la base electoral del PJ hacia sectores moderados y de centro. Esa búsqueda explica buena parte de las tensiones actuales con La Cámpora y con dirigentes que exigen que la bandera de “Cristina Libre” se transforme en el eje ordenador de toda la estrategia opositora hacia 2027.
Máximo Kirchner viene endureciendo sus cuestionamientos internos contra la gestión bonaerense. La ex intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, se convirtió en una de las principales voces críticas del gobernador. También aparecieron reproches vinculados a la política social, los recortes presupuestarios y la eliminación del plan MESA.
La operación a la que fue sometido Máximo Kirchner el viernes pasado, por un tumor benigno en las glándulas submaxilares, volvió además a poner al diputado nacional en el centro de la escena política del kirchnerismo. Después de la intervención, habló con Cristina Kirchner y recibió el alta médica el sábado. Permanecerá una semana en reposo, pudo confirmar Infobae. ¿Axel tendrá un respiro?
Pero antes, distintos dirigentes empezaron a aumentar la presión pública sobre Kicillof.
¿Segundos afuera o adentro?
Uno de ellos fue Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que Kicillof “tiene todas las posibilidades” de ser presidente, pero inmediatamente después introdujo una condición política decisiva. Ante la pregunta sobre qué ocurriría si el gobernador “no acepta la conducción estratégica de Cristina”, respondió: “Buscaremos otro candidato”.
La frase expuso sin filtros el núcleo de la pelea interna.
La discusión ya no pasa solamente por quién puede ganar una elección presidencial. El conflicto real es quién conduce al peronismo y bajo qué condiciones debería gobernar un eventual presidente del PJ.
Berni fue todavía más allá. Cuestionó el perfil político de Kicillof, lo vinculó al “progresismo” y al experimento fallido de Alberto Fernández y sugirió que el gobernador todavía no logró construir una conducción efectiva dentro del peronismo. “No conduce quien quiere, sino quien puede”, afirmó.
Ese endurecimiento convive, sin embargo, con otra dinámica más silenciosa dentro del PJ: los intentos de reunificación.
Ahí aparece el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.
El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri empezó a reconstruir vínculos con distintos sectores del peronismo. Se reunió con la CGT, mantiene conversaciones con Guillermo Moreno, con organizaciones sociales -a las que antes condenaba por sostener el “pobrismo”– dialoga con intendentes importantes del conurbano y también articula con figuras con pasado en el macrismo y el universo libertario, que buscan nuevos caminos: de Emilio Monzó y Nicolás Massot a Carlos Kikuchi y Sergio Vargas.
Pero el movimiento político más significativo fue su acercamiento a Cristina Kirchner.
Después de casi una década sin diálogo, Pichetto volvió a verla y empezó a participar de conversaciones orientadas a evitar una fractura terminal del peronismo. “Hablé con la presidenta después de casi diez años y hablé en un plano humano, personal, de respeto”, explicó.
La definición tuvo peso político porque provino de uno de los dirigentes que durante años representó al peronismo más distante del kirchnerismo duro. Pichetto incluso reivindicó la necesidad de reconstruir vínculos políticos desde otro lugar. “Lo humano en política es importante”, sostuvo. Y agregó: “Hoy hay que considerarla como un actor fundamental”.
La frase expuso otro movimiento que empieza a desarrollarse dentro del peronismo: la aceptación pragmática de que Cristina Kirchner todavía conserva una centralidad política que ningún otro dirigente logró reemplazar.
Pichetto también dejó una frase dirigida directamente a Kicillof: “Si algo le debería decir es que la vaya a ver”. Detrás de esa recomendación aparece otra preocupación que atraviesa al PJ: muchos dirigentes peronistas creen que una ruptura definitiva entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof podría destruir cualquier posibilidad competitiva hacia 2027.
El gobernador necesita autonomía política para construir volumen electoral y evitar el destino de Alberto Fernández. Pero Cristina Kirchner sigue conservando un nivel de centralidad, representación simbólica y capacidad de ordenamiento interno que el peronismo todavía no consiguió reemplazar. Todos saben que tiene voz y muchos votos.
Esa tensión es la que explica por qué el fantasma de Cámpora volvió a aparecer dentro del peronismo medio siglo después.
El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.
En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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Juan Grabois,Argentina,política
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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POLITICA
Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
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