ECONOMIA
Un diputado calculó que 13 proyectos aprobados por el RIGI implicarán resignar ingresos tributarios por USD 1.800 millones anuales
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) lleva casi dos años en funcionamiento y acumula decenas de proyectos presentados, aprobados y en evaluación. Mientras el Gobierno avanza con una versión ampliada del esquema —el denominado Súper RIGI, cuyo proyecto ya ingresó al Congreso—, desde la oposición peronista llegó un análisis que pone el foco en cuánto le cuesta al Estado, en términos de impuestos que deja de cobrar, el conjunto de beneficios que sostiene al régimen.
El autor del informe es Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo y hombre de confianza de Sergio Massa, bajo cuya gestión como ministro de Economía, Michel condujo la Aduana argentina. Su trabajo toma como base los 13 primeros proyectos que el RIGI aprobó y concluye que el costo fiscal anual de esas inversiones asciende a USD 1.837 millones, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI.
El cálculo fue elaborado en las últimas semanas, antes de que se conociera la aprobación de tres proyectos adicionales, con lo que el total de iniciativas aprobadas asciende actualmente a 16. En la medida en que esas nuevas incorporaciones impliquen beneficios similares, el costo fiscal real podría ser algo superior al proyectado por el legislador.
El concepto de “gasto tributario” refiere a los ingresos que el Estado resigna cuando otorga exenciones, alícuotas reducidas u otros beneficios impositivos a determinados sectores o actividades. No es un gasto presupuestario en sentido estricto —el Estado no desembolsa ese dinero—, sino una renuncia a recaudación que, de no existir el beneficio, hubiera ingresado a las arcas públicas.
En el caso del RIGI, la lógica oficial detrás de esos beneficios es que, sin ellos, muchas de las inversiones directamente no se concretarían. El argumento es que proyectos de gran escala en sectores como energía o minería requieren horizontes de retorno muy largos y niveles de certeza jurídica y fiscal que justifican un tratamiento diferencial. El propio régimen incluye una estabilidad normativa de 30 años para los proyectos adheridos.
Los 13 proyectos analizados por Michel suman una inversión comprometida de USD 27.210 millones y contemplan la creación de 36.873 puestos de trabajo. Entre ellos se encuentran iniciativas de peso como el proyecto de GNL de Southern Energy (USD 15.156 millones), Vaca Muerta Sur —el consorcio liderado por YPF— (USD 2.900 millones) y Rincón de Río Tinto (USD 2.744 millones), además de emprendimientos mineros como Los Azules de McEwen Copper (USD 2.672 millones) y Diablillos de AbraSilver (USD 764 millones). Las exportaciones proyectadas por el conjunto de esos proyectos alcanzan los USD 21.006 millones anuales.
Sobre esa base, Michel estimó un gasto tributario de USD 1.837 millones por año, equivalente a 0,27 puntos porcentuales del PBI. El número surge de sumar los distintos beneficios que el RIGI otorga a los Vehículos de Propósito Único (VPU), que son las personas jurídicas que cada proyecto debe constituir para adherirse al régimen con su propio CUIT.
Entre esos beneficios se cuentan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—. El informe aclara que, para petróleo, gas natural y oro, las retenciones ya eran cero antes del RIGI por norma general, por lo que ese beneficio particular resulta neutro en esos rubros.
Michel no se limitó a cuantificar el costo de los proyectos ya aprobados, sino que también proyectó qué ocurriría si el RIGI atrajera inversiones de similares características por un total de USD 100.000 millones —una cifra que el propio Gobierno tiene como horizonte de expectativa para el régimen. Bajo esa proyección, el gasto tributario ascendería a aproximadamente 1 punto porcentual del PBI.
El componente más significativo dentro de ese total proyectado corresponde a la eliminación de derechos de exportación, que por sí sola representaría 0,40 puntos porcentuales del PBI. Le siguen la reducción en Ganancias más el tratamiento de quebrantos (0,22 puntos), los beneficios sobre importaciones y el IVA (0,15 puntos), los Certificados de Crédito Fiscal de IVA (0,14 puntos) y el tratamiento diferencial del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (0,09 puntos).
Si sobre esa misma base de inversión se aplicaran los beneficios adicionales que contempla el Súper RIGI —actualmente en tratamiento legislativo—, el gasto tributario proyectado treparía a 1,27 puntos porcentuales del PBI, según el informe de Michel.
La diferencia principal está en dos modificaciones que el nuevo esquema introduce respecto del RIGI original. La primera es una reducción adicional de la alícuota de Ganancias: mientras el RIGI la baja del 35% al 25%, el Súper RIGI la llevaría al 15%, lo que en la proyección de Michel implica que el costo de este ítem pase de 0,22 a 0,44 puntos del PBI. La segunda es un tope del 10% para las contribuciones patronales sobre nuevos puestos de trabajo, un beneficio que el régimen original no contempla y que en la proyección agrega 0,06 puntos del PBI adicionales.
El Súper RIGI, cuyo nombre formal es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a sectores que el Gobierno define como “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales o tecnológicos que actualmente no se desarrollan en el país o que se encuentran en fases experimentales. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó como ejemplos la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y data centers para inteligencia artificial. El monto mínimo de inversión para adherirse es de USD 1.000 millones por proyecto, superior al piso de entre USD 200 millones y USD 600 millones que rige en el RIGI según el sector.
El análisis de Michel presupone que, sin los beneficios del RIGI, el Estado hubiera recaudado esos impuestos. Sin embargo, el argumento oficial —y el que subyace en el diseño del régimen— es que, en ausencia de los incentivos, la mayor parte de esas inversiones directamente no se radicaria en el país, con lo cual la recaudación de referencia sería cero.
Lo que el informe del diputado sí pone en blanco sobre negro es la magnitud del esfuerzo fiscal que el Estado asume al sostener el esquema: casi USD 1.837 millones anuales para los primeros 13 proyectos aprobados, con la perspectiva de que ese número crezca a medida que el RIGI sume nuevas adhesiones —y más aún si el Súper RIGI obtiene aprobación parlamentaria y comienza a generar proyectos propios.
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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