POLITICA
Revés para Tapia: la Cámara le puso un frenó al traslado de una causa contra la AFA y ahora decide la Corte

La Cámara del Crimen frenó el traslado de uno de los expedientes que investiga a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a la Justicia de Campana, adonde Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad, buscan concentrar todos los expedientes en su contra.
Se trata de la causa que nació con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que había celebrado contratos con la AFA y considera que no fueron cumplidos. Es la única con los registros bancarios que reveló en diciembre, con documentos que darían cuenta de un desvío de al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami.
La hipótesis es que esos fondos, generados por contratos de la Selección y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados a través de Tour ProdEnter LLC, la firma constituida en Estados Unidos vinculada a Érica Gillette y Javier Faroni.
Al igual que otros expedientes, quedó atravesado por un tironeo de competencias entre juzgados. Replicando una estrategia anterior, el juez federal de Campana Adrián González Charvay -que tiene bajo su órbita la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar- solicitó que la denuncia de Tofoni, que tramita en la Justicia porteña, pasara a su juzgado. Entre otros puntos, sostuvo que había una cuestión federal tributaria en la causa.
Así, en línea con los deseos de Tapia y Toviggino, que entienden que todo debe tramitar en Campana porque la dirección de la AFA es en Pilar y porque el presunto desvío de dinero de la entidad y el delito de lavado son inseparables, el juez planteó una inhibitoria al juzgado porteño, que fue aceptada por la jueza de primera instancia del fuero nacional porteño, Paula Petazzi.
Pero Tofoni apeló la decisión y ahora la Cámara, en línea con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, le dio parcialmente la razón: frenó el traslado y envió el conflicto a la Corte Suprema para que defina qué tribunal debe quedarse con el expediente.
En un duro fallo, el juez Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala V, remarcó que, aunque pueda haber conexión fáctica entre el presunto desvío y el lavado, el lavado es un delito autónomo y no arrastra automáticamente al fuero federal todos los delitos previos.
Sostuvo que el planteo ya había sido resuelto en un fallo anterior y que era “llamativa” la pretensión de llevar al conurbano todas las investigaciones de la AFA que, en rigor, es gestionada en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar, según sostuvo.
Rechazó también un planteo de la defensa de Tapia que pedía declarar “desierto” el recurso de Tofoni, es decir, anularlo, por haber llegado tarde a la audiencia. El juez dijo que Tofoni llegó dentro de un margen “tolerable” y marcó incluso que su abogado había llegado antes que la defensa de Tapia. “Basta para rechazarla con señalar que Guillermo Luis Tofoni en definitiva compareció en los estrados del tribunal y permaneció en la sala hasta la finalización del debate”, escribió.
Como no hay un tribunal superior común entre ese tribunal y el juzgado de Campana, el juez resolvió que sea la Corte quien defina la contienda, sin que eso frene la investigación.
“Se espera que, en lo sucesivo, no se reediten asuntos que, aunque provisorios, no han observado modificaciones sustanciales, y se estabilice de manera perceptible y duradera la competencia para investigar y resolver las hipótesis delictivas introducidas en este legajo”, sostuvo el juez.
única con los registros bancarios,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El Gobierno relevó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias: no se contabilizó Buenos Aires

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, realizó el primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un relevamiento hecho en conjunto con 19 provincias que dio como resultado una cifra total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.
El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.
“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.
El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).
Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.
En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.
La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.
El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.
De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.
En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.
Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.
La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.
El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.
Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.
Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.
POLITICA
El fiscal Pedro Simón, un abogado “exitoso” con antecedentes políticos

SANTIAGO DEL ESTERO.– Pedro Eugenio Simón nació el 14 de abril de 1965 en la localidad de Los Juríes, en el interior santiagueño, en una familia dedicada a la agricultura, con importantes extensiones de campo y muy ligada ideológicamente al peronismo.
Esta semana sorprendió con un extenso informe que describe el desvío de fondos desde la AFA a empresas ligadas a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Le sumó un pedido de detención para ambos dirigentes y la inhibición de sus bienes.
Simón estudió derecho en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), de donde egresó como abogado en 1988.
En 2005 ingresó a la Legislatura de Santiago del Estero como candidato de la lista del Partido Justicialista. Acompañaba por entonces a José “Pepé” Figueroa, el candidato “bendecido” por la intervención federal comandada por Pablo Lanusse, quien había sido enviado a la provincia por Néstor Kirchner, tras la caída del poderoso matrimonio Juárez.
Como toda figura pública, el fiscal recoge en la provincia adhesiones y críticas por su accionar.
Simón es soltero, vive en la capital santiagueña y obtuvo un magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en 1999. Entre sus pasiones están las competencias de triatlón y de Ironman.
“Es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa, los informes de la ARCA, los bancos y ya reúne unas 10.000 fojas”, explicó Simón, acerca del expediente que involucra a los conductores de la AFA, en diálogo con .
Los conocedores del mundo tribunalicio explican que el fiscal llegó a su cargo sin una extensa carrera judicial, pero con un “exitoso paso por el ejercicio libre de la profesión”.
Entre los casos que manejó se destacó una investigación que terminó con el descabezamiento de la brigada de la Policía Federal por el robo de diez kilos de cocaína.
El fiscal Simón mantiene una suerte de “guerra fría” con su colega en el mismo edificio, la doctora Indiana Garzón, quien estuvo en carpeta durante el kirchnerismo para ser promovida para reemplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.
Tres años atrás, el entonces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una denuncia contra Silvio Robles, un estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Fue a raíz de una filtración de chats sobre el reparto de fondos provinciales.
En ese momento, en pocas horas, el fiscal Simón estampó su firma digital con la petición al juez federal de esta provincia Guillermo Daniel Molinari, quien hizo lugar a todo lo requerido por el gobernador Zamora y dispuso que se le pidiera a Robles su teléfono celular, con la finalidad de peritarlo y determinar si los chats que trascendieron días atrás eran ciertos.
Robles presentó, luego, una denuncia contra el juez de Santiago que pidió su celular.
El magistrado, en tanto, envió la causa a la Justicia Federal porteña en Comodoro Py, luego de declararse incompetente para seguir investigando el caso.
Ahora, el fiscal apuntó a Toviggino, quien tiene en Gerardo Zamora -hoy senador nacional-a uno de sus principales aliados políticos.
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“Sin datos oficiales, los vuelos no pueden operar”: la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional tras el anuncio de despidos

En una entrevista exclusiva para Infobae a las Nueve, las meteorólogas Carolina González Moringo y Yanina García Skabar alertaron que el paro del 24 de abril, convocado por ATE en respuesta a los recortes de personal y recursos, afectará la provisión de datos oficiales para la aeronavegación y expondrá a la población a la falta de alertas climáticas críticas
En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, González Moringo precisó: “El Servicio Meteorológico es un organismo científico-técnico con más de 150 de historia. Lo creó Sarmiento en 1872. Nuestra función es proteger a la población, fortalecer el desarrollo económico y brindar información vital para la toma de decisiones en sectores estratégicos como el transporte, la energía y la agricultura”.
La meteoróloga remarcó la gravedad del ajuste: “En febrero de 2024 éramos 1.155 personas. Hoy ya somos casi 200 menos, somos 980. Solo en marzo hubo 47 despidos y ahora están despidiendo a 140 personas más. El objetivo es dejar una planta de alrededor de 700”.
García Skabar advirtió: “El servicio meteorológico funciona las 24 horas, los 365 días del año. Si se concreta el recorte y el paro, vamos a perder mediciones, continuidad de datos y habrá horarios en los que directamente no tendremos información. Eso significa que no podremos dar un servicio con la calidad que venimos asegurando”.
Consultada sobre el paro anunciado para el 24 de abril, González Moringo fue categórica: “Si se concreta el paro del Servicio Meteorológico Nacional, no va a haber vuelos entre las 5 y las 12. Los aviones no pueden salir sin el informe oficial, porque los seguros no los cubren y no se cumple el protocolo de seguridad”.
Las especialistas explicaron que los despidos no solo reducen la capacidad operativa, sino que agravan la precarización laboral: “Todos los despedidos son contratados y son los sueldos más bajos. No van a recibir indemnización cuando se les rescinda el contrato. El salario de un observador meteorológico no supera los 800 mil pesos”, detallaron.
En cuanto a la lógica detrás de los despidos, González Moringo fue directa: “El Ministerio de Regulación nos planteó que había un número que había que reducir. Pedimos un informe, pero nunca explicaron a quién desvinculan ni bajo qué criterios. Es ajuste y gasto, nada más”.
El recorte también amenaza la continuidad de series históricas de datos: “Tenemos 120 estaciones distribuidas en todo el país, incluso en la Antártida. Si se interrumpe la medición, perdemos la historia y la estadística. No se puede discontinuar una serie que tiene más de 100 años”, sostuvo.
Sobre la supuesta sobredimensión de la planta y el atraso tecnológico, González Moringo respondió: “La planta óptima debería ser de 1.200. Hoy, con menos de mil, ya tuvimos que reducir horarios en algunas estaciones. Modernizar no es solo poner una máquina; una estación automática necesita al menos dos años de convivencia con la manual para garantizar la calidad de la serie. Además, ningún país del mundo tiene un servicio meteorológico privado: es una función estratégica del Estado”.

Respecto a la comparación con otros países, señaló: “Brasil, por ejemplo, tiene varias instituciones que cumplen funciones parciales y juntas no llegan a mil empleados. Pero el sistema argentino es integral y nuclea todo en una sola institución. Además, en muchas líneas científicas y tecnológicas somos referencia regional y en algunos casos mundial. Trabajamos con Japón, Suiza y otros países en proyectos de investigación. Tenemos supercomputadoras, corremos modelos numéricos de alta resolución y nuestras alertas sirven de modelo en la región”.
En cuanto a la diferencia entre los datos oficiales y las aplicaciones privadas, aclaró: “Muchas apps usan nuestros datos. Si no existiera el Servicio Meteorológico, ninguna app podría dar información precisa y los vuelos no podrían operar, porque el dato oficial es el único que acepta la ANAC y los seguros”.
Las meteorólogas concluyeron: “Discutir la modernización es válido, pero sin inversión es imposible. Hoy estamos en la mitad de lo que exigen los organismos internacionales en cantidad de estaciones. Para cubrir el país y sus climas, deberíamos tener el doble de observaciones. El ajuste no solo es injusto, es peligroso”.
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