Tal como se esperaba en su arranque, finalmente abril marcó el primer mes de desinflación en casi un año. Analistas económicos coinciden en que el índice habría cerrado en torno al 2,5% luego del pico de 3,4% alcanzado en marzo.

Aunque todavía sigue siendo un dato elevado, se trata de un punto de inflexión luego de diez meses de subas consecutivas. El piso del gobierno de Javier Milei se alcanzó en mayo del 2025, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocó el 1,5 por ciento. Desde entonces, la dinámica comenzó un recorrido alcista que recién ahora se estaría quebrando.

Hubo varios factores que ayudaron a que en abril se diera un salto menor significativo en los precios. Retrocedió levemente la carne, se congelaron los valores de la nafta (aunque en parte se trasladó la suba de marzo) y además el dólar operó con mucha tranquilidad. En simultáneo, no pesaron algunos aumentos estacionales como educación, que impactó fuerte en marzo.

El economista Fernando Marull proyectó que en mayo el índice podría bajar otro escalón hasta niveles de 2%, aunque no descartó “que incluso pueda ser menos”.

La hipótesis es que se repitan algunos comportamientos de abril que estarían ayudando a la desaceleración inflacionaria. La carne, por ejemplo, tendría otro mes tranquilo por delante, lo que impactaría favorablemente en el rubro alimentos y bebidas.

Al mismo tiempo, el 10 de mayo vence el compromiso de YPF de mantener los precios estables en los surtidores, pero no se espera una suba significativa aún con las presiones que siguen afectando al barril de petróleo internacional por el conflicto en Medio Oriente. Además, el ajuste tarifario se moderará de manera significativa.

Por otro lado, no se prevé que el tipo de cambio vaya a tener un salto significativo durante el mes, especialmente porque se viene una verdadera lluvia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa.

Ayer el Central compró nuevamente una cifra muy significativa, USD 207 millones, pero el tipo de cambio oficial minorista ni se movió y cerró la semana a $1.415 para la venta. La tranquilidad cambiaria es una condición necesaria, aunque no suficiente, para anclar los precios.

En tal sentido, Marull destacó que la principal consecuencia de la baja de la inflación en abril es que los salarios le estarían ganando a los precios por primera vez en el año. El 2,6% de aumento de inflación que este economista espera para abril compara contra un aumento de salarios promedio del orden de 4,8 por ciento. En los tres primeros meses del año se había dado la relación opuesta.

Ahora la expectativa es que la economía ingrese lentamente en una suerte de círculo virtuoso: baja la inflación, se reduce la tasa de interés, mejoran los salarios y la demanda interna empieza a repuntar.

Aunque todo indica que se vienen mejores meses para la economía, resulta muy difícil determinar si la mejora será significativa para que se sienta en los grandes centros urbanos. Por ahora, el crecimiento se concentra en sectores como la minería, el agro y la energía.

El titular del Central, Santiago Bausili, había señalado que “el índice de precios aumentó más de lo deseado en marzo, y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es temporario”, afirmó.

Según explicó, el salto reciente respondió a la caída en la demanda de dinero registrada en la previa electoral del año pasado, combinada con una serie de reacomodamientos de precios relativos. “Las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”, concluyó.

La deuda del Estado de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,476 millones al cierre del primer trimestre de 2026, tras acumular USD 235.19 millones solo entre enero y marzo, según datos del Banco Central de Reserva (el principal ente monetario del país) publicados este jueves.

Las cifras, que el Banco Central de Reserva retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (el ente regulador de pensiones), revelan que el saldo total pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,476.32 millones en marzo de 2026, un alza del 2.1% en apenas tres meses. Frente al mismo mes del año anterior, cuando la deuda ascendía a USD 10,697.11 millones, el incremento llega a USD 779.21 millones, equivalente al 7.3%.

El ritmo de endeudamiento fue desigual a lo largo del trimestre. En enero, el Gobierno tomó USD 92.32 millones de los fondos; en febrero: USD 46.76 millones; y en marzo: USD 96.11 millones. Estos recursos se destinan al pago de pensiones de los jubilados del sistema público, abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, mediante la emisión de títulos valores que el Instituto Salvadoreño de Pensiones coloca obligatoriamente en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

Ese instrumento, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente USD 3,082.13 millones. A ese monto se añaden USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa.

La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 779.21 millones de dólares entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 10,697.11 millones a 11,476.32 millones de dólares, según cifras del BCR basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Ese incremento equivale a un aumento del 7.3% en doce meses.

El ritmo de crecimiento fue de 64.93 millones de dólares por mes en promedio durante el período analizado, aunque la velocidad del endeudamiento no fue uniforme a lo largo del año. Los meses con mayor aceleración se concentraron en el último trimestre de 2025 y en el arranque de 2026, cuando los incrementos mensuales superaron los 90 millones de dólares.

La deuda está compuesta por dos instrumentos. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) pasaron de 2,301.38 millones en marzo de 2025 a 3,082.13 millones en marzo de 2026, un alza de 780.75 millones de dólares. Los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que representan la mayor parte del pasivo con 8,394.19 millones de dólares, permanecieron prácticamente sin variación durante todo el período.

El Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral, ha advertido que esa reforma derivó en que el 89% de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron los 14,900 millones de dólares— estén colocados en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, indicó el organismo.

El FMI también alertó que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que se activa cuando los pensionados agotan el saldo de su cuenta individual. Según proyecciones del organismo, ese mecanismo se agotaría alrededor de 2027, lo que hace urgente una reforma integral del sistema previsional.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió con el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, plazo que ya venció sin que la iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta no había sido recibida. El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario, un préstamo de USD 1,400 millones bajo un Servicio Ampliado, busca “corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia” del país.

Una misión técnica del FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones pasará del 2% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 2.9% en 2027, presionado por el mayor costo del servicio de deuda y el fin del período de gracia para el pago de intereses sobre los antiguos Certificados de Inversión Previsional. El stock de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones podría alcanzar el 28.3% del PIB en 2027, según las mismas proyecciones.

Entre las medidas que el Fondo Monetario Internacional considera posibles para sanear el sistema figuran el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las contribuciones de empleadores y trabajadores. El período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los CFT vence en 2027, año en que el Gobierno deberá retomar esos pagos sobre una deuda que representa cerca del 22.9% del PIB.

Un buen arranque de año llevó a Vista Energy a recalibrar sus expectativas para 2026. Con un desempeño operativo por encima de lo previsto y una mirada más favorable sobre el precio del crudo, la compañía decidió elevar su proyección de producción anual y, en paralelo, avanzar con su desembarco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según detalló la empresa en su llamada a analistas como parte de su presentación de resultados, la producción estimada para este año pasará de 140.000 a 143.000 barriles equivalentes por día (boe/d). El ajuste implica sumar más de un millón de barriles equivalentes adicionales en el año, con foco principalmente en exportaciones, un segmento que viene ganando peso dentro del negocio.

El incremento se explica, en buena medida, por el avance de la actividad en campo. En lo que va del año, la compañía ya conectó 23 nuevos pozos y continúa mostrando mejoras en productividad, dos factores que permitieron sostener el ritmo de crecimiento en sus principales activos no convencionales.

En ese contexto, el frente de inversión también empieza a mostrar un cambio de ritmo. Durante la presentación, Miguel Galuccio confirmó que la compañía trabaja en la presentación para ingresar al RIGI con proyectos vinculados a sus bloques de desarrollo futuro.

La petrolera apunta, en una primera etapa, a incluir áreas como Águila Mora y Bandurria Norte dentro del esquema de incentivos. Además, no descarta que otros activos puedan sumarse más adelante, en función del avance de acuerdos en curso dentro de Vaca Muerta.

“Una vez que se cierre la operación con Equinor, tendremos un mejor entendimiento de Bajo del Toro, que creo que también podría aplicar, aunque esa solicitud la debería hacer su operador, YPF. En cuanto a los tiempos, planeamos presentar la documentación hacia el final del segundo trimestre. Luego, el Ministerio de Energía debe analizar la información antes de su aprobación. El impacto del RIGI es muy positivo. La mejora en las tasas de retorno de estos bloques debido a los incentivos fiscales es un fuerte estímulo para acelerar el capex en estos bloques no desarrollados, que de otro modo no serían priorizados en nuestro plan de desarrollo hasta aproximadamente 2030”, dijo Galuccio.

El interés por el régimen no es casual. En la empresa consideran que los beneficios fiscales y regulatorios pueden mejorar de manera significativa la rentabilidad de los proyectos, especialmente en áreas que todavía no están plenamente desarrolladas. Ese cambio en la ecuación económica permitiría acelerar inversiones que, bajo otras condiciones, quedarían relegadas por varios años dentro del plan de expansión.

El trasfondo de estas definiciones es un primer trimestre con resultados en fuerte crecimiento. Entre enero y marzo de 2026, la producción total de Vista alcanzó los 134.741 boe/d, lo que representa un salto del 67% frente al mismo período del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado por la incorporación del 50% del bloque La Amarga Chica —una operación cerrada en abril de 2025— y por el desarrollo de nuevos pozos en las áreas que la compañía opera directamente.

En términos de petróleo, la producción promedió los 116.655 barriles diarios, con una suba interanual del 68%. Este desempeño consolidó a la compañía como uno de los jugadores de mayor dinamismo dentro del segmento no convencional.

Los resultados económicos también acompañaron esa expansión. Los ingresos totales del trimestre alcanzaron los USD 694,3 millones, un 58% por encima del nivel registrado un año atrás. Al mismo tiempo, la empresa logró mejorar sus indicadores de eficiencia operativa.

El costo de extracción se ubicó en USD 4,3 por barril equivalente, lo que implica una reducción del 8% interanual. En paralelo, los gastos comerciales se recortaron con mayor fuerza y se ubicaron en USD 3,8 por boe, un 41% menos que en el mismo período de 2025.

Con ese combo, el EBITDA ajustado trepó a USD 450,8 millones, con un crecimiento del 64%. El margen alcanzó el 65%, tres puntos porcentuales por encima del año previo, impulsado principalmente por las mejoras en costos que compensaron un contexto de precios internacionales menos favorables que los de comienzos de 2025.

Las exportaciones de petróleo y gas, en tanto, generaron ingresos netos por USD 431 millones durante el trimestre, equivalentes al 64% del total facturado por la compañía.

En paralelo, la compañía mantuvo un nivel elevado de inversión. Durante el primer trimestre destinó USD 391,2 millones principalmente al desarrollo de sus activos en Vaca Muerta. Ese monto se tradujo en la perforación de 19 pozos, se completaron 25 y se conectaron otros 23, además de obras de infraestructura y proyectos de soporte operativo.

Finalmente, la ganancia neta del período se ubicó en USD 107,7 millones, por encima de los USD 82,8 millones registrados en el mismo trimestre del año pasado.