POLITICA
Tras un acuerdo amplio en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno podrá nombrar jueces en Comodoro Py
El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py y elevó los nombres al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques.
Con 19 votos a favor y uno en contra, la decisión destraba un proceso que estaba detenido desde febrero de 2022 y habilita al Poder Ejecutivo a elegir postulantes de las ternas y enviar los pliegos al Senado para su confirmación.
Concretamente, el Gobierno podrá cubrir una vacante en los Tribunales Orales Federales 2, 4 y 5. En ellos se tramitan, por ejemplo, la causa Hotesur-Los Sauces contra Cristina Kirchner.
También podrá designar a los tres miembros del Tribunal Oral Federal 6, que no tiene titulares desde 2020 y se maneja con el sistema de subrogancias.
La terna contó con el apoyo de todos los sectores representados en el Consejo, incluido La Libertad Avanza, el kirchnerismo, la UCR, el PRO, académicos y abogados. En total, se aprobaron 38 nombres para ocupar esos seis lugares.
Según el orden de mérito, los cinco primeros del concurso son Agustina Inés Rodríguez, coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Nicolás Schiavo, juez de garantías de San Martín; Luis Arnaudo, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires; Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral 1 de Comodoro Py; y Marcelo Peluzzi, juez nacional de ejecución penal.
Del sexto al décimo puesto se ubicaron Ivana Quinteros y Nicolás Pacilio —secretarios de la Cámara Federal de Comodoro Py—, Nicolás Ceballos, juez de garantías de Pilar; Gabriel Gonzalo Rey, secretario judicial; y Nicolás Grappasonno, juez de un Tribunal Oral de La Matanza.
Ahora, el gobierno deberá evaluar los nombres, que no implica que se respete el orden de mérito de los concursos, y elegir a sus seis candidatos para luego enviarlos al Senado.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
Con la salida de Mariano Cúneo Libarona y el arribo de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
Semanas atrás, el Ejecutivo envió un paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces al Congreso para que sean tratados.
En la lista enviada por el Gobierno figuran nombres como los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; o Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa $LIBRA.
Desde el entorno del titular del máximo tribunal aclararon a Clarín que no participó de la votación de esa terna en el Consejo, que fue aprobada por unanimidad. También destacaron que Emilio Rosatti tiene carrera propia en el Poder Judicial y formación especializada en derecho penal.
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La mayoría de los cargos corresponde a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad. Entre ellos hay puestos en tribunales orales federales, cámaras de apelaciones y juzgados nacionales. También se incluyeron cargos en el fuero civil y en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
En detalle, figuran posiciones para el Tribunal Oral Federal de Formosa, la Cámara en lo Criminal Federal de La Plata, la Cámara Penal Económica, la Cámara Correccional porteña y distintos juzgados nacionales en lo criminal y correccional. Además, se incorporó un cargo de fiscal en el fuero penal económico y una defensora oficial.
pliegos, Comodoro Py, Consejo de la Magistratura
POLITICA
Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por la compra de vacunas contra el coronavirus
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este miércoles citar a indagatoria a la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y a un grupo de empresarios acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid19 a Estados Unidos en 2020. Se los investiga por presuntamente haber favorecido negocios locales en la fabricación de las dosis.
En el requerimiento de instrucción que presentó al juez federal Ariel Lijo, el fiscal acusó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia.
Con esos argumentos, Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública para una larga lista de implicados que incluyó a Vizzotti, un grupo de empresarios y asesores.
De acuerdo a la hipótesis del fiscal, el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
“Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, sostuvo Stornelli en su solicitud ante el juez.
“Intento de beneficiar a socios locales”: la hipótesis del fiscal
En agosto de 2020, en los primeros meses de la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis. De esa cifra, tres millones iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento clave para vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández declinó la propuesta y avanzó con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. Las demoras relacionadas con Pfizer, según el fiscal, “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
En aquel entonces, el Ministerio de Salud argumentó trabas legales relacionadas con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad que, de acuerdo a Stornelli, eran inéditas.
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Para Stornelli, este proceder “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”.
En paralelo, el fiscal abordó las relaciones interpersonales y comerciales entre los funcionarios públicos involucrados y los laboratorios beneficiados, en un esquema donde ubicó como eje central al empresario farmacéutico Hugo Sigman, cuyas empresas ganaron los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La lista de involucrados citados por el fiscal
En ese contexto, Stornelli pidió citar para brindar declaración indagatoria a Carla Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini.
Tarragona fue quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, mientras que Nicolini fue la asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm.
Del lado del sector privado y los laboratorios, fueron acusados Sigman; el apoderado de Laboratorios Richmond, Juan Manuel Artola; los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Pedro Cahn.
Carla Vizzotti, COVID-19, vacunas
POLITICA
Sorpresa en el karinismo por la crítica de Francos a Adorni y su coqueteo con una candidatura en 2027
Guillermo Francos decidió dar una entrevista. Dijo que no descarta ser candidato en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Ciudad. Lo hizo en un momento en que quien lo relevó como jefe de Gabinete (fricciones de por medio) y quien fue candidato del oficialismo en territorio porteño, Manuel Adorni, se encuentra en el peor momento de su carrera política debido a la polémica pública y al avance de la investigación judicial en torno a sus viajes y su patrimonio.
La aparición de Francos en tiempos difíciles para el Gobierno, que además del Adornigate se enfrentó a un número de inflación de marzo por encima de los tres puntos, desató especulaciones. ¿Nuevo vocero autorizado? ¿Alentaron su regreso a la vida pública? ¿Arranca a correr como postulante libertario? ¿Le habilitan la ciudad? ¿Su salida en medios estuvo coordinada? ¿O no?
En el ala karinista del Gobierno despertó, sobre todo, sorpresa. Los laderos de la secretaria general, Karina Milei, también jefa del partido a nivel nacional y la funcionaria con más peso en la toma de decisiones del Ejecutivo después del Presidente, se despegaban este miércoles de las respuestas y las ambiciones políticas del exjefe de Gabinete. “Se mandó solo”, repetían.
Anoche, Francos comentó que nota la aprobación de la gente respecto de su gestión en la Casa Rosada y que eso lo hace sentir con posibilidades de ser candidato. “Tengo en mi cabeza esa idea de poder competir, como cualquier político con vocación, por su ciudad o por su provincia. Tengo esa vocación, que no la he hablado todavía con el Presidente o con Karina Milei, pero ya lo voy a hacer”, refirió Francos, que así volcó sobre la mesa la chance de una candidatura no solo en la provincia, sino también en la Capital, justo con Adorni en baja por tener la peor percepción de su historia como funcionario, al contrario de lo que pasó en mayo de 2025, cuando era vocero, sacó 30% en las locales porteñas y le ofrendó así un triunfo al Gobierno en el territorio histórico de los Macri.
“Tengo la vocación de hacerlo pero estas decisiones son de conjunto y estoy dentro de este espacio; por supuesto, lo conversaré con ellos [los Milei] en el momento en que les parezca oportuno”, insistió Francos, que vive en la provincia pero que también está autorizado a candidatearse por la Ciudad (como ya hizo en el pasado).
Según pudo saber de fuentes inobjetables, el exjefe de Gabinete y también exministro del Interior libertario no consensuó su salida al aire en LN+ con el Gobierno.
Sobre Adorni, en esta emisión, Francos mostró otra línea que la que sostienen desde hace semanas los pocos funcionarios libertarios que se exponen públicamente y tienen que responder por el jefe de Gabinete, que de momento dio cortas explicaciones a los medios. Francos no solo reconoció que las denuncias contra su reemplazante fueron un “golpe” para el Ejecutivo; dijo también que el caso le ocasionó un “desgaste” a la gestión de Milei en un momento en que “debería ser todo lo contrario” y que a la gente “no le gustó” lo que hizo. En ese marco, consideró que Adorni “falló en dar sus explicaciones”.
Distintas fuentes del karinismo consultadas por este medio descartaban que la hermana presidencial haya estado al tanto de lo que iba a decir el exjefe de Gabinete. “No creo que Karina Milei lo haya autorizado ni mucho menos validado a decir esto y no salir a bancar a Manuel”, comentó un personaje del Gobierno cercano a la secretaria general.
Asimismo, otro funcionario que conoce la dinámica del karinismo reportó que Francos no tiene contacto tampoco con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que manejan las relaciones partidarias de La Libertad Avanza (LLA) y, por lo tanto, cuentan con fuerte injerencia en el armado de listas. “No está hablando con nadie del Gobierno”, acotó esta fuente, más allá de que otras voces, pero del entorno de Francos, dejaron trascender que habría todavía una relación entre el exjefe de Gabinete y Karina Milei.
De momento, quienes dialogan con la secretaria general comentaron que en el último tiempo no la escucharon referirse a ninguna conversación con Francos.
Asimismo, fuentes libertarias de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires indicaron que por ahora no hay ningún plan electoral de LLA con Francos a la cabeza.
“Fue algo solo de él”, indicaron desde el búnker bonaerense. “No tiene vida partidaria. Si quiere ser candidato, que se arremangue y venga a laburar”, se escuchó de parte de otro funcionario, más vehemente, que registra los movimientos políticos en la Capital.
En las áreas de la Casa Rosada que reportan a la hermana de Milei se manifestaron en la misma línea respecto a la reaparición televisiva del exfuncionario. “Nadie coordina cuándo sale Francos a dar entrevistas. Tiene vida propia”, refirió una alta fuente de Balcarce 50.
Otra fuente, que dejó a las claras las fricciones que el Gobierno arrastra desde años anteriores, acotó: “Jugaba solo siendo ministro, imaginate ahora”.
La salida de Francos de la Casa Rosada en octubre de 2025 se dio en medio de las internas libertarias que ya existían y de una reconfiguración tras las elecciones legislativas nacionales, con Karina Milei empoderada.
Pese a que el exfuncionario cosechó un buen vínculo con el Presidente desde que ambos trabajaron juntos en Corporación América, el entonces jefe de Gabinete se fue en medio de altísimas fricciones con el estratega Santiago Caputo, pero también sintió maniobras de desgaste de parte de Adorni, que luego se quedó con su lugar como mandamás del Gabinete.
Hasta último momento, y mientras se acrecentaban rumores sobre su salida, Francos lo negaba y seguía en funciones, hasta que se reunió con Milei en Olivos y confirmó que le había presentado la renuncia “ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete”.
ya había contado en febrero que Francos esperaba una charla con Milei para delinear su futuro y que ya tenía descartado volver a vivir en el exterior. Por lo que deslizó en LN+, esa charla con el Presidente todavía no se concretó, pero sus ambiciones políticas en el partido violeta persisten, pese a estar fuera de la Casa Rosada desde hace cinco meses.
candidato,avance de la investigación judicial,Francos mostró otra línea,salida de Francos de la Casa Rosada,LA NACION ya había contado en febrero,Paula Rossi,Guillermo Francos,Conforme a,,“Tengo la idea de competir”. Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027,,A cinco meses de su salida. Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”,,LN+. Francos opinó sobre las denuncias contra Adorni: “Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”,Guillermo Francos,,A cinco meses de su salida. Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”,,LN+. Francos opinó sobre las denuncias contra Adorni: “Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”,,“Tengo la idea de competir”. Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027
POLITICA
La Justicia investiga si el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni lo remodeló antes de entregárselo
La causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un dato que abre nuevas líneas de investigación: según información extraída del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, el departamento de Caballito que adquirió el jefe de Gabinete ya estaba refaccionado y “a estrenar” antes de concretarse la operación.
La Justicia busca determinar entonces si quien realizó esas obras fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación hipotecaria.
De acuerdo con los registros que analiza el fiscal federal Gerardo Pollicita, el inmueble fue vendido originalmente en mal estado por el exfutbolista Hugo Morales. El propio Morales había declarado que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor a la inicial.
“Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, explicó días atrás.
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La cronología reconstruida en el expediente marca que Morales puso a la venta el departamento y recibió una oferta de dos jóvenes por US$200 mil, monto que finalmente aceptó. El día de la escritura, según consta en la causa, estaban presentes dos mujeres —las jubiladas que luego financiarían la compra— junto a esos dos compradores, identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano.
Siempre según la reconstrucción judicial, el departamento fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción. Sin embargo, tiempo después, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con nuevas imágenes que mostraban el inmueble completamente renovado. Para cuando Adorni concretó la compra, el departamento estaba “impecable” y listo para habitar.
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El dato que ahora analiza la Justicia es el margen económico de esa operación. Adorni declaró haber adquirido la propiedad por US$230 mil, apenas US$30 mil más que el valor pagado previamente. Esa diferencia es la que genera dudas en el expediente: si el inmueble fue refaccionado de manera integral, el costo de las obras debería reflejarse en el precio final. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, es una de las preguntas que surge de la documentación incorporada.
La operación, además, tuvo características particulares. Según consta en la causa, Adorni aportó US$30 mil al momento de la compra, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras —las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— mediante una hipoteca sin intereses, con plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.
En paralelo, el fiscal también puso el foco en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. En base a distintos registros, la Justicia contabiliza una serie de gastos en dólares realizados en los últimos años que busca contrastar con sus ingresos como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero de este año.
Entre esos movimientos figuran los US$30 mil abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros US$20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; US$30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; US$7600 correspondientes a un vuelo a Punta del Este; US$5000 por la tasa de ingreso al country; y US$5154 por el pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. “A la Justicia hay una cuenta que no le cierra”, sintetizan fuentes del caso sobre el análisis integral de esos gastos.
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En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por Pollicita, que incluyen pedidos de información a organismos públicos y privados. Entre ellas, se destacan oficios al Registro Automotor por un vehículo que poseía Adorni; a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas; al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de su esposa; y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.
También se requirió información a ARBA sobre el lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio, y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos: quién los compró, cómo se pagaron y a través de qué canal.
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En paralelo, la Justicia citó a declarar como testigos a la escribana que intervino en una de las operaciones inmobiliarias y al representante de la firma que habría abonado pasajes del funcionario, quienes deberán presentarse con documentación respaldatoria.
Mientras avanzan estas medidas, este miércoles prestaban declaración en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito.
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