La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una actividad que evade los marcos legales y regulatorios establecidos por organizaciones internacionales y nacionales. Este tipo de pesca esquiva las normativas diseñadas para proteger los recursos marinos, ya sea porque se practica en áreas protegidas, excede las cuotas permitidas o utiliza métodos destructivos que dañan los ecosistemas.

En el Pacífico, la INDNR representa una amenaza crítica para las pequeñas naciones insulares, cuya economía y seguridad alimentaria dependen en gran medida de los recursos pesqueros. Estas naciones, con recursos limitados para vigilar y proteger sus vastas zonas económicas exclusivas (ZEE), ven cómo sus mares son saqueados por flotas extranjeras, lo que no solo deteriora la biodiversidad, sino que también desestabiliza sus economías y el tejido social de sus comunidades.

El agotamiento de los recursos pesqueros debido a la sobreexplotación por parte de flotas extranjeras es uno de los impactos más devastadores en la región. Especies clave como el atún, el pez espada y diversas especies de coral y moluscos están disminuyendo rápidamente. La captura indiscriminada, fuera de las regulaciones, no solo amenaza la biodiversidad marina, sino que también provoca un desequilibrio en las cadenas alimentarias y destruye hábitats críticos, como los arrecifes de coral. Estos daños no solo afectan la biodiversidad, sino que también tienen profundas repercusiones económicas para las comunidades locales. La pesca de arrastre degrada el fondo marino, reduciendo la capacidad de recuperación del ecosistema, lo que afecta directamente a las especies y a las comunidades que dependen de ellas.

Las consecuencias económicas para estas naciones son significativas. La pesca es una de las principales fuentes de ingresos y empleo para las economías insulares, pero la presencia de flotas extranjeras que operan ilegalmente priva a estos países de un recurso vital. Los pescadores locales, incapaces de competir con las grandes flotas industriales, ven cómo sus ingresos se reducen, lo que impacta tanto en los mercados internos como en la seguridad alimentaria. A medida que los recursos pesqueros se agotan, los precios aumentan y el acceso a alimentos nutritivos se vuelve más difícil, especialmente para las familias más vulnerables.

Naciones como Kiribati, Islas Salomón, Fiyi y Tuvalu dependen profundamente de sus recursos marinos para su estabilidad económica y el bienestar de sus poblaciones. Sin embargo, su limitada capacidad para patrullar sus ZEE las deja expuestas a la pesca ilegal. La falta de recursos tecnológicos y financieros las convierte en objetivos fáciles para flotas extranjeras, que explotan los recursos que deberían beneficiar a las economías locales.

Las flotas pesqueras extranjeras, especialmente de China, Taiwán y Corea del Sur, han sido señaladas por practicar pesca ilegal en las aguas del Pacífico. Estas flotas, al no respetar las regulaciones internacionales, capturan especies clave y emplean técnicas destructivas como la pesca de arrastre o la captura masiva de especies juveniles, lo cual afecta gravemente la regeneración de los ecosistemas marinos. Esta explotación ilegal genera tensiones políticas y económicas, socavando el sustento de miles de pescadores locales y afectando la estabilidad económica de las naciones involucradas.

Lucha contra la pesca ilegal (Foto: Reuters).

Los organismos internacionales juegan un papel crucial en la regulación de la pesca y la lucha contra la INDNR. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la FAO, ha desarrollado marcos como el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, cuyo objetivo es combatir la pesca ilegal mediante el monitoreo de las actividades en los puertos. A nivel regional, el Foro de las Islas del Pacífico (FIP) y la Comisión del Atún del Océano Pacífico Occidental y Central (WCPFC) coordinan esfuerzos para la gestión y conservación de los recursos pesqueros, estableciendo cuotas de captura y promoviendo prácticas sostenibles para evitar la sobreexplotación.

Una solución clave para combatir la pesca ilegal en el Pacífico es mejorar la vigilancia marítima mediante el uso de tecnologías avanzadas como satélites, drones y sistemas de rastreo en tiempo real. Estas herramientas permiten un monitoreo más eficaz de las ZEE, aunque requieren inversiones significativas y una cooperación internacional robusta para su implementación. El Tratado de Niue destaca como un acuerdo regional que promueve la colaboración en la vigilancia y protección de las aguas territoriales.

Las comunidades locales también desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pesca ilegal. A través de programas de educación y capacitación, estas comunidades pueden aprender a monitorear y reportar actividades sospechosas en sus aguas. Además, la implementación de prácticas tradicionales de gestión de los recursos marinos puede fortalecer su rol como guardianes de los ecosistemas, asegurando la conservación y garantizando que los beneficios de la pesca sostenible se distribuyan de manera equitativa.

La pesca ilegal, un problema que genera preocupación internacional (Foto: FAO/Matthew Camilleri).

Dado que la pesca ilegal es un problema transnacional, es fundamental que los países del Pacífico trabajen de manera conjunta y cuenten con el apoyo de la comunidad internacional. Alianzas entre los gobiernos del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y otras potencias internacionales pueden ayudar a financiar y coordinar los esfuerzos de vigilancia marítima. A nivel global, organismos como la FAO y la WCPFC desempeñan un papel crucial en la creación de marcos regulatorios y la provisión de fondos para combatir la pesca ilegal.

Desde la perspectiva del libro Ecología de Mercado de Terry Anderson y Donald Leal, ambos académicos del Centro de Investigación de Propiedad y Medio Ambiente (PERC) en Montana, el problema de la pesca ilegal en el Pacífico puede ser analizado a través de la falta de derechos de propiedad claramente definidos sobre los recursos marinos. Según Anderson y Leal, esta ausencia de propiedad genera una ‘tragedia de los comunes’, en la que los actores explotan los recursos sin considerar su sostenibilidad. Proponen que la solución radica en crear incentivos de mercado que alineen los intereses económicos con la preservación de los recursos, como la privatización de los derechos de pesca o la implementación de sistemas de cuotas transferibles, otorgando a las naciones insulares y sus comunidades un interés directo en la conservación de sus recursos marinos. Además, es necesario apoyar a estas naciones de forma estratégica para la vigilancia de estas zonas y garantizar que los acuerdos multilaterales involucren a todos los países responsables.

La lucha contra la pesca ilegal en el Pacífico requiere una acción coordinada entre los estados, las empresas pesqueras y las comunidades locales. Los gobiernos deben fortalecer sus capacidades de vigilancia y regulación, mientras que las empresas pesqueras deben adoptar prácticas responsables y operar bajo marcos que promuevan la sostenibilidad. Las comunidades locales, con su conocimiento del entorno, deben participar activamente en la gestión y protección de los recursos marinos. Solo a través de un enfoque conjunto que combine incentivos económicos, tecnología avanzada y gobernanza efectiva se podrá garantizar la conservación de los recursos pesqueros del Pacífico para las generaciones futuras. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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