POLITICA
El extitular de la IGJ apuntó a los vínculos de Mahiques con Chiqui Tapia: “No va a investigar a la AFA”
“Yo no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés en avanzar con la AFA”. Así, sin más vueltas, se expresó Daniel Vitolo, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), cuando lo consultaron por el futuro de las investigaciones que realizaba la entidad sobre la Asociación del Fútbol Argentino tras el desembarco de Juan Bautista Mahiques como ministro. “Es muy difícil porque todos sabemos que el ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA”, completó el exfuncionario de Javier Milei.
“Se ve que el ministro de Justicia le pidió al Presidente de la República que me desplazaran. Y el Presidente de la República accedió a esa petición o a ese requerimiento del ministro. Pero el ministro nunca habló conmigo, así que no tengo la menor idea de lo que piensa ni lo que quiere hacer. Pero está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA”, sostuvo Vitolo durante una entrevista con El Observador 107.9.
Se refirió así a su salida de la IGJ cuando Mahiques asumió como ministro de Justicia, el 5 de marzo pasado. “Es clarísimo que [mi desplazamiento] fue por la AFA”, insistió, luego de advertir que los vínculos de Mahiques con la entidad que encabezan Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino son de público conocimiento.
“El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA, está en todos los medios, es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, abundó de todos modos Vitolo, recordando que Mahiques fue designado por Tapia como autoridad de la Unafa, entidad que se presentó como universidad sin estar habilitada para ello. Desde que ese vínculo quedó bajo la lupa, en el entorno de Mahiques advirtieron que nunca llegó a ejercer formalmente como vicerrector.
De todos modos, el ministro integró la Comisión de Ética de la Conmebol; su hermano Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA y, según reveló , su padre, el camarista de la Casación Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la fastuosa quinta atribuida a Toviggino.
“Lo que está surgiendo de las investigaciones periodísticas es una red de protección judicial sobre todas estas personas [por Tapia y Toviggino] y sobre todo el movimiento de la AFA ligado a la justicia de hace muchísimos años”, señaló Vitolo, para ampliar el foco: “La Justicia ha sido parte de la decadencia argentina y de la cobertura durante muchos años de actos de corrupción que se han llevado a cabo de parte del gobierno”.
Desde la IGJ, Vitolo ordenó una auditoría sobre las cuentas de la AFA y denunció irregularidades millonarias en los balances de la entidad rectora del fútbol, que buscó trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires para quedar fuera del control de la IGJ.
Al asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, Mahiques desplazó a Vitolo de la IGJ y nombró en su lugar a Alejandro Ramírez. Al dejar el cargo, Vitolo dijo que lamentaba no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables”.
De todos modos, eligió mostrar un optimismo que en la entrevista de hoy ya no se percibió. “Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”, dijo el 6 de marzo pasado.
Diez días después, Mahiques designó dos veedores en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz. Se trató del contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortíz de Marco, los nombres que había sugerido Vitolo antes de que lo desplacen. La semana pasada, Ortíz de Marco renunció al cargo.
“El expediente quedó cajoneado en la IGJ y no se movió más. Es decir, ni siquiera quieren mirar la Superliga, 500 millones de dólares, todo el dinero recibido de los contratos de transmisión, que después hay que ver qué pasó con ese dinero, a dónde fue, qué recibieron los clubes, si hubo relación con Sur Finanzas”, se lamentó hoy Vitolo.
“Todas estas cosas que hemos pedido en la investigación, bueno, han quedado dormidas. Y bueno, es muy difícil porque todos sabemos que el ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA. Está en todos los medios. Es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, completó.
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En lo que promete convertirse en tormentosa audiencia pública, el camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, concurrirá este jueves, a las 10, a la Comisión de Acuerdos para defender el pliego del Poder Ejecutivo que propone extender su magistratura por cinco años más a partir del próximo mes de noviembre, cuando cumplirá 75 años y según la Constitución Nacional debería jubilarse.
La cita se anticipa polémica por los antecedentes de Mahiques, en particular la decisión del gobierno de Mauricio Macri de trasladarlo, en 2017, por decreto a la Cámara Federal de Casación Penal, cargo para el que no había concursado. Cuatro años antes, había recibido acuerdo del Senado como juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
A priori, todo indica que Mahiques tiene asegurada la mayoría para conseguir dictamen favorable a su nominación que, así, obtendría la luz verde necesaria para ir al recinto en la próxima sesión de la Cámara alta. Por el momento, aunque todavía no fue citada de manera formal, la reunión está prevista para el próximo 29 del corriente.
El traslado de tribunal fue criticado con dureza por el kirchnerismo, que siempre sostuvo que formó parte del “lawfare” contra Cristina Kirchner, la supuesta guerra judicial que el expresidente Mauricio Macri llevó adelante contra la exmandataria que hoy purga prisión domiciliaria por la comisión de delitos de corrupción.
Además, el nombre del padre del ministro de Justicia quedó en el centro de la escena política luego de que revelara que el septuagenario había celebrado su cumpleaños en la quinta de Villa Rosa cuya propiedad, a través de testaferros, se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e investigado por lavado de dinero.
La polémica por el traslado de tribunal y de fuero fue motivo de un par de impugnaciones mellizas presentadas ante la Comisión de Acuerdos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Las instituciones tildan su traslado de irregular porque omitió cumplir con el proceso de selección de jueces que establece la Constitución Nacional y que permitió al Poder Ejecutivo designar magistrados en cargos para los cuales no concursaron ante el Consejo de la Magistratura.
Tanto ACIJ como Inecip sostienen que el vicio permanece aún cuando Mahiques haya recibido, en 2018, el acuerdo del Senado para continuar en la Camara Federal de Casación Penal. Se basan en un fallo de la Corte Suprema, en el caso Bertuzzi, en el que el máximo tribunal señaló que los traslados, a los que distinguió de los nombramientos, son transitorios; para concluir que el proceso no se completó nunca por la falta del concurso específico para el cargo que ocupa en la actualidad.
Se espera que Mahiques repita este jueves el descargo que presentó ante la Comisión de Acuerdos, en el cual desestima las impugnaciones por considerar que no se basan en sus condiciones personales para poder continuar como juez después de los 75 años, sino que repiten cuestiones que considera ya decididas y cerradas con el debate de su último acuerdo en el Senado, en 2018.
Más allá de la fuerte polémica que implicó que se revelara que había celebrado su último cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino, personaje investigado por la Justicia por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero, la postulación de Mahiques no encontraría mayores inconvenientes para prosperar y todo indica que antes de fin mes conseguirá su confirmación como juez hasta que cumpla los 80 años.
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POLITICA
La organización Barrios de Pie hará una olla popular este jueves frente a la casa de Manuel Adorni
La organización social Barrios de Pie anunció que instalará una olla popular este jueves frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La acción se enmarca en un reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo, que afectó a casi un millón de trabajadores vinculados a la economía popular. El evento se desarrollará a partir de las 11 en la calle Miró al 500, frente a la propiedad que actualmente es investigada en la Justicia por una causa de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario de la administración libertaria.
El cierre del programa Volver al Trabajo, conocido anteriormente como salario social complementario, dejó a 951.871 trabajadores sin ese ingreso mensual, que ascendía a $78.000. Según Barrios de Pie, la medida golpea principalmente a las cocineras de los comedores comunitarios, para quienes ese monto era la única remuneración formal por su labor diaria. Desde la agrupación social se advirtió que la decisión del gobierno nacional pone en peligro la continuidad de estos espacios, que garantizan una alimentación básica para miles de niños y jubilados.
La protesta de este jueves adquiere mayor relevancia debido al contexto judicial que rodea a Adorni. La vivienda de Caballito, frente a la cual se realizará la olla popular, es uno de los bienes incluidos en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La causa busca determinar si el patrimonio del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, es compatible con sus ingresos declarados, tras detectarse múltiples viajes al exterior, adquisiciones inmobiliarias y movimientos de fondos bajo análisis.
Barrios de Pie justificó la elección del lugar para la olla popular al señalar que “mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras viviendas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, según expresó la organización. En un mensaje dirigido a la prensa, remarcaron que el cierre del programa implica “sacarle el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados”.
La interrupción de esta ayuda social, según la agrupación, deja a numerosas familias sin respaldo estatal. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, manifestó: “Es increíble que Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni se profundizó en los últimos días. El fiscal Pollicita recibió información de la aerolínea Latam, la cual confirmó que el jefe de Gabinete viajó con toda su familia a Aruba para pasar Año Nuevo. El viaje se realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú y pasajes abonados en efectivo.
En el expediente también figuran otros viajes realizados por Adorni y su esposa, tanto juntos como por separado, desde diciembre de 2023. Uno de los episodios bajo análisis es un vuelo en avión privado a Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandío, contratista de la Televisión Pública. Se investiga si estos desplazamientos y adquisiciones inmobiliarias resultan proporcionales a los ingresos declarados por el funcionario.
El jueves pasado, el juez federal Ariel Lijo, a pedido de la fiscalía, levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti, con el objetivo de acceder a los detalles de los pagos efectuados con tarjetas de crédito durante el viaje a Aruba y en otros períodos. Además, se procura determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de la propiedad en Caballito y de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin que hayan vendido los inmuebles previos en Parque Chacabuco y La Plata.
La convocatoria de Barrios de Pie para este jueves no solo busca visibilizar el impacto social del cierre del programa Volver al Trabajo, sino también poner en primer plano las sospechas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La agrupación sostiene que la decisión gubernamental “pone en peligro el cierre de los comedores”, dejando a miles de personas sin acceso a un plato de comida diario y agravando la situación de vulnerabilidad en los barrios populares.
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POLITICA
El Consejo de la Magistratura suspendió a dos jueces por mal desempeño y aprobó someterlos a un jury
El Consejo de la Magistratura suspendió y decidió promover el juicio político de dos jueces federales, cerró las investigaciones contra numerosos magistrados, incluida la jueza María Eugenia Capuchetti, y además envió al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para cubrir 17 tribunales, algunos de ellos clave en los juicios orales contra funcionarios en Comodoro Py 2002.
El cuerpo se reunió en un plenario encabezado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y todos los consejeros.
El plenario suspendió y abrió el procedimiento de remoción mediante juicio político de los jueces Alfredo Eugenio López, del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, y del juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.
López renunció hace una semana, pero el Poder Ejecutivo aún no se pronunció acerca de si le acepta o no la dimisión. El asunto no es menor, pues si le admiten la renuncia evitará el juicio político y cobrará su jubilación. Pero si no lo hacen, deberá ser sometido a un jury y si es removido, perderá el derecho a cobrar su retiro.
López está acusado de proferir expresiones anitisemitas mediante su cuenta de X y redactar mensajes en redes sociales en contra de los judíos por su origen y religión.
Pablo Ramiro Díaz Lacava también está acusado de mal desempeño y fue denunciado por ejercer violencia contra empleados de su tribunal y en particular contra las mujeres. También fue suspendido.
Votaron a favor de estas medidas los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena, De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manuel Galderisi, Alvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y el juez Rosatti. Son 15 votos.
Se abstuvieron los concejeros del oficialismo, el libertario Gonzalo Roca y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola. Quien votó en contra fue el consejero juez Alberto Lugones. Estuvieron ausentes Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit.
El cuerpo, además, decidió cerrar al menos 16 expedientes disciplinarios contra otros tantos jueces, porque se vencieron los tres años sin tratarlos, porque renunciaron o porque no encontraron evidencias en su contra.
Entre ellos están los que enfrentaban la jueza María Eugenia Capuchetti por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner y la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Asimismo, el Consejo de la Magistratura aprobó 17 ternas de candidatos a jueces para cubrir diferentes tribunales, algunos de ellos clave, pues son los tribunales orales federales de Comodoro Py 2002, que juzgan a los funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción.
De los ocho tribunales orales federales, hay vacantes en casi la mitad de ellos.
Un ejemplo de los problemas que trae esta situación se dio la semana pasada, pues se sorteó el tribunal que debe hacer el juicio contra exfuncionarios del Ministerio de Salud por la existencia del Vacunatorio VIP durante la pandemia del Covid y salió sorteado el tribunal oral federal 6, que no tiene jueces.
Por eso, se designó como suplentes a otros magistrados de sus propios tribunales que tiene sus propios casos en marcha. Ellos son Enrique Méndez Signori (caso cuadernos), Adriana Palliotti (Hotesur y Los Sauces) y Diego García Berro (Penal Económico).
Los candidatos para seis cargos que fueron elegidos para estos tribunales son:
Primera terna: 1º) Agustina Inés Rodríguez, 7º) Nicolás Antonio Pacilio, 13º) Mariano Jorge Cartolano.
Segunda terna: 2º) Nicolás Schiavo, 8º) Nicolás Ramón Ceballos, 14º) Valeria Alejandra Rico.
Tercera terna: 3º) Luis Alcides Arnaudo, 9º) Gabriel Gonzalo Rey, 15) Albertina Anatonia Carón.
Cuarta terna: 4º) Ignacio Labadens, 10º) Nicolás Grappasonno, 16º) Diego Perone.
Quinta terna: 5º) Marcelo Alejandro Peluzzi, 11º) Vanesa Silvana Alfaro, 17º) Juan Carlos Palacios.
Sexta terna: 6º) Ivana Sandra Quinteros, 12º) Santiago Juan Schiopetto, 18º) Raúl Alejandro Roust.
También fueron elegidos candidatos para ocho cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de instrucción, para delitos comunes.
Los ternados son:
Primera terna: 1°) Fernando Buján, 9°) Laura Belloqui, 17°) Sebastián Noé Alfano.
Segunda terna: 2°) Santiago Alberto López, 10°) María Jimena Monsalve, 18°) Ignacio Labadens.
Tercera terna: 3°) David Gabriel Mangiafico, 11°) Ramiro Javier Rua, 19°) Lucía Inés Gallagher Campo.
Cuarta terna: 4°) Marina Soberano, 12°) Ariel Alejandro Vilar, 20°) Juan Carlos Bernial.
Quinta terna: 5°) Javier Teodoro Álvarez, 13°) Érica María Uhrlandt, 21°) Gastón Ariel Bermúdez.
Sexta terna: 6°) Mariana Salduna, 14°) Ramiro Riera, 22°) Pablo Alberto Bonini.
Séptima terna: 7°) Mariano Jorge Cartolano, 15°) Gabriela Eugenia Topalián, 23°) Walter Alfredo Cavassa.
Octava terna: 8°) Sixto Mihura Gradín, 16°) Diego Olivera Zapiola, 24°) Romina Monteleone.
Fueron elegidos los postulantes para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba e integran la terna: 1°) María Soledad Mancini, 2°) Hugo Germán Burgos, 3°) Gustavo Javier Zapata.
La fiscal María Carmona, que salió primera y denunció haber sido relegada tras la entrevista personal, no entró en la terna, sino que fue incluida en una lista complementaria.
Fueron enviadas al Poder Ejecutivo ternas para cubrir dos cargos en la Cámara Federal de Córdoba, atravesada por denuncias contra sus integrantes.
Los ternados son:
Primera terna: 1º) Pablo Roberto Toledo, 3º) Germán Luis Gianotti, 5º) María Soledad Mancini.
Segunda terna: 2º) José Manuel Belisle, 4º) Manuel Celedonio Malbrán, 6º) Facundo Carlos Cortés.
El plenario también aprobó el pase a la Comisión de Acusación del único expediente que quedaba en la Comisión de Disciplina sobre denuncias contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain.
Hernán Cappiello,Conforme a
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