POLITICA
Un juez del caso Cuadernos le envió una carta a Milei para frenar el concurso por su reemplazo
El juez federal Germán Andrés Castelli, uno de los que participa del juicio a Cristina Kirchner por los Cuadernos de las Coimas, le envió una carta al presidente Javier Milei para que frene los concursos para reemplazarlo en el Tribunal Oral Federal N°7 ya que se trata de un juez trasladado por decreto durante la gestión de Cambiemos.
Castelli dijo que se trata de un “ataque a la estabilidad como garantía del principio de independencia en la magistratura” y le reprochó que se aplica una doble vara para considerar su caso y el del juez de la Casación Carlos Mahiques, trasladado como él, y a quien se le dio recientemente un nuevo acuerdo en el Senado. Carlos Mahiques es padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
En una carta de ocho carillas, el juez Castelli pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que su caso sea considerado y el Estado argentino comenzó un proceso de solución amistosa, que luego fue dejado de lado.
El trasfondo es una disputa que ya lleva seis años sobre la validez constitucional de los traslados de jueces y la aplicación de un fallo de la Corte Suprema que ordenó que todos esos cargos sean concursados. Aunque en la práctica solo se hicieron concursos para reemplazar a Castelli y a los jueces de la estratégica Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La Corte dijo en 2022 que los jueces trasladados de un tribunal a otro sin concurso, propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, ocupaban sus cargos de manera transitoria, con inamovilidad limitada.
Además, el máximo tribunal mandó a hacer nuevos concursos para cubrir en forma definitiva los cargos que esos magistrados ocupaban de manera provisional. Sin embargo, lo que siguió fue lo que Castelli describe en su carta como una historia de manipulación, presión política y doble estándar.
Castelli le dijo a Milei que su caso difiere del tratamiento que el Gobierno le dio al juez Mahiques, padre del ministro de Justicia.
Milei no solo no impulsó un nuevo concurso para su cargo, sino que, el mes pasado, lo nominó formalmente para un nuevo período de cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El Senado aprobó ese nombramiento el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra.
Señala Castelli que esa lógica debería aplicársele a él. “El criterio que usted [por Milei] adoptó en 2026 en representación del Poder Ejecutivo, junto al Senado, en el caso del traslado Mahiques, es idéntico a la postura asumida por ese Poder Ejecutivo en 2024 al aceptar el procedimiento de solución amistosa ante la CIDH”, escribió el magistrado.
Y marcó la paradoja de que el Gobierno canceló ese acuerdo amistoso 20 días antes de que comenzara el juicio oral en la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner.
La carta también denuncia lo que Castelli califica de una actuación contradictoria del Consejo de la Magistratura, que nunca impulsó los concursos para reemplazar a los jueces trasladados.
Y que ahora solo lo hizo en el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y él mismo.
Castelli le pidió a Milei dos asuntos: que aplique de manera igualitaria el criterio adoptado en el caso Mahiques a todos los jueces trasladados en 2018, incluidos él, Bruglia y Bertuzzi, y que retome la solución amistosa ante la CIDH.
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POLITICA
El PRO redobla la presión sobre Manuel Adorni: “Vamos a acompañar la interpelación en el Senado”
A medida que avanza la investigación judicial que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo logró este miércoles frenar la interpelación en el Senado, pero el PRO suma presiones para que el presidente Javier Milei le pida la renuncia.
Martín Goerling Lara, senador del PRO, aseguró en Solo Una Vuelta Más por TN: “Nosotros vamos a acompañar la interpelación. Hoy se decidió eso en labor parlamentaria, que el próximo jueves vamos a tratar».
“Nosotros, el PRO, viene hablando a través de los comunicados, de las redes, pidiendo la renuncia de Adorni, pidiéndole al Gobierno que tome cartas en el asunto, que esto no da para más por todo lo que estamos pasando. El Presidente no tomó esa decisión, ni Adorni, y ahora le toca al Congreso”, agregó el senador.
Goerling Lara agregó: “Esto es inédito en la Argentina. Va a ser la primera vez que se aplica, que se dispara este mecanismo que nos dio la Constitución del ’94. Y hay que ser muy cautos y muy responsables. Lo que hagamos en el Senado va a dejar un precedente también».
“Nadie le cree a Manuel Adorni”
Para el senador, es el Ejecutivo el que los obliga a tomar esta decisión al negarse a “resolver esto rápidamente, removiendo al jefe de Gabinete, poniendo otra persona que pueda retomar la iniciativa de una persona que perdió la credibilidad. Nadie le cree a Manuel Adorni“.
“Yo espero que el Ejecutivo tome la decisión antes y no nos dé la responsabilidad. Ahora, yo lo que creo es que esto no da para más, que el jefe de Gabinete tiene que dar un paso al costado. Si se da la decisión de la moción de censura, nosotros vamos a acompañar”, reiteró.
Y ahondó: “Nosotros no vamos a hacer lo que impulsemos, la remoción, pero llegado el momento, no vamos a ser los que quedemos cubriendo al jefe de Gabinete porque estaríamos contradiciendo lo que venimos diciendo públicamente”.
El PRO toma posición
Las declaraciones de Goerling Lara se suman a lo que ya adelantó el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, quien afirmó este miércoles que la presencia del funcionario le hace “un daño infinito” al Presidente y es “perjudicial para el cambio en la Argentina”.
“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló de Andreis -mano derecha de Macri- en diálogo con Radio Rivadavia.
Leé también: El PRO endurece su postura contra Adorni y evalúa si acompañará el pedido de interpelación
Las palabras del diputado hacen referencia a la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
“Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, manifestó el legislador.
Manuel Adorni, PRO, Senado
POLITICA
Guiño a Sturzenegger desde el Senado: se dictaminó la ley “Hojarasca” y quedó lista para su sanción
Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado dictaminaron esta tarde ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Con la firma del despacho de mayoría -las últimas rúbricas, varias horas después del encuentro-, quedó a tiro de ser sancionada.
En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en la Cámara baja. Las comisiones que debatieron esta tarde son presididas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).
«Hojarasca» agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.
Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos.
Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.
La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.
Qué se dijo en el plenario
Desde La Libertad Avanza, la ex macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) señaló que la ley Hojarasca “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya perdieron su razón de ser”.
En tanto, el senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), aseguró que el proyecto “viene a dejar en claro la infinidad de leyes que ya se han vuelto obsoletas y vetustas a través del avance la tecnología y los cambios”.
No fue una buena tarde para la jefa libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien dio a entender un supuesto adiós a la libre circulación y de legisladores como algo que contenía el articulado, pero ello es falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio y el dictamen de esta tarde valida esa decisión.
El que criticó la propuesta del oficialismo -en el espíritu no pareció tan en desacuerdo- fue el cristinista Martín Soria (Río Negro), quien observó: “El Congreso tiene una comisión permanente de Digesto Jurídico que actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga”. Lo que sí queda claro es que, entre lo que comentó y lo que se discute ahora, algo se trabó hace tiempo. En una línea similar se mostró su ex colega -y de nuevo ex kirchnerista- Carolina Moisés (Jujuy).
Voltereta con un pliego militar
Sin debate, la comisión de Acuerdos se reunió para analizar el pliego de ascenso de grado del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. Como ningún legislador quiso hacer uso de la palabra, se pasó rápido a la firma del dictamen.
El inconveniente fue que, como no sumó rúbricas de aliados, hasta pasadas las 16 no se había convertido en un despacho de mayoría. No le pareció lo mismo a la dirección de comunicación del Senado, que envió un comunicado con un grosero error y, a los pocos minutos, apuró una fe de erratas. Lo ocurrido no invalida que en los próximos días se salde este asunto y se obtenga el dictamen en cuestión. Si no, quedará en espera. Pasadas las 20 de este miércoles, las firmas seguían sin aparecer.
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POLITICA
Presentaron un amparo para frenar el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces
Un abogado constitucionalista presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la aplicación del decreto de Javier Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces.
Al mismo tiempo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto donde rechazaron la medida por significar un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
El decreto cuestionado eliminó la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, y dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Ante el argumento libertario de que la doble instancia de participación demoraba la cobertura de vacantes judiciales, las organizaciones señalaron que el plazo de menos de dos meses que preveía el mecanismo −ahora derogado por Milei− era más que razonable para decisiones de semejante trascendencia, frente a los años que habitualmente los poderes políticos se toman para cubrir vacantes judiciales.
En paralelo, el abogado Andrés Gil Domínguez presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Decreto 467/2026, firmado por el Poder Ejecutivo.
La norma deroga mecanismos de participación ciudadana previstos en los Decretos 222/2003 y 588/2003 para la designación de jueces, fiscales y defensores. Junto con la demanda, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Hasta la entrada en vigencia del Decreto 467/2026, el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema incluía una ventana de quince días en la que cualquier ciudadano, organización no gubernamental, colegio profesional, entidad académica u organismo de derechos humanos podía presentar observaciones fundadas y documentadas ante el Ministerio de Justicia sobre los candidatos en consideración. Tanto para la Corte Suprema como para juzgados de instancias inferiores.
El mecanismo destinado a los candidatos para el máximo tribunal había sido establecido en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, como respuesta a la crisis de legitimidad que atravesaba la Corte en aquel momento.
El decreto ahora impugnado derogó los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/2003, y los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto 588/2003.
El Gobierno justificó la decisión al sostener que la participación ciudadana se mantiene ante el Senado, que el procedimiento generaba una duplicación de instancias y que diversidad de género, especialidad y procedencia regional no están expresamente previstos en la Constitución Nacional.
La demanda de Gil Domínguez ataca ambos argumentos al sostener que las dos instancias del Ministerio de Justicia y el Senado no son “equivalentes ni intercambiables”, pues la primera es previa a la decisión del Presidente y la segunda, cuando el candidato ya fue seleccionado.
“Suprimir la primera bajo el argumento de que subsiste la segunda equivale a afirmar que el control democrático posterior torna innecesario el control democrático previo”, sostiene el escrito.
Sobre diversidad, la demanda recuerda que entre 1863 y 2005 la Corte Suprema estuvo integrada exclusivamente por hombres, con la única excepción de Margarita Argúas entre 1970 y 1973.
En ese contexto, la exigencia de considerar la perspectiva de género no es un capricho procedimental sino una acción positiva en orden con la Constitución Nacional y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Gil Domínguez habló de la necesidad de mantener el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.
Según este estándar, reconocido por la Corte Suprema en numerosos precedentes, el Estado no puede retroceder en el nivel de protección de derechos ya alcanzado sin ofrecer una justificación extremadamente sólida, proporcional y sin alternativas menos lesivas.
Paralelamente a la acción judicial, las ONG recordaron un antecedente reciente: hace un año, el Gobierno propuso dos candidatos para integrar la Corte Suprema −el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla− que fueron cuestionados por la sociedad civil, por sus perfiles y por la ausencia de paridad de género en el tribunal.
El Gobierno ignoró esas críticas e intentó designarlos por decreto, lo que motivó que el Senado rechazara las propuestas.
La medida cautelar solicitada busca que, mientras se resuelve el fondo del caso, el Poder Ejecutivo esté obligado a cumplir con los estándares del Decreto 222/2003 si avanza en la selección de nuevos integrantes para la Corte Suprema.
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