Sergio Massa amenazó anteayer con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las penosas reservas del Banco Central. No supuso que ese mismo día, en Manhattan, alguien tendría una idea parecida. Sólo que, en este caso, las rejas servirían para penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido.

El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

A Massa se le cruzan, a pocos días de las elecciones, dos cables de alta tensión que se mantenían separados: el desbarajuste financiero y la obscenidad de la corrupción que contamina su distrito, la provincia de Buenos Aires. A prepararse para el chisporroteo.

La presentación de Hranitzky es explosiva porque, al detallar los antecedentes de su reclamo, revela información muy delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios. El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda. Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que sólo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express.

Hranitzky afirmó ante el tribunal de Manhattan que Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica.

Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.

El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan observa una paradoja: que Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, haya impuesto controles de capital y que, al mismo tiempo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, haya utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”. Un futuro discovery revelará más, promete.

La presentación de Hranitzky no se limita a agentes del Estado. Menciona también a “corporaciones con conexiones políticas”. Habla de que Corporación América, “un operador aeroportuario multimillonario dirigido por Martín Eurnekian, ha movido varios millones de dólares de cuentas bancarias suizas a Argentina”. Para retratar a Eurnekian, recuerda que “estuvo implicado en los infames Cuadernos, que expusieron una red masiva de sobornos controlada por Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta de Argentina de 2007 a 2015″.

Para demostrar ante el tribunal el uso indebido de fondos que podría documentarse si Bank of New York Mellon, Pershing y American Express liberaran sus archivos, el abogado informa a la jueza Vyskocil que Martín Insaurralde, quien acaba de renunciar como jefe de Gabinete de la provincia, puede estar vinculado a un escándalo de corrupción. “Fue fotografiado disfrutando de lujos que legítimamente no podía permitirse”, acusa Hranitzky, y menciona que habría pagado 20 millones de dólares en un acuerdo de divorcio. El escrito recoge la versión de que esa suma se habría movido a través de la firma uruguaya Pro Capital. Coincide con la denuncia hecha el lunes pasado por la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico.

La exposición de Hranitzky ante el tribunal neoyorkino pone en el foco a Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”. Para el abogado, la propia Allaria habría realizado operaciones sospechosas, sobre todo “por la utilización de información privilegiada en la recompra de bonos soberanos por parte de la Anses”. Ernesto Allaria, el titular de la firma, aparece en esta descripción como alguien con un ascenso patrimonial infrecuente debido a ser “cercano a la familia Kirchner”.

La sagacidad de Hranitsky como litigante está fuera de duda. En 2012 consiguió, en nombre de un grupo de holdouts que demandaron a la Argentina, el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana; y en 2020 fue el líder de los bonistas que negociaron, con gran éxito, la reestructuración de títulos propuesta por Martín Guzmán. El abogado evocó esos antecedentes este miércoles, cuando explicó a : “Cuando descubrimos el papel de Mossack Fonseca en la Ruta del dinero Kirchner aprendimos que el discovery estadounidense es una herramienta muy poderosa para descubrir el robo de fondos estatales por parte de funcionarios públicos. Todos vimos lo que sucedió en 2013 cuando surgió esa historia, y estamos ansiosos por ver qué más emerge a medida que tiramos de este nuevo hilo”.

Ese conocimiento del país se advierte con claridad en su presentación ante Vyscocil: pega donde duele. Menciona a Massa como jefe directo de Mendiguren, pone en la vidriera judicial a funcionarios bonaerenses como Montaña, mano derecha de Berni, que ya protagonizó algunos escándalos, por ejemplo, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debió presentar su renuncia ante Daniel Arroyo. Montaña fue uno de los vicepresidentes de Independiente bajo el reinado de los Moyano. Benítez, en cambio, pertenece a la cofradía de intendentes que, encabezados por Insaurralde, intervinieron la administración Kicillof. Depende de Nardini, el entrañable “celular”. Pero había estado a cargo del área de infraestructura de Escobar, secundando a Ariel Sujarchuk. En otras palabras: Hranitsky impacta con sus explicaciones en un esquema de poder que tomó las palancas más rentables, por decirlo de algún modo, del gobierno bonaerense, en una operación organizada por Máximo Kirchner para cercar a Kicillof.

Hranitsky tampoco ha de ignorar que cuando menciona a Corporación América está refriéndose a la compañía más cercana al candidato más competitivo de la carrera electoral en curso: Javier MIlei.

El gobernador de Buenos Aires está ante dos problemas principales. Uno muy inmediato y evidente es el riesgo electoral que significa esta catarata de novedades sobre la desagradable calidad moral de su administración. El otro es el desafío de dar una respuesta de gobierno. Es una reacción que viene demorando desde que la indiscreta Sofía Clerici dio a conocer en su cuenta de Instagram los obstinados berretines de Insaurralde. Kicillof atinó a disolver la Jefatura de Gabinete, pero no tocó áreas bajo el control político directo de su colaborador más inmediato. Entre ellas está nada menos que el Tribunal de Cuentas, donde Insaurralde ejerce una influencia decisiva a través de Juan Pablo Peredo, quien fuera su vínculo más directo con el negocio del juego. Peredo era funcionario de Codere, la más importante operadora de bingos de la provincia.

El Instituto del Juego es otro de los reinos de Insaurralde. Lo dirige Omar Galdurralde. Es un área política muy significativa porque allí Insaurralde convive con el candidato a presidente Massa. La segunda de Galdurralde es María Laura García, dirigente del Frente Renovador de General Conesa. El vínculo de Massa e Insaurralde es antiguo y, a pesar de los vaivenes que presentan las lealtades de estos dirigentes, muy estrecho. En 2015, Insaurralde estuvo a punto de volcarse a favor de la candidatura presidencial de Massa.

La relación de la dirigencia bonaerense con el negocio de las apuestas diseña un mapa de complicidades muy extenso. Así queda unido Insaurralde con Federico Achával, el intendente de Pilar. Es el hijo del Federico de Achával que, en sociedad con Cristóbal López, explota desde hace años el opulento casino que funciona en el Hipódromo de Palermo. Achával consiguió que su hijo se integrara a la política provincial gracias a su vínculo con el entonces intendente de Pilar Humberto Zúccaro, figura relevante del turf que recibía un tratamiento privilegiado del concesionario del hipódromo. Los Achával son, como se ve, expertos en carreras.

Sin embargo, el rentable negocio del socio de Cristóbal López está expuesto a algunos accidentes. Los grandes protagonistas del turf se han levantado en su contra, para exigirle que vuelque en la actividad una parte más significativa de sus ganancias en Palermo. Achával cumple con lo mínimo: 5% de lo recaudado en las tragamonedas. Pero se reserva para sí un caudal incalculable de fondos procedentes de las mil actividades que montó en el predio que el Estado le concesiona. Por supuesto, el gobierno de Alberto Fernández no reclama una moneda. Los kirchneristas todavía no descubrieron la soberanía turfística. Es una discusión crucial, porque dentro de dos años vence la concesión de esa mina de oro, que Néstor Kirchner extendió con un decreto de necesidad y urgencia días antes de abandonar el poder, en diciembre de 2007. Esa norma llevaba la firma de Fernández, que era su jefe de Gabinete.

Sería un error imaginar que la fortuna que ha exhibido Insaurralde en sus últimos movimientos se deba con exclusividad a su vínculo con el juego. Aun cuando por esa relación deba dar explicaciones. Por ejemplo, por la publicidad de las empresas del binguero Daniel Mautone, socio de Daniel Angelici, en los programas televisivos de Jésica Cirio, cuando era la esposa del jefe de Gabinete de Kicillof. Mautone explica que no fueron dádivas. Mucho menos sobornos. Que esos avisos de Casino Victoria, emitidos por Telefé en los programas La Peña del Morfi y Mujeres de la Selección, nunca se pagaron. Y que no eran destinados a la cónyuge de un funcionarios sino a alguien que es referente del bienestar físico. Aunque ambas fueran la misma persona. Temas para que desentrañe algún fiscal inquieto.

La red de vinculaciones de Insaurralde con empresarios del conurbano bonaerense es inabarcable. Una de sus líneas lleva hacia los hermanos Russo, Eber y Nahuel. Dos constructores a los que Insaurralde conoció gracias a Cirio, quien los presentó como amigos de una prima. En 2017 los Russo fueron investigados por una gigantesca operación de lavado de dinero efectuada a través de facturas apócrifas. En aquel momento el fraude sumó 4000 millones de pesos. A Eber Russo, que fue el principal protagonista de ese escándalo, se le encontraron 77 propiedades, 240 autos de alta gama, ocho barcos y 35 camiones. En uno de los allanamientos, realizados por la policía bonaerense en un gran depósito de Lanús, apareció un auto puesto a nombre de Cirio. Una versión muy insistente indica que el galpón pertenecía al municipio a cuyo frente está Néstor Grindetti. ¿La maquinaria de lavado de los Russo estaba puesta al servicio de la política? Otra pregunta para ese fiscal imaginario.

La trama de intereses relacionados con el opulento Insaurralde lleva también a empresas de servicios eléctricos. Se menciona, en la primera fila, a Servilum. Es una compañía que realiza el mantenimiento del alumbrado público de Lomas de Zamora y Almirante Brown. En el municipio de Lomas todas las versiones apuntan que pertenece a un hijo de Insaurralde, aunque no está puesta a nombre de él. Uno de los proveedores de Servilum es la empresa Jeluz, de materiales eléctricos. Otro avisador inesperado de los programas de Jésica Cirio. Su dueño, Gustavo Lema, es una estrella del automovilismo. Lo recuerdan los vecinos de Lomas de Zamora, porque cuando Cristina Kirchner concurrió a inaugurar las obras de entubamiento del arroyo Unamuno, en abril de 2010, las relucientes máquinas de Lema hicieron un desfile sobre el cemento todavía fresco. Aplaudían José López y José Luis Lingeri, dos “fierreros”. Postales deprimentes de una economía regional.

El Gobierno dispuso finalmente una “intervención en grado de veeduría” en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La decisión fue firmada este lunes por la noche por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y mantiene el plan de trabajo y los veedores que habían sido propuestos por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia. El nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez.

La resolución dispone la veeduría a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Estas irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. El ministro Mahiques designó como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortíz de Marco, según la resolución.

El desempeño de los veedores coincidirá con el desarrollo del próximo mundial de fútbol que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México, donde la AFA estará enfocada en la performance de la Selección argentina.

La misión de los veedores es “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la AFA a la Inspección General de Justicia”. Y además deberán “verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”.

Esa será la tarea de los veedores, según la resolución que lleva el número 128 de 2026 y a la que accedió .

Los lineamientos de los veedores los obligan a presentar un informe detallado respecto del contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas. Además, deben incluir su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio.

Los nuevos veedores de la AFA auditarán todos aquellos documentos relacionados con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA) y las “operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero”.

Otra de las tareas encomendadas por Mahiques será “auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o Javier Faroni y/o Erica Gillette, su mujer y titular de la firma”.

Se trata de la empresa que estaba habilitada para cobrar en el exterior los contratos de la Selección argentina y desde donde se movieron al menos 400 millones de dólares hacia sociedades fantasma o personas ignotas, sin justificación.

A su vez, los veedores deben analizar la relación entre la AFA y Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio Chiqui Tapia investigado por lavado de dinero. Se analizarán las relaciones con el resto de las sociedades de ese grupo.

La verificación deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe. Se deben “indicar las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país».

Se trata de una radiografía oficial de estos movimientos que se convertirá en prueba judicial de las causas en trámite. Además, los veedores revisarán y se expedirán respecto de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a la IGJ.

Los veedores, según la decisión administrativa, “contarán con amplias facultades para el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada”.

Una vez que terminen la tarea en seis meses, los veedores deberán elaborar un informe final con sus conclusiones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar los informes parciales que puedan considerar necesarios en los cuales consten los avances de su tarea y las eventuales situaciones que pudiesen evaluar como urgentes.

El ministerio de Justicia dijo que con esta resolución se “busca garantizar el adecuado ejercicio del control estatal sobre una asociación civil de relevancia pública, preservar la transparencia en su administración y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen su funcionamiento institucional”.

La remoción de Vítolo con la llegada de Mahiques al ministerio generó suspicacias ante la eventual protección que se pudiera dar a la organización deportiva. Pero Mahiques, que fue propuesto como vicerrector de la universidad de la AFA y tiene amistad con Ignacio Jakim, un abogado asesor de la AFA, dijo que iba a mantener las decisiones de su antecesor.