POLITICA
Revés para Cristina Kirchner y sus hijos en la Causa Vialidad: Casación rechazó el recurso contra el decomiso de sus bienes
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, contra el decomiso ordenado en la causa Vialidad.
La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El decomiso abarca un total de 111 bienes —incluidas propiedades de la exmandataria, de sus hijos y del empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente— por un monto actualizado de $684.990.350.139,86.
En el fallo, al que tuvo acceso TN, Casación aseguró que los recursos presentados “no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido”, ya que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”.
En esa línea, los jueces agregaron que “es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual los recurrentes no han acreditado. La sentencia impugnada constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, contando con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes».
Al inicio del expediente, las defensas de los condenados cuestionaron la medida. Los abogados de la expresidenta y sus hijos argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
Las defensas invocaron la buena fe de los adquirentes y sostuvieron que no existe nexo directo con el origen ilícito de los fondos. Los abogados de Báez y otros condenados alegaron falta de fundamentación suficiente sobre el vínculo entre los bienes y los beneficios del delito.
Todos estos argumentos fueron rechazados por Casación, que consideró que los parámetros utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes resultaron adecuados.
Los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.
Además, “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si estos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”, agregaron los jueces.
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Por su parte, Borinsky votó en disidencia parcial a favor de conceder los recursos extraordinarios respecto de los bienes vinculados a Máximo y Florencia.
La medida forma parte de la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111.
Los bienes identificados por la Justicia
Uno de los activos más relevantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año, entre ellos uno de 44.106 y otro de 87.046 metros cuadrados respectivamente.
En el lista del decomiso, se encuentra también el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos: uno propiedad de la firma Los Sauces SA, donde se levanta la “Casona”, y otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— que integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.
La expansión en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, algunos de los cuales fueron comprados a valores bajos y luego revalorizados con el desarrollo turístico. Entre ellos figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, en el que posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.
En Río Gallegos, la lista incluye un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos más relevantes es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades, que fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle —Mitre al 500— que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
A esos inmuebles se suma una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en la capital santacruceña.
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El listado se completa con otros terrenos en El Calafate adquiridos a fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos, comprado el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado con la adquisición de otra parcela el 20 de febrero del año siguiente.
El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez —como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto— y de otros condenados, que podrán ser ejecutados si los activos principales no alcanzan para cubrir el monto fijado.
Vialidad, cristina kirchner, Justicia
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Quiénes son los dos mendocinos detenidos en Libia que iban rumbo a Gaza en una misión humanitaria
María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera viajaron miles de kilómetros para sumarse a una misión internacional de ayuda destinada a la población de Gaza. Ambos son argentinos, trabajan en la agencia de noticias NODAL y formaban parte de un convoy humanitario integrado por activistas, cooperantes y personal sanitario de distintos países. Desde el 24 de mayo permanecen detenidos en Libia, en un caso que activó gestiones diplomáticas de Cancillería y mantiene en vilo a sus familiares.
Los dos integraban el convoy terrestre Global Sumud Maghreb, una iniciativa internacional que partió a comienzos de mayo con el objetivo de llegar a Gaza transportando asistencia humanitaria. El recorrido contemplaba atravesar Mauritania, avanzar por territorio libio, ingresar a Egipto y, desde allí, alcanzar la Franja de Gaza.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Giménez y Aguilera fueron detenidos cerca de Sirte junto con otras personas de distintas nacionalidades cuando la caravana atravesaba Libia. Aunque las autoridades que controlan el este del país todavía no difundieron oficialmente el listado de detenidos ni el lugar exacto de alojamiento, la Cancillería sostiene que ambos permanecen en Bengasi y que continúa realizando gestiones para lograr su liberación.
Detrás de esa situación diplomática hay dos trayectorias personales atravesadas por el compromiso con causas sociales y humanitarias.
Del periodismo y la investigación a una caravana de ayuda
Giménez, de 42 años, nació y creció en General Alvear, Mendoza. Más tarde se radicó en San Luis para estudiar Psicología y, una vez graduada, se trasladó a Buenos Aires. Allí desarrolló buena parte de su actividad profesional y llegó a desempeñarse como directora de investigaciones en NODAL, la agencia especializada en América Latina y el Caribe.
Su madre, Nora Otín, la describió como una persona comprometida desde siempre con las causas sociales y la defensa de los derechos humanos. En diálogo con el diario Los Andes, explicó que ese perfil fue uno de los motivos que la llevaron a participar de la misión.
“Ellos fueron con la bandera de la paz en su mano, solo iban a llevar ayuda para todos esos niños mutilados, mujeres y ancianos que están deambulando solos por las calles; y no solo que no los dejan entrar, sino que no sabemos nada”, afirmó.
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Aguilera, de 49 años y domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza, compartía con Giménez su trabajo en NODAL. Según señaló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ambos se desempeñan como directores de investigación de la agencia y formaban parte del equipo sanitario de la misión humanitaria.
Los dos viajaron desde Argentina el 5 de mayo. El primer destino fue Estambul. Desde allí se incorporaron a una delegación integrada por representantes de unos 20 países que avanzó por el norte de África con vehículos, ambulancias y camiones cargados con ayuda.
Durante semanas permanecieron en el desierto libio esperando autorización para continuar viaje. De acuerdo con el relato de los familiares, el convoy transportaba alimentos, medicamentos y módulos habitacionales destinados a la población gazatí.
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“Paula y Lucas salieron de Argentina el 5 de mayo, llegaron a Estambul y de allí partieron junto a todo el convoy, con personas de todo el mundo, a Libia. Estuvieron en el desierto, les dieron capacitaciones y durmieron en carpas”, contó Otín a Los Andes.
La mujer relató además que los integrantes de la misión permanecieron más de dos semanas detenidos en su avance mientras intentaban obtener autorización para atravesar el territorio controlado por las autoridades del este libio. En ese período realizaron entrenamientos y cursos vinculados con primeros auxilios y asistencia humanitaria.
“En el desierto de Libia hicieron cursos de primeros auxilios y otras capacitaciones para poder asistir a los ciudadanos cuando llegaran”, explicó.
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Según la reconstrucción realizada por familiares y organizadores, las detenciones ocurrieron cuando un grupo reducido de integrantes del convoy intentó acercarse nuevamente a un puesto de control para negociar el paso. Entre esas personas estaban los dos argentinos.
La última comunicación registrada con ellos ocurrió ese mismo día. Desde entonces, familiares, organismos internacionales, representaciones diplomáticas y la propia Cancillería intentan obtener información precisa sobre su situación.
“Desde el 5 de mayo que salieron de Argentina y hasta el sábado a la noche estuvimos comunicados lo más bien”, recordó Otín. Según su relato, el contacto se interrumpió el 24 de mayo por la tarde y no volvió a restablecerse.
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Antes de iniciar el viaje, tanto Giménez como Aguilera habían dejado grabados videos para ser difundidos en caso de una eventual detención. Tras conocerse el episodio, esas grabaciones comenzaron a circular en redes sociales junto con pedidos de información sobre el grupo.
Mientras continúan las gestiones diplomáticas para esclarecer su situación, la historia de ambos aparece asociada a una iniciativa internacional que buscaba llegar a Gaza con asistencia humanitaria y que terminó abruptamente interrumpida en una de las regiones más inestables del norte de África.
Para sus familiares, sin embargo, la prioridad sigue siendo otra: obtener noticias sobre su estado y lograr que recuperen la libertad cuanto antes. “Lo que más necesitamos es que se comunique, que se visibilice esto que ha pasado para que pronto los liberen”, pidió la madre de Giménez.
libia, gaza, Franja de Gaza
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El contador de Bailaque reveló que el exjuez le pidió “emprolijar” su DDJJ porque no podía justificar la compra de dos inmuebles
El exjuez federal Marcelo Bailaque, que actualmente se encuentra detenido en su casa y enfrenta tres causas judiciales, quedó contra las cuerdas esta semana, luego de que su amigo y contador personal Gabriel Mizzau se presentara como arrepentido en la causa que lo que al exmagistrado como principal acusado. Mizzau no sólo era quien le llevaba las cuentas personales al juez, sino también al jefe narco Esteban Alvarado, a quien Bailaque debía investigar.
Lo más peligroso para el exmagistrado es que Mizzau conoce sus finanzas, sus inversiones y su crecimiento patrimonial. El desafío de los fiscales es determinar si Bailaque cobró dinero del narco Esteban Alvarado y dónde pueden haberse invertido esos fondos. Mizzau es clave para escarbar en el posible crecimiento patrimonial que tuvo el exjuez a costa de la “protección” que le daba al capo narco rosarino.
Mizzau declaró en tres oportunidades durante los últimos meses, según señalaron fuentes judiciales. Lo que pudieron sacar en limpio de las extensas charlas con el contador es que entre 2014 y 2015 Bailaque compró dos propiedades. Una la habría puesto a nombre de su pareja. Y convocó a su contador personal para que tratara de “emprolijar” su declaración jurada, porque con sus ingresos en blanco no podía justificar esa compra. Mizzau se habría encargado de esa tarea, pero a la par -según admitió en su declaración- recibía de parte de Bailaque información calificada del expediente que lo tenía a Alvarado como principal sospechoso, en ese momento, de liderar una organización narco.
Mizzau tenía contacto con Rosa Capuano, la entonces pareja de Alvarado, que era la que estaba encargada de llevar adelante el blanqueo del dinero del narco, a través de la creación de empresas de transporte, como Santino, Sagrado Corazón de María y Toia. Esa tarea la realizaba el contador, cuya firma figura -según comprobó – cuando publicó el 11 de junio de 2024 que Mizzau tenía como clientes al juez y al jefe narco.
Al plegarse a la figura del arrepentido y aceptar su culpabilidad, la causa queda con un solo implicado sin firmar estos acuerdos: el exjuez Bailaque, que espera que se defina la fecha del juicio oral que deberá afrontar en soledad.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, en la audiencia de esta semana.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada el narco rosarino desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por en 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por noventa días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros. Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra -Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau-, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
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En medio del conflicto por las patentes, Milei recibe a legisladores de EEUU y anunciará una inversión de USD 8.000 millones
Javier Milei recibe hoy en la Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático. El encuentro, previsto para las 11, se produce en un momento en que el gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington y en el que los laboratorios argentinos ejercen presión para relativizar esa aplicación: incluso hoy anunciarán una intención de inversión por USD 8.000 millones.
La comitiva estará encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo a Milei en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión. La delegación incluye además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
La reunión ocurre en plena tensión bilateral por el tratamiento del Patent Cooperation Treaty (PCT), el acuerdo que el gobierno argentino firmó con la administración Trump en febrero de este año. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para debatir el tratado en el recinto, la gestión libertaria paralizó el proceso. Aunque el Gobierno la considera importante, la decisión responde a una jugada estratégica: preservar el tema como herramienta de negociación frente a los enviados de Trump, quienes mantienen activas las exigencias de cumplimiento del acuerdo.
El PCT impone, entre sus condiciones, la vigencia por 20 años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese plazo, otras empresas pueden producir el producto con modificaciones leves, una cláusula que los laboratorios nacionales consideran una amenaza directa ante la posible expansión del monopolio de grandes firmas internacionales. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtió al gobierno sobre los riesgos de aprobar el Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional con opinión no vinculante sobre las invenciones, mecanismo rechazado por la industria local. Desde hace meses, las compañías ejercen presión sobre gobernadores, legisladores y dirigentes para frenar la discusión en el Congreso.
Dos semanas antes del encuentro de hoy, el secretario de Modernización Alejandro Cacace viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno trumpista y les informó la imposibilidad de obtener el apoyo político necesario para aprobar el tratado sin reservas.
El trasfondo de estas negociaciones se vio alterado por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la decisión unilateral de Trump de aplicar aranceles a productos extranjeros. El máximo tribunal determinó que la potestad para imponer nuevas tasas a la importación corresponde exclusivamente al Congreso, lo que obligó al Estado norteamericano a devolver 166.000 millones de dólares a importadores. La resolución debilitó la posición negociadora de Washington y abrió margen para que el gobierno argentino introdujera modificaciones al tratado.
En ese contexto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) habilitó nuevas patentes como señal de buena voluntad hacia los interlocutores estadounidenses, un gesto que, según Tiempo Argentino, colaboró para distender parcialmente la relación. Aun así, la gestión trumpista hizo saber su malestar por el cambio unilateral en la implementación del acuerdo firmado a comienzos de año.
Tal y como informó Infobae, el Gobierno considera al PCT como una de las iniciativas más importantes dentro de su cartera de proyectos junto a la reforma electoral y el Súper RIGI. Sin embargo, las trabas políticas hacen que no se prevea su tratamiento hasta después del receso legislativo de invierno.
La visita de la delegación legislativa estadounidense de hoy se inscribe en un tablero más complejo. Una hora más tarde, Milei recibirá al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano. En ese marco es que se va a presentar una iniciativa de inversión por USD 8000 millones en investigación clínica, innovación y desarrollo económico en el país.
Según informan fuentes oficiales, las empresas nucleadas tienen la intención de impulsar un programa de inversión en investigación clínica por ese monto durante los próximos seis años. “La propuesta es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”, buscan promocionar desde el mismo gobierno.
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