POLITICA
Diputados de Provincias Unidas impulsan un nuevo proyecto de Ficha Limpia y buscan reflotar el debate
A casi un año de su resonante naufragio en el Senado, diputados de la oposición buscan reflotar el debate de Ficha Limpia, el proyecto que impide a las personas condenadas por corrupción presentarse como candidatos a cargos electivos.
Este martes, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó una nueva versión de la iniciativa que casi se convierte en ley en mayo del año pasado. El proyecto, que también lleva las firmas de María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir el acceso a cargos electivos a personas con condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, delitos vinculados al narcotráfico, contra la vida, la integridad física y el orden constitucional, entre otros.
La propuesta de la diputada cercana al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también contempla la imposibilidad de postularse para quienes figuren como deudores alimentarios. Esta ampliación extiende el criterio de responsabilidad pública más allá del ámbito penal, incorporando el incumplimiento de obligaciones alimentarias como causal de inelegibilidad. La iniciativa replica el modelo ya vigente en Santa Fe, donde la normativa fue incorporada a la constitución provincial.
Según detalla el texto, la inhabilitación se aplicará cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aun si la sentencia no está firme, y se mantendrá durante el tiempo que dure la pena y hasta diez años después de su cumplimiento. Además, la Justicia Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de verificar que los candidatos cumplan estos requisitos al momento de oficializar las postulaciones. Por su parte, el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público y actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.
Gisela Scaglia sostuvo que “la Argentina necesita reglas más claras para recuperar la confianza” y resaltó el antecedente de Santa Fe, donde primero se sancionó como ley y después se incorporó a la Constitución Provincial “como política de Estado”. “Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, dijo. Según la diputada, “en este tema no hay grises, las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”.
Desde Provincias Unidas argumentan que en una democracia representativa quienes aspiren a ejercer cargos públicos no solo deben reunir condiciones legales, sino “demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad y la integridad institucional”.
En los fundamentos, el proyecto explica que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser razonablemente restringido cuando está en juego la idoneidad para la función pública. En esa línea, cita antecedentes internacionales, como la Ley de Ficha Limpa en Brasil y regulaciones similares en Italia y España, como respaldo a la legitimidad de este tipo de restricciones.
Durante la última década hubo varios intentos de aprobar una ley de Ficha Limpia. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.
En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero en dos oportunidades naufragó su debate en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Por aquel entonces, el núcleo libertario decía no estar de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, a fines de ese año Milei decidió redactar su propia versión junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargosi, la cual obtuvo media sanción en Diputados.
En el Senado el proyecto obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria (37) para ser sancionado, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.
Una vez consumado el rechazo, desde La Libertad Avanza (LLA) no ahorraron críticas. En un tuit marcaron que “mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”.
Por su parte, el PRO denunció que todo había sido una maniobra del Gobierno. Los macristas aseguraban que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto a último momento y terminaron de inclinar la balanza habían sido, hasta el momento, aliados del oficialismo. En esa línea, denunciaban que la Casa Rosada no quería que salga la ley para que CFK fuera candidata y beneficiarse electoralmente de la polarización.
POLITICA
El tribunal que condenó a Cristina Kirchner avanza con el decomiso de bienes: incluye propiedades de los hijos de la expresidenta
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner por su condena de la causa Vialidad avanza en la Justicia.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el asunto.
Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.
La comunicación estaba dirigida a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de Sergio Romero.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu le informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los recursos de Cristina Kirchner, quien se oponía a que se avanzara sobre sus bienes.
También, las presentaciones de Máximo y Florencia Kirchner para que no se decomisaran los bienes que fueron entregados a ellos por sus padres como adelanto de herencia.
Y el juez Rodríguez Uriburu recordó en ese oficio que el 18 de noviembre del año pasado se dio intervención a esa oficina a cargo de los bienes decomisados para que la Corte Suprema de Justicia decidiera si ella misma se quedaría con alguno de estos 111 bienes identificados en esta primera etapa o si son de interés del Consejo de la Magistratura.
El juez pidió que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Ya había sugerido el tribunal que, como la principal damnificada por la causa Vialidad es la provincia de Santa Cruz, se la tenga en cuenta a la hora de definir el destino de los bienes decomisados.
Es que la Acordada 22 del 2025 señala que es la Corte la que administra los bienes decomisados y que, antes de disponer el remate, se debe determinar si alguno de esos bienes pueden ser usados por el propio tribunal u otra dependencia del Poder Judicial; por ejemplo, para habilitar el funcionamiento de tribunales u oficinas judiciales.
Ahí está ahora el trámite. Sin embargo, Cristina Kirchner aún puede interponer un recurso de queja ante la propia Corte Suprema de Justicia.
Una inveterada doctrina señala que las sentencias son ejecutables cuando se rechaza el recurso extraordinario, lo que habilitaría a que se pueda avanzar con el remate de los bienes.
El nuevo Código Procesal Penal señala que la sentencia queda firme cuando la Corte rechaza el último recurso, aunque en este caso un decomiso no es de las sentencias definitivas.
La Cámara Federal de Casación Penal avaló la ejecución del decomiso de bienes. El juez Gustavo Hornos destacó en este último fallo que el decomiso no se agota en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la efectiva recuperación de los activos provenientes del delito.
Se admitió la ejecución sobre bienes pertenecientes a los condenados, así como sobre activos en poder de sociedades vinculadas o de terceros que hubieran recibido el producto o provecho del ilícito, incluso cuando tales bienes hubieran sido transmitidos a título gratuito o por vía hereditaria, como es el caso de Florencia y Máximo Kirchner. Esa decisión se tomó con los votos de los camaristas Hornos y Diego Barroetaveña, y la disidencia de su colega Mariano Borinsky.
En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo −lo que habilitó la ejecución de las penas−, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta la Casación. Era lo único que restaba ejecutar.
De los 111 inmuebles que abarca el decomiso, 84 son del empresario Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo Hotel Los Sauces, y uno solo es de la expresidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados, que fue adquirido en 2007.
Si estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia avanzará contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito.
La expresidenta, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, y una serie de terrenos en Lago Argentino -también en Santa Cruz-, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos, que no forman parte del proceso.
Los 10 departamentos están ubicados sobre la calle Mitre al 500 y fueron adquiridos originalmente en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.
Pero la estrategia de la expresidenta para aislar esas propiedades quedó enterrada con los votos de los jueces Hornos y Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron.
Hornos insistió en la necesidad de una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito, y dijo: “La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. Hornos recibió el respaldo de su colega Barroetaveña.
Respecto del planteo de la expresidenta sobre los bienes de sus hijos, señalaron los jueces que en los delitos de corrupción complejos no se puede exigir una “trazabilidad lineal” del dinero ilícito y que basta con probar una vinculación económica razonable.
Destacaron también que no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner en particular, sino una medida “restaurativa del patrimonio estatal”. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito”, afirmaron.
El juez Mariano Borinsky sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso así excluir del decomiso las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF2 venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado hasta la resolución que ordenó ahora su ejecución.
el recupero,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Corrupción,Conforme a,Cristina Kirchner,,Se recupera en La Plata. Operaron a Máximo Kirchner de un tumor benigno,,Estaba programada. Máximo Kirchner se somete a una cirugía y antes aclaró: «Cristina quería venir pero no merece el show»,,»Harán lo que saben». Operaron a Máximo Kirchner en La Plata: el diputado no especificó el tipo de cirugía
POLITICA
El Gobierno prepara el envío al Senado de otros 46 pliegos de jueces, fiscales y defensores: todos los nombres
El Gobierno terminó de definir una nueva tanda de 46 pliegos judiciales que serán enviados en los próximos días al Senado para su tratamiento y eventual aprobación, en el marco de la estrategia oficial para acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal. La nómina incluye candidatos para cámaras federales, tribunales orales, juzgados nacionales, fiscalías y defensorías oficiales en distintos puntos del país.
La decisión forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y se suma al envío realizado a fines de marzo, cuando el Poder Ejecutivo remitió al Senado otros 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en distintos fueros judiciales y en los ministerios públicos.
Con esta nueva etapa, el Gobierno supera los 100 nombramientos promovidos en apenas pocas semanas y busca mostrar una política activa en un área que desde hace años acumula críticas por la cantidad de cargos vacantes, subrogancias y demoras en los procesos de designación.
Uno de los nombres incluidos en la nueva tanda es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Actualmente se desempeña al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales, y mantiene una trayectoria vinculada al fuero federal. En los tribunales también es identificado por su cercanía profesional con el juez federal Ariel Lijo, con quien trabajó durante años.
La cobertura de vacantes se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda judicial del oficialismo. En distintos despachos del sistema judicial reconocen que el volumen de cargos sin cubrir impacta directamente en el funcionamiento de juzgados y tribunales, incrementa la sobrecarga de trabajo y demora resoluciones en fueros sensibles, tanto en Comodoro Py como en tribunales federales del interior del país.
En paralelo con la preparación de los nuevos pliegos, el Gobierno recibió en los últimos días un fuerte respaldo institucional de sectores representativos de jueces, fiscales y defensores, que salieron públicamente a apoyar el avance de los procesos de cobertura de vacantes.
Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que difundió un comunicado institucional tras una reunión de su conducción con el ministro de Justicia y el secretario de Justicia, Santiago Viola.
Allí, la entidad sostuvo que viene reclamando “desde hace años” la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes y afirmó que la persistencia de ese problema “afecta directamente la adecuada prestación del servicio de justicia”. En ese contexto, la AMFJN expresó su “reconocimiento” al Ministerio de Justicia por el mecanismo puesto en marcha para avanzar “progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal”.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Asociación, Andrés Basso, y contó con la participación de representantes de los distintos estamentos judiciales y de los ministerios públicos. Según el comunicado, durante el encuentro se abordaron distintas propuestas orientadas a “fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.
El respaldo no quedó limitado a la conducción formal de la Asociación. También la Lista Bordó —uno de los espacios internos con representación dentro de la AMFJN— emitió un documento en el que reconoció “el impulso dado al envío al Senado de una importante cantidad de pliegos para la cobertura de vacantes”.
En ese texto, el espacio destacó especialmente “la labor desarrollada por el ministro de Justicia y por el secretario de Justicia” para avanzar en un proceso destinado a revertir “un déficit estructural que desde hace años afecta el adecuado funcionamiento del servicio de justicia”.
Además, la Lista Bordó incluyó un reconocimiento explícito al trabajo realizado por el Consejo de la Magistratura en la elevación de ternas al Poder Ejecutivo y sostuvo que el Senado tiene ahora la “valiosa responsabilidad institucional” de brindar un “tratamiento ágil y oportuno” a los pliegos remitidos.
Otro de los respaldos institucionales llegó desde Compromiso Judicial, agrupación que también valoró “positivamente las medidas orientadas a agilizar los procesos de cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”.
El espacio destacó “el reciente impulso dado desde el Ministerio de Justicia” mediante el envío de pliegos al Senado y también la continuidad y aceleración de concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura.
En el documento, Compromiso Judicial afirmó que la cobertura de vacantes constituye “una condición indispensable para fortalecer el servicio de justicia, reducir demoras y garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía”, y manifestó su acompañamiento a “toda iniciativa institucional” destinada a completar los procesos de selección y designación pendientes.
En el oficialismo consideran que esos apoyos reflejan un cambio de clima dentro de distintos sectores judiciales respecto de la necesidad de avanzar en una normalización institucional de tribunales y fiscalías. También sostienen que la acumulación de concursos demorados y cargos vacantes se convirtió en uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial argentino.
La nueva tanda de pliegos incluye cargos estratégicos en cámaras federales de apelaciones, tribunales orales federales, juzgados nacionales en lo criminal, comercial, civil y laboral, además de fiscalías federales y defensorías oficiales.
Entre los cargos más sensibles aparecen postulaciones para tribunales federales de Rosario, Salta, Mar del Plata, Resistencia, San Justo y Tucumán, además de nominaciones para juzgados federales en Lomas de Zamora y San Juan.
También sobresalen las designaciones propuestas para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, uno de los fueros que mantiene mayor nivel de conflictividad institucional desde el avance de distintas reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Fuentes judiciales señalaron que el objetivo oficial es acelerar la cobertura de vacantes que llevan años abiertas y evitar que continúe creciendo el esquema de subrogancias y cargos temporarios que actualmente domina buena parte de la estructura judicial nacional y federal.
El listado completo de los 46 nombres que el Gobierno prepara para enviar al Senado es el siguiente:
1- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal: Evangelina María Lasala
2- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal: José Ignacio Polizza
3- Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora: Juan Tomás Rodríguez Ponte
4- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A: Florentino Malaponte
5- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C: Javier Jorge Cosentino
6- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I: Santiago French
7- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo: Andrés Guillermo Fraga
8- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44: Sergio Alejandro Echegaray
9- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58: Maximiliano Callizo
10- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: Santiago José Martín
11- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30: Federico Alfredo Battilana
12- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 19: Santiago Villagrán
13- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 110: José María Abram Luján
14- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 69: Karina Gabriela Rapkinas
15- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10: Julio César Di Giorgio
16- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9: Juan Carlos Riccardini
17- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18: Paula Vanesa Romeo
18- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9: Mariano Adolfo Klumpp
19- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: Pablo Roberto Toledo
20- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: Ángel Roger Luna Roldán
21- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 109: Pilar Fernández Escarguel
22- Jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5: María Gabriela Janeiro
23- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K: Juan Manuel Cabral
24- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42: Diego Andrés Villanueva
25- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54: Ramiro Ariel Mariño
26- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27: Miguel Ángel Asturias
27- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19: Albertina Antonia Carón
28- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V: Diego Fernando Manauta
29- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II: Diego Javier Tula
30- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III: Claudio Fabián Loguarro
31- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia: Sebastián Pedro Ruíz
32- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca: Ana María Busleiman
33- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas: Ruth María Ponce de León
34- Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28: Pedro Manuel Crespo
35- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: María Virginia Ise
36- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI: Marina Edith Pisacco
37- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X: María Claudia Jueguen
38- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII: Rosalía Romero
39- Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres: Hugo Daniel Froy
40- Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes: Juan Marcelo Burella Acevedo
41- Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: Patricio Nicolás Sabadini
42- Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza: Fernando Gabriel Alcaraz
43- Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7: Amanda Espino
44- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII: Víctor Arturo Pesino
45- Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan: Leopoldo Jorge Rago Gallo
46- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Capital Federal: Miguel Ángel Asturias
POLITICA
El abogado de Martín Migueles intentó desvincularlo de la presunta trama de corrupción con el SIRA
El abogado del empresario, Martín Migueles, Yamil Castro Bianchi, buscó despegarlo de la presunta trama de corrupción con el sistema de importaciones (SIRA) durante el último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández: “Los audios fueron sacados de contexto”.
Su defendido es investigado en una causa en las que se analizan presuntas maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA. La causa apunta a una supuesta red de intermediarios, empresarios y funcionarios que habría gestionado autorizaciones irregulares para acceder a dólares oficiales a cambio de comisiones pagadas en el mercado informal.
Castro Bianchi explicó que su cliente se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal, Franco Picardi, dijo que el empresario era intermediario y que nunca tuvo contactos con funcionarios públicos.
El abogado dijo sobre los audios analizados en la Justicia “fueron sacados de contexto». “En esa época había abogados, contadores, que realizaban trámites. No estamos hablando de coimas acá, y si alguien en su momento dijo que tenía o dejaba de tener algún tipo contacto con algún funcionario, se va a tener que hacer cargo, porque Migueles aclaró que no tuvo nunca contacto con ningún funcionario publico de ningún área”.
Noticia que está siendo actualizada.-
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