El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aguarda por una decisión clave por parte de la Corte Suprema y una determinación del Poder Ejecutivo Nacional sobre el porcentaje que debe girar diariamente a las arcas porteñas, en concepto de coparticipación federal. A la fecha la deuda por el fallo que nunca se acató es de 430 mil millones de pesos.

Para el gobierno de Jorge Macri la principal urgencia es que se comience a cumplir el fallo del 21 de diciembre de 2022. Con los números sobre la mesa, en la sede porteña de la calle Uspallata observan que la merma de ingresos que sufre la Ciudad es sustancial si se continúa con el actual escenario: según dicen allí, el incumplimiento del amparo sentenciado por el Máximo tribunal -una herencia de Alberto Fernández- pone en jaque las arcas de la CABA.

La primera medida que adoptó el jefe de gobierno porteño cuando asumió, a través del procurador de la Ciudad, fue presentarse ante la Corte Suprema para reclamar el embargo de las cuentas del Banco Nación desde donde se realiza la transferencia de los fondos coparticipables.

La deuda que se generó desde diciembre de 2022, según las cifras oficiales, asciende a 430 mil millones de pesos. Corresponde al 2,95% que debería percibir la Ciudad en relación a la masa coparticipable según un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2022, que nunca acató el gobierno de Alberto Fernández. La administración porteña sigue recibiendo el 1,4%.

Ese porcentaje fue el que dispuso por Decreto Alberto Fernández en septiembre de 2020. En la Corte hay dos reclamos del GCBA. Por un lado, que se obligue al Poder Ejecutivo Nacional -ahora bajo la administración de Javier Milei- al cumplimiento de la medida cautelar que indicó que debían girar 2,95%. Junto con ese planteo se pidió el embargo del dinero adeudado en relación a ese fallo del máximo tribunal.

Desde el gobierno de Macri entienden que la mayor urgencia es que la Nación vuelva a distribuir el porcentaje indicado por la Corte, porque posibilitará planificar el presupuesto del año en curso con mayor certeza sobre los recursos que estarán disponibles.

Por ese motivo, se señaló ante el máximo tribunal la necesidad de “que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23548”, que es la Ley de Coparticipación Federal.

Esa suma de dinero, dice, “debe ser detraída de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria y ordenar al Banco de la Nacion que en forma diaria y automática se transfieran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente”.

En segunda instancia, la Ciudad insiste en la discusión de fondo: exige que se restituya el porcentaje del 3,5% que venía percibiendo de coparticipación federal.

La primera decisión determinante que espera la administración de Jorge Macri es que “la Corte resuelva el planteo que se hizo en torno al incumplimiento de la cautelar; es decir, debería ordenar el embargo de cuentas”, explicaron a Clarín fuentes de la Ciudad.

En medio de la tensión del gobierno nacional con las provincias, el jefe de gobierno porteño reclama que el Poder Ejecutivo endurezca ahora su exigencia ante la Corte.

La discusión mayor, sin embargo, es la que representa la deuda de 250 mil millones de pesos, que corresponde al dinero que la Ciudad dejó de recibir desde septiembre de 2020, cuando se redujo la coparticipación casi a la mitad. No tanto por el monto, sino por la restitución del porcentaje a recibir, es decir, volver al 3,5%.

Pero este otro reclamo aún tiene un trámite muy inicial en el máximo tribunal, pese a que el reclamo lo formuló en 2020 Horacio Rodríguez Larreta.

Un tercer elemento se suma al delicado escenario: la Corte también debe resolver la «cuestión de fondo», es decir establecer cuál debe ser el porcentaje de coparticipación definitivo que le corresponde a la Ciudad, al menos hasta que una nueva ley o acuerdo modifique de común acuerdo esa cifra.