POLITICA
Patricia Bullrich les reclamó a las provincias recortar gastos y bajar impuestos: “Tienen que ser productivas”
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, les reclamó este lunes a las provincias que cooperen con la política del Gobierno nacional y recorten gastos para bajar impuestos.
En su participación en la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), la senadora enfatizó la necesidad de generar una “armonización” entre las distintas provincias del país e hizo foco en el factor impositivo.
“Nosotros tenemos diferencias enormes en el orden impositivo entre las distintas provincias y las municipalidades, que convierten impuestos en tasas encubiertas. Es muy importante que cuando discutamos el federalismo lo hagamos como un federalismo de cooperación, donde las provincias tenemos que cooperar en orden, seguridad jurídica, condiciones de inversión e impuestos”, subrayó.
En ese sentido, la senadora llamó a bajar impuestos tanto en las provincias como en los municipios con el argumento de que el “costo país” en la Argentina se forma en los tres niveles de Gobierno.
La crítica de Bullrich a las provincias y la réplica de un senador dialoguista
Luego, criticó el funcionamiento de algunos distritos “que reciben una cantidad de impuestos coparticipables, gastan eso, y si no les alcanza, piden”.
“Las provincias tienen que ser productivas. No hay provincias pobres y ricas en la Argentina. ¿Por qué Formosa es pobre y Córdoba es rica? ¿Qué diferencia tiene? Los sistemas políticos. Hay que tener sistemas políticos competitivos», aseguró Bullrich.
El presidente del bloque de la UCR en el Senado, el correntino Eduardo Vischi, también participó del panel con Bullrich. Vischi recogió el reclamo y replicó: “Muchas veces, los municipios y provincias van agregando impuestos porque no les alcanza para brindar los servicios que necesariamente tienen que dar a su ciudadanía”.
“No podemos tener un Gobierno nacional rico con provincias mendigando. Es importante que haya un diálogo permanente del Gobierno nacional con las distintas provincias y no uno intermitente como sucede hoy”, cuestionó el legislador radical.
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En ese contexto, Vischi consideró necesario abrir una discusión por la coparticipación para definir el reparto de los impuestos, junto con la definición de cuáles son las responsabilidades de los distintos niveles de Gobierno.
“Este es un momento muy difícil de discusión de impuestos porque el programa económico del gobierno ha hecho que se reduzcan los ingresos. Sin lugar a dudas, (el Gobierno) tomó decisiones importantes que veníamos esperando los argentinos, pero esto ha impactado en las economías de provincias y municipios. Por eso es importante discutir responsabilidades”, concluyó.
Con un mensaje similar, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) también aprovecharon su paso por AmCham para abordar la discusión impositiva. En ese sentido, los mandatarios le pidieron al presidente Javier Milei que diseñe un pacto fiscal y avance con la eliminación de “impuestos distorsivos” como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones. Por su parte, sostuvieron que las provincias deben hacer lo mismo con Ingresos Brutos (IIBB).
Patricia Bullrich, Impuestos
POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos
A partir del 1 de abril de 2026, el doctor Leonardo Fabián Szuchet fue designado como Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El Decreto N° 249/2026 formaliza una decisión tomada previamente, por ende, la medida solo se vuelve oficial y legalmente válida a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Arentina.
La oficialización de Szuchet en el cargo responde a una decisión adoptada bajo el marco del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, según surge del documento firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques.
La publicación en el Boletín Oficial instruyó la debida comunicación y registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedando así formalizada la designación en la estructura del Ministerio. Mahiques realizó varios cambios con respecto a la reestructuración de la Subsecretaría de Derechos Humanos, marcada por el reemplazo de altos funcionarios en áreas estratégicas.
Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.
Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio, quien fue el número dos de la gestión conducida por Mariano Cúneo Libarona. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.
Quién es el nuevo Subsecretario de Derechos Humanos
Uno de los relevos más inmediatos fue la salida de Joaquín Mogaburu, quien ocupaba el puesto de Leonardo Szuchet. El actual Subsecretario de Derechos Humanos es abogado penalista y actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.
Además, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde participó en la gestión de casos de gran repercusión pública, como la tragedia de Once. Szuchet mantiene un perfil ligado a la gestión de políticas de derechos humanos con perspectiva orientada hacia el concepto de “memoria completa”, línea promovida por la actual administración nacional. Su designación responde a la confianza del ministro Juan Bautista Mahiques, con quien compartió equipos de trabajo en la gestión de Cambiemos.
Cambios en el Ministerio de Justicia
En este marco, el decreto publicado por el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada también acepta la renuncia presentada por Juan Cruz Montero por el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y el de Director Ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados. Además, agradecieron al magister por “sus servicios prestados en dichos cargos”.
En paralelo, el Ministerio definió un nuevo titular para la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tras la salida de Tristán Arturo Corradini, ocurrida el 6 de marzo de 2026. Según el decreto 195/2026, Corradini fue reconocido por su gestión y reemplazado por Jimena Belén Capece, politóloga que asume la responsabilidad de coordinar el diseño y ejecución de políticas públicas federales en esta área clave.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia es responsable de la planificación e implementación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria, todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Entre sus funciones se destaca la tarea de diseñar y aplicar políticas destinadas a garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos en todo el territorio nacional.
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POLITICA
La Suprema Corte bonaerense dejó firme un fallo que considera empleados a los repartidores de Rappi
La Suprema Corte de Justicia bonaerense dejó firme un fallo que considera que los repartidores de Rappi tienen un vínculo laboral con la empresa de mensajería y ratifica la aplicación de una multa millonaria.
El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos de la empresa y dejó firme la sanción económica de más de 16 millones de pesos.
Esta decisión judicial puede ser recurrida por razones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario o un recurso de queja, eventualmente.
La Suprema Corte bonaerense no se pronunció sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazó los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada, con lo que dejó firme el fallo anterior de un tribunal laboral platense donde se reconoció la relación laboral.
La sentencia definitiva, que contó con el voto unánime de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria y Sergio Torres, de la Suprema Corte provincial, y con el voto de la jueza ad hoc María Florencia Budiño, de la Casación bonaerense, para completar la integración.
En el caso intervino el Ministerio de Trabajo provincial, que determinó que la compañía tecnológica evadía obligaciones laborales al no registrar a las personas que operan como repartidores a través de su aplicación.
La nueva ley de modernización laboral considera que los trabajadores de plataformas no tienen una relación de dependencia con las empresas. Pero la aplicación de esta ley fue suspendida por fallos judiciales.
De todos modos, este caso de Rappi que resolvió la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires es anterior a la vigencia de la nueva ley de modernización laboral.
El origen del conflicto se remonta al momento en que la autoridad administrativa del trabajo provincial llevó a cabo inspecciones para verificar las condiciones de los repartidores.
Tras estos relevamientos en la vía pública, el Estado intimó a Rappi a presentar la documentación laboral exigida legalmente en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo ubicada en la ciudad de La Plata.
A pesar de haberse presentado en el expediente y constituir un domicilio inicial en esa ciudad, la empresa no puso a disposición de los funcionarios esos documentos, lo que derivó en que el Ministerio de Trabajo bonaerense le labrara un acta de infracción y ordenara el auto de apertura de un sumario.
Durante el transcurso de ese sumario, Rappi realizó un nuevo descargo y constituyó un domicilio legal distinto en San Isidro, pero terminó con los plazos probatorios vencidos sin haber producido las pruebas.
Ante la preclusión del período probatorio y el cierre de la investigación, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la resolución 1858/21.
A través de esta medida, “se le impuso a la compañía multinacional una severa multa de $16.426.800 pesos, amparada en infracciones a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, y normativas relativas a riesgos del trabajo y registro de empleo.
Ese monto corresponde al año 2021, cuando se impuso la multa.
Frente a la sanción, Rappi acudió a los estrados judiciales e interpuso un recurso de apelación, al argumentar que se habían violado sus garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el de propiedad.
La firma cuestionó el accionar de los inspectores, consideró que las actas administrativas debían declararse nulas por la forma en que fueron redactadas, al dar por asumida de antemano la existencia de una relación laboral.
Uno de los ejes de la defensa empresaria radicó en negar el vínculo de dependencia. La compañía sostuvo reiteradamente que los repartidores en su tarea no presentaban las notas características de una relación de trabajo, y que el Ministerio de Trabajo carecía de facultades para determinar si eran o no dependientes de la firma, pues dijo la empresa, esa es una “tarea exclusiva de los jueces”.
A su vez, Rappi tachó a la resolución administrativa de arbitraria e infundada, y exigió una morigeración o reducción de la multa al considerar que superaba los parámetros del Pacto Federal del Trabajo.
Sin embargo, el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la apelación y confirmó lo decidido por la autoridad administrativa.
Los magistrados del tribunal argumentaron que el “Estado provincial tiene una potestad indelegable para ejercer la función de policía del trabajo”.
En respuesta a las quejas sobre los controles callejeros, el tribunal validó estas prácticas al esgrimir el convenio 81 de la OIT, y dijo que “la modalidad de inspección fue totalmente adecuada puesto que los repartidores no prestan sus servicios en ningún lugar físico propiedad de la empresa, sino directamente en la vía pública».
Los jueces laborales advirtieron que privar al ministerio de la facultad de interpretar las leyes laborales para fiscalizar o imponer infracciones generaría la “parálisis y esterilidad” absoluta de sus funciones estatales.
Ante el revés, Rappi elevó la causa mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia provincial.
Respecto a la nulidad, el máximo tribunal determinó que los argumentos de la compañía solo evidenciaban una disconformidad por supuestos errores de juzgamiento, lo cual es ajeno a un recurso extraordinario de nulidad.
El juez Soria habló de una falencia técnica de los abogados de Rappi. Indicó que en lugar de desarrollar una crítica razonada de la sentencia del tribunal de La Plata, la firma se limitó a transcribir extensamente y reiterar los mismos planteos que ya había presentado en etapas previas.
Esta técnica de transcripción fue insuficiente para revertir los argumentos del tribunal del trabajo platense, dijeron los magistrados, que no se pronunciaron sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazaon los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada.
No obstante, quedó firme el fallo anterior que señalaba que la prestación de los servicios de reparto estaba probada y que para el Tribunal Laboral N°2 de La Plata revisten una relación laboral.
Finalmente, la Corte descartó cualquier posibilidad de reducir la multa de 16,4 millones de pesos. Avaló el cálculo administrativo basado en el Pacto Federal del Trabajo, el cual ponderó cinco incumplimientos de carácter “muy grave” sobre un total de 75 trabajadores afectados, y ató los valores a porcentajes del salario mínimo, vital y móvil.
Hernán Cappiello,Delivery,Conforme a,Delivery,,»Mercado estrella». El joven de 33 años que lidera el relanzamiento de Uber Eats en la Argentina,,¿Cómo impacta? Entró en vigor en enero: la ley de propinas que cambia las apps de delivery en Nueva York,,Boom del delivery. Uber Eats vuelve a la Argentina
POLITICA
Las señales de un peronismo activo: un acto en Parque Norte y el rol de Quintela en la interna atomizada
El peronismo encontró en la actividad política constante una forma de mantener viva su voz. El reclamo de fondos al gobierno de Milei en primer plano y la necesidad de una articulación electoral nueva como telón de fondo. Cada uno por su lado. Cada sector eligiendo el momento y el contexto.
Ayer un grupo grandes de intendentes de todo el país se manifestaron en la puerta del ministerio de Economía de la Nación y le reclamaron al Luis “Toto” Caputo por la caída de la coparticipación, que tiene un impacto directo, por goteo, en los municipios. Además le plantearon la necesidad de que el Gobierno intervenga en el precio del combustible, que tuvo un 23% de aumento desde que arrancó la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Del reclamo y de una reunión posterior en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que está jugando un papel de articulador de identidades políticas dentro del peronismo. Está con todos, juega con todos, habla con todos.
“Su voluntad es ser un gran articulador para el tiempo que viene en el PJ. Va a estar metido en la agenda nacional”, aseguraron a Infobae desde el entorno del “Gitano”, que viajó con Axel Kicillof a Tierra del Fuego, se reunió en Buenos Aires con Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, y recibió en La Rioja a Eduardo “Wado” de Pedro. Un equilibrista en el medio de un peronismo atomizado.
Quintela ha tomado un protagonismo mayor que el de sus pares respecto a la construcción de una alternativa electoral. Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa) son de los que esperan que haya una tregua final, sostenida en el tiempo, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, para empezar a meterse más en el armado nacional.
El riojano tiene otras formas y otros tiempos. Ha decidido dejar de lado los resquemores con el kirchnerismo, espacio al que se enfrentó cuando le disputó la presidencia del PJ Nacional a Cristina Kirchner. De todas formas, el mandatario norteño marcó en más de una oportunidad que apoya la candidatura de Kicillof, al que ve como el único nombre firme para competir con la bandera del peronismo.
Las distintas vertientes del peronismo está activas. Cada una hace su camino. Una de las tribus que ajusta los detalles para la presentación en sociedad es la del peronismo federal, que empujan los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y donde se concentra un grupo de dirigentes del interior del país.
El viernes 1 de mayo, en Parque Norte, ese esquema realizará un acto en el que va a exponer sus lineamientos sobre un eventual plan de gobierno y va a poner sobre la mesa la voluntad de ser un actor en el camino hacia las PASO, la interna partidaria o, eventualmente, el acuerdo de cúpula. Habrá paneles con distintos ejes temáticos.
En principio, el encuentro iba a ser a mediados de abril y Entre Ríos, pero, finalmente, decidieron postergarlo para el primer día de mayo, feriado, en la Ciudad de Buenos Aires, punto de encuentro más accesible para todos los legisladores que van a viajar desde distintas partes del país.
En paralelo a ese esquema, pero con una conexión entre algunos de sus dirigentes, Guillermo Moreno y Miguel Pichetto reflexionaron sobre el plan económico del Gobierno y el camino que debe seguir el peronismo. El ex senador nacional consideró que la oposición tiene que tener un “mensaje claro y simple”, y volvió a sostener la idea de que dentro del gran espectro justicialista la dirigencia debe “perdonarse” para poder edificar un proyecto juntos.
Pichetto nombró a Sergio Massa, que reapareció el fin de semana junto a un grupo de intendentes bonaerense, como uno de los principales canales de diálogo entre las distintas partes para lograr la unificación y aseguró que hay que tener en cuenta a Cristina Kirchner porque “es una figura central que, aún desde San José 1111, tiene 30 puntos de intención de votos”.
Lo cierto es que el peronismo se mueve en forma permanente y por distintos sectores. En esa actividad reactiva las conversaciones cruzadas y da lugar a definiciones que van moldeando la estructura preliminar del armado política. Habla de unidad peronista parece ser una utopía. Pero la realidad es que todos los sectores que trabajan por separado tienen un objetivo común para el 2027 y es unificarse en una propuesta electoral competitiva y enfrentar a Javier Milei.
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