POLITICA
El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.
La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.
El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.
El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.
Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.
Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.
El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.
Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.
Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).
Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.
El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.
Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.
Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.
Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.
La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.
La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.
Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.
Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.
Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.
El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.
Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.
Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
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POLITICA
Qué es el “grillete fiscal”, la adaptación local que quiere Javier Milei de un mecanismo usado en Estados Unidos

El nuevo paquete de reformas que el Gobierno mandará al Congreso incluirá una propuesta de shutdown, un mecanismo usado en Estados Unidos pero que tendrá una adaptación “a la argentina”.
El presidente Javier Milei lo llamó en el mensaje en cadena nacional como “grillete fiscal”.
“Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown”, explicó el Presidente.
“Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo”, agregó en el mensaje.
El proyecto fue elaborado por el presidente Javier Milei, con sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; y de Economía, Luis Caputo; y también con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
La reforma, que todavía debe ser presentada ante el Congreso, tendrá un «espíritu fiscalista» y se activaría cuando el Estado entra en déficit, con una serie de pasos previos, según anticiparon fuentes de la Casa Rosada a .
“En Estados Unidos el foco es más institucional, acá es para blindar el superávit”, definió una fuente del oficialismo.
En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando no hay acuerdo político entre Ejecutivo y Legislativo y, por ende, el presupuesto no consigue ser aprobado por el Congreso.
“Nuestro objetivo es que aquí el instrumento sirva para impedir a toda costa que haya déficit, que es el gran problema de la Argentina”, dice una fuente del oficialismo, para trazar diferencias.
En Estados Unidos, el cierre del Estado se activa cuando el Congreso no llega a un entendimiento para aprobar el presupuesto antes del inicio del siguiente año fiscal. Entonces, se restringen las actividades y servicios de agencias federales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores. El desencadenante es político. No tiene relación con el déficit. De hecho, la economía de los Estados Unidos hace 25 años que no tiene superávit fiscal.
Mientras que en los Estados Unidos el mecanismo busca forzar un acuerdo por el presupuesto, la estrategia libertaria es diferente. “Con proyectos como este se busca mantener el superávit fiscal con mecanismos legales”, explica otra fuente conocedora de la discusión en torno al proyecto. Un funcionario lo definió de la siguiente manera: “Antes de que haya déficit, el Estado cierra”.
En la Casa Rosada barajan incluir dentro del texto un proceso previo al shutdown que permita darle la oportunidad al Congreso para definir qué partidas se pueden bajar antes de activar el cierre.
Si el Poder Legislativo no las define, ahí sí se fijarían los gastos esenciales y se cortarían el resto de los movimientos.
El año pasado, el Presidente ya había mandado al Congreso el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que quiso blindar el equilibrio fiscal mediante sanciones penales. Pero no tuvo eco en el Legislativo y quedó en la nada.
Cuando fuentes de la Casa Rosada son consultadas al respecto, se muestran más esperanzadas de que, con la actual conformación del Congreso y la sintonía con los aliados, el tratamiento de este paquete reformulado consiga avanzar.
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Se abrió una negociación entre el hotel de Salta que debe pagar $100 millones por juicios y sus ex empleados

Se abrió un espacio de negociación entre el dueño del Hotel Provincial de Salta, Carlos Issa, que podría cerrar el establecimiento que fundó su familia en 1971 si tiene que pagar 100 millones de pesos en indemnizaciones, y los empleados despedidos por haber bloqueado su empresa y que la Justicia imputó penalmente por considerar que la protesta excedió el marco protegido por el derecho de huelga.
La instancia se abrió este jueves durante una audiencia entre ambas partes, presidida por la jueza Paola Marocco y el fiscal Rodrigo Guerra, en donde, tras escuchar las posiciones de Issa y de los ex empleados, la magistrada propuso un cuarto intermedio hasta dentro de 10 días para que se explore una solución al conflicto.
Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que estuvo en la audiencia en Salta para asesorar a Issa, dijo a Infobae que la fórmula propuesta por la jueza consiste en que el dueño del hotel desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los juicios laborales.

Se trata de un mecanismo de resolución alternativa del conflicto llamado conciliación penal, que rige en algunas provincias y mediante el cual la víctima y el imputado, con intervención del fiscal y control judicial, pueden llegar a un acuerdo que pone fin al proceso penal o evita que continúe. Su finalidad principal es reparar el daño causado a la víctima y resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio.
Según Torres Barth, la jueza dejó la causa “lista para ir a juicio” si no hay un entendimiento entre las partes.
El abogado señaló que hay que revisar la situación de quienes ya cobraron resarcimientos por los despidos dispuestos tras el bloqueo del hotel. Hasta ahora, precisó, a valores actualizados por inflación, Issa ya pagó 68 millones de pesos en indemnizaciones y todavía quedan 7 juicios laborales más contra Issa que podrían elevar el monto por abonar a unos 100 millones de pesos.
Torres Barth afirmó que la defensa de los despedidos pidió la inconstitucionalidad del delito de turbación de la posesión, como está caratulada la acusación penal contra los 17 empleados que bloquearon el hotel, junto con 2 dirigentes que pertenecen a la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El argumento en contra de la imputación penal es que afectaba el derecho a huelga, pero la jueza, según Torres Barthe, “rechazó ese planteo de inmediato”.
De todas formas, el abogado insistió en que desde el MEAB buscarán una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le pidieron una audiencia que aún no fue concedida, para explicarle en detalle los problemas que atraviesa el empresario: “Le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente -estimó- salgan condenados en el juicio penal, algo que es una locura”.
Además, advirtió que Issa “no tiene margen para pagar” 100 millones de pesos a los imputados penalmente por los bloqueos, por lo que, en ese caso, debería cerrar el hotel, uno de los más tradicionales de la capital salteña.

El abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados despedidos, había anticipado que en la audiencia iba a plantear el sobreseimiento de sus defendidos ya que la investigación fue mal conducida, parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y el conflicto tuvo origen salarial y laboral.
Corregidor aseguró que hubo un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía y cuestionó un requerimiento previo de elevación a juicio porque, según dijo, no se ajustó a lo ordenado por el juez y aun así derivó en nuevas imputaciones contra trabajadores.
Uno de los ejes de la defensa es que las filmaciones del hotel ubican a los imputados en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento. Para el abogado, esa ubicación descarta la hipótesis de bloqueo contra el hotel respecto de las personas que representa y debe diferenciarse de la eventual actuación del Sindicato de Gastronómicos de Salta durante la protesta.

En noviembre pasado, el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, dio por probado que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el hotel sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.
Ese fallo se basó en declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones. El juez advirtió, además, que el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho que consagra la Constitución Nacional.
Según Issa, los 18 días que duró el bloqueo contra su hotel le causó pérdidas por 600 millones de pesos ya que tuvo que derivar huéspedes y cancelar reservas.
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Milei acusó a Cristina Kirchner de haber robado “10.000 millones de dólares” con el Banco Central

El presidente Javier Milei arremetió este jueves contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y la acusó de haber “robado 10.000 millones de dólares” con el Banco Central en 2010, durante su primera gestión.
En un discurso difundido por cadena nacional para presentar el proyecto de reforma del Banco Central, el mandatario vinculó a Fernández de Kirchner con maniobras de corrupción durante su gestión e hizo énfasis en su actual condena por “delitos de corrupción” en la causa Vialidad.
“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí”, inició el mandatario, al recordar medidas económicas pasadas como la convertibilidad.
Y acto seguido agregó: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”, expresó Milei.
El jefe de Estado señaló que esos “10.000 millones de dólares, expresados a moneda de hoy, equivalen a 15.000 millones de dólares”.
“A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, señaló Milei sobre la gestión de Marcó del Pont, ya en el segundo mandato de Fernández de Kirchner.
Y añadió: “Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central”.
La reforma
Milei presentó este jueves por la noche en cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.
El Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.
Y añadió que también “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”.
El mandatario estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martín Menem (titular de la Cámara Baja).
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