Un nuevo índice privado se sumó a la batería de indicadores que rastrean la evolución de la economía. En particular, este ya desde su nombre “Índice del argentino de a pie” busca auscultar la situación económica “desde una perspectiva más cercana y realista”. A diferencia de los tradicionales, que usualmente miden variables agregadas, el foco de este nuevo indicador es “la experiencia cotidiana de las personas: cómo impactan los precios, el consumo y los ingresos en la vida diaria.

En un contexto donde variables como la inflación y la caída del consumo reflejan tensiones en el bolsillo de los hogares, este tipo de medición permite traducir los grandes números macroeconómicos en percepciones concretas. Así, no solo aporta datos, sino también contexto sobre cómo viven los argentinos la economía en tiempo real”, indicó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, que elaboró el Índice buscando responder a preguntas básicas: ¿cómo vive la economía una persona de carne y hueso? ¿Le alcanza el sueldo? ¿Resignó algo este mes? ¿Qué espera para los próximos meses?

Se trata de un índice híbrido, que entremezcla datos duros, como precios y salarios con percepciones detectadas en encuestas de hogares y se compone de cuatro pilares:

1. Ingreso real: cuánto rinde el sueldo
2. Costo de vida: Alimento, transporte, servicios
3. Consumo posible: qué se puede comprar y qué se resigna
4. Expectativas: Sobre el futuro económico

En una escala de 0 a 100, en la que puntajes de 0 a 40 marcan un rojo de “deterioro” (que va de “colapso estructural” a “deterioro leve”, puntajes de 40 a 70 indican “tensión” (desde “crítica” a “contenida”) y puntajes de 70 a 100 identifican situaciones de “estabilidad” (desde “frágil” a “plena”), el puntaje para la primera versión del índice arrojó un resultado de 61,8 puntos (esto es “tensión contenida”) en febrero/marzo de este año. “Significa que la economía del hogar promedio no está en colapso, pero tampoco en calma: hay presión sostenida sobre el bolsillo, con señales mixtas según el pilar que se mire”, dice el informe que acompaña la primera publicación.

Ese resultado, explica, “describe un escenario donde las presiones económicas siguen presentes, pero sin un desborde inmediato. Los hogares continúan ajustando consumos, postergando decisiones y administrando con mayor cautela sus ingresos, lo que evita un deterioro más brusco en el corto plazo. Sin embargo, esta “contención” no implica mejora, sino más bien una capacidad de adaptación que tiene límites. La persistencia de esta dinámica refleja una economía que aún no logra recomponer el poder adquisitivo de forma sostenida, dejando a los consumidores en una situación de equilibrio frágil, donde cualquier shock adicional podría reactivar tensiones más profundas”, explicó Di Pace.

El primer pilar mide si el ingreso “alcanzó” en la experiencia concreta de un hogar a fin de mes. Un 37% de los hogares no solo cubrió sus gastos sino que logró ahorrar algo —señal de estabilidad relativa”, a un 27% le alcanzó ”justo” y a poco más del 35% restante no le alcanzó e incluso una parte de ellos debieron recurrir al crédito para cubrir (con deuda) sus consumos. “Un trabajador registrado con antigüedad, pareja con doble ingreso y sin deudas vive una realidad completamente diferente a la de un trabajador informal, monoparental o con cargas de crédito. El índice los promedia en 60 puntos, pero detrás de ese número conviven situaciones que poco tienen en común”, dice el informe.

Pilar de datos duros, compara la variación de la Canasta Básica Total (CBT, elaborada por el Indec, que mide la “línea de pobreza”) con la del salario formal que surge de la evolución del Ripte, otro indicador oficial que mide el promedio de ingresos de los trabajadores formales entre diciembre de 2025 y enero de este año. En ese lapso, el costo de la CBT aumentó casi cuatro puntos más que el salario, una brecha negativa que muestra que el ritmo del costo de vida le está ganando al de los ingresos.

Según Focus Market, es el pilar más revelador. Si bien no mide lo que le cuesta vivir mensualmente ni cuánto gana el trabajador, ausculta “lo que dejó de comprarse”. En la pregunta sobre a qué renunció, dice el informe, aparece la dimensión más humana y cruda del ajuste. Al respecto, los datos muestran que el ajuste del consumo tiene varias capas. La primera y más extendida es el recorte de salidas, entretenimiento, vacaciones, gastos pueden postergarse sin consecuencias inmediatas.

Por esa experiencia, según Focus, ya pasó la mayoría de los hogares. Una segunda capa es la renuncia a bienes durables y semi-durables como ropa, calzado, electrodomésticos, arreglos del hogar y también está “muy extendida”. La tercera capa y más preocupantes es el recorte de alimentos, que afectó a 14% de los encuestados, quienes dijeron haber reducido “la cantidad o calidad de lo que come”. Ergo, “uno de cada siete hogares relevados ya no está ajustando por el lado del lujo ni del confort: está ajustando por lo básico. Es el indicador más directo de vulnerabilidad real que arroja el índice y el que más interpela a cualquier lectura optimista del período”, dice Focus. De hecho, el puntaje de ese pilar, 55,9 puntos, está en el rango de “tensión marcada” en la vida del “argentino de a pie”.

El cuarto y último pilar se refiere no a lo que pasó al encuestado sino lo que se espera y arroja una nota sorprendente difícil de interpretar: casi la mitad de los encuestados (46,9%) espera que su situación económica mejore en los próximos tres meses, el mejor resultado de la primera versión del índice, en contraste con resultados de los demás pilares.

Según Focus, ese optimismo en medio de consumos recortados y salarios que corren detrás de la inflación admite dos lecturas posibles. Una más bien psicológica, según la cual tras período prolongado de deterioro, la expectativa de mejora surge más como necesidad que como cálculo o proyección racional. La idea básica sería que “lo peor ya pasó”, aunque los datos no lo sostengan. La otra lectura, más optimista, es que una parte sustancial de los encuestados esté anticipando mejoras concretas, como una mejora salarial, un trabajo nuevo o la cancelación de una deuda, no capturadas por índices generales pero significativas en la vida concreta de una persona o familia.

“Lo que sí queda claro es la tensión entre ese optimismo y los datos del período: el salario formal creció apenas 0,78% mientras la inflación fue tres veces mayor. Por ahora, la expectativa de mejora flota sobre evidencia en sentido contrario. Si en la próxima edición del índice esa brecha empieza a cerrarse — salarios acelerando, inflación desacelerando —, el optimismo habrá sido una señal adelantada valiosa. Si no, habrá sido, simplemente, esperanza”, subraya el informe, que precisa también que quienes esperan deterioro (el 26%) son una proporción no son una minoría marginal: uno de cada cuatro hogares perdió esperanzas de recuperación, al menos a corto plazo.

El informe hace también algunos cruces analíticos. El primero y más directa es cuánto resto tiene concretamente una familia que vive del salario formal promedio. Con el RIPTE de enero 2026 en $1.646.344 y una Canasta Básica Total y una familia tipo de cuatro personas en $1.397.672, la brecha es de $248.673, apenas un 17,8% sobre el umbral de pobreza, un colchón mínimo para cubrir imprevistos, gastos en salud o un gasto fuera de lo habitual. Margen, dice Focus, que en un contexto de inflación mensual superior al 2% se licúa rápidamente, pese a tratarse del segmento más protegido —tiene obra social, aportes jubilatorios, paritarias y estabilidad relativa- del mercado laboral.

La pregunta que surge es qué sucede con quienes están afuera del registro formal. Según el índice, la respuesta es que el 31,6% de los hogares relevados simplemente no llega a fin de mes.

Otro cruce analítico confronta expectativas fue el más alto: 46,9% de los encuestados espera mejorar en los próximos tres meses, pero esa expectativa no cuaja con el hecho de que en el período relevado los precios aumentaron a un ritmo tres veces superior a los ingresos. “Los datos del período no ofrecen aún ningún punto de inflexión visible: ni una aceleración salarial, ni una desaceleración sostenida de la inflación, ni una mejora en el empleo informal que pudiera explicar ese salto en las expectativas”, dice Focus, quien resalta al respecto una gran disparidad de situación entre distritos.

En un extremo están CABA y Neuquén, donde el ingreso per cápita supera por buen margen la CBT y permite cierta acumulación o cobertura de gastos adicionales. En esas jurisdicciones donde el índice supera el promedio de 61,8 y podría incluso subestimar la mejor situación del hogar promedio. El extremo opuesto son provincias como Chaco, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, donde la mediana del ingreso per cápita no llega al 65% del costo de vida. Esto es, la mitad de la población está 35% o más por debajo del mínimo que necesita para vivir. “Los hogares de esas regiones no están cerca del umbral de pobreza: están por debajo o bordeándolo de manera estructural”, concluye el informe.

La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó a Infobae que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.

En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma laboral aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.

Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación.

La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.

La reforma laboral planteó modificaciones sobre distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, varios de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.

Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley fijaban junio como fecha de inicio para el nuevo régimen. La falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre si el Gobierno lograría cumplir con ese cronograma.

Fuentes oficiales confirmaron ahora a Infobae que el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. La decisión implica, en los hechos, una postergación del sistema que estaba pensado como uno de los instrumentos centrales para incentivar la registración laboral y, en simultáneo, estimular el mercado de capitales.

En paralelo, todavía quedan pendientes otros aspectos vinculados con la reglamentación integral de la reforma. Estudios contables, abogados laboralistas y empresas siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer el funcionamiento concreto del nuevo esquema.

La demora también se explica por la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo implica modificaciones sobre las cargas patronales, sino que además requiere definir el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos intervinientes y la forma en que se distribuirían los recursos.

Hasta el momento, el Gobierno avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma laboral, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar este instrumento específico.

El FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.

La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente. Ese mecanismo busca reemplazar, total o parcialmente, otros costos asociados al sistema laboral tradicional.

Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores. En especial, está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores donde la informalidad laboral tiene mayor incidencia.

El esquema también aparece vinculado con otros cambios incluidos en la reforma laboral, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, aunque todos esos cambios exigen de una reglamentación que por el momento no fue publicad.

Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con la puesta en marcha de distintos capítulos vinculados al mercado de trabajo. Algunas medidas ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse, mientras otras siguen a la espera de definiciones.

Entre los cambios ya implementados aparecen aspectos relacionados con modalidades de contratación, regularización laboral y simplificación de ciertos trámites administrativos. Sin embargo, el FAL permanece como uno de los puntos más relevantes todavía pendientes.

La demora adquiere importancia porque el fondo forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el costo de formalización laboral y promover nuevas contrataciones registradas.

Por el momento, el Ejecutivo no difundió el nuevo cronograma previsto para avanzar con la implementación, aunque se daría en el segundo semestre. Con la confirmación oficial de que no comenzará a regir en junio, el FAL suma un nuevo capítulo de incertidumbre dentro del proceso de aplicación de la reforma laboral.

Una asistencia internacional transitoria brindaría el tiempo necesario para afianzar la generación genuina de divisas por exportaciones energéticas, reconfigurando la economía y dando lugar a una nueva etapa de crecimiento sostenido.

En 2025, el peso sufrió un fuerte ataque especulativo que buscó desestabilizar el modelo económico de Argentina. El puente financiero proporcionado por Estados Unidos resultó decisivo: permitió consolidar el salto exportador y evitó una nueva crisis cambiaria.

El año cerrará con exportaciones energéticas por USD 16.500 millones -con un barril a USD 64- tras inversiones para aumentar la producción de USD 11.000 a USD 17.000 millones. Estas cifras continuarán creciendo hasta alcanzar USD 50.000 millones en 2032, cuando las exportaciones de LNG estén totalmente operativas, evitando así futuras crisis de balanza de pagos.

El economista Ricardo Arriazu advierte que, desde 1980, Argentina acumuló 20 años de crecimiento negativo sobre 45 años, atribuibles principalmente a crisis de balanza de pagos, originadas en buena medida por la propia acción de los argentinos: ataques especulativos debido a la desconfianza en el peso.

En 2025, los clientes bancarios compraron para atesorar USD 42.000 millones, aun enfrentando alternativas financieras más rentables, un fenómeno que se constituyó en el principal riesgo para la estabilidad económica y la concreción de un desarrollo a futuro.

El puente financiero de Estados Unidos cubrió el faltante transitorio de divisas y ayudó a restaurar la confianza tras las elecciones de medio término y errores políticos del gobierno. La recuperación permitió avanzar en las obras de infraestructura necesarias para que la producción en Vaca Muerta se duplicara, sentando las bases para sostener el nuevo ciclo exportador.

Este año, las exportaciones energéticas sumarán USD 16.500 millones, y podrían llegar a USD 20.500 millones si el barril se sostiene en USD 100. Además, se proyecta alcanzar USD 20.000 millones cuando el oleoducto Vaca Muerta Sur funcione a pleno desde 2027, y continuar el crecimiento hasta los USD 50.000 millones en 2032 con la operación completa de los buques de gas natural licuado de YPF-ENI, XRG y Adnoc, la estatal de Emiratos Árabes.

A estas cifras deben sumarse USD 6.056 millones de exportaciones mineras de litio y cobre previstas para este año. Estas exportaciones se estiman en USD 22.000 millones para 2035, junto a USD 7.000 millones generados por el agro tras una cosecha récord. El agro puede elevar sus exportaciones en un 50% si se eliminan las retenciones actuales.

Estas fuentes aseguran dólares suficientes para el país, aunque en sectores que no son grandes generadores de empleo y cuyas áreas productivas se encuentran alejadas del conurbano bonaerense, la región más afectada por el desempleo y la insuficiencia salarial.

El comercio, la construcción y la industria sufren la crisis, a pesar de tratarse de los sectores que más mano de obra demandan. El economista Juan Carlos de Pablo recuerda que, en economías en transformación, el crecimiento es desigual entre sectores, dada la asincronía inherente al cambio estructural. Esto no debe sorprender: es un fenómeno propio de una economía en ajuste.

El sector industrial afronta una transformación estructural forzada por la apertura económica y la eliminación de subsidios. El tiempo insuficiente para adaptarse junto con condiciones lejos de ser ideales acentúan la caída del poder adquisitivo.

Este es un desafío serio para el gobierno: debe atender un sector que genera malestar social y cuyos cambios se ven reflejados en la forma “K” del ciclo económico actual, con energía, minería y agro creciendo, pero generando poco empleo, y sectores demandantes de mano de obra (comercio, construcción, industria) en baja.

La industria presenta una retracción prolongada, mientras el economista austríaco Joseph Schumpeter explicaba que el proceso destructivo suele adelantarse al proceso de creación de lo nuevo; una tendencia acentuada por la apertura de importaciones y la competencia internacional.

Existen beneficios cuantiosos -cosecha récord, superávit energético, apoyo financiero internacional (con Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional)-, pero estos ingresos no impactan en el salario ni el empleo. El modelo actual no traslada estos fondos al consumo y, por lo tanto, no reactiva la economía en los sectores más vulnerables.

Los sondeos de opinión revelan un cambio de humor social y respaldo al gobierno, pero persiste el desencanto por la desconexión entre los indicadores económicos positivos y la experiencia cotidiana de la población.

Las encuestas muestran que el 70% de la población debió recortar gastos básicos, evidenciando la fractura entre el crecimiento y el bienestar generalizado. Según Arriazu, esto ocurre por dos motivos: el crecimiento no “derrama” hacia los salarios ni el empleo en el conurbano, y el pico de consumo registrado beneficia en especial al 30% favorecido por los cambios, con alto consumo de automóviles, turismo y bienes de lujo.

A pesar de las señales alentadoras de los bancos internacionales, el escenario político es inestable y la economía dista de haber alcanzado el equilibrio. Es preciso sostener el rumbo y adoptar medidas concretas en lugar de esperar sólo por una mejora espontánea.

El tiempo resulta esencial: aunque la inflación parece ceder, los salarios recién empiezan a recuperarse y el crédito da señales de reactivación, la economía requiere un empuje adicional.

Frente a la proximidad de elecciones -donde el 70% del conurbano vota y es el más afectado-, se plantea la necesidad de tender un puente salarial a los desocupados de la construcción, el comercio y la industria, para acompañarlos hasta que sus empleos se regeneren.

Arriazu propone dos instrumentos: un programa de desempleo transitorio dirigido a quienes sufren el redimensionamiento del comercio y la industria del conurbano, hasta que la economía y el consumo se reactiven, y un programa de obras públicas transitorio, focalizado en esa misma zona para quienes perdieron su empleo en la construcción. Estos mecanismos funcionan como puente hasta que el crédito hipotecario y la construcción privada retomen su marcha.

Estos programas sociales impulsarán la economía al recomponer el empleo y la recaudación fiscal, fortaleciendo el superávit fiscal hoy debilitado por la caída de ingresos.

Restablecer el sustento a las familias de los sectores en transición permitirá la recuperación de la demanda, el consumo y la recaudación fiscal, y dará tiempo a los empresarios para completar la transformación estructural, mientras la economía encuentra su nuevo equilibrio. Estas medidas pueden financiarse a través de un préstamo puente del Programa de Reforma Estructural del Banco Mundial y el BID, conceptualmente equivalente al puente financiero que permitió superar la crisis de 2025.

Así, el país podrá encarar 2027 y 2028 en mejor posición, permitiendo el desarrollo de soluciones estructurales para los problemas industriales, con acceso a crédito, reducción del riesgo país y el apoyo de la calificación de la calificadora internacional Fitch Ratings, facilitando el cumplimiento de obligaciones externas sin usar reservas del Banco Central.

Por último, se plantea la inclusión de los jubilados que realizaron aportes en las mejoras, utilizando los fondos que acumuló el Fondo de Garantía de Seguridad del Anses: USD 36.000 millones de incremento hasta los USD 78.000 millones al 30 de abril de 2026, desde los USD 42.000 millones en diciembre de 2023.

Estos fondos pueden aplicarse normativamente, permitiendo diferenciar a quienes contribuyeron de quienes no lo hicieron, sin afectar ningún derecho ni comprometer el superávit fiscal o el presupuesto.

El autor es Director del Comité del Comité de Asuntos Energéticos del CARI