El juez federal Sebastián Casanello procesó a dos “facilitadores profesionales” uruguayos acusados de intermediar en el lavado de sobornos en una trama de corrupción vial. Luego de tres intentos fallidos revocados por la Cámara Federal, el magistrado adoptó otro camino: reconfiguró el elemento subjetivo del delito y aplicó la doctrina de la “ignorancia deliberada”, que permite inferir el dolo aun sin prueba directa de conocimiento.

Los procesados son los uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, que por cuarta vez fueron procesados, acusados de actuar como engranajes técnicos que permitieron que un soborno de un millón de dólares que habría cobrado el titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, adquirieran apariencia de legalidad.

Tanto Pérez Montero como Ribeiro Ricci permanecerán en libertad, pero deberán afrontar embargos por $900 millones cada uno, a la espera de que la Cámara Federal porteña defina si revoca, por cuarta vez, los procesamientos que dictó Casanello, quien se apoyó en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo.

Al frente del Occovi, Gentili controló −o debió controlar− los peajes en rutas nacionales durante años. Es decir, un circuito que movía miles de millones de pesos. Y desde allí, según reconstruyó la investigación judicial, habría cobrado retornos en licitaciones de los concesionarios de corredores viales, motivo por el que convocó intermediarios especializados en mover dinero negro.

Con procesamientos confirmados, tanto Gentili como otros acusados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral, a diferencia de Pérez Montero y Ribeiro Ricci. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal consideró, repetidas veces, que no había evidencia directa suficiente para sostener que ambos conocieran el origen ilícito de los fondos.

Para sortear ese escollo, el juez Casanello sostuvo que no es necesario probar que los “facilitadores profesionales” conocían de modo directo el origen espurio del dinero que ayudaron a mover para Gentili cuando existen indicios contundentes de que ambos eligieron no saberlo. Es decir, que actuaron bajo una “ignorancia deliberada”, bajo una suerte de ceguera voluntaria.

Para la defensa de los acusados, el juez no aportó ningún argumento novedoso que justifique que la Cámara Federal cambie de parecer, además de calificar el planteo de la “ignorancia deliberada” como una categoría “experimental e incompatible” con el Derecho Penal y Constitucional argentino, “cuya aplicación al caso requeriría en todo caso de una base fáctica que, simplemente, no existe”.

El antecedente narco

El juez y el fiscal Carlos Rívolo disintieron con esa postura, para lo cual invocaron al antecedente de “Carbón Blanco”. Es decir, una investigación sobre narcotráfico donde la Justicia impuso condenas por lavado de activos con base en el dolo eventual y conocimiento inferido a partir de indicios objetivos.

Aplicado a la operatoria que tuvo a Gentili como protagonista central, Casanello remarcó, por ejemplo, que en julio de 2013, tres días antes de que se acreditaran un millón de dólares, la firma Aspen Trading Corp, que controlaban Pérez Montero y Rebeiro Ricci, firmó un recibo donde reconocía que a otra sociedad vehículo, Febaro SA, que no le adeudaba nada. Es decir, que se reconoció el pago antes de que el dinero existiera, lo que el juez interpretó como la evidencia misma de una simulación dirigida a facilitar el movimiento y blanqueo de fondos delictivos.

Los correos electrónicos secuestrados durante la investigación judicial revelan, además, la mecánica interna del esquema. En ellos, los involucrados hablaban de “la tarasca” y “los alfajores” para referirse al dinero. Y en uno de esos emails, Ricardo López Naón, otro de los acusados que colaboró con las maniobras bajo sospecha, alertó al resto: “Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, ¡explota todo!”.

Las inspecciones que el Banco Central del Uruguay desarrolló sobre la sociedad de Pérez Montero y Ribeiro Ricci reforzaron, para el juez Casanello, la hipótesis de la “ignorancia deliberada”. ¿Por qué? Porque Pérez Montero −que trató a Gentili durante más de quince años− se negó en 2023 a entregar sus correos personales a los inspectores del BCU.

Ese no fue un hecho aislado. Años antes, en 2016, la sociedad de los facilitadores profesionales, Aspen Trading Corp, ya había sido sancionada por dificultar tareas de supervisión y carecer de controles antilavado adecuados. Y para Casanello, esa reiteración demuestra un patrón: se abocaron a borrar rastros supervisables como condición de funcionamiento del esquema.

Ahora, la Cámara Federal -con la integración de Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico- deberá definir si acepta el planteo de Casanello, con derivaciones que podrían ser sistémicas para abogados, contadores, financistas, escribanos, entre otros, sospechados de actuar como “sherpas” de la corrupción. La sofisticación técnica ya no protegería a los intermediarios; los expondría.

El Senado se encuentra en virtual estado de deliberación ante la posibilidad de que esta misma semana tenga que definir la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y termine votando una interpelación y posterior moción de censura contra el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito y sostenido en su cargo por Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La oposición dialoguista está cada día más cerca de apoyar esta misma semana la remoción del jefe de Gabinete, impulsada por el kirchnerismo. El apoyo a una moción de censura tendría una amplia mayoría asegurada. A los 28 votos que aportarían los tres grupos del interbloque peronista que conduce José Mayans (Formosa), se sumarían unos 9 votos de la UCR, dos de Pro y al menos otros cuatro provinciales. Serían unos 43 votos, una cifra cercana a los dos tercios de la Cámara alta.

Al tanto de estas probabilidades, el Poder Ejecutivo comenzó en las últimas horas a presionar a gobernadores para evitar que se consolide una mayoría que termine con Adorni repudiado por el Congreso.

“Están presionando a las provincias para que no voten”, le dijo a un senador de la oposición dialoguista de contacto frecuente con el grupo de gobernadores que suelen apoyar a la Casa Rosada con sus votos en el Congreso.

La misma información pudo recabar en la bancada radical, donde confirmaron que mandatarios provinciales del centenario partido están recibiendo “sugerencias” para que no se sumen a una ofensiva contra la continuidad de Adorni en el gabinete nacional.

Ya hay un antecedente de cómo puede permear la presión de la Casa Rosada sobre la bancada del centenario partido. En la última sesión, la chaqueña Silvana Schneider (UCR), que fue vicegobernadora de Leandro Zdero hasta el 10 de diciembre pasado, fue la única senadora de la oposición dialoguista que no votó a favor del pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza vetada por los hermanos Milei por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.

En la oposición dialoguista es cada vez más fuerte la indignación por las explicaciones a las que apeló Adorni la semana pasada para justificar su vertiginoso incremento patrimonial. Ese enojo también se traslada a la Casa Rosada y su empecinada decisión de sostener al funcionario.

“Estamos debatiendo en el bloque”, respondió un vocero de la UCR cuando lo consultó acerca de si la bancada ya había tomado una determinación sobre cómo reaccionaría ante la eventualidad de que este mismo jueves, cuando está previsto que sesione el Senado, se discuta una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Sin embargo, el clima es contrario a Adorni en el centenario partido. “Yo creo que los números para la censura están”, agregó la fuente consultada, quien recordó que el jefe del bloque, Eduardo Vischi (Corrientes), ya le advirtió a su par oficialista, Patricia Bullrich (Capital), que la UCR no estaría dispuesta a inmolarse para sostener a Adorni.

El mismo clima impera entre los bloques e interbloques integrados por fuerzas provinciales, en particular los de extracción peronista. La cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) ya dijo que Adorni “no puede seguir siendo jefe de Gabinete de ministros”. En la misma sintonía se expresaron en conversaciones con Bullrich el correntino Carlos Espínola y la salteña Flavia Royón, esta última alineada con el gobernador Gustavo Sáenz.

En Pro se debate entre las críticas feroces a las mentiras de Adorni ante la Cámara de Diputados, cuando el 29 de abril último dijo que no había omitido información en sus declaraciones juradas, y el temor a quedar envuelto en una conspiración “destituyente”, según lo argumentado por el diputado y referente partidario Fernando De Andreis.

Sin embargo, en la reducida bancada de senadores de Pro, que preside el misionero Martín Goerling, no estarían demasiado dispuestos a sacrificarse por el jefe de Gabinete de Milei si el resto de la oposición dialoguista cierra filas en torno a la moción de censura. En este debate, la escudería amarilla quedará reducida a tan solo dos senadores. Al jefe de la bancada se suma María Victoria Huala (La Pampa), ya que la chubutense Andrea Cristina se encuentra de licencia por maternidad.

La gravedad de la situación es de tal calibre que varios senadores oficialistas coincidieron en señalar que en este caso saben que no podrán contar con el factor del fantasma del kirchnerismo.

En ese sentido, equiparan el debate sobre la interpelación y eventual moción de censura de Adorni con la insistencia en las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en la protección a las personas con discapacidad, cuando toda la oposición se unió para votar.

Hasta el peronismo volvería a actuar unido en este caso. La salteña Carolina Moisés ya le anticipó a Bullrich que Convicción Federal, la bancada de peronistas díscolos que preside y que también integran Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), apoyaría la destitución del jefe de Gabinete si no renuncia antes.

Por el momento se mantienen en silencio, aunque se sospecha que cederían a las presiones de la Casa Rosada y no acompañarían un castigo al jefe de Gabinete, los representantes de Neuquén (Julieta Corroza) y de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), que responden a los gobernadores Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua.

Lo mismo ocurriría con la tucumana Beatriz Ávila, que responde a los mandatos de Osvaldo Jaldo, el gobernador peronista de su provincia.

Un caso aparte son los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que suelen jugar con el gobernador Claudio Vidal, pero que han demostrado tener un amplio margen de libertad para decidir en cuestiones que no afectan a la provincia.

En este escenario, el apoyo a una moción de censura tiene una amplia mayoría asegurada. A los 28 votos que aportarían los tres grupos del interbloque peronista que conduce José Mayans (Formosa), se sumarían unos 9 votos de la UCR, dos de Pro y al menos otros cuatro provinciales. Serían unos 43 votos, una cifra cercana a los dos tercios de la Cámara alta.