POLITICA
El trasfondo de la reunión de la mesa política y los proyectos clave que busca impulsar el Gobierno para salir del caso Adorni
La mesa política del Gobierno se reunirá mañana en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir la agenda legislativa que se materializará en las próximas semanas. En las entrañas del oficialismo existe la convicción de que, para ayudar en términos mediáticos al ministro coordinador, se debe inundar la agenda política con la conversación sobre los proyectos libertarios.
Tal y como había adelantado Infobae, Adorni reunirá mañana al círculo de funcionarios más importantes del Gobierno en términos políticos. Estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.
No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se encuentra en Washington en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
La novedad es que, según marcan fuentes gubernamentales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistiría al encuentro pese a que en los últimos días se la tenía fuera de esa actividad. Finalmente partirá el sábado rumbo a Israel para acompañar al presidente Javier Milei a participar del acto por el Día de la Independencia de ese país. A ese viaje también asistirá el canciller Pablo Quirno y, en un gesto de respaldo, también se decidió llevar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Es sobre la esfera judicial que se va a dar uno de los principales debates legislativos de la mesa política.
Mahiques tiene la intención de que en los próximos días se envíe al Congreso una reforma preliminar del Código Penal que contempla tipificaciones de nuevos delitos y una elevación de penas para otros tipos de actos punibles. Esta decisión busca lograr una aprobación legislativa más rápida de asuntos considerados más urgentes: y es que la reforma integral que trabajó el Gobierno durante los últimos años tiene más de 900 artículos. Además, el ministro decidió que a ese megaproyecto le hará modificaciones según su consideración.
Esta estrategia de dividir en dos la cuestión penal se determinó con la llegada del propio Mahiques al Ministerio de Justicia y tiene el aval de Martín Menem, que considera que no existe la posibilidad de debatir una iniciativa extensa con el panorama actual. “Necesita que sean proyectos cortos”, afirma una fuente inobjetable.
Esto colisiona con lo que considera Santiago Caputo, que coincide con la opinión de los especialistas jurídicos de su confianza acerca de que la reforma del Código Penal no puede no tratarse de manera integral. Uno de ellos explicó a Infobae: “Podés generar un desfasaje entre ciertas tipificaciones que quieras hacer con respecto a todo el resto del Código, que va a ser más viejo. Corrés el riesgo de tener una nueva Ley Blumberg”.
Según indican, mañana se determinará cuál será la decisión política que se tomará al respecto de esa reforma. El 24 de marzo pasado, Mahiques publicó en su cuenta de X que se había reunido con el Presidente y que había acordado la redacción de un nuevo Código Penal.
“A su vez, en la transición trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anotició.
De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos.
El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril, por lo que en la mesa política se acordará tratarlo de manera exprés.
Asimismo, en el Gobierno confirmaron a Infobae que demorará en tratarse el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas.
La intención es priorizar los esfuerzos para la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos.
El asunto es que el debate de esa cuestión, en particular la eliminación de las PASO, acarrea una negociación política más compleja con los gobernadores que el Gobierno parece no haber encarado aún. Existe cierto pesimismo entre algunos alfiles libertarios de que esa reforma en particular se pueda llegar a concretar en el cortísimo plazo. Y es que será una determinación política que muchos actores no quieren dar ahora porque les es más seguro tomar decisiones con un panorama algo más claro en unos meses.
El Gobierno se encuentra a menos de dos semanas para que Manuel Adorni responda preguntas en el recinto de la Cámara de Diputados por su Informe de Gestión. Su equipo ya contestó centenares de preguntas hechas por escrito semanas atrás, pero el ministro coordinador deberá hacerse eco de las consultas que le hagan en vivo los legisladores de la oposición.
La oposición busca que aclare el manejo de fondos y su rol en la administración; mientras que Adorni anticipó que no brindará detalles sobre su patrimonio personal, limitando sus respuestas a cuestiones vinculadas estrictamente a su función oficial.
Otra de las reformas centrales es la revisión y eventual aprobación de pliegos judiciales, que incluye tanto nombramientos en la Corte Suprema como en otros tribunales federales. El oficialismo considera fundamental acelerar estos procesos para cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial y así fortalecer la estructura institucional del Estado.
Se prevé que en la reunión de mesa política se abarquen dos cuestiones atinentes al Senado: la disposición para tratar ciertas reformas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger; y los pliegos judiciales que el oficialismo busca mover con rapidez.
El proyecto libertario propone habilitar desalojos exprés, modificar requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado, eliminar límites para el uso agrícola de terrenos incendiados y descentralizar el programa de regularización dominial de barrios populares. El constitucionalista Daniel Sabsay, invitado por el oficialismo, apoyó algunos puntos, pero advirtió sobre la necesidad de controlar la reglamentación y alertó sobre los riesgos para la protección ambiental y habitacional. El debate continuará la próxima semana, con el oficialismo buscando acuerdos para lograr el dictamen.
En tanto, este jueves expondrá en la Comisión de Acuerdos el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, para conseguir la renovación por cinco años más en su cargo de juez de Cámara Federal de Casación Penal. De recibir luz verde, Patricia Bullrich se prepara para movilizar esa cuestión en una sesión el 29 de abril.
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POLITICA
Diego Santilli celebró el apoyo de los gobernadores al DNU 70 y confió en que también avanzará la reforma electoral
Un día después de que el oficialismo lograra mantener ea salvo el DNU 70, Diego Santilli interpretó la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el decreto como una señal de respaldo de los gobernadores a la agenda oficialista. El funcionario sostuvo que una eventual derogación implicaría volver a regulaciones que, según afirmó, perjudicaron el mercado de alquileres y limitaron la actividad económica.
En diálogo con Radio Mitre, Santilli presentó al decreto como una de las herramientas centrales de la administración nacional, junto con la Ley Bases. Según su planteo, la norma permitió modificar regulaciones que, a su criterio, limitaban la actividad económica y la llegada de inversiones.
“No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, afirmó al referirse a la sesión que la oposición pretendía realizar para debatir el DNU. Para el funcionario, el rechazo legislativo al decreto habría tenido efectos negativos para la sociedad y no solo para la Casa Rosada.
Santilli cuestionó especialmente la posibilidad de que se revirtiera la derogación de la anterior ley de alquileres. Consideró que esa normativa había reducido la oferta de viviendas y encarecido los contratos. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, sostuvo.
El jefe de Gabinete mencionó además el acceso al servicio de internet satelital Starlink como otro de los aspectos incluidos en el decreto. De acuerdo con su argumento, la conectividad en áreas rurales puede facilitar la radicación de trabajadores y mejorar las condiciones para quienes desarrollan actividades vinculadas con el campo.
Acuerdos políticos e inversiones en las provincias
Al ser consultado sobre la relación entre el Gobierno y los gobernadores aliados o dialoguistas, Santilli afirmó que el Ejecutivo respalda los proyectos productivos de las provincias. En ese sentido, enumeró iniciativas mineras, energéticas e industriales que, según expresó, permitirán crear puestos de trabajo en distintos puntos del país.
“Estamos acompañando a un montón de gobernadores que creen que la Argentina del futuro es esta”, dijo. El funcionario vinculó esos acuerdos con la llegada de capitales y el desarrollo de sectores como la minería, los hidrocarburos, la industria petroquímica y la agroindustria. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, enfatizó.
Como ejemplo, se refirió a una recorrida que realizó en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde destacó un acuerdo entre ambas provincias para percibir regalías mineras. Allí mencionó la inauguración de una segunda planta de la firma coreana Posco, que, según sus declaraciones, prevé más de 1.200 puestos de trabajo.
En ese contexto, planteó que los mandatarios provinciales deberían considerar las consecuencias de un eventual retorno del kirchnerismo. Santilli mencionó la posibilidad de revisiones de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cuestionamientos a proyectos productivos, aunque esas apreciaciones formaron parte de su análisis político.
“Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores qu el kirchnerismo dice que va a dar marcha atras con le RIGI”, sostuvo. También citó como ejemplos a Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta, por su vinculación con el sector agropecuario, el combate contra el narcotráfico y el desarrollo de la minería.
La suspensión de las PASO
En otro momento de la charla, Santilli se mostró optimista sobre la posibilidad de que el Congreso avance con la reforma electoral. El objetivo del oficialismo es suspender las PASO, que el jefe de Gabinete cuestionó por el costo de su organización y por la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar.
“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, preguntó, antes de afirmar que una elección primaria puede costar USD 200 millones y sirve para dirimir candidaturas internas de los partidos políticos, un mecanismo que consideró ajeno a las prioridades de los votantes.
“Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”, expresó Santilli. Para respaldar esa expectativa, recordó que el Gobierno logró avanzar con otros proyectos que inicialmente enfrentaban cuestionamientos sobre su viabilidad parlamentaria, entre ellos la reforma laboral y modificaciones vinculadas con la seguridad.
Los incidentes durante la marcha universitaria
Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también fue consultado por los desmanes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante una movilización vinculada con reclamos por el financiamiento universitario. Santilli repudió a quienes protagonizaron hechos de violencia y diferenció esas acciones de los reclamos del sector educativo.
“Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó. Luego sostuvo que quienes participaron de los incidentes no representaban una protesta universitaria.
El funcionario defendió la política oficial para las universidades y cuestionó la gestión del expresidente Alberto Fernández. Según enumeró, el Gobierno incrementó en 270 % el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023, canceló una deuda de $ 10.000 millones y elevó los recursos para hospitales universitarios de $ 7.000 millones a más de $ 100.000 millones. Esas cifras fueron mencionadas por Santilli durante la nota radial.
Ante las críticas de la oposición por el cumplimiento de las normas vinculadas con el financiamiento, Santilli aseguró que el Ejecutivo acató una medida judicial. “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, afirmó, y añadió que otros aspectos de la ley continúan bajo debate en la Justicia.
Finalmente, el jefe de Gabinete vinculó las protestas y los cuestionamientos al Gobierno con una estrategia de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.
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POLITICA
Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno descarta flexibilizar su postura y los rectores advierten que el ciclo lectivo 2027 está en riesgo
Tras una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno calificó la protesta de “política”, cuestionó los incidentes frente al Congreso y descartó abrir nuevas negociaciones con los rectores por los fondos. En este escenario, las universidades alertaron que, si no obtienen respuestas, el próximo ciclo lectivo podría estar en riesgo.
Columnas de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades de las universidades, junto con organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron este jueves por quinta vez desde 2024 en distintos puntos del país en reclamo por el financiamiento universitario y la inminente discusión por el Presupuesto 2027.
Pese a la multitudinaria convocatoria, que en el Consejo Interuniversitario Nacional estimaron en un millón de personas, el cierre de la jornada quedó marcado por violentos incidentes frente al Congreso entre un grupo de manifestantes encapuchados y los efectivos de seguridad. El hecho culminó con más de 30 detenidos y una denuncia del Ministerio de Seguridad.
La Casa Rosada consideró que la protesta “claramente se transformó en una marcha política” y señaló la presencia de figuras del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo duro. “De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos”, remarcaron a este medio.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue aún más lejos, compartió un video de los disturbios e ironizó: “Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio”.
El Gobierno cierra la puerta a las negociaciones
En ese escenario, fuentes oficiales al tanto de las negociaciones fueron tajantes y aseguraron que la marcha “no cambió nada”. Y ampliaron: “No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie”. Además, desde el Gobierno cuestionaron la representatividad detrás de la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional, hoy a cargo del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y afirmaron que en los palcos de la marcha del jueves hubo poca presencia de rectores.
En ese sentido, en el Ejecutivo insisten en que trabajarán las relaciones con las universidades individualmente con cada rector, “uno por uno”, y descartaron entablar cualquier tipo de mesa de diálogo. Para ejemplificar esta nueva política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió el miércoles junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.
Firme en la posición de no abrir una nueva instancia de diálogo, el Gobierno sostuvo que cualquier negociación pasará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo comienza a discutir el Presupuesto 2027. Se trata de uno de los principales focos de tensión con las universidades: el proyecto del Ejecutivo asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta ante diputados y senadores.
En Casa Rosada, anticiparon su intención de avanzar como hasta ahora, negociando con los bloques aliados y los gobernadores los votos para que el Gobierno tenga su instrumento. “Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal”, reiteraron.
La advertencia de las universidades: una “olla a presión” y los riesgos para 2027
Frente a esa situación, una importante fuente de la comunidad universitaria reconoció que “hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas”, y advirtió los riesgos que implicaría una escalada del conflicto.
“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, enfatizó la fuente, además de señalar la falta de interlocutores en el Gobierno. “Nadie se hace cargo”, cuestionó.
En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio, y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.
La Justicia y el Congreso: las dos vías del conflicto
La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición en el Congreso, el Gobierno promulgó sin ejecutar hasta que fueran identificadas las fuentes de su financiamiento.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una cautelar para aplicar los artículos 5 y 6 (que actualizan salarios y becas), que luego fue ratificada por la Cámara. El Gobierno llevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente rechazó el recurso el 25 de junio por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. A su vez, Cormick volvió a fallar, esta vez sobre la cuestión de fondo, y ordenó cumplir toda la ley de inmediato. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa continúa.
Fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón.
El empresario Guillermo Tofoni denunció a Tapia y Toviggino.
La entrada Abren dos nuevos frentes judiciales para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino se publicó primero en Nexofin.
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