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POLITICA

La orden de Javier Milei: deberán reducir en un 20% los empleados públicos

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El presidente Javier Milei aprobó un amplio recorte de empleados públicos que implicará una reducción del 20% la plantilla del personal de cada ministerio nacional. Esta dura medida afectará, en principio, al personal contratado. Se trata de cientos de empleados cuyos contratos habían sido prorrogados por tres meses a principios de año y vencen el 31.

A la fecha, ya hubo recortes en el PAMI, en el INCAA, en AYSA, en el ENACOM, en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, según anunció esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni, en Anses y el Conicet.

Frente a la medida explosiva y ante los rumores que ya circulaban, los estatales llamaron a un nuevo paro nacional en la administración pública para la próxima semana.

“Contra los despidos, ATE resolvió paro el 26″, anunció el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, en X. Y expresó: “Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá”.

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“El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional”, afirmó Aguiar.




POLITICA

La jueza Arroyo Salgado pidió el desafuero del senador Kueider por enriquecimiento ilícito

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En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó al Senado de la Nación el desafuero del legislador entrerriano Edgardo Kueider.

La solicitud, enviada esta mañana a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, incluye también el pedido de detención del senador, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraguay junto a su secretaria Iara Guinsel Costa. Ambos enfrentan acusaciones vinculadas a un intento de contrabando de divisas.

Un desafío judicial y político en el Senado

El Senado deberá decidir si accede al desafuero de Kueider, un paso necesario para que la Justicia pueda proceder con su extradición. El desafuero requiere el voto de dos tercios de los senadores, una meta difícil de alcanzar en un cuerpo legislativo fragmentado entre oficialismo y oposición. Mientras tanto, hoy se llevará a cabo una sesión especial donde también se debatirá la posibilidad de suspender al legislador hasta que avance la causa judicial.

El pedido de desafuero se origina en una causa por enriquecimiento ilícito que investiga el presunto ingreso de divisas no declaradas a Paraguay. El legislador fue interceptado a principios de diciembre en la frontera con Brasil mientras transportaba USD 211.000 y $600.000 en efectivo. Según la Justicia, el monto superaba ampliamente el límite permitido por ley sin declaración.

Quién es Iara Guinsel Costa, la acompañante de Edgardo Kueider durante su detención

La situación de Iara Guinsel Costa

Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider y también detenida en Paraguay, enfrenta acusaciones de actuar como testaferro del senador. Oriunda de Concordia, Guinsel Costa había sido incorporada al despacho de Kueider en el Senado y luego transferida al bloque Unidad Federal. La joven declaró que el dinero transportado provenía de una empresa paraguaya, Golsur SA, pero sus explicaciones fueron consideradas inconsistentes por las autoridades judiciales.

Actualmente, tanto el senador como su secretaria cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción, mientras el juez paraguayo Humberto Otazú determinó que permanecerán detenidos al menos hasta abril de 2025, plazo en el que el Ministerio Público Fiscal paraguayo deberá concluir la investigación.

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Operativos en Entre Ríos

Paralelamente, Arroyo Salgado ordenó esta mañana una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a Kueider en Entre Ríos, incluyendo departamentos en un edificio de lujo en Paraná. También se realizaron operativos en Concordia y en una escribanía presuntamente utilizada para operaciones financieras irregulares.

Según la investigación, Kueider habría utilizado su empresa Betail SA para adquirir inmuebles a través de fideicomisos, evitando así figurar directamente como propietario. Estas maniobras financieras levantaron sospechas sobre el origen de los fondos empleados, lo que derivó en una investigación más amplia sobre sus actividades económicas.

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