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POLITICA

Selección de jueces: la propuesta de la Corte Suprema, un paso en la dirección correcta

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La reforma constitucional de 1994 fue, entre otras cosas, un proyecto de desconcentración del poder. Quienes la diseñaron entendían que el hiperpresidencialismo argentino era una patología estructural, no un accidente de personas. El problema no era quién ocupaba la presidencia, sino cuánto poder concentraba quien la ocupara. Y propusieron una arquitectura institucional que lo corrigiera: frenos y contrapesos entre poderes, nuevos órganos de control independientes, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, mecanismos de democracia semidirecta, mayor acceso a la justicia para ciudadanos y organizaciones. La idea central era que la justicia controlara a la política, que el mérito fuera un límite real a la discrecionalidad del poder, que los ciudadanos tuvieran herramientas concretas para exigir rendición de cuentas.

Dentro de ese diseño, el Consejo de la Magistratura ocupaba un lugar estratégico. Su función no era meramente administrativa: era la pieza que debía resolver uno de los problemas más difíciles del constitucionalismo contemporáneo, que es cómo seleccionar jueces que sean a la vez técnicamente excelentes y democráticamente legítimos. Jueces que fallen bien porque saben derecho, y que fallen con autoridad porque fueron seleccionados de manera que la sociedad puede reconocer como justa.

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El diseño era optimista. Tomaba en serio las dos grandes tradiciones de selección judicial que el mundo desarrolló a lo largo del siglo XX. La tradición estadounidense confía en el proceso político: el presidente nomina, el Senado delibera públicamente y confirma, y la legitimidad del juez viene de haber sobrevivido ese escrutinio representativo. La tradición europea continental confía en el proceso técnico: concursos públicos, exámenes anónimos, evaluación de antecedentes por corporaciones de pares, carrera judicial con ascensos meritocráticos. La política da legitimidad democrática; las corporaciones profesionales garantizan la excelencia técnica.

El Consejo de la Magistratura argentino fue diseñado como una síntesis de ambas tradiciones. El proceso técnico -exámenes, evaluación de antecedentes, jurados de especialistas- filtraría a los candidatos más capaces y produciría una terna de los mejores. El proceso político -el Poder Ejecutivo eligiendo de esa terna, el Senado confirmando- les daría legitimidad democrática. La apuesta central era que el mérito disciplinara a la política: que le pusiera un límite objetivo y verificable a la discrecionalidad de las designaciones.

Pero esa apuesta descansaba sobre un supuesto que no llegó a verificarse del todo: que las corporaciones profesionales (los jueces como cuerpo, los abogados organizados en colegios, los académicos reunidos en universidades y asociaciones) producirían y sostendrían estándares colectivos de excelencia técnica suficientemente robustos y autónomos como para resistir la presión de la política partidaria. Que habría, en otras palabras, un mundo jurídico capaz de decirle a la política: hasta aquí, este candidato no pasa porque no sabe derecho o porque no tiene integridad, y eso no es negociable.

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Lo que ocurrió fue lo inverso. Sin una práctica jurídica colectiva que sostuviera ese estándar desde adentro, la política no encontró un límite en el proceso técnico. Encontró un nuevo terreno para colonizar. Los partidos aprendieron que ya no alcanzaba con controlar al Poder Ejecutivo o al Senado: había que controlar también quiénes integran los jurados de los concursos, quiénes representan a la academia en el Consejo, quiénes conducen los colegios de abogados, cómo se alinean las asociaciones de magistrados. Las instituciones universitarias, los colegios profesionales, las asociaciones de jueces (todos los espacios que debían producir independencia técnica) se fueron convirtiendo, gradualmente, en extensiones de la disputa partidaria. El proceso técnico no disciplinó a la política. La política convirtió ese proceso en una arena más de sus propias disputas.

La Acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración, debe leerse en este contexto. No es simplemente una mejora de procedimientos técnicos, es un intento de la Corte de recuperar la lógica original de la Constitución del 94: que el proceso técnico vuelva a disciplinar a la política, que el mérito sea nuevamente un límite real a la discrecionalidad partidaria.

Y en esa lectura, los avances concretos que propone adquieren un sentido más preciso. El anonimato en los exámenes escritos, garantizado por medios informáticos con separación estricta entre quienes elaboran las consignas y quienes las corrigen, y con códigos alfanuméricos que impiden identificar al autor hasta que toda la corrección está terminada, apunta directamente a cerrar los espacios donde la captura puede operar. La limitación de la entrevista personal a veinte puntos sobre un total de doscientos es quizás el cambio más significativo: durante años esa instancia fue el lugar donde las influencias que el concursante no podía prever ni rebatir encontraban su expresión más efectiva, donde un orden de mérito construido con esfuerzo técnico podía ser invertido con relativa facilidad. Tasarla, limitarla y distribuirla en criterios explícitos y fundados reduce drásticamente ese margen. La tabulación rigurosa de los antecedentes (con escalas precisas por tipo de cargo, antigüedad y especialidad) busca reemplazar la discrecionalidad del evaluador por criterios objetivos y verificables. Todo el diseño apunta en la misma dirección: achicar los espacios donde la captura política necesita operar para funcionar.

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Es, en ese sentido, un gesto institucional que merece una bienvenida genuina. La Corte está intentando tomarse en serio, treinta años después, el mandato que la Constitución del 94 le encomendó al sistema de selección judicial. Y lo hace con una propuesta técnicamente elaborada que reconoce los problemas reales que el sistema acumuló.

Un gesto importante y necesario, pero no suficiente por sí solo, porque el problema de fondo (la ausencia de una práctica jurídica colectiva que sostenga el estándar técnico desde adentro) no se resuelve con un reglamento, por bien diseñado que esté.

Un sistema de concursos funciona bien cuando puede medir a los candidatos contra un estándar que las propias profesiones jurídicas producen y sostienen colectivamente. Ese estándar emerge de la práctica acumulada de jueces que razonan y deciden bien, de abogados que litigan con rigor técnico e integridad ética ante sus clientes, de académicos que investigan con profundidad empírica y valorativa, de profesores que forman juristas con herramientas reales de pensamiento. Cuando esa práctica colectiva es robusta, el concurso puede medirla. Cuando es fragmentaria, el concurso mide indicadores sustitutos (antigüedad, certificados de cursos, artículos publicados, causas documentadas) y los candidatos aprenden a optimizar esos indicadores en lugar de mejorar la práctica.

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En los sistemas jurídicos que funcionan bien, ese estándar colectivo tiene dos anclas institucionales principales: la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia es el conjunto de criterios que los jueces construyen acumulativamente, leyéndose entre sí y respetando sus decisiones previas como puntos de partida obligados para razonar. No como camisa de fuerza, sino como piso compartido que hace predecible el derecho y obliga a justificar los apartamientos. La doctrina es la producción académica que sistematiza esa jurisprudencia, la critica cuando se equivoca, propone soluciones a los casos que todavía no fueron resueltos, y proyecta el derecho hacia el futuro. Las dos anclas se retroalimentan y producen, con el tiempo, una práctica colectiva reconocible que cualquier profesional competente puede identificar y que el concurso puede medir.

En la Argentina, ambas anclas son débiles. Los jueces no se leen entre sí con la convicción de que los precedentes tienen peso obligatorio: con demasiada frecuencia cada tribunal tiende a empezar desde cero, como si la jurisprudencia acumulada fuera una referencia optativa y no un piso compartido que legitima y estabiliza el sistema. Y la academia jurídica no produce el contrapeso necesario: fragmentada en tradiciones que no dialogan entre sí, sin una comunidad que delibere colectivamente y construya certezas compartidas sobre los grandes problemas del derecho, y sostenida en gran medida por docentes que ejercen la profesión o la judicatura como actividad principal y la enseñanza como actividad secundaria, no está en condiciones de generar el pensamiento jurídico homogéneo que oriente la práctica ni de formar sistemáticamente las destrezas analíticas y argumentativas que un sistema judicial exigente requiere. El resultado es un ecosistema jurídico donde demasiados actores improvisan sus propios criterios, donde el derecho es menos predecible de lo que debería ser, y donde el concurso no tiene, en demasiados casos, contra qué medir con precisión.

Este diagnóstico tiene una consecuencia directa sobre cómo pensar el problema de los evaluadores, que el reglamento propuesto no termina de resolver. El sistema actual recluta a los miembros de los comités de examen y los jurados evaluadores principalmente entre docentes de facultades de derecho, que en su gran mayoría son abogados o jueces en ejercicio que enseñan como actividad secundaria. Dicho de otro modo: quienes evalúan a los candidatos tienen exactamente el mismo problema estructural que los candidatos, no tienen dedicación exclusiva a la tarea de evaluar, no acumulan institucionalmente los criterios que van desarrollando, no mejoran sistemáticamente sus instrumentos de medición, y no están organizados para producir una práctica homogénea y progresivamente más sofisticada sobre qué significa ser un buen juez en la democracia constitucional argentina. La evaluación reproduce el déficit que pretende medir.

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Una agenda de profundización debería incluir la creación de un cuerpo profesional de evaluadores dedicado exclusivamente a desarrollar y perfeccionar los instrumentos de selección: los exámenes, los estándares de corrección, entrevista, los parámetros de evaluación de antecedentes. Un cuerpo que acumule experiencia y aprenda de cada concurso, que construya con el tiempo una práctica cada vez más precisa sobre qué conocimientos, qué destrezas y qué disposiciones éticas definen al mejor juez posible para una democracia constitucional como la que el 94 imaginó. Que responda a las demandas que le plantean los consejeros del Consejo de la Magistratura pero también a otras fuentes de evaluación externa de la performance del sistema judicial. Así como la Constitución del 94 creó el Consejo para profesionalizar la selección de jueces, la siguiente etapa lógica es profesionalizar a quienes dentro del Consejo hacen esa selección.

Hay, además, un riesgo específico en el sistema de calificación de antecedentes que el reglamento propone, que vale la pena nombrar para que el Consejo lo considere. Al asignar puntaje por cursos de capacitación, publicaciones en revistas jurídicas homologadas y causas documentadas en la especialidad, el sistema puede generar incentivos que desvíen a cada tipo de profesional de su función propia y socialmente valiosa.

El funcionario judicial (el secretario de juzgado, el fiscal adjunto, el defensor oficial) que quiere maximizar su posición en un futuro concurso aprende que su tiempo libre tiene un rendimiento diferencial: trabajar mejor un expediente difícil no le suma ningún punto; escribir un artículo para una revista homologada, sí. Ser un funcionario ejemplar en el despacho cotidiano no genera puntaje directo; acumular certificados del programa de formación judicial, sí. El sistema no premia al mejor judicial: premia al judicial que mejor construye su perfil concursal. Y esas dos cosas no son lo mismo.

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El abogado en ejercicio enfrenta una distorsión análoga. El que optimiza para el concurso no es necesariamente el que litiga mejor o el que actúa con mayor integridad ética frente a sus clientes. Y el académico no escapa a la misma lógica. El que quiere posicionarse bien en un concurso descubre que publicar varios artículos cortos en revistas de la lista le conviene más que escribir el libro riguroso y empíricamente fundado que lleva años. El profesor que invierte tiempo en pensar cómo enseñar mejor razonamiento jurídico no obtiene por eso ningún punto adicional.

Lo que subyace a estos tres casos es un problema más profundo que el diseño de cualquier escala de puntaje: el sistema mide indicadores observables del mérito en lugar del mérito real, y los candidatos racionales aprenden a producir los indicadores. El resultado paradójico es que un sistema diseñado para seleccionar a los mejores termina distrayendo a todos de hacer aquello que los haría mejores y que haría mejor al Poder Judicial y a la sociedad que depende de él.

Resolver esto requiere algo más que un nuevo reglamento. Requiere que las corporaciones jurídicas, las facultades de derecho, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados, las escuelas judiciales construyan y sostengan estándares colectivos de excelencia que el sistema pueda reconocer y medir. Es una tarea de largo aliento que no se decreta ni se reglamenta: se construye, lentamente, a través de los acuerdos que las profesiones jurídicas van alcanzando sobre qué significa hacer bien el trabajo de juez, de abogado, de académico, de profesor. Ninguna acordada puede hacerlo por sí sola. Pero nombrar el problema con claridad es ya parte del camino.

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La Acordada 4/2026 abre una oportunidad que el Consejo de la Magistratura debería aprovechar plenamente: no solo adoptar el reglamento propuesto sino usarlo como punto de partida para una conversación más amplia y más profunda sobre qué significa seleccionar bien a los jueces en la Argentina de hoy. Esa conversación está pendiente desde 1994. El mérito que la Constitución quiso convertir en límite de la política sigue esperando las condiciones institucionales y profesionales que lo hagan verdaderamente posible.

La Corte acaba de dar un paso serio en esa dirección, vale la pena acompañarla.

El autor es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Umiversidad de Buenos Aires y profesor visitante de Universidad Torcuato Di Tella.

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Martín Böhmer,Conforme a

POLITICA

Los aliados presionan a Bullrich por Ficha Limpia en el Senado y se le suma otro problema sin resolución

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, festejó días atrás el arribo a los 70 años con salud -lo más importante-, pero sin un control del recinto que terminó de perder la semana pasada y luego de una caótica sesión que llevó a pensar, entre líneas, la incongruencia entre operar una eventual candidatura y no poder ordenar, ni siquiera, a su propio bloque. Mientras transcurren los meses y la Casa Rosada ve el freno de leyes que desea, y cómo los dialoguistas le despluman las iniciativas a la ex ministra de Seguridad, el vaso de Ficha Limpia se llenó y está a dos gotas de rebalsar, con legisladores que comenzaron a hartarse de las volteretas de la porteña y actuarían en los próximos días.

A pesar de la -hasta ahora- voluntad de ayudar en lo posible al Gobierno, la crisis por Ficha Limpia terminó de estallar el martes pasado, cuando oficialismo y aliados se reunieron en las oficinas principales de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, que comanda el correntino Eduardo Vischi (Corrientes). Allí se le preguntó a Bullrich por la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales -la maneja el libertario Agustín Coto– para continuar el debate de la reforma política que no sólo incluye ese tema, sino también modificaciones profundas en los partidos, el botón de “lista” completa en Boleta Única de Papel (BUP) y el objetivo mayor de la Casa Rosada: dinamitar las PASO. Hoy, casi nada de esto tiene adeptos.

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Semanas atrás, Coto señaló delante de senadores -cotejable con la versión taquigráfica de ese encuentro-, en la primera reunión para analizar la reforma política, que no había “ninguna intención de tratar todo junto”. No fue lo que planteó la porteña el martes: reconoció que no convoca a la comisión porque “no están los votos” para la ley completa, algo que ya se sabía. El problema de la mentira que saltó en esa cumbre es que el titular del PRO, Martín Goerling (Misiones) ya pule un borrador de dictamen junto a la filo radical Edith Terenzi (Chubut) y, ni bien se abra una oportunidad, propondrían a quienes integran Asuntos Constitucionales que firmen un despacho. Engloba recomendaciones de otros legisladores que empujan articulados parecidos sobre Ficha Limpia.

Una sonriente Bullrich junto a familiares de víctimas, cuando se votó el nuevo Régimen Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado (Gustavo Gavotti)

La senda de esta novela parece más despejada este año, salvo para la “casta”. El Gobierno libertario dice odiarla aunque, cada vez que puede, parece ser funcional a ella. Meses atrás, Infobae contó que, en esta ocasión, la mayoría absoluta de 37 ya estaría asegurada, en base a quienes ya la votaron y quienes representan bancadas que defienden Ficha Limpia. Por eso hay que prestar atención al llamado de atención de Goerling, que semanas atrás recibió de Mauricio Macri una sugerencia clara para acelerar la iniciativa. Anteayer, el misionero participó de un evento en su provincia junto a Gastón Marra, principal impulsor del proyecto en representación de movimientos ciudadanos.

El inconveniente para Bullrich es que, de no haber novedades, dialoguistas ya analizan realizar una reunión similar en la propia Cámara alta y dejar expuesta la negativa -ahora, reconocida– de la porteña y los hermanos Milei para no tratar Ficha Limpia -si es que no se vota en conjunto con la reforma política-, que es el máximo aspiracional del kirchnerismo. Cuando se cayó la ley, en mayo de 2025, el interbloque lo celebró como un gol en un mundial. Ese día también voló la témpera justicialista que algunos intentan usar para venderse como alejados del kirchnerismo. Son los más peligrosos y los primeros que, después, agachan la cabeza. La foto de la reciente conferencia de prensa para criticar la “injusta condena” contra la ex presidenta es una muestra de ello. Otros, más pícaros, juegan a diferenciarse y llevan y traen información.

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Lo que demuestra todo esto es que la brújula del peronismo está rota desde mucho tiempo y no hay nadie que quiera, busque o desee de verdad el único insumo vital para el peronismo: el poder. Encima, en Diputados y el Senado votan de manera diferenciada como si fuese algo habitual y rutinario. La distancia entre los representantes y la militancia se encuentra más abultada que nunca y sólo sobreviven aduladores, un puñado de operadores y los otrora poderosos gobernadores, una “liga” más pintada que nunca. Bajo todo esto, celebran que los libertarios dilaten el tratamiento de Ficha Limpia, enviada a siesta. La última de Bullrich: avaló que Asuntos Constitucionales trabaje la semana próxima -miércoles- para la ley “Hojarasca” y un convenio de “Creación del Parque interjurisdiccional marino Monte León”. Silencio y zigzagueo sobre lo otro. Pretende, al día siguiente, que los “friendly” vayan al recinto y le den los votos para el proyecto de propiedad privada, que será más fileteado y desagradará al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

martín goerling

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POLITICA

Preso del tironeo interno, Milei implosiona con la crisis de Adorni

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Manuel Adorni intenta revertir un concepto básico del derecho, aquel que sostiene que nadie puede alegar su propia torpeza. El jefe de Gabinete lo hizo. Confesó un delito, sigue en su cargo y contagió a Javier Milei, todavía aferrado a creerle. Si mantenerlo en el cargo era hasta hace unos meses la consecuencia de una cerrada defensa presidencial, ahora pasó a ser para Milei un acto de autodefensa. El paso del tiempo de un escándalo que nunca dejó de crecer pone al Presidente en su propia trampa: si lo echa, le habrá entregado un trofeo a sus aliados díscolos y a la oposición. Si lo mantiene, como es su decisión, pagará el costo político de ver nuevamente empantanada la gestión.

Son horas decisivas para el Gobierno. La posibilidad de que Adorni pida licencia está hoy en el menú de opciones. “O se aleja o se lo lleva puesto el Congreso”, admite una voz oficialista de las más conocedoras del ruido que está expandiéndose en el parlamento.

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La autoemboscada presidencial parece no encontrar piso y el cerrado respaldo que le sigue dando Milei a Adorni ya se comió buena parte de la confianza del PRO, el principal sostén político de la Casa Rosada. Esta vez no fue un tuit aislado y de arrebato de Mauricio Macri, como aquel posterior a la última cena en Olivos, sino dos pronunciamientos directamente definidos por la mesa ejecutiva del partido. La integran el ex presidente, el jefe de bloque, Cristian Ritondo, y los tres gobernadores del espacio, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, escribieron para pedir que lo eche. Para la crisis de identidad del PRO también son horas decisivas. En menos de un día las principales referencias del partido terminaron de acordar, después de ásperas discusiones, ese pronunciamiento final, que había sido precedido por un mensaje anterior en el que suavizaba las posturas.

Comunicado del PRO

Lo que está perdiendo Milei es mucho más que popularidad. Lo que está en juego es su propia autoridad presidencial, la idea de liderazgo y conducción política. Parte de ese rol lo delegó en su hermana, Karina Milei, y en su asesor, Santiago Caputo. No hay toma de decisiones. No se va Adorni, pero tampoco se va Patricia Bullrich, su jefa de bloque en el Senado, la única dirigente que le pone freno, cuidando su propio electorado. No parece casual que la senadora haya hecho todo lo posible para no cumplir la orden de Milei de quitar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y siga ahí, sin atisbo de que el Presidente le pida que dé un paso al costado. Todo lo contrario. La empoderó. El ruido político al interior del bloque es ensordecedor.

El Gabinete pasó a ser un grupo de simuladores, en el que nadie se atreve a hablar. La reunión de mesa política del jueves pasado fue una teatralización con actores mudos. Fueron dos horas de reunión sobre los pasos a seguir con los proyectos de ley que dan vuelta en el Congreso. Cuando todo llegaba a su fin, Bullrich volvió a patear el hormiguero. “Acá hay algo de lo que hay que hablar”, lanzó. Nadie dijo nada. Karina Milei ni la miraba. Patricia arrancó con su queja, la misma que hace en público. Insistió en marcarle a Adorni que su insistencia en mantenerse en el cargo le hace daño al proyecto. Habló de “nuestro” proyecto, algo que la ubica dentro del círculo libertario. Ella entiende que es parte de una coalición, algo que ni Milei ni Karina asumen, y por eso cree que está obligada a diferenciarse.

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Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

“Tratame mejor”, le pidió Adorni y le insistió a todos que cualquier queja la manifiesten en privado. Bullrich no se la aguantó. “La defensa del proyecto se hace en público; si no, no tiene sentido y quedamos todos comprometidos”. En ese ida y vuelta pocos emitieron algún sonido. Diego Santilli, otro integrante de un gobierno coalicional, miraba para otro lado. Quiere llevarse bien con Karina y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El único que se sumó a Bullrich fue Santiago Caputo. “Patricia tiene razón. Lo que dijiste ahora lo podrías haber dicho hace 90 días”, lo cuestionó, ya de mala gana.

Todo terminó peor que cuando empezó. El encuentro había arrancado con Bullrich en público cuestionando éticamente el dibujo de Adorni. El viernes a la noche, quienes vieron a la senadora, cuentan que no podía creer lo que estaba leyendo en los portales de noticias: que la mujer de Adorni, Betina Angeletti, ni siquiera había presentado la declaración jurada reservada. Todo el esquema de rectificaciones es tan deficitario que el jefe de Gabinete hasta puso que se postuló al cargo electivo de “Secretario de Comunicación y Medios”. También tendrá que acomodar sus números ante la Cámara Electoral, a la que le mintió cuando presentó su declaración en el momento de ser candidato a legislador porteño.

La soledad del despoder

Sin espacio para creatividades, Adorni está sólo en la estrategia. Los autores de la reversión cripto son él y sus abogados del estudio Ledesma. No tiene al lado un especialista en comunicación de crisis que acote el riesgo. Es evidente. Caputo no está en su mesa. Nadie siquiera buscó los archivos en los que insistentemente, para la época en la que dijo haberse hecho millonario, hablaba con un desconocimiento enorme del mundo de las criptomonedas. De coartada la explicación no tiene nada.

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Una salida para el Gobierno sería licenciarlo. “O tomás la decisión vos o la toma la oposición”, reclaman las pocas voces que intentan una diagonal. Es lo que le recomiendan a Adorni desde hace semanas las escasas personas que están a su lado. Él tiene miedo. Cree que fuera de la protección de Karina y Javier Milei la Justicia se lo llevará puesto. Hay quienes le dicen que es al revés: que por estar al frente del Gabinete los factores de poder lo usa como símbolo de presión a la Casa Rosada.

Manuel Adorni

La crisis ya dejó de ser de Adorni. Es de Milei. El último estudio de Management & Fit muestra que ante la pregunta de por qué el Presidente no le suelta la mano, un 42,1% considera que el jefe de Gabinete posee información sobre irregularidades de la gestión. No es sólo que lo salpica, lo embarra por completo. Sólo a modo de comparación, esta consultora hizo la misma pregunta en plena crisis de José Luis Espert, el año pasado. Entonces, el porcentaje que creía que Milei estaba involucrado y por eso lo protegía llegaba al 33%. Al final lo echó. ¿Qué se juega acá para que eso no ocurra? Se juega Karina. Es quien decide. Por eso el caso ya empezó a reconfigurar el modo de ejercer el poder del Presidente, en el que se impone la desventaja de no tomar decisiones a tiempo. O lo peor. De no tomarlas. Lo mismo hace con la interna. La deja correr. Lo mismo hace con Patricia Bullrich. La deja diferenciarse. Si se trata de una estrategia, el costo puede ser alto. Después del experimento de Alberto Fernández, la pregunta corrosiva es si la sociedad soporta un presidente que va perdiendo autoridad. ¿Cualquier decisión que tome ahora Milei lo lleva a que el PRO se convierta en la Cristina de Alberto? Cualquier decisión que tome, por tardía, ya es negativa. La jerarquía está en crisis. También sucedió con el funeral del Indio Solari. Milei no habló, no emitió sonido. Ni se animó a pelearse, como hubiese hecho en otro momento de hegemonía política.

Arremetida parlamentaria: ¿guiño, guiño?

Esta semana será clave para la suerte política de Adorni. La oposición en el Senado incluyó un proyecto para interpelarlo y aplicarle moción de censura. La sesión la convocó el oficialismo. Si los libertarios desean salvar a Adorni deberían levantarla, para no arriesgar. No pasó. Bullrich ya envió el temario a tratar y se convocó a labor parlamentaria. “No estoy juntando votos”, anticipa una espada legislativa del peronismo para sostener que cuando el tema se imponga, cada uno pagará el costo político de sostenerlo. Necesitan dos tercios para avanzar. “Con Kueider se logró”, recuerdan quienes guardan esperanzas. Bullrich teme lo peor. Y cómo va a votar ella llegado el momento. ¿Otra abstención? Al bloque oficialista, por sí solo, no le alcanza para bloquear. Son varios los senadores que están llamando a Bullrich para decirle que una cosa es acompañar proyectos de gestión y otra defender a Adorni. “Si no renuncia y se pide la interpelación lo vamos a tener que votar”, avisan los aliados, en tándem con el segundo comunicado del PRO. Lo que sucedió el viernes pareció bastante un nado sincronizado, en el que los aliados presionan para forzar la salida. La pregunta que queda flotando es cuán coordinada estuvo la inclusión del proyecto por parte del peronismo con la sesión ya convocada por Bullrich. También jugó fuerte la vicepresidenta Victoria Villarruel, que apuró, vía pedido formal del jefe de la bancada macrista, Martín Goerling Lara, la fecha para el informe de gestión de Adorni. Quería que fuera ahora. El jefe de Gabinete, acorralado por la presión, pretendía patearlo un mes. Bullrich finalmente terció y consiguió poner fecha para el 2 de julio. La idea que circula en los círculos de poder libertario es que no lo van a echar. Bullrich insiste en que el Gobierno no puede perder la decisión política.

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Patricia Bullrich conversa con senadores peronistas

Si no es en el Senado, podrá ser en Diputados. La Cámara baja pidió sesión especial, pero para la otra semana. Intentan llegar con el número. Hoy están más cerca, pero aun no llegan a los 129 que necesitan para abrir el debate. El devenir del escándalo hará lo suyo. Cuentan a favor con el contundente pronunciamiento de Juan Schiaretti. Son seis diputados y una senadora. “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, escribió en redes sociales. En el bloque de Provincias Unidas, donde conviven distintas tribus, sorprendió el silencio de Maximiliano Pullaro. El 20 deberá ser anfitrión del Presidente cuando viaje a Rosario para el acto central por el Día de la Bandera. No aportó a la presión. La jefa del bloque, que responde al gobernador, Gisela Scaglia, no estará en el país para ese momento. Tiene un viaje programado. En la oposición creen que Pullaro no va a tener margen para no enviar a José Nuñez a la sesión. En el peronismo sospechan del acuerdo al que llegó con Nación por el flujo de la caja de jubilaciones. El otro que se comprometió a jugar es el jujeño Carlos Sadir, con el apoyo del diputado Carlos Rizzotti.

El PRO tiene decidido no dar quórum. Su apuesta es ejercer presión pública para que Adorni renuncie de manera anticipada. Están en duda Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID. Dicen que interpelar sí, echarlo no. Lourdes Arrieta pactó con Martín Menem, según anticipan en el bloque de UP, con lo cual ya no participa de las movidas opositoras. Podría darse un picadito de opciones. Algunos tucumanos y catamarqueños dispuestos a dar quórum, sumado a alguna voluntad más de Innovación Federal. Todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos en torno a Adorni. Es prematuro pensar que el jefe de Gabinete caiga por acción parlamentaria solamente. Para empezar, lo que se votará, si la oposición consigue el número, es el emplazamiento a la comisión para dictaminar la interpelación. Una moción de censura necesita la aprobación de la mitad más uno de las dos cámaras. Es un camino largo. Pero la enmarañada justificación de Adorni acelera los tiempos para su (mala) suerte.

Tribunal social

En la opinión pública, el caso está cerrado. No es el tribunal mediático del que él habló, es el tribunal social. La última encuesta de la universidad de San Andrés que se conoció el mismo día en que volvió a estallar el escándalo consolida la debacle. La imagen negativa de Adorni alcanza el 72%, consolidándose como el funcionario con peor imagen de todo el gabinete. En contraposición, Patricia Bullrich es la dirigente con mayor imagen positiva en el ecosistema político con 38%, seguida por Milei, con 33%, que cae 2 puntos respecto a la medición anterior. Mientras el Presidente cae, la senadora sube, y sube a partir de marzo, cuando empezó a diferenciarse. Desde esa debilidad es que Milei la sostiene. Hay otro dato que aporta Management & Fiti. El 63% que votó a Bullrich en primera vuelta de 2023 quiere que Adorni se vaya. Ella se muestra empoderada, gane o pierda en su cruzada.

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Manuel Adorni

La pérdida de popularidad del Gobierno que comenzó en diciembre e implosiona entre marzo y abril arrastró a todo el oficialismo. En la oposición, Cristina Kirchner mantiene un 32%, Axel Kicillof un 31% y Myriam Bregman un 30% de imagen positiva.

Regenerar expectativas

El problema de Milei va mucho más allá de Adorni. El funcionario canaliza un malestar que ya estaba erosionando la popularidad del Presidente que llegó a su pico en noviembre, pos elecciones de medio término, pero que lo hizo perder desde entonces 10 puntos de imagen. La mayoría de los analistas consideran prematuro sostener que cortó la caída, una meseta del último mes que para consolidarse tendría que mantenerse así al menos hasta agosto.

La economía serrucho muestra señales de consolidación. Mientras baja el riesgo país y la inflación se desacelera, el Gobierno se topa con otras realidades. En marzo volvió a caer el empleo registrado. En la comparación contra noviembre de 2023 la caída en el sector formal alcanza a 314.461 trabajadores, según los datos de esta semana del sistema integrado previsional argentino (SIPA). Esta última caída, en el análisis del economista Luis Campos, deja al Gobierno cerca de igualar la crisis de 2018/19. La industria en marzo perdió 5.043 trabajadores en el mes y casi 80.000 contra noviembre de 2023. El comercio volvió a caer y tocó el mínimo en dos años. El agro, la minería y el petróleo apenas sumaron 1305 nuevos puestos de trabajo. Abril no viene bien. La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a mostrar un retroceso y las suspensiones siguen en los valores más elevados del último año y medio, con la reforma laboral en funcionamiento.

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Luis Caputo, ministro de Economía

Los datos industriales y de la construcción siguen siendo malos. Cayeron 2,1% y 4,0% mensual desestacionalizado en abril, confirmando la K, que tiene a energía y minería hacia arriba y el resto hacia abajo. El dato de la economía en abril que se conocerá el 29 de junio, seguramente dará una nueva contracción. La producción industrial PyME se contrajo un 9,2% interanual y un 1,7% respecto al trimestre anterior, según el último Informe Coyuntural del Observatorio PyME que alerta de que los indicadores predictivos tocan mínimos. La actividad se desplomó a 34 puntos por la baja producción y la caída de la demanda y el Índice de Confianza Empresarial cayó a 40 puntos, su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023. El informe remarca el impacto en el empleo. Se registró una baja del 1,4% respecto al trimestre anterior y una preocupante reducción del 5% en la comparación interanual. Además, puntualiza que la caída de ventas al mercado interno afecta al 83% de las firmas, pero el dato más alarmante está en la cadena de pagos: el retraso en el cobro a clientes sufrió un salto drástico, escalando del 35% al 60% en este trimestre. La apuesta es que las rescaten los sectores en crecimiento. Un 26% de las PyME ya se vincula con los sectores clave de Oil & Gas y Minería, viéndolos como los grandes dinamizadores del futuro, pronostican en la entidad.

El Gobierno se enfrenta a una dinámica lenta. Según la consultora económica 1816 el mercado cree que la inflación seguirá cayendo en los próximos meses, pero tardará un buen tiempo en alejarse de la zona de 1,5% mensual. Además, en su último informe apunta que la decisión del Banco Central de dejar correr el tipo de cambio a casi 1450 la semana pasada “podría reforzar la idea de que el equipo económico no está dispuesto a usarlo el como ancla nominal a toda costa (a menos que decida llevarlo gradualmente de nuevo a 1400). “Si los agentes económicos perciben que el Gobierno no está tan dispuesto a apreciar el tipo de cambio real, la inercia inflacionaria podría persistir bien entrado el segundo semestre”, concluyen.

Sin un shock económico que revierta el malestar doméstico, lo que está en crisis es el eje central de Milei: su personalidad temeraria, de liderazgo forzado, incluso en temas económicos. La dimensión memética que tomó el caso Adorni se amalgama peligrosamente con resultados económicos que no llegan a todos.

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Enfrascado en sus internas y el caso Adorni, el Gobierno ignoró el aniversario de la condena a Cristina Kirchner

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La confrontación con el kirchnerismo, otrora pilar central de la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza, parece haber quedado en el pasado. Ayer, cuando se cumplió un año del fallo que condenó a Cristina Kirchner por la causa Vialidad y los sectores duros del peronismo salieron a militar con fuerza su “inocencia” y a disparar contra Javier Milei por su detención, el aparato libertario directamente ignoró el tema.

El Gobierno, más enfocado en el caso de Manuel Adorni y las internas -sean entre Karina Milei y Patricia Bullrich o entre los Menem y Santiago Caputo- apenas contestó a la masiva movida en las redes, donde solían darle relevancia central a la rivalidad con el kirchnerismo. “Hoy era el Adornigate para nosotros”, suspiró un importante asesor, en tono de mea culpa. Aunque en la Casa Rosada, a la vez, algunos aseguraron que no estaban siquiera enterados de la fecha. Esto a pesar de que la oposición K alertó sobre las distintas actividades desde la semana pasada. “Es muy del PRO la obsesión con Cristina”, dijo un libertario de Las Fuerzas del Cielo. “Es muy Mabel ese tema”, relativizó otro, en referencia al nombre que utiliza el mundillo político para unificar, en una sola palabra, al votante tipo del PRO.

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Sin embargo, ese arquetipo, que cuenta a la lucha contra la corrupción y la transparencia entre sus principales preocupaciones, es considerado clave para los libertarios. De hecho, en las últimas semanas Karina Milei debió tragarse varios sapos con los desmanes de diferenciación de Patricia Bullrich en pos de cuidar el “voto Mabel”, ese que les permitió ganar las elecciones de 2023. “Sin Patricia no hay 2027″, admitía ayer un importante estratega libertario.

Cristina Kirchner en San José 1111

De todas formas, en el oficialismo daban argumentos sobre la omisión. Mientras unos aseguraban que no estaban al tanto de la movida opositora, otros aseguraban que habían ninguneado el tema adrede. “Para nosotros, hay que jubilarla”, agregaron desde el lado de Karina Milei, convencidos de que al oficialismo ya no le sirve, en términos de opinión pública, apelar a la diferenciación política de CFK.

En la misma línea, desde bloque de LLA en el Congreso deslizaron que polemizar con el kirchnerismo no sirve a los fines de reunir consensos. Ese es un costo legislativo que se ven obligados a pagar en el año electoral, apuntaron desde el menemismo. Ahora, creen, es preferible evitarlo.

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Ayer, con la consigna Cristina Libre, el kirchnerismo convocó a una concentración de militantes frente al domicilio de la ex mandataria, en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario. Hubo un “banderazo” y varias manifestaciones, además de una fuerte campaña en las redes sociales.

La mesa política del Gobierno, sin reacción ante el aniversario de la condena a CFK

Mientras, el discurso oficial del Gobierno se centró en el acuerdo con las universidades, que destacó el ministerio de Capital Humano. Y, a nivel económico, en la mejora de la calificación de deuda S&P. Pero puertas adentro, los libertarios estaban preocupados con el caso de Manuel Adorni y las consecuencias de la inminente presentación de su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción. Sobre la posibilidad de que el jefe de Gabinete no continuara en su cargo, y sus eventuales reemplazantes. Y sobre la celebración de la mesa política, prevista para hoy a las 13.30, que será liderada por el jefe de Gabinete junto a Karina Milei, en una nueva señal de respaldo pleno.

Un libertario, por lo bajo, fue duro sobre el cambio comunicacional de su propia fuerza, y deslizó que los enfrentamientos intestinos del Gobierno impidieron unificar un solo mensaje. “Está todo roto, no hay un eje discursivo”, sostuvo, en referencia a las peleas entre Karina Milei y Santiago Caputo y al hecho de que Manuel Adorni, ministro coordinador, se encuentra apuntado y complicado por las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. Con todo, prometió una mejora el año que viene, cuando estén más cerca las elecciones presidenciales y el oficialismo, dicen, se vea obligado a unirse nuevamente para enfrentar al kirchnerismo en las urnas.

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