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El trasfondo de la reunión de la mesa política y los proyectos clave que busca impulsar el Gobierno para salir del caso Adorni

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La mesa política del Gobierno se reunirá mañana en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir la agenda legislativa que se materializará en las próximas semanas. En las entrañas del oficialismo existe la convicción de que, para ayudar en términos mediáticos al ministro coordinador, se debe inundar la agenda política con la conversación sobre los proyectos libertarios.

Tal y como había adelantado Infobae, Adorni reunirá mañana al círculo de funcionarios más importantes del Gobierno en términos políticos. Estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

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No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se encuentra en Washington en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La novedad es que, según marcan fuentes gubernamentales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistiría al encuentro pese a que en los últimos días se la tenía fuera de esa actividad. Finalmente partirá el sábado rumbo a Israel para acompañar al presidente Javier Milei a participar del acto por el Día de la Independencia de ese país. A ese viaje también asistirá el canciller Pablo Quirno y, en un gesto de respaldo, también se decidió llevar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Es sobre la esfera judicial que se va a dar uno de los principales debates legislativos de la mesa política.

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Mahiques tiene la intención de que en los próximos días se envíe al Congreso una reforma preliminar del Código Penal que contempla tipificaciones de nuevos delitos y una elevación de penas para otros tipos de actos punibles. Esta decisión busca lograr una aprobación legislativa más rápida de asuntos considerados más urgentes: y es que la reforma integral que trabajó el Gobierno durante los últimos años tiene más de 900 artículos. Además, el ministro decidió que a ese megaproyecto le hará modificaciones según su consideración.

Juan Bautista Mahiques

Esta estrategia de dividir en dos la cuestión penal se determinó con la llegada del propio Mahiques al Ministerio de Justicia y tiene el aval de Martín Menem, que considera que no existe la posibilidad de debatir una iniciativa extensa con el panorama actual. “Necesita que sean proyectos cortos”, afirma una fuente inobjetable.

Esto colisiona con lo que considera Santiago Caputo, que coincide con la opinión de los especialistas jurídicos de su confianza acerca de que la reforma del Código Penal no puede no tratarse de manera integral. Uno de ellos explicó a Infobae: “Podés generar un desfasaje entre ciertas tipificaciones que quieras hacer con respecto a todo el resto del Código, que va a ser más viejo. Corrés el riesgo de tener una nueva Ley Blumberg”.

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Según indican, mañana se determinará cuál será la decisión política que se tomará al respecto de esa reforma. El 24 de marzo pasado, Mahiques publicó en su cuenta de X que se había reunido con el Presidente y que había acordado la redacción de un nuevo Código Penal.

“A su vez, en la transición trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anotició.

De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos.

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El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril, por lo que en la mesa política se acordará tratarlo de manera exprés.

Asimismo, en el Gobierno confirmaron a Infobae que demorará en tratarse el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas.

La intención es priorizar los esfuerzos para la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos.

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Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli

El asunto es que el debate de esa cuestión, en particular la eliminación de las PASO, acarrea una negociación política más compleja con los gobernadores que el Gobierno parece no haber encarado aún. Existe cierto pesimismo entre algunos alfiles libertarios de que esa reforma en particular se pueda llegar a concretar en el cortísimo plazo. Y es que será una determinación política que muchos actores no quieren dar ahora porque les es más seguro tomar decisiones con un panorama algo más claro en unos meses.

El Gobierno se encuentra a menos de dos semanas para que Manuel Adorni responda preguntas en el recinto de la Cámara de Diputados por su Informe de Gestión. Su equipo ya contestó centenares de preguntas hechas por escrito semanas atrás, pero el ministro coordinador deberá hacerse eco de las consultas que le hagan en vivo los legisladores de la oposición.

La oposición busca que aclare el manejo de fondos y su rol en la administración; mientras que Adorni anticipó que no brindará detalles sobre su patrimonio personal, limitando sus respuestas a cuestiones vinculadas estrictamente a su función oficial.

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Otra de las reformas centrales es la revisión y eventual aprobación de pliegos judiciales, que incluye tanto nombramientos en la Corte Suprema como en otros tribunales federales. El oficialismo considera fundamental acelerar estos procesos para cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial y así fortalecer la estructura institucional del Estado.

Se prevé que en la reunión de mesa política se abarquen dos cuestiones atinentes al Senado: la disposición para tratar ciertas reformas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger; y los pliegos judiciales que el oficialismo busca mover con rapidez.

El proyecto libertario propone habilitar desalojos exprés, modificar requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado, eliminar límites para el uso agrícola de terrenos incendiados y descentralizar el programa de regularización dominial de barrios populares. El constitucionalista Daniel Sabsay, invitado por el oficialismo, apoyó algunos puntos, pero advirtió sobre la necesidad de controlar la reglamentación y alertó sobre los riesgos para la protección ambiental y habitacional. El debate continuará la próxima semana, con el oficialismo buscando acuerdos para lograr el dictamen.

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En tanto, este jueves expondrá en la Comisión de Acuerdos el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, para conseguir la renovación por cinco años más en su cargo de juez de Cámara Federal de Casación Penal. De recibir luz verde, Patricia Bullrich se prepara para movilizar esa cuestión en una sesión el 29 de abril.

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El Gobierno continúa con el nombramiento de los jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

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Mediante una seguidilla de decretos, el Poder Ejecutivo oficializó este martes 15 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Las publicaciones forman parte del proceso de cobertura de vacantes que derivó de la aprobación de 75 pliegos en el Senado, durante la sesión del 4 de junio.

Los designados ocuparán cargos en juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires: 11 de ellos corresponden al Poder Judicial y 4 al Ministerio Público —3 del Ministerio Público de la Defensa y 1 del Ministerio Público Fiscal—.

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En el fuero penal federal del conurbano bonaerense, Claudio Ricardo Silvestri fue designado juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata por el decreto 453/2026, y Pablo Ezequiel Wilk ocupará el mismo cargo en el TOF N° 2 de esa misma ciudad, por el decreto 455/2026. Ambas posiciones estaban vacantes en una jurisdicción con múltiples tribunales sin magistrado titular.

Para la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I, el texto 464/2026 nombró vocal a Laureano Alberto Durán, quien hasta su designación se desempeñaba como secretario de ese mismo organismo. Se trata del hijo del fallecido camarista de la capital provincial, Alberto Ramón Durán.

Laureano Alberto Durán, nombrado vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Foto de archivo)

Por otro lado, en el ámbito de la Capital Federal, los nombramientos abarcaron distintos fueros. Paula Fuertes y Soledad Eugenia Mariño fueron designadas juezas en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N° 14 y N° 18 —bajo los decretos 460 y 462—, respectivamente.

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José Miguel Guerrero cubrirá el Juzgado N° 1 del mismo fuero, según estableció el texto oficial 457/2026, y María Gloria Capanegra el N° 17, designada a partir del decreto 461. En tanto, la normativa 459/2026 Laura Wiszniacki nombró jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó también la designación de Jorge Djivaris como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, y Analía Victoria Romero ocupará el mismo rango en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, de acuerdo a los decretos 463 y 465.

En el fuero de la seguridad social, Diego Allievi fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10, según el escrito 452/2026 que lleva la firma del presidente, al igual que el resto de los documentos.

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Ministerio Público

Los cargos dentro del órgano independiente del Poder Judicial quedaron ocupados de la siguiente manera: como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, fue designado Santiago Vismara reconocido por llevar adelante la investigación en el caso del empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues en una fiesta. El nombramiento de Vismara quedó firme con la publicación del decreto 454/2026.

En el Ministerio Público de la Defensa, Lucas Marcelo Bellotti San Martín (decreto 458/2026) y Marcela Lorena Sasso (466/2026) fueron nombrados Defensores Públicos de Menores e Incapaces, ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo de la Capital Federal —Defensorías N° 2 y N° 3, respectivamente—.

El fiscal Santiago Vismara junto a su colega, Labozzetta, en el caso Emily Rodríguez (Luciano González)

Mientras que María Inés Reston fue designada Defensora Pública Oficial ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1, de acuerdo al texto oficial 456/2026.

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Todos los designados con acuerdo del Senado de la Nación se sumaron a las oficializaciones que el Gobierno hizo la semana pasada, entre los que figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti.

Los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026 dejaron firme a Rosatti frente al Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; Walter Alberto Rodríguez, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción, y Santiago Joaquín Saux, quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

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En medio del operativo por CFK, Kicillof se resguarda en la gestión y evita definiciones electorales contundentes

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mide sus próximos movimientos políticos en medio de un clamor que el kirchnerismo tracciona en pos de su conductora, la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde hace algunos días, que el mandatario bajó el perfil de posible candidato del peronismo. Hubo distintos hechos que modificaron la agenda inmediata como por ejemplo el fallecimiento del Indio Solari. Una instancia que lo obligó a retomar el diálogo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aunque de momento limitado solo a la organización logística de lo que fue la despedida del ídolo popular que se llevó adelante en Villa Domínico.

Finalizada esa procesión, el mandatario provincial retomó la agenda bonaerense y lo propio hará esta semana corta que inicia. Reunión de Gabinete con los suyos y recorridas por el interior provincial como las que llevó adelante días atrás. De momento, el objetivo es mostrar lo que se pueda de agenda doméstica en un contexto por demás complejo.

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Este miércoles, el mandatario bonaerense recorrerá la Quinta sección electoral. Está agendado que vaya a Chascomús y General Belgrano. En el primer distrito participará de la inauguración de una nueva planta de Atalaya y luego entregará escrituras. En General Belgrano entregará diez viviendas de policía, inaugurará un centro universitario del Programa Puentes y luego continuará con la entrega de viviendas y escrituras.

El Ejecutivo bonaerense tiene varios frentes de gestión abiertos. Uno de ellos es el salarial. La semana pasada garantizó que pagará el aguinaldo en tiempo y forma, pero en el marco de la negociación paritaria no hubo una oferta para mejorar salarios sobre la mesa. La situación financiera de la Provincia es tan frágil que, como novedad de la negociación con los gremios, apareció la posibilidad de refinanciar deudas a clientes del Banco Provincia, la mayoría de los trabajadores del Estado. De las reuniones paritarias participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo

“Hemos dejado en claro que si bien hay un montón de reivindicaciones históricas que entendemos que son importantísimas, nos centramos principalmente en la necesidad de tener un aumento salarial al básico que respete la pirámide salarial y que implique un aumento correspondiente al mes de junio para percibirlo durante la liquidación del mes en curso y a mes devengado a principios del mes de julio», contó el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín Oyarzábal, tras la reunión del Ejecutivo con los gremios nucleados en la ley 10430, los estatales bonaerenses. Con los docentes el escenario es similar. Los gremios esperan que esta semana sean convocados nuevamente. A los hechos, Kicillof tiene distintos frentes abiertos.

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En el tramo político, la posibilidad de que se reúna con la ex presidenta Cristina Kirchner empieza a dar vueltas, pero por ahora el gobernador esquiva públicamente esa posibilidad. La líder del Partido Justicialista cumplió este martes un año de detención domiciliaria en San José 1111. Hasta el momento, el gobernador no la ha visitado. Esa decisión es la que sigue siendo cuestionada por el kirchnerismo.

La semana pasada Kicillof posteó una carta por la detención de la ex presidenta, al cumplirse un año del fallo de la Corte. “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”. Fue un gesto.

Pero en el cristinismo hay una aceleración del operativo de centralidad por Cristina Kirchner. Ahora, la campaña es “Cristina Libre y candidata” o “De San José a la Rosada”. Este fin de semana, la intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, motorizó una convocatoria hacia la esquina de San José. Como bien detalló Infobae, este sábado habrá un banderazo en Parque Lezama para presionar por la revocación de la pena que pesa sobre la expresidenta. No solo la detención domiciliaria —por la causa Vialidad— sino también la inhabilitación perepetua para el ejercicio de la función pública.

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Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111. Mayra Mendoza organizó una caravana hasta el domicilio de la expresidenta

El kirchnerismo muestra encuestas donde la expresidenta, detenida, mide mejor que el gobernador bonaerense quien tras las elecciones provinciales del año pasado, en el mes de septiembre, se embarcó en la construcción de una alternativa política con vistas a los comicios del 2027. El primer gesto lo dio al cerrar el 2025. Fue con un acto apoyado en su Movimiento Derecho al Futuro y diciendo: “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”. Actualmente, suele repetir que no es año de elecciones ni de candidaturas. Por estos días, en medio de la presión para un encuentro con la expresidenta, no hay mayores definiciones de carácter electoral de parte del mandatario.

Otro grupo que empieza a compartir cierta impaciencia son los intendentes del peronismo bonaerense. Básicamente, para saber qué quiere hacer Kicillof y —lo que es de mayor interés para sus necesidades— qué lugar van a tener los jefes comunales en la mesa de decisiones. Se espera que tras el mundial, Kicillof empiece a transitar la etapa de definiciones. Hoy, pausó las recorridas por otras provincias y, en cada entrevista que brinda, repite que no es año de candidaturas. Hay algo que no cambió: la confrontación para con el gobierno de Javier Milei.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: caso Adorni y movimientos en la oposición

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Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.

En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.

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Los dirigentes peronistas reunidos este lunes en Concepción del Uruguay



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