INTERNACIONAL
Un informe señaló que más de 100.000 niños fueron separados de sus padres en la ola de deportaciones de Trump
Ledy Ordonez estaba en el trabajo en una tienda mayorista de pescados y mariscos de San Antonio en julio pasado cuando unos agentes de migración entraron en las instalaciones y se la llevaron a ella, y a cerca de una decena de personas, bajo custodia. Ordonez, quien es madre soltera, sigue detenida y fue separada de su único hijo, Alonzo, un niño de 2 años nacido en Estados Unidos que ahora está al cuidado de una amiga.
“Ya puede andar y hablar”, dijo Ordonez desde un centro de detención de Texas. “Me he perdido de mucho”.
Un nuevo análisis sugiere que más de 100.000 niños han sido separados de sus padres durante las medidas represivas contra la inmigración ejecutadas por el gobierno de Donald Trump. Y aproximadamente tres cuartas partes de esos niños, como Alonzo, son probablemente ciudadanos estadounidenses, según estimaciones que la Institución Brookings compartió con The New York Times.
La estimación de Brookings sobre el número de niños que son ciudadanos estadounidenses es más del doble de lo que cabría esperar en el mismo periodo de tiempo según los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés). Los investigadores, cuyo informe se basa en un análisis estadístico de la población detenida, sostienen que las estadísticas oficiales son un recuento insuficiente debido a la forma en que el gobierno recoge esa información.
Los hallazgos apuntan a una escala de separaciones familiares que eclipsa con creces la de la política de “tolerancia cero” del primer gobierno de Trump en 2018, cuando unos 5500 niños fueron separados de sus padres inmediatamente después de cruzar la frontera sur.
El DHS no respondió directamente a las preguntas sobre el número de padres que habían sido detenidos o el análisis que sugería que las estadísticas oficiales no reflejaban el número total de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres habían sido arrestados.
El DHS dijo en un comunicado que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos, o dejar a sus hijos nacidos en Estados Unidos con una persona designada.
“Se mire como se mire, hay decenas de miles de niños que han sufrido la detención de sus padres desde que este presidente entró en funciones”, dijo Tara Watson, investigadora principal de Brookings. “La mayoría son ciudadanos estadounidenses”, dijo.
Los investigadores calculan que unos 205.000 niños han pasado por la detención de uno de sus progenitores –que suele ser un paso previo a la deportación–, de los cuales unos 145.000 son ciudadanos. Utilizaron datos de la Oficina del Censo y de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para determinar el número probable de hijos de los detenidos en función de su situación migratoria, sexo, edad, nacionalidad y si estaban casados.
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En Estados Unidos viven más de 13 millones de migrantes que son vulnerables a la deportación, ya sea porque son indocumentados o porque tienen un estatus temporal. Unos cinco millones de niños menores de 18 años viven con al menos un padre migrante no autorizado, según estimaciones de varios centros de investigación, y más de cuatro millones de ellos son ciudadanos estadounidenses.
El gobierno de Trump ha detenido a unos 400.000 inmigrantes durante operaciones de control en el interior del país. No hay información fiable sobre cuántos hijos tienen los detenidos o qué pasó con esos niños cuando sus padres fueron puestos bajo custodia.
Watson, economista, y su coautora, Maria Cancian, profesora de política pública en la Universidad de Georgetown, dijeron que trataron de responder a estas preguntas.
Las estimaciones parten del supuesto de que la aplicación de las leyes migratorias es esencialmente aleatoria, es decir, que los migrantes que son padres tienen las mismas probabilidades de ser detenidos que los migrantes sin hijos. Pero los investigadores también crearon una herramienta interactiva que calcula el número probable de niños afectados por la detención de los padres en diferentes escenarios y supuestos de aplicación de la ley. Su estimación más conservadora del número de niños nacidos en Estados Unidos con un padre detenido es de unos 117.400. Su estimación más alta es de aproximadamente 175.000.
Los investigadores dijeron que consideraban que 145.000 era su estimación más precisa, y predijeron que aumentará porque el Congreso asignó 45.000 millones de dólares en el llamado proyecto de ley grande y hermoso para ampliar la capacidad de detención.
Su estimación contrasta con las cifras publicadas por el DHS, según las cuales los padres de unos 60.000 niños nacidos en Estados Unidos fueron detenidos en el mismo periodo. En su informe, los investigadores teorizan que la discrepancia se debe a que el DHS no pregunta sistemáticamente por los niños, o a que los detenidos temen revelar que tienen hijos, preocupados por ponerlos en peligro a ellos o a sus cuidadores. Agentes federales, entre ellos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Minneapolis, el 13 de enero de 2026. (Foto de David Guttenfelder/The New York Times)
Basándose en entrevistas con organismos de protección de la infancia, los investigadores calculan que solo una pequeña parte de los niños acaban en familias de acogida u otras situaciones similares.
“La mayoría de los niños se quedan con amigos y familiares que no tienen la obligación legal de cuidar de ellos”, dijo Cancian, que estudia el bienestar infantil y la migración.
Muchas escuelas y organizaciones de ayuda legal han ayudado a los migrantes a designar un cuidador para sus hijos en caso de que se separen.
Sin embargo, los niños suelen quedar al cuidado de hermanos mayores o de familias de clase trabajadora que ya tienen que enfrentar dificultades económicas y una precaria situación migratoria, por lo que, en última instancia, estos acuerdos resultan insostenibles, afirman los expertos.
Si el gobierno separa a los niños de buenos padres que resultan ser indocumentados, tiene “la obligación de salvaguardar su bienestar”, dijo Cancian.
Public Counsel, una organización de ayuda legal sin fines de lucro de Los Ángeles, ha instruido a más de 4000 migrantes sobre los planes de custodia desde el año pasado, asegurándose de que alguien está facultado para tomar decisiones médicas y relacionadas con la escuela.
Sin embargo, la organización recibe regularmente llamadas de escuelas, iglesias y otros que buscan ayuda para los niños cuyos padres acaban de ser detenidos.
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“Estamos viendo a niños en situaciones delicadas, abandonados con vecinos que no tienen la documentación adecuada que necesitan; hermanos mayores que tienen hijos propios, y casos en los que un padre no puede encargarse de niños pequeños”, dijo Sharon Cartagena, abogada de derecho de familia de Public Counsel.
Casey Revkin, directora ejecutiva de Each Step Home, que comenzó ayudando a familias migrantes durante las separaciones fronterizas de 2018, ahora se centra casi exclusivamente en ayudar a padres detenidos que han vivido en Estados Unidos durante muchos años y fueron separados de sus hijos.
“Casi todos los días nos contacta una mamá detenida que fue arrestada y separada de sus hijos”, dijo Revkin, cuyo grupo recauda fondos para ayudar a los padres detenidos a pagar las llamadas telefónicas a sus hijos. “Esta vez la crueldad suele infligirse a niños que son ciudadanos estadounidenses”. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) examina el teléfono de un viajero mientras los pasajeros esperan cerca, después de que se ordenara el despliegue de cientos de agentes del ICE en los aeropuertos para ayudar a cubrir las carencias de personal de la TSA, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Carolina, Puerto Rico, el 24 de marzo de 2026. (Foto: Ricardo Arduengo/REUTERS)
La madre de Samantha Lopez, ciudadana estadounidense de 3 años, fue entregada al ICE el mes pasado por un ayudante del sheriff tras un control de tráfico cuando ella se dirigía a su trabajo en un restaurante, según su marido.
El padre de Samantha Lopez, quien pidió que no se revelara su nombre completo por temor a que pudiera ser blanco del ICE, dijo que su esposa les había dicho a los agentes que tenía una hija pequeña, sin que eso cambiara nada.
“Siento un gran vacío y mucha angustia”, dijo. “Cuando nuestra hija habla con su madre, escucha atentamente y luego se pone a llorar”.
“Le están haciendo daño a mi hija estadounidense”, dijo.
Lopez, obrero de la construcción, dijo que necesitaba trabajar tantas horas extraordinarias como fuera posible para costearse un abogado que lograra la liberación de su esposa, pero también debe cuidar a su hija después de la guardería.
Irónicamente, tener un hijo nacido en Estados Unidos puede separar a las familias.
Ordonez, quien lleva más de 10 meses separada de su hijo nacido en Estados Unidos, dijo que hace tiempo les suplicó a los agentes que permitieran a la pareja permanecer en un centro de detención familiar mientras ella luchaba por su caso. Pero los ciudadanos estadounidenses no pueden ser retenidos en centros de detención de migrantes.
“Nunca quise que me separaran de mi único hijo”, dijo.
Los agentes le han advertido a Ordonez que su deportación es inminente, dijo. Para acompañar a su madre, Alonzo necesita un pasaporte. Ordonez ha tenido dificultades para conseguirlo, añadió. Los agentes le advirtieron recientemente que la deportarían sin el niño si no obtenía el documento, y lo dejarían con sus actuales cuidadores.
“No son familia ni nada, solo lo cuidan como un favor”, dijo llorando. “Si me deportan, quiero llevarme a mi hijo”.
*Por Miriam Jordan, periodista que reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base, y Jeff Adelson, un reportero del equipo de periodismo de datos del Times que se especializa en el uso de datos demográficos para explorar las tendencias sociales, las dinámicas de la población y los efectos de las políticas públicas.
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INTERNACIONAL
La inteligencia artificial dificulta el acceso al primer empleo de miles de jóvenes en EE. UU. con filtros automáticos
Miles de graduados y postulantes a empleos de nivel inicial en Estados Unidos encuentran obstáculos en los procesos de selección a causa de herramientas automáticas de cribado basadas en inteligencia artificial. La adopción masiva de estos sistemas por parte de las empresas durante los últimos dos años ha repercutido en las tasas de contratación juvenil, en un contexto donde la eficiencia y el volumen de postulaciones impulsan la digitalización del reclutamiento.
Según un informe publicado en 2026 por la firma estadounidense Greenhouse, solo el 21% de los responsables de recursos humanos en el país confía plenamente en que los sistemas automáticos evitan rechazar postulantes calificados. Una encuesta paralela realizada por la consultora Gallup muestra que la desconfianza de los jóvenes hacia la inteligencia artificial en el empleo aumentó de 22% a 31% en un año, mientras que la proporción de quienes consideran que la tecnología reduce habilidades y oportunidades profesionales supera el 60%.
El uso de algoritmos de selección y sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) se consolidó en los procesos de incorporación laboral durante la segunda mitad de la década, una tendencia reforzada por el crecimiento del volumen de postulaciones y la necesidad de optimizar recursos en las compañías. De acuerdo con la American Staffing Association, alrededor del 49% de los buscadores de empleo percibe que la inteligencia artificial aplicada a la selección es más sesgada que la revisión humana, lo que alimenta el debate sobre equidad y acceso a oportunidades.
Los sistemas de filtrado automático, conocidos como Applicant Tracking Systems (ATS), son plataformas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para gestionar y organizar grandes volúmenes de solicitudes laborales. Estas herramientas identifican palabras clave en los currículos y cartas de presentación, seleccionando los perfiles que mejor coinciden con los requerimientos de la vacante. Según datos de Greenhouse, en la mayoría de los casos el primer análisis lo realiza un algoritmo, sin intervención directa de un reclutador humano.
El avance de estos sistemas ha permitido a las empresas reducir tiempos y costos, pero también ha generado riesgos de exclusión para postulantes cuyos perfiles no se ajustan exactamente a los parámetros definidos. Investigadores de Stanford University, Chapman University y Northeastern University analizaron 4 millones de aplicaciones laborales y concluyeron que los algoritmos producen desigualdades, especialmente cuando los candidatos aplican repetidas veces a vacantes gestionadas por el mismo proveedor tecnológico. Esta situación puede derivar en rechazos sistemáticos y reducción de oportunidades para ciertos grupos, según el estudio.
La reducción de oportunidades para jóvenes y recién graduados es una de las principales consecuencias de la automatización en la selección de personal. El informe de Ambition Search indica que los programas de ingreso para graduados y los puestos de nivel inicial cayeron un 33% en 2025, situándose en el nivel más bajo desde 2018. En marzo de 2026, el número de jóvenes fuera de la educación, el empleo o la formación alcanzó los 1,012,000, de acuerdo con datos oficiales procesados por la consultora.
La encuesta de Gallup revela que el 62% de los estadounidenses entre 14 y 29 años considera que la inteligencia artificial dificulta el desarrollo de habilidades y el acceso a un empleo que permita el crecimiento profesional. Además, el mismo estudio detectó una disminución del 5,5% en la contratación de personas de entre 22 y 25 años en sectores expuestos a la automatización, mientras que los trabajadores mayores no experimentaron variaciones significativas.
La American Staffing Association señala que el 49% de los candidatos percibe sesgos negativos en los sistemas automáticos, lo que afecta la diversidad y la equidad en el acceso laboral. “La principal vía de ajuste ha sido la caída en nuevas contrataciones, más que el despido de empleados actuales”, señala el informe de Gallup.
La automatización en la selección de personal presenta desafíos para la diversidad y la equidad, según especialistas y entidades laborales. Ambition Search advierte que, si los algoritmos se entrenan para seleccionar perfiles que coinciden con patrones históricos, las empresas pueden perder variedad y restringir la incorporación de talentos con experiencias diferentes. El informe de Greenhouse subraya que los sistemas automáticos afectan especialmente a quienes envían solicitudes a varias compañías que utilizan el mismo proveedor tecnológico, ya que el algoritmo tiende a rechazar sistemáticamente los perfiles que no superaron filtros previos.
En la práctica, esto reduce las oportunidades de quienes buscan empleo en sectores con alta demanda y competencia. La American Staffing Association recomienda a las empresas revisar periódicamente los criterios de los algoritmos y ofrecer alternativas para quienes no avanzan en la primera fase automática, con el fin de evitar la exclusión involuntaria.
Algunas grandes organizaciones de Estados Unidos han anunciado iniciativas para asegurar el acceso de jóvenes al mercado laboral. Bank of America informó a medios estadounidenses que mantiene su compromiso de contratar anualmente a miles de graduados, revisando sus procesos internos para garantizar la equidad. El director ejecutivo, Brian Moynihan, declaró en entrevistas difundidas por Fox Business que la entidad financiera promueve programas específicos de incorporación, pese a la tendencia general de reducción de vacantes de nivel inicial.
La American Staffing Association y la Harris Poll publicaron en 2026 un informe en el que recomiendan mayor transparencia en el empleo de inteligencia artificial y la adopción de mejores prácticas para limitar los sesgos. Entre las propuestas figura la formación de equipos de recursos humanos en el desarrollo y la supervisión de los sistemas automatizados.
Expertos consultados por Ambition Search y Greenhouse sugieren que los jóvenes adapten sus currículos y cartas de presentación a los formatos digitales, utilizando palabras clave relevantes para los sistemas automáticos y familiarizándose con los procesos de selección de cada empresa. También recomiendan consultar recursos institucionales y guías de orientadores laborales para mejorar las posibilidades de superar los filtros iniciales.
El debate actual gira en torno a la regulación y supervisión de la inteligencia artificial en la selección de personal, una cuestión que sigue abierta en el ámbito académico y en organismos públicos. Las universidades y centros de investigación continúan monitoreando los efectos de la automatización en el acceso laboral y la movilidad social, según los informes de Greenhouse y Gallup.
El despliegue de sistemas automáticos de selección repercute en la estructura del empleo juvenil y en la capacidad de las empresas para atraer talento diverso. La optimización de recursos y la reducción de tiempos en la gestión de postulaciones contrastan con los riesgos de exclusión y la posible homogeneización de los perfiles contratados. El desarrollo de soluciones que permitan una evaluación más justa y transparente es un objetivo identificado por consultoras, asociaciones y responsables de recursos humanos.
El seguimiento de estas tendencias y la incorporación de mecanismos de control, revisión periódica y participación humana en las etapas críticas del proceso de selección serán determinantes para el futuro del mercado laboral estadounidense. El acceso al primer empleo y la diversidad de talento figuran entre las prioridades de las políticas laborales y educativas en el corto y mediano plazo.
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INTERNACIONAL
Letitia James faces scrutiny after New York City spends $81,700 per homeless person amid shelter scandals
NEWYou can now listen to Fox News articles!
New York Attorney General candidate Saritha Komatireddy is accusing Letitia James of failing to hold New York’s nonprofit homeless shelter providers accountable despite years of audits, investigations and scandals involving billions of taxpayer dollars.
The criticism comes as a New York State Comptroller report in March found New York City spent roughly $81,700 per unsheltered homeless person in fiscal year 2025, with spending on street homelessness more than tripling since 2019 as the city’s homeless population climbed 78%.
Komatireddy described the situation as a crisis, arguing that government spending has surged while outcomes have deteriorated.
NY AG HOPEFUL BLASTS LETITIA JAMES AS MEDICAID FRAUD RECOVERIES COLLAPSE: ‘SHE’S NOT DOING THE JOB’
A view of a homeless encampment near the Intrepid Museum in New York, N.Y., on July 15, 2026. (John M. Taggart/Fox News Digital)
«So there really are questions about what has happened to that money and why that’s happening,» Komatireddy told Fox News Digital. «The person who should be asking those questions, the person who should be investigating, is the attorney general. But Letitia James has totally failed New Yorkers when it comes to holding homeless shelter nonprofits accountable so that they actually help the homeless.»
Her criticism follows years of investigations by the New York City Department of Investigation, the New York State Comptroller and federal prosecutors that uncovered allegations of fraud, self-dealing, kickbacks, conflicts of interest, excessive executive compensation and weak financial oversight at organizations operating city-funded homeless shelters.
Among the highest-profile cases was that of Bronx Parent Housing Network CEO Victor Rivera, who was accused by at least 10 women in a 2021 New York Times investigation of sexual assault or unwanted sexual conduct while they lived in shelters operated by his nonprofit.
Weeks later, Rivera was federally indicted on conspiracy, wire fraud and money laundering charges tied to an alleged kickback scheme. He pleaded not guilty.
SPLC INDICTMENT BUILDS MOMENTUM FOR BESSENT’S TREASURY TO PROBE PARTISAN NONPROFITS
A 2024 Department of Investigation review found nepotism, lack of competitive bidding and exorbitant salaries were issues among 51 city-funded shelter providers, including executives earning salaries approaching or exceeding $1 million. The report specifically noted that the attorney general has authority under New York law to challenge improper transactions involving nonprofit organizations.
State Comptroller audits also identified millions of dollars in unsupported or improper costs at several nonprofit shelter providers, including CAMBA, Westhab, the Institute for Community Living and Samaritan Daytop Village, with follow-up audits finding that many recommendations remained unimplemented.
Komatireddy argued those repeated findings should have prompted broader action by the attorney general’s Charities Bureau, which is responsible for overseeing nonprofit organizations in New York.
A homeless man sleeps on a New York City street alongside his possessions. The AG’s office has publicly announced only a handful of enforcement actions involving nonprofit homeless shelter providers. (Deb Cohn-Orbach/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
«The amount of money that’s being spent is really shocking,» she said. «We know that at least one homeless shelter CEO received a million dollars in compensation. Meanwhile, New Yorkers are sleeping on the streets.»
«It’s the attorney general’s job to audit and investigate the homeless shelter nonprofits,» she continued. «We have a Charities Bureau in the attorney general’s office whose responsibility is to oversee and supervise all nonprofits in the state, but Letitia James has not been doing that job.»
James’ office has publicly announced only a handful of enforcement actions involving nonprofit homeless shelter providers during her tenure.
Among them were a 2022 settlement with HELP USA requiring governance reforms following a Charities Bureau investigation into conflict-of-interest issues involving former CEO Alan Altheide and a 2023 lawsuit seeking to dissolve Housing Bridge Inc., alleging its executives diverted charitable assets for personal benefit.
JACOB FREY PRAISES SOMALI COMMUNITY AS MINNESOTA FACES RENEWED SCRUTINY OVER FRAUD INVESTIGATIONS
FILE – Republican candidate for New York Attorney General Saritha Komatireddy called for audits of every homeless shelter nonprofit that receives taxpayer funding. (Will Waldron/Albany Times Union via Getty Images))
Komatireddy called for audits of every homeless shelter nonprofit that receives taxpayer funding.
«We need to audit and investigate every homeless shelter nonprofit in New York,» she said. «Make sure the people who are doing a good job are supported, the people doing a bad job are cut off from taxpayer money, and the people committing crimes are prosecuted and put in jail.»
The homeless shelter criticism is the latest in a broader campaign argument from Komatireddy that James has failed to aggressively police taxpayer-funded fraud.
Earlier this year, Komatireddy criticized James’ oversight of New York’s Medicaid Fraud Control Unit after federal officials suspended its funding, alleging the attorney general had adopted «a deliberate leadership choice» to pursue fewer criminal fraud cases and allow investigations to languish.
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James’ campaign rejected the criticism.
«Saritha Komatireddy’s latest line of attack is as hollow as her record of public service,» a campaign spokesperson said. «While Saritha is busy playing politics, New York Attorney General Letitia James has spent over two decades working hand-in-hand with government partners across New York City and state to protect homeless New Yorkers and hold bad actors accountable.»
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INTERNACIONAL
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