POLITICA
Intendentes buscan tener policías municipales y esperan señales de Kicillof en la Legislatura

El gobierno de la provincia de Buenos Aires prepara el envío de dos proyectos de ley referidos al funcionamiento de la policía bonaerense y el rol que tendrán los municipios al respecto. En este contexto, algunos jefes comunales de distritos grandes buscan tener potestad real sobre el funcionamiento de la policía a partir de la creación, nuevamente, de una fuerza de carácter local, como se intentó en 2014 durante la gobernación de Daniel Scioli, cuando, por decreto, se anunció la creación de la Policía Local, que luego terminó fusionada con la bonaerense.
“Estamos haciendo un proceso de diálogo, fundamentalmente con diferentes intendentes. La idea que justamente viene a plantear la ley es el rol de los intendentes de los distritos grandes, que todos sabemos que tienen centro de monitoreo, que tienen cuerpo de prevención, pero que no tienen ninguna regulación hasta ahora”, explicó esta semana el ministro de Seguridad bonaerene, Javier Alonso, al respecto de los proyectos de ley que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, según planteó el propio gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando llevó adelante su apertura de sesiones.
En ese momento, al hablar de la política de seguridad de su gestión, el mandatario provincial planteó que iba a enviar una modificación “integral” a la Ley de Seguridad Pública “que tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser, también, actualizada en casi todos sus aspectos”. Por el momento, esa ley no se presentó.
Además de ese expediente, Kicillof también había pedido a la Legislatura “que apruebe la nueva ley para el personal policial, que actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI”.

Alonso detalló que lo que se busca es “ordenar”. El ministro sostiene que la reorganización a la política de Seguridad que se hizo desede el Ejecutivo “dio buenos resultados”, pero ante la posibilidad de que en 2027 cambie la fuerza política que gobierne la provincia de Buenos Aires “eso se desarma”.
“Hay una visión de los intendentes de querer institucionalizar esto”, confió sobre el rol de los jefes comunales y planteó que se está tratando de consensuar con los intendentes la redacción final del texto a presentarse en la Legislatura.
El argumento del grueso de los intendentes es que ya se ocupan de la puesta en marcha y funcionamiento de los centros de monitoreo en sus distritos, como así también del mantenimiento de buena parte de los móviles de la Policía bonaerense y hasta de la carga de combustible de las unidades para combatir la inseguridad.
En su momento, cuando el tema empezó a discutirse en la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa había sido uno de los sectores que más impulso le dio a la creación de policías municipales. El debate no es nuevo y los intendentes ven en el proyecto que Kicillof vaya a girar a la Legislatura la posibilidad de incluirlo en un capítulo.

La discusión es compleja. “En todos estos años vimos como Axel centraliza la gestión, así que no sé qué hará con el tema de la policía”, deja correr un dirigente de influencia legislativa y diálogo con el Ejecutivo.
Sin embargo, en el último tiempo el tema empezó a hablarse nuevamente en las reuniones entre intendentes. El jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, planteó: “Soy de los que quieren que tener una policía municipal de verdad y para eso hace falta que la provincia de Buenos Aires cambie la ley”.
En un acto en la rendición de cuentas de su gestión, el intendente del distrito del conurbano norte agregó: “Queremos hacernos cargo y para eso queremos tener una formación bien policial; por eso estamos apostando a que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancione una ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con una policía propia”.
La Policía Local en la provincia de Buenos Aires se creó en 2014 a partir de la Resolución Ministerial N° 835 y el Decreto N° 373/14, ambos emitidos por el gobierno provincial. Esta fuerza surgió como parte de una política de descentralización y prevención del delito, orientada a municipios con más de 70.000 habitantes que adhirieran voluntariamente al régimen. Pero en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal y la conducción de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense, tanto la Policía Local -para distritos de más de 70 mil habitantes- como la Policía Comunal se fusionaron y pasaron a depender directamente de la Bonaerense.
Este año, el diputado de Fuerza Patria, Carlos Puglielli, que integra el Frente Renovador, volvió a presentar un proyecto de ley para crear la Policía Comunal. Entre otros puntos establece que “las Policías Seguridad Comunal actuarán en los Municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires con una población que no podrá exceder de los setenta mil (70.000) habitantes y que adhieran a la presente Ley mediante convenio que suscribirá el Intendente, y que entrará en vigencia luego de ser ratificado por ordenanza municipal”. El proyecto tomó estado parlamentario a principios del mes de marzo.
POLITICA
Sorpresa en el karinismo por la crítica de Francos a Adorni y su coqueteo con una candidatura en 2027

Guillermo Francos decidió dar una entrevista. Dijo que no descarta ser candidato en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Ciudad. Lo hizo en un momento en que quien lo relevó como jefe de Gabinete (fricciones de por medio) y quien fue candidato del oficialismo en territorio porteño, Manuel Adorni, se encuentra en el peor momento de su carrera política debido a la polémica pública y al avance de la investigación judicial en torno a sus viajes y su patrimonio.
La aparición de Francos en tiempos difíciles para el Gobierno, que además del Adornigate se enfrentó a un número de inflación de marzo por encima de los tres puntos, desató especulaciones. ¿Nuevo vocero autorizado? ¿Alentaron su regreso a la vida pública? ¿Arranca a correr como postulante libertario? ¿Le habilitan la ciudad? ¿Su salida en medios estuvo coordinada? ¿O no?
En el ala karinista del Gobierno despertó, sobre todo, sorpresa. Los laderos de la secretaria general, Karina Milei, también jefa del partido a nivel nacional y la funcionaria con más peso en la toma de decisiones del Ejecutivo después del Presidente, se despegaban este miércoles de las respuestas y las ambiciones políticas del exjefe de Gabinete. “Se mandó solo”, repetían.
Anoche, Francos comentó que nota la aprobación de la gente respecto de su gestión en la Casa Rosada y que eso lo hace sentir con posibilidades de ser candidato. “Tengo en mi cabeza esa idea de poder competir, como cualquier político con vocación, por su ciudad o por su provincia. Tengo esa vocación, que no la he hablado todavía con el Presidente o con Karina Milei, pero ya lo voy a hacer”, refirió Francos, que así volcó sobre la mesa la chance de una candidatura no solo en la provincia, sino también en la Capital, justo con Adorni en baja por tener la peor percepción de su historia como funcionario, al contrario de lo que pasó en mayo de 2025, cuando era vocero, sacó 30% en las locales porteñas y le ofrendó así un triunfo al Gobierno en el territorio histórico de los Macri.
“Tengo la vocación de hacerlo pero estas decisiones son de conjunto y estoy dentro de este espacio; por supuesto, lo conversaré con ellos [los Milei] en el momento en que les parezca oportuno”, insistió Francos, que vive en la provincia pero que también está autorizado a candidatearse por la Ciudad (como ya hizo en el pasado).
Según pudo saber de fuentes inobjetables, el exjefe de Gabinete y también exministro del Interior libertario no consensuó su salida al aire en LN+ con el Gobierno.
Sobre Adorni, en esta emisión, Francos mostró otra línea que la que sostienen desde hace semanas los pocos funcionarios libertarios que se exponen públicamente y tienen que responder por el jefe de Gabinete, que de momento dio cortas explicaciones a los medios. Francos no solo reconoció que las denuncias contra su reemplazante fueron un “golpe” para el Ejecutivo; dijo también que el caso le ocasionó un “desgaste” a la gestión de Milei en un momento en que “debería ser todo lo contrario” y que a la gente “no le gustó” lo que hizo. En ese marco, consideró que Adorni “falló en dar sus explicaciones”.
Distintas fuentes del karinismo consultadas por este medio descartaban que la hermana presidencial haya estado al tanto de lo que iba a decir el exjefe de Gabinete. “No creo que Karina Milei lo haya autorizado ni mucho menos validado a decir esto y no salir a bancar a Manuel”, comentó un personaje del Gobierno cercano a la secretaria general.
Asimismo, otro funcionario que conoce la dinámica del karinismo reportó que Francos no tiene contacto tampoco con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que manejan las relaciones partidarias de La Libertad Avanza (LLA) y, por lo tanto, cuentan con fuerte injerencia en el armado de listas. “No está hablando con nadie del Gobierno”, acotó esta fuente, más allá de que otras voces, pero del entorno de Francos, dejaron trascender que habría todavía una relación entre el exjefe de Gabinete y Karina Milei.
De momento, quienes dialogan con la secretaria general comentaron que en el último tiempo no la escucharon referirse a ninguna conversación con Francos.
Asimismo, fuentes libertarias de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires indicaron que por ahora no hay ningún plan electoral de LLA con Francos a la cabeza.
“Fue algo solo de él”, indicaron desde el búnker bonaerense. “No tiene vida partidaria. Si quiere ser candidato, que se arremangue y venga a laburar”, se escuchó de parte de otro funcionario, más vehemente, que registra los movimientos políticos en la Capital.
En las áreas de la Casa Rosada que reportan a la hermana de Milei se manifestaron en la misma línea respecto a la reaparición televisiva del exfuncionario. “Nadie coordina cuándo sale Francos a dar entrevistas. Tiene vida propia”, refirió una alta fuente de Balcarce 50.
Otra fuente, que dejó a las claras las fricciones que el Gobierno arrastra desde años anteriores, acotó: “Jugaba solo siendo ministro, imaginate ahora”.
La salida de Francos de la Casa Rosada en octubre de 2025 se dio en medio de las internas libertarias que ya existían y de una reconfiguración tras las elecciones legislativas nacionales, con Karina Milei empoderada.
Pese a que el exfuncionario cosechó un buen vínculo con el Presidente desde que ambos trabajaron juntos en Corporación América, el entonces jefe de Gabinete se fue en medio de altísimas fricciones con el estratega Santiago Caputo, pero también sintió maniobras de desgaste de parte de Adorni, que luego se quedó con su lugar como mandamás del Gabinete.
Hasta último momento, y mientras se acrecentaban rumores sobre su salida, Francos lo negaba y seguía en funciones, hasta que se reunió con Milei en Olivos y confirmó que le había presentado la renuncia “ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete”.
ya había contado en febrero que Francos esperaba una charla con Milei para delinear su futuro y que ya tenía descartado volver a vivir en el exterior. Por lo que deslizó en LN+, esa charla con el Presidente todavía no se concretó, pero sus ambiciones políticas en el partido violeta persisten, pese a estar fuera de la Casa Rosada desde hace cinco meses.
candidato,avance de la investigación judicial,Francos mostró otra línea,salida de Francos de la Casa Rosada,LA NACION ya había contado en febrero,Paula Rossi,Guillermo Francos,Conforme a,,“Tengo la idea de competir”. Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027,,A cinco meses de su salida. Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”,,LN+. Francos opinó sobre las denuncias contra Adorni: “Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”,Guillermo Francos,,A cinco meses de su salida. Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”,,LN+. Francos opinó sobre las denuncias contra Adorni: “Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”,,“Tengo la idea de competir”. Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027
POLITICA
La Justicia investiga si el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni lo remodeló antes de entregárselo

La causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un dato que abre nuevas líneas de investigación: según información extraída del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, el departamento de Caballito que adquirió el jefe de Gabinete ya estaba refaccionado y “a estrenar” antes de concretarse la operación.
La Justicia busca determinar entonces si quien realizó esas obras fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación hipotecaria.
De acuerdo con los registros que analiza el fiscal federal Gerardo Pollicita, el inmueble fue vendido originalmente en mal estado por el exfutbolista Hugo Morales. El propio Morales había declarado que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor a la inicial.
“Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, explicó días atrás.
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La cronología reconstruida en el expediente marca que Morales puso a la venta el departamento y recibió una oferta de dos jóvenes por US$200 mil, monto que finalmente aceptó. El día de la escritura, según consta en la causa, estaban presentes dos mujeres —las jubiladas que luego financiarían la compra— junto a esos dos compradores, identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano.
Siempre según la reconstrucción judicial, el departamento fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción. Sin embargo, tiempo después, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con nuevas imágenes que mostraban el inmueble completamente renovado. Para cuando Adorni concretó la compra, el departamento estaba “impecable” y listo para habitar.
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El dato que ahora analiza la Justicia es el margen económico de esa operación. Adorni declaró haber adquirido la propiedad por US$230 mil, apenas US$30 mil más que el valor pagado previamente. Esa diferencia es la que genera dudas en el expediente: si el inmueble fue refaccionado de manera integral, el costo de las obras debería reflejarse en el precio final. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, es una de las preguntas que surge de la documentación incorporada.
La operación, además, tuvo características particulares. Según consta en la causa, Adorni aportó US$30 mil al momento de la compra, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras —las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— mediante una hipoteca sin intereses, con plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.
En paralelo, el fiscal también puso el foco en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. En base a distintos registros, la Justicia contabiliza una serie de gastos en dólares realizados en los últimos años que busca contrastar con sus ingresos como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero de este año.
Entre esos movimientos figuran los US$30 mil abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros US$20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; US$30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; US$7600 correspondientes a un vuelo a Punta del Este; US$5000 por la tasa de ingreso al country; y US$5154 por el pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. “A la Justicia hay una cuenta que no le cierra”, sintetizan fuentes del caso sobre el análisis integral de esos gastos.
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En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por Pollicita, que incluyen pedidos de información a organismos públicos y privados. Entre ellas, se destacan oficios al Registro Automotor por un vehículo que poseía Adorni; a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas; al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de su esposa; y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.
También se requirió información a ARBA sobre el lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio, y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos: quién los compró, cómo se pagaron y a través de qué canal.
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En paralelo, la Justicia citó a declarar como testigos a la escribana que intervino en una de las operaciones inmobiliarias y al representante de la firma que habría abonado pasajes del funcionario, quienes deberán presentarse con documentación respaldatoria.
Mientras avanzan estas medidas, este miércoles prestaban declaración en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito.
Manuel Adorni
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El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.
La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.
El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.
El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.
Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.
Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.
El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.
Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.
Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).
Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.
El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.
Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.
Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.
Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.
La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.
La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.
Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.
Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.
Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.
El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.
Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.
Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
un pedido,Hernán Cappiello,Conforme a
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