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POLITICA

El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

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La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.

La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.

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Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.

El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.

El juez Ariel Lijo está al frente de la investigación que complica al GobiernoMarcos Brindicci

A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.

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El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.

Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.

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Miguel Ángel Calvete, empresario y lobista

Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.

El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.

Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

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La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.

Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.

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El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.

Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.

Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.

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Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.

La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.

La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.

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Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.

Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.

Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.

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Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.

El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.

Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.

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Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.


un pedido,Hernán Cappiello,Conforme a

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POLITICA

El gobernador de Misiones irá a la Justicia para frenar la venta de tierras sin límites a extranjeros

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de “desprotección y vulnerabilidad” y el DNU 70/23 “lesiona la integridad territorial” de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, agregó.

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El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.

El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “C.E.C.L.M.” tuvo como consecuencia la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023”. Esto dejó a la provincia “en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.

Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.

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Esto se debe a que altera de forma sustancial “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial”. Asimismo, “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.

“Resguardar los derechos de Misiones”

La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que “siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales”.

El mandatario señaló que su provincia tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay. Y también “una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sentenció.

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Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023”.

El fallo de la Corte

El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

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Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.

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Ante la polémica, la Corte Suprema aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras

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Ante la polémica, la Corte Suprema de Justicia aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras y que se limitó a una cuestión procesal. “La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, remarcaron.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el máximo tribunal cuestionó a quienes promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Ricardo Lorenzetti aclararon que “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

Además, que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.

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POLITICA

Elecciones en Brasil: Milei bajó la intensidad de sus ataques a Lula, pero apuesta al triunfo de Bolsonaro

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El ruido más fuerte se apagó hace ya casi dos meses. Luego de apoyar, en la convención del Partido Liberal de San Pablo, la candidatura presidencial de su aliado Flávio Bolsonaro y atacar con insultos a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei se llamó a silencio, y espació su respaldo al rival del mandatario brasileño en las elecciones del próximo domingo.

Más allá de su decisión de no inmiscuirse de modo directo durante buena parte de la campaña -desde el Gobierno evitaron explicar las razones- Milei y todo el gobierno estarán atentos a los comicios del domingo, que podrían comenzar a definir si el país más grande del continente y socio principal del Mercosur se suma o no a la “ola azul” de gobiernos de derecha, o si permanece como un bastión de la izquierda, lejos del eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“Hubo una decisión del Gobierno de no complicar más las cosas, aunque con Milei nunca se sabe”, coinciden desde el Palacio San Martín e Itamaraty, la diplomacia brasileña. Con el vínculo reducido por decisión de Brasilia al nivel de encargados de negocios, y los embajadores de ambos países esperando instrucciones para regresar a sus puestos, los contactos institucionales continúan, pero está claro que la relación entre Milei y Lula ya no tiene retorno. “A nadie le conviene que esto escale. Ni a los empresarios, ni a los gobiernos”, contó otra fuente que conoce de primera mano el vínculo bilateral.

De todos modos, Milei volvió a atacar a Lula, sin la repercusión de episodios anteriores. En una entrevista con el diario francés Le Point, publicada esta semana, Milei volvió a acusar de “ladrón” a Lula da Silva, y expresó “grandes esperanzas de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable”. “¡Lula es un ladrón! Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice”, afirmó Milei durante la entrevista en relación al presidente brasileño, a quien no ve desde la cumbre de presidentes del Mercosur, en diciembre pasado, en Foz de Iguazú.

Metido de lleno en la campaña por su reelección, en la que eligió a Trump como principal rival, Lula no le contestó directamente a Milei, y sólo aludió al “complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina” que se sumaron al Escudo de las Américas impulsado por el presidente norteamericano. “Milei no tuvo influencia en esta campaña, Lula prefirió pelearse con Trump”, afirmó a este diario el periodista de Folha de San Pablo, Ricardo Della Coletta.

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“A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, contesta una voz autorizada de la gestión libertaria. El (¿ex?) embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, a quien Brasil echó a principios de agosto, participó durante el fin de semana de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en la Rural, con la esperanza de regresar a Brasilia, cualquiera sea el resultado de la primera vuelta electoral. Lo mismo ocurre con Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que aguarda nuevas instrucciones a partir de que el panorama electoral comience a aclararse.

Las asperezas, con todo, siguen ganando la batalla. El 8 del mes pasado, y según pudo saber este diario, los hermanos Milei dieron la orden a sus funcionarios de no concurrir a los festejos por la independencia de Brasil, organizados en el Teatro Colón. Ningún alto funcionario argentino concurrió a la cita, salvo el sherpa argentino en el G20, Federico Pinedo; el diputado nacional karinista Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino, que parecían no haber sido avisados sobre el veto presidencial. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, dijo entonces con tono tranquilo pero crítico Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de Brasil en Argentina, en aquel festejo.

Unos días antes, la presencia de representantes brasileños del Mercosur en la reunión del Grupo Mercado Común en el Palacio San Martín (trataron el acuerdo comercial y de inversiones con Vietnam) representaba una señal de “normalidad” en el vínculo, al menos en lo que hace a la agenda del bloque regional. La posterior reunión de cancilleres del Mercosur, en Montevideo, fue otro paso adelante en el camino de la lenta reconstrucción del vínculo, aunque la desconfianza mutua entre Milei y Lula da Silva siga vigente, y lo estará al menos hasta que las urnas decidan (en la primera vuelta o en el ballotage, el 25 de octubre) si el actual presidente o su desafiante derechista será el interlocutor del país en los próximos años.

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La falta de interlocutores del Gobierno con la gestión de Lula da Silva convierte a la elección en una apuesta a todo o nada por Bolsonaro. Una situación que Milei repetirá en otras elecciones clave, como la de Israel- su aliado Benjamín Netanyahu se jugará su continuidad el 27 de este mes, y no hay lazos con sus opositores-o la legislativa de Estados Unidos, donde Milei apuesta sin dobles lecturas al triunfo de los candidatos de Trump, y no tiene prácticamente contactos con el partido Demócrata.

“Para la Argentina, el resultado no es neutro en el plano político: un nuevo mandato de Lula prolongaría la distancia con la Casa Rosada que caracterizó los últimos años, mientras que un triunfo de Bolsonaro abriría una etapa de mayor afinidad con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el comercio bilateral se mantiene firme pese al enfriamiento diplomático, porque responde a una lógica productiva, con el intercambio automotriz como columna vertebral, que los vaivenes de la política no alcanzan a alterar”, sostuvo Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb que encabeza el exministro de Trabajo macrista Dante Sica.




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