Argentina vuelve a sentarse sobre una fortuna. Vaca Muerta despliega su potencial, el litio atrae capitales que hace una década parecían imposibles y el RIGI promete inversiones, exportaciones y los dólares que el país necesita con urgencia. La conversación pública se concentra, como siempre, en cuánto dinero va a entrar. Pero esa es la pregunta fácil, y casi siempre la equivocada: la que define el destino de una generación es qué se hará con esos ingresos, y todo indica que el país está a punto de responderla mal.

El reflejo argentino ante un ingreso extraordinario es conocido: gastarlo. No transformarlo, no ahorrarlo, no convertirlo en capital que sobreviva al ciclo de precios que lo hizo posible. Y esta vez puede salir caro, porque la riqueza del subsuelo tiene una particularidad que la vuelve traicionera: se agota.

Conviene detenerse ahí, porque ese es el corazón del problema. Un pozo petrolero, un salar de litio o una veta minera son activos que la naturaleza acumuló durante millones de años y que una sola generación extrae en pocas décadas. La verdadera riqueza no son las regalías que ingresan cada año: es el recurso que desaparece para generarlas. Cuando una provincia cobra una regalía no recibe una renta que se renueva sola: vende un pedazo de su patrimonio. La pregunta inevitable es qué queda cuando ya no haya nada más para vender.

No es una preocupación abstracta ni nueva. Hace más de tres décadas los economistas le pusieron nombre a la trampa. Jeffrey Sachs y Andrew Warner notaron algo perturbador: muchos países ricos en recursos naturales crecían menos que otros aparentemente menos favorecidos. De ahí surgió una literatura sobre la “maldición de los recursos”.

Los mecanismos son varios: la enfermedad holandesa, que infla un sector exportador y aplasta a los demás; el deterioro institucional que provocan las rentas fáciles. La conclusión es incómoda y consistente: la abundancia no garantiza prosperidad. A veces la entorpece.

Trabajos como los de Fernanda Brollo, Tommaso Nannicini, Roberto Perotti y Guido Tabellini muestran, incluso, que los ingresos inesperados pueden generar incentivos perversos en los gobiernos y corroer la calidad de las instituciones. El dinero que cae del cielo no siempre construye; muchas veces afloja.

La economía de los recursos naturales ofrece una brújula tan simple como exigente: la regla de Hartwick. Si una sociedad explota un recurso que no se renueva, debería convertir esas rentas en otra forma de capital capaz de sostener el bienestar futuro.

La lógica es la de una familia que hereda una propiedad y la vende. Si gasta todo el dinero en consumo cotidiano, los hijos heredarán un recuerdo y nada más. Si lo reinvierte, el patrimonio puede mantenerse o incluso crecer. La diferencia no es contable: define el bienestar de varias generaciones.

Se sabe, sin embargo, hacia dónde empuja la política. Los gobiernos tienen necesidades inmediatas: salarios, funcionamiento del Estado, programas sociales, demandas que no esperan. Cuando aparece un ingreso extraordinario, la tentación de usarlo para tapar agujeros corrientes es casi irresistible.

El detalle fatal es que el gasto corriente tiene una asimetría brutal: subirlo de forma permanente es fácil; bajarlo cuando la bonanza termina es políticamente devastador. Así se construyen las crisis del día después. Y la bonanza, en estos rubros, siempre se termina. Los precios del petróleo, del cobre y del litio se mueven con violencia: una crisis geopolítica los dispara; una desaceleración global los derrumba.

El conflicto en Medio Oriente es apenas el recordatorio más reciente de que nadie controla esa variable. Atar el gasto estructural de un Estado a un ingreso tan volátil es edificar sobre arena y sorprenderse después de que la casa se caiga.

Alguien dirá que la salida es invertir en lugar de consumir. Es cierto, pero no alcanza. Después aparece una segunda pregunta, todavía más difícil: ¿invertir en qué? Gastar en obra pública no equivale automáticamente a desarrollo.

Una provincia puede construir infraestructura estratégica que eleve la productividad durante décadas o puede financiar obras de baja rentabilidad social elegidas por conveniencia política.

Investigaciones recientes, como las de Stanislao Maldonado y Martín Ardanaz para municipios del Perú, muestran que disponer de recursos extraordinarios no mejora por sí solo la eficiencia del gasto. Una obra improductiva no es inversión: es consumo presente con mejor disfraz. La discusión, entonces, no debería ser cuánto se invierte, sino qué capacidad productiva futura deja esa inversión.

En Argentina, además, todo esto cae sobre un andamiaje fiscal que ya hace agua. Las provincias productoras cobran regalías, pero también participan de la coparticipación federal, cuyos coeficientes siguen definidos esencialmente por una ley de 1988. El mandato constitucional de 1994 para reformar ese régimen lleva más de tres décadas sin cumplirse.

Sumar nuevas fuentes de riqueza extraordinaria a un esquema de reparto diseñado hace casi 40 años no es un detalle técnico: es una bomba de tiempo con la mecha encendida.

Hay otro camino, y no es ciencia ficción. Varios países crearon fondos soberanos y de estabilización para ahorrar parte de la renta en los años buenos y usarla cuando los precios caen, o preservarla directamente para las generaciones que vienen.

Noruega es el ejemplo de manual: canalizó buena parte de su renta petrolera hacia un fondo que invierte en activos financieros y blindó su presupuesto de los vaivenes del crudo. No es una fórmula mágica ni trasplantable sin más, pero demuestra que la maldición de los recursos no es un destino. Es una decisión.

Y esa es, al final, la única pregunta que importa. No se trata de discutir si la minería o los hidrocarburos son buenos o malos, ni de negarle a las provincias el derecho a aprovechar lo que tienen. Se trata de algo más profundo: cuando una sociedad descubre una riqueza extraordinaria, ¿la usa para consumir un poco más hoy o para construir las capacidades que le permitan vivir mejor mañana?

La riqueza ya está bajo el suelo. El error también está al alcance de la mano, porque se cometió antes y el guion se conoce de memoria. La fortuna que aparece debajo de la tierra no es el desafío: el desafío es saber qué hacer con ella. Todavía hay tiempo de no malgastar la respuesta.

Los autores son ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de Abeceb, y economista del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente

En las últimas décadas, gran parte de la política económica argentina se orientó a estimular la demanda agregada mediante expansión del gasto público, aumento del consumo, atraso cambiario, subsidios, emisión monetaria y crédito barato. Esos estímulos generaron efectos relativamente rápidos sobre el nivel de actividad y el empleo, pero terminaron siendo macroeconómicamente inconsistentes y derivaron en inflación, crisis cambiarias y estancamiento.

El programa económico actual partió de una lógica distinta: más que impulsar la demanda en el corto plazo, buscó modificar los incentivos sobre la oferta agregada a través de la estabilización macroeconómica, la recomposición de precios relativos, la reducción de distorsiones y regulaciones, y la creación de condiciones para elevar inversión, productividad y capacidad productiva.

Evaluar el éxito del programa exclusivamente por la evolución coyuntural del consumo o del nivel de actividad puede conducir a diagnósticos apresurados, precisamente porque el objetivo es transformar los incentivos que determinan decisiones de inversión de largo plazo, y los efectos relevantes tienden a aparecer más lentamente que en los modelos basados en expansión de la demanda.

En el fondo de esta cuestión está la dificultad histórica de Argentina para sostener procesos de estabilización macroeconómica. El freno no fue el desconocimiento técnico, sino los conflictos distributivos y políticos: grupos sociales, económicos y corporativos intentaron evitar asumir el costo del ajuste fiscal y trasladarlo a otros sectores. Esa “guerra de desgaste” postergó reformas aun cuando la insostenibilidad del modelo existente resultó evidente.

Desde esta perspectiva, es sencillo entender cómo Argentina convivió durante años con déficits fiscales persistentes, inflación elevada, emisión monetaria, volatilidad cambiaria y controles crecientes, mientras sucesivos gobiernos evitaron implementar un ajuste profundo por la dificultad política de definir quién debía absorber sus costos.

El programa de estabilización impulsado por el gobierno actual puede interpretarse como el desenlace de ese proceso. La magnitud de los desequilibrios acumulados, el agotamiento del régimen económico previo y la ausencia prolongada de crecimiento terminaron habilitando políticamente un ajuste que durante años se consideró inviable.

Estabilizar no alcanza: cuándo llega a la economía real

La estabilización es un objetivo intermedio de la política económica, no un fin en sí mismo. Por eso, el interrogante central es si esa estabilización podrá generar las condiciones necesarias para que la economía vuelva a crecer de manera sostenida.

En una primera etapa, el éxito de un programa orientado a estabilizar se evalúa sobre todo con variables nominales: inflación, tipo de cambio y reservas internacionales. Sin embargo, la estabilización solo adquiere legitimidad social duradera si luego se traduce en mejoras de variables reales como inversión, empleo, salario real y consumo.

La lógica económica detrás de este enfoque es simple. Cuando los agentes perciben que la estabilidad es sostenible, aumenta la previsibilidad y mejoran los incentivos para invertir, ahorrar, producir y asumir riesgos de largo plazo. Esto es lo que subyace detrás de la denominada “teoría del derrame”: la estabilidad macroeconómica y la mejora de incentivos terminan generando más crecimiento, más productividad, más inversión y, eventualmente, mayores niveles de bienestar para el conjunto de la sociedad.

Aparecen, sin embargo, varios interrogantes:

1. Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que los beneficios de la estabilización comiencen a percibirse en el consumo, que sigue siendo, por lejos, el principal componente del PBI argentino (más del 70% en 2025). No existe una respuesta clara y la experiencia internacional es poco concluyente, porque los procesos de estabilización suelen ser heterogéneos.
2. Cuánto crecimiento puede esperarse. Los datos recientes mostraron señales alentadoras, pero todavía insuficientes para hablar de una recuperación plenamente consolidada. En términos desestacionalizados, el EMAE de marzo alcanzó un máximo histórico y se ubicó por encima de los picos registrados tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como durante la presidencia de Alberto Fernández. Sin embargo, al observar la dinámica más reciente, el ritmo de expansión aparece bastante más moderado: el nivel de actividad se encuentra apenas alrededor de un 2% por encima del registrado en febrero del año pasado. Los datos reflejaron, así, una dualidad: una economía que estabilizó ciertas variables nominales y recuperó parte del terreno perdido, pero con un crecimiento todavía heterogéneo y lejos de generar una mejora generalizada y rápida sobre consumo y empleo.
3. ¿Cuál será el motor del crecimiento argentino? Los modelos macroeconómicos más básicos muestran que el crecimiento puede explicarse por aumentos de la demanda agregada o por aumentos de la oferta agregada.

En el corto plazo, el crecimiento suele responder a una recuperación de la demanda. En horizontes más largos, el crecimiento sostenible depende principalmente de la capacidad de aumentar la oferta agregada, es decir, de expandir la capacidad productiva de la economía. Allí aparece el desafío estructural.

Para aumentar la oferta agregada es necesario incrementar el stock de capital, incorporar tecnología, mejorar la productividad y elevar la eficiencia del sistema económico. Con el mismo capital y la misma tecnología, la capacidad productiva difícilmente pueda expandirse de manera significativa.

Salvo, claro, que un país tenga la fortuna de descubrir y explotar recursos naturales altamente demandados a nivel global. Y eso es lo que hoy comienza a ocurrir en Argentina con sectores como la energía y la minería, que podrían transformarse en los principales vectores de expansión en los próximos años. Los aumentos de las cantidades exportadas aportan la prueba necesaria.

vez el principal desafío analítico del presente argentino consista en entender que la economía podría estar atravesando un cambio casi inédito. Esto obliga a discutir no solo cuánto crecerá la economía en los próximos meses, sino, sobre todo, si Argentina logrará construir las condiciones macroeconómicas, institucionales y productivas necesarias para sostener el crecimiento durante la próxima década.

El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de mayo del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

Las acciones de SpaceX subieron cerca de 20% el viernes en su primera jornada en el mercado, en el debut bursátil más grande de la historia.

El mercado dio a la empresa de Elon Musk un valor de USD 2,1 billones, convirtiendo a una neonata bursátil en una de las diez mayores empresas más grandes del mundo por valor de mercado, detrás de Nvidia, Apple, Alphabet (la empresa madre de Google), Microsoft y Amazon, y peleando cabeza a cabeza con la taiwanesa TSMC, la mayor fabricante de chips del mundo.

El precio de cierre de la acción rozó los USD 161 y, durante la jornada, el volumen negociado superó los USD 80.000 millones. La demanda de acciones de la empresa de servicios espaciales fundada por Elon Musk más que triplicó la cantidad de acciones ofrecidas. En la lista se anotaron fondos de inversión, fondos de riqueza soberana e inversores minoristas, que recibieron entre 20% y 25% de la colocación total.

El éxito de SpaceX podría alentar la próxima oferta pública inicial de empresas como Anthropic y OpenAI, lo que completaría lanzamientos bursátiles por cerca de USD 200.000 millones en pocas semanas, a lo sumo meses. Además, elevó a más de un billón de dólares la fortuna personal de Elon Musk, que tiene una participación del 42% en SpaceX y, con la parte de Tesla que ya tenía, se consolidó por amplio margen como la persona más rica del mundo.

Pero además de impulsar la fortuna personal de su creador, el lanzamiento de SpaceX puede ser la campana de largada de la “economía del espacio” o del “capitalismo espacial”, como lo llamó el historiador e investigador alemán Rainer Zitelman en un libro sobre el tema y, en particular, sobre la forma en que la compañía de Musk hizo resurgir el interés y la posibilidad de los lanzamientos y aventuras espaciales.

Son esas expectativas las que están detrás del extraordinario evento bursátil. Si fuera por los números, estos dicen que SpaceX cerró 2025 con ingresos por poco menos de USD 19.000 millones y pérdidas por casi USD 5.000 millones.

Según un análisis de la revista inglesa The Economist, la apuesta de quienes invierten en SpaceX se apoya en tres pilares: el potencial de ganancias en la industria espacial, el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) como motor de negocios y la confianza en el liderazgo de Musk, quien retiene el control total de la compañía mediante una estructura corporativa diseñada a su medida.

En los últimos años, mediante un sistemático y obsesivo énfasis en la reducción de costos y el principio de reutilización de los cohetes de lanzamiento, como el Falcon 9, SpaceX se consolidó como el número uno del mundo en lanzamientos espaciales, al más bajo costo por kilo de carga útil, métrica básica del emergente “capitalismo espacial”. En los últimos dos años, SpaceX ha hecho más lanzamientos más allá de la órbita baja terrestre que la NASA, que China y que Rusia.

Musk dice que su ambición es llegar a Marte e iniciar allí la etapa de la humanidad como “especie multiplanetaria”, pero de momento el valor asignado a SpaceX tiene que ver con los planes de desplegar una nueva constelación de satélites más grande, funcional y valiosa que la actual, con la cual captar demanda de capacidad de cómputo para Inteligencia Artificial (IA), terreno en el que se esperan inversiones por hasta USD 800.000 millones en centros de datos por parte de los “hyperscalers” tecnológicos.

En el espacio, la energía solar es más abundante y, por caso, la minería en los asteroides abre nuevas posibilidades, pues en esos cuerpos los “minerales críticos” no están enterrados bajo capas consolidadas a través de millones de años, como en la Tierra, sino a nivel superficial.

En su libro, Zitelman describe una ventaja decisiva de SpaceX y Elon Musk sobre sus competidores: la nave Starship. “El nombre es algo confuso, ya que se refiere tanto al cohete propulsor Super Heavy de primera etapa como a la nave espacial Starship, que se erige como segunda etapa del cohete”, precisa el autor, quien recuerda que el Saturno V, que llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969, fue el cohete más grande y potente hasta la fecha y, con una altura cercana a los 110 metros, era apenas más pequeño que los últimos prototipos de Starship, que miden 124 y 126 metros en las versiones V2 y V3. Esta última versión fue lanzada exitosamente a fines de mayo, implicó una inversión de USD 15.000 millones y es una de las claves del éxito de la misión Artemis.

En la parte superior, el Saturno V tenía una combinación de casi 14 metros de largo formada por el módulo de servicio Apolo, el módulo de mando y la torre de escape. En cambio, la Starship actual, “la nave”, mide 52 metros de altura, y todo el sistema, incluidos los propulsores, tiene un peso de lanzamiento de alrededor de 5.000 toneladas, unas 1,7 veces el peso del Saturno V, que pesaba 2.950 toneladas.

Según Musk, las futuras versiones de Starship podrán transportar hasta 100 personas a Marte en cada vuelo y serán mucho más cómodas que la cápsula Apolo, que tenía un espacio interior muy limitado (por cierto, el desafío es muy diferente: llegar a Marte demandará a quienes lo hagan convivir entre 7 y 9 meses en una cápsula, contra los 5 días de llegar a la Luna). Pero lo económicamente decisivo es que que mientras el Saturno se usó una sola vez, Musk dedicó los últimos 20 años a lograr que sus cohetes sean reutilizables y lo demostró con el Falcon 9, que realizó y decenas decenas de lanzamientos más allá de la órbita baja terrestre.

Sobre las oportunidades que abre la nueva economía espacial, Morgan Stanley publicó una nota en la que el analista Adam Jonas destacó 14 acciones de empresas vinculadas al sector espacial. Según Jonas, la economía espacial podría triplicarse y superar el billón de dólares hacia 2040, impulsada por satélites dedicados a tecnologías de comunicación, como internet y banda ancha para consumidores.

En ese contexto, sugiere considerar empresas emergentes con potencial de captar estas oportunidades, como Rocket Lab, que opera servicios integrales de lanzamiento y gestión orbital, y AST SpaceMobile, que desarrolla una red de banda ancha satelital para cubrir zonas fuera del alcance de las torres tradicionales. Otras empresas incluidas en esa lista son la minera Freeport-McMoRan (cobre y oro), y otras vinculadas al desarrollo de materiales o componentes críticos, como Materion, Corning, Linde, Air Products, Rockwell, Alcoa, así como empresas vinculadas a las telecomunicaciones o chips, como Nvidia y Broadcom, y empresas propiamente espaciales como Gilat Satellites Network y Amazon, por su proyecto Kuiper de satélites de órbita baja.

Todos orbitando en torno al, al menos provisional, astro del nuevo sistema: SpaceX, la neonata bursátil que en su primer día pasó a ser una de las diez mayores empresas del mundo.