El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) lleva casi dos años en funcionamiento y acumula decenas de proyectos presentados, aprobados y en evaluación. Mientras el Gobierno avanza con una versión ampliada del esquema —el denominado Súper RIGI, cuyo proyecto ya ingresó al Congreso—, desde la oposición peronista llegó un análisis que pone el foco en cuánto le cuesta al Estado, en términos de impuestos que deja de cobrar, el conjunto de beneficios que sostiene al régimen.

El autor del informe es Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo y hombre de confianza de Sergio Massa, bajo cuya gestión como ministro de Economía, Michel condujo la Aduana argentina. Su trabajo toma como base los 13 primeros proyectos que el RIGI aprobó y concluye que el costo fiscal anual de esas inversiones asciende a USD 1.837 millones, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI.

El cálculo fue elaborado en las últimas semanas, antes de que se conociera la aprobación de tres proyectos adicionales, con lo que el total de iniciativas aprobadas asciende actualmente a 16. En la medida en que esas nuevas incorporaciones impliquen beneficios similares, el costo fiscal real podría ser algo superior al proyectado por el legislador.

El concepto de “gasto tributario” refiere a los ingresos que el Estado resigna cuando otorga exenciones, alícuotas reducidas u otros beneficios impositivos a determinados sectores o actividades. No es un gasto presupuestario en sentido estricto —el Estado no desembolsa ese dinero—, sino una renuncia a recaudación que, de no existir el beneficio, hubiera ingresado a las arcas públicas.

En el caso del RIGI, la lógica oficial detrás de esos beneficios es que, sin ellos, muchas de las inversiones directamente no se concretarían. El argumento es que proyectos de gran escala en sectores como energía o minería requieren horizontes de retorno muy largos y niveles de certeza jurídica y fiscal que justifican un tratamiento diferencial. El propio régimen incluye una estabilidad normativa de 30 años para los proyectos adheridos.

Los 13 proyectos analizados por Michel suman una inversión comprometida de USD 27.210 millones y contemplan la creación de 36.873 puestos de trabajo. Entre ellos se encuentran iniciativas de peso como el proyecto de GNL de Southern Energy (USD 15.156 millones), Vaca Muerta Sur —el consorcio liderado por YPF— (USD 2.900 millones) y Rincón de Río Tinto (USD 2.744 millones), además de emprendimientos mineros como Los Azules de McEwen Copper (USD 2.672 millones) y Diablillos de AbraSilver (USD 764 millones). Las exportaciones proyectadas por el conjunto de esos proyectos alcanzan los USD 21.006 millones anuales.

Sobre esa base, Michel estimó un gasto tributario de USD 1.837 millones por año, equivalente a 0,27 puntos porcentuales del PBI. El número surge de sumar los distintos beneficios que el RIGI otorga a los Vehículos de Propósito Único (VPU), que son las personas jurídicas que cada proyecto debe constituir para adherirse al régimen con su propio CUIT.

Entre esos beneficios se cuentan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—. El informe aclara que, para petróleo, gas natural y oro, las retenciones ya eran cero antes del RIGI por norma general, por lo que ese beneficio particular resulta neutro en esos rubros.

Michel no se limitó a cuantificar el costo de los proyectos ya aprobados, sino que también proyectó qué ocurriría si el RIGI atrajera inversiones de similares características por un total de USD 100.000 millones —una cifra que el propio Gobierno tiene como horizonte de expectativa para el régimen. Bajo esa proyección, el gasto tributario ascendería a aproximadamente 1 punto porcentual del PBI.

El componente más significativo dentro de ese total proyectado corresponde a la eliminación de derechos de exportación, que por sí sola representaría 0,40 puntos porcentuales del PBI. Le siguen la reducción en Ganancias más el tratamiento de quebrantos (0,22 puntos), los beneficios sobre importaciones y el IVA (0,15 puntos), los Certificados de Crédito Fiscal de IVA (0,14 puntos) y el tratamiento diferencial del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (0,09 puntos).

Si sobre esa misma base de inversión se aplicaran los beneficios adicionales que contempla el Súper RIGI —actualmente en tratamiento legislativo—, el gasto tributario proyectado treparía a 1,27 puntos porcentuales del PBI, según el informe de Michel.

La diferencia principal está en dos modificaciones que el nuevo esquema introduce respecto del RIGI original. La primera es una reducción adicional de la alícuota de Ganancias: mientras el RIGI la baja del 35% al 25%, el Súper RIGI la llevaría al 15%, lo que en la proyección de Michel implica que el costo de este ítem pase de 0,22 a 0,44 puntos del PBI. La segunda es un tope del 10% para las contribuciones patronales sobre nuevos puestos de trabajo, un beneficio que el régimen original no contempla y que en la proyección agrega 0,06 puntos del PBI adicionales.

El Súper RIGI, cuyo nombre formal es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a sectores que el Gobierno define como “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales o tecnológicos que actualmente no se desarrollan en el país o que se encuentran en fases experimentales. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó como ejemplos la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y data centers para inteligencia artificial. El monto mínimo de inversión para adherirse es de USD 1.000 millones por proyecto, superior al piso de entre USD 200 millones y USD 600 millones que rige en el RIGI según el sector.

El análisis de Michel presupone que, sin los beneficios del RIGI, el Estado hubiera recaudado esos impuestos. Sin embargo, el argumento oficial —y el que subyace en el diseño del régimen— es que, en ausencia de los incentivos, la mayor parte de esas inversiones directamente no se radicaria en el país, con lo cual la recaudación de referencia sería cero.

Lo que el informe del diputado sí pone en blanco sobre negro es la magnitud del esfuerzo fiscal que el Estado asume al sostener el esquema: casi USD 1.837 millones anuales para los primeros 13 proyectos aprobados, con la perspectiva de que ese número crezca a medida que el RIGI sume nuevas adhesiones —y más aún si el Súper RIGI obtiene aprobación parlamentaria y comienza a generar proyectos propios.