El impacto del plan económico sobre el gasto, el endeudamiento y el poder adquisitivo de los argentinos trae cambios en la percepción sobre el escenario general y la situación personal o familiar de cada uno. El último relevamiento de opinión pública de la consultora Zentrix muestra que el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por sobre el 75% de enero y el 84% de marzo. Un porcentaje similar de los encuestados debió modificar hábitos de consumo para sostener la economía del hogar.

De ese modo, explica el informe, “el ajuste dejó de ser una discusión abstracta sobre variables macroeconómicas para convertirse en una experiencia cotidiana de privación, donde una parte importante de la sociedad ya no está recortando excedentes, sino aspectos centrales de su vida diaria”.

Como es habitual, las percepciones sobre la economía personal difieren según el voto. En base al voto de 2025, el 70,1% de los votantes de La Libertad Avanza en 2025 consultados admitió que su salario no le gana a la inflación y solo el 24,4% indicó que sí. Entre los votantes opositores, el 98,1% respondió que su sueldo pierde frente al avance de los precios.

Existe un vínculo entre esos números y las acusaciones de corrupción que recaen sobre el oficialismo. “El problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia al ajuste, empieza ahora a invertirse y transformarse en un punto de vulnerabilidad», explicó Claudio Montiel, director de Zentrix. Si hay dudas sobre la honestidad del Gobierno (que pregona la moral como política de Estado), habrá más resistencia a aceptar el ajuste.

Desde la consultora advierten que cuando una baja nominal en la inflación no se traduce en una “mejora concreta del poder de compra”, la sociedad interpreta el discurso oficial como “algo distante de su realidad inmediata”. Esa vivencia cotidiana indica que la tendencia del “no llego a fin de mes” no se revierte: el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes.

El relevamiento precisa que la insatisfacción económica no se limita a la economía nacional: el pesimismo también predomina en la valoración de la economía personal y el deterioro se percibe como un proceso físico y diario en los hogares argentinos. Según Zentrix, más de 8 de cada 10 familias implementaron algún ajuste en sus gastos, una proporción considerable ya debió recortar incluso consumos esenciales para mantenerse.

El 81,6% de los encuestados declaró que, en los últimos seis meses, para sostener la economía de su hogar recurrió al recorte de salidas o consumos no esenciales (27,7%), de compras habituales (24,9%) e incluso de gastos básicos como alimentos, salud o servicios (28,8%). Solo el 17,8% afirmó no haber reducido gastos.

El estudio identifica que los cambios se manifiestan tanto en las estrategias defensivas de consumo como en nuevos hábitos diseñados para amortiguar el impacto inflacionario. Y que existe una ruptura entre estadística y percepción: un 70% de los encuestados cree que la variación de la inflación que informa el Indec no se refleja en su vida cotidiana (en enero, 56%).

Y no es una cuestión de desconfianza en las metodologías. “Lo que aparece es una crisis de validación social del dato público. Cuando la inflación oficial deja de coincidir con la sensación cotidiana de encarecimiento, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser político”, apuntó el reporte, que abarcó 1.600 casos a nivel nacional.

“El problema ya no es solo la inflación como variable técnica, sino la credibilidad del alivio económico prometido. Cuando una baja nominal no se traduce en mejora concreta del poder de compra, la sociedad empieza a leer el discurso económico oficial como algo distante de su realidad inmediata”, consignó Zentrix.

En ese plano, la consulta sobre cuáles son los principales desafíos para la Argentina tiene como respuestas prioritarias cuestiones económicas, comenzando por el desempleo (22,4%) y siguiendo por la inflación (16,6%), la corrupción (14,2%), el salario (13,3%) y el endeudamiento (13%).

“La conclusión de fondo es que la inflación erosiona ingresos y también erosiona confianza. Y cuando la mayoría siente que el salario pierde, que el mes se hace más largo y que la referencia oficial no expresa lo que efectivamente ocurre en la góndola, en los servicios o en el gasto cotidiano, lo que se debilita no es sólo la credibilidad del índice, sino también la capacidad del Gobierno para convertir ese índice en prueba social de mejora”, señaló Montiel.

En un plano más político, el estudio de Zentrix señala que la consigna “anti-casta”, clave en la narrativa libertaria, parece haber perdido capacidad para “seguir organizando la tolerancia social”. Dos tercios de los encuestados afirman que ese pacto se rompió y que “el gobierno terminó siendo parte de la casta”.

El reporte subrayó que ese dato es clave porque el discurso anti-casta había funcionado como “un mecanismo de compensación simbólica”: podía justificar costos, ajuste y malestar bajo la idea de que al menos se estaba limpiando el sistema. Cuando esa creencia se debilita, el sacrificio material pierde sentido.

Tras la decisión judicial de bajar las persianas de la cadena de forma definitiva, la existencia de Garbarino como marca y gran protagonista del negocio de los electrodomésticos entró en fase de apagado final. Así, y a partir de lo establecido por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo de Fernando D’Alessandro, la firma que supo liderar la venta de electrónica a nivel nacional avanzará con el cierre de sus últimos locales aún abiertos. Los puntos de venta en cuestión se ubican en la zona de Tribunales, Almagro y Belgrano, todos dentro de la geografía de Capital Federal. Es en ese marco que la firma comenzó la liquidación total de su stock de productos aún presentes en esas sucursales. Heladeras, lavarropas y cocinas, tostadoras, pavas eléctricas y freidoras, así como también televisores y artículos de computación, son los artículos que hoy se rematan en las sucursales mencionadas.

La quiebra de Garbarino fue establecida en marzo pasado y vía esa resolución se fijó, también, la baja de persianas de los últimos locales de la empresa en Capital Federal. Según lo dictaminado, se avanzará con la liquidación de bienes, el depósito que el retail posee en Garín y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina que, montadas en la provincia de Tierra del Fuego, acumulan años paralizadas.

«Los acreedores tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos. El activo más valioso es la marca Garbarino, considerada un intangible con potencial de venta. La sindicatura solicitó un proceso específico para preservarla y eventualmente transferirla», indicaron fuentes cercanas al proceso judicial.

Garbarino remata toda la mercadería en los locales que le quedan

Con relación a los productos del retail en liquidación, en tanto Garbarino ya no comercializa de forma online la única forma de acceder a su stock en remate es acercándose a las tres sucursales que aún no cerraron por completo.

En torno a la excadena señalan que ya no existe catálogo de artículos ni reposición, por lo que la mercadería en liquidación es la que posee cada local en particular.

En cuanto a la ubicación de los puntos de venta, la sucursal cercana a Tribunales se encuentra en Uruguay 552, mientras que su similar de Belgrano aún funciona en la avenida Cabildo al 2025. Respecto del local de Almagro, la dirección es Potosí 4138.

El stock todavía en poder de Garbarino comprende electrodomésticos o equipamiento suelto y sin posibilidades de reposición.

«Entre los disponibles pueden encontrarse electrodomésticos de línea blanca como heladeras, lavarropas y cocinas, además de pequeños artículos como tostadoras, pavas eléctricas o freidoras, televisores y algunos productos de informática o tecnología», indicaron matutinos porteños.

Se aclaró, además, que cada local puede tener un stock completamente distinto. «También hay piezas con posibles detalles de exhibición o embalajes incompletos, ya que parte de la mercadería proviene de saldos de góndola o devoluciones pendientes», añadieron.

En paralelo, vale señalar que tras el establecimiento de la quiebra la firma redujo al mínimo su servicio de postventa y ya no hace lugar a los pedidos de uso de la garantía comercial. Para quienes adquirieron equipamiento en meses recientes y sufren inconvenientes con la mercadería no les queda más opción que acercarse a las sucursales aún operativas para negociar una solución.

La caída de un gigante

Fundada en 1951, Garbarino creció hasta convertirse en uno de los grandes jugadores del retail argentino. Su modelo de negocio se apoyó en la venta de electrodomésticos en cuotas, una estrategia clave en un país con alta inflación y restricciones al crédito.

Durante su etapa de mayor expansión, llegó a contar con más de 240 sucursales, emplear a 4.500 personas y una fuerte presencia tanto en grandes ciudades como en plazas del interior, llegando a tener el 25% del mercado minorista.

Garbarino ingresó en concurso preventivo de acreedores el 17 de noviembre de 2021. A lo largo de 2022-2025 se sucedieron negociaciones judiciales sin éxito.

Con el concurso estancado y solo tres tiendas abiertas (de las más de 200 originales), en marzo de 2026 el Juzgado Comercial Nº7 —a cargo del juez Fernando D’Alessandro— decretó la quiebra definitiva de Garbarino.

El fallo judicial determinó el cese inmediato de la actividad: se estableció la inminente clausura de los tres locales restantes y se congelaron los bienes de la empresa. Asimismo, se ordenó la liquidación total de todos sus activos para pagar a los acreedores.

El regreso de los créditos hipotecarios al sistema financiero volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave para quienes buscan dejar de alquilar: qué nivel de ingresos se necesita para acceder a un préstamo. Cada entidad financiera tiene sus propias condiciones, pero lo que está claro, es que el acceso sigue concentrado en hogares con ingresos formales elevados.

Para entender mejor este escenario, Infobae analizó el resultado de distintas simulaciones realizadas en la web del Banco Nación. El ejercicio fue realizado por la compra de una vivienda de 100.000 dólares. Como el banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad, el crédito máximo a solicitar en este caso es de USD 75.000, mientras que el comprador debe contar con el 25% restante como ahorro previo .

A partir de ese punto, el ingreso necesario depende de variables clave como el plazo elegido y si el solicitante cobra o no su sueldo en el banco.

Para quienes perciben sus haberes en el Banco Nación, las condiciones son más favorables, con una tasa nominal anual del 6% y cuotas más bajas en relación con otras alternativas.

En una primera simulación, con un plazo de 20 años, la cuota mensual inicial se ubica en $917.649 Dado que el sistema establece que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar, los ingresos netos necesarios (sumando titulares y codeudores) deben alcanzar los 3.670.595 pesos.

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En tanto, los titulares del crédito deben aportar al menos la mitad de esos ingresos, lo que implica demostrar ingresos propios por $1.835.297.

Si se extiende el plazo a 30 años, la cuota baja a $811.476 mensuales. En ese caso, los ingresos requeridos también se reducen: el grupo familiar debe acreditar $3.245.905, mientras que los titulares deben percibir al menos $1.622.952.

La diferencia entre ambos plazos muestra uno de los principales mecanismos para mejorar la accesibilidad: alargar el tiempo de pago reduce la cuota inicial y, por lo tanto, el ingreso exigido.

Las condiciones cambian de manera significativa para quienes no acreditan su sueldo en el Banco Nación. En estos casos, la tasa es más alta (la TNA sube a 12%) y, en consecuencia, también lo son las cuotas y los ingresos exigidos.

En una simulación a 20 años, la cuota mensual asciende a $1.172.657. Para poder afrontarla, el grupo familiar debe demostrar ingresos por $4.690.627, mientras que los titulares deben alcanzar ingresos de 1.172.657 pesos.

Si el plazo se extiende a 30 años, la cuota baja a $1.095.472. Sin embargo, los ingresos requeridos siguen siendo elevados: $4.381.890 para titulares y codeudores, y $2.190.945 en el caso de los titulares.

En lo que respecta a las tasas, la TNA es del 12%, con lo que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) llega al 1%.

Estas cifras reflejan el impacto directo que tiene la relación con el banco en el costo del financiamiento y en las condiciones de acceso.

Uno de los puntos centrales de los créditos hipotecarios UVA es que la cuota inicial no puede superar el 25% del ingreso neto del grupo familiar . Este límite es el que determina, en última instancia, cuánto hay que ganar para acceder al préstamo.

Además, el Banco Nación permite sumar ingresos de familiares directos como codeudores, lo que facilita alcanzar el umbral requerido. Sin embargo, también exige que los titulares aporten al menos el 50% de los ingresos necesarios.

Este esquema busca garantizar la capacidad de pago del crédito y reducir el riesgo de mora, en un contexto en el que las cuotas se ajustan por inflación a través del sistema UVA.

Más allá de los ingresos, hay otro requisito clave: contar con el ahorro inicial. Como el banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad, el comprador debe aportar el 25% restante.

En el caso de un departamento de USD 100.000, esto implica disponer de USD 25.000 antes de iniciar la operación. A la cotización de hoy ($1.420 por dólar), eso se traduce en un ahorro de $35.500.000.

A esto se suman otros requisitos habituales, como demostrar ingresos formales, contar con estabilidad laboral y cumplir con las condiciones de calificación crediticia. En general, estas líneas están dirigidas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados o autónomos con ingresos comprobables.

Los números actuales muestran que, aun con la reactivación del crédito hipotecario, el acceso sigue siendo restringido. Los niveles de ingreso requeridos superan ampliamente el promedio salarial, lo que deja fuera a una gran parte de la población.

Si bien no hay datos oficiales de salarios actualizados a abril de 2026, los datos más recientes publicados por el Ministerio de Capital Humano indican que en enero de este año los trabajadores asalariados del sector privado formal cobraron en promedio $1.753.134 netos, un valor que apenas alcanza para cubrir la exigencia mínima del Banco Nación para quienes perciben el salario en esa entidad financiera. De esa forma, para acceder al crédito se necesitaría inevitablemente un segundo ingreso familiar.

En este contexto, las simulaciones permiten dimensionar con precisión el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda propia: no solo por el nivel de ingresos exigido, sino también por el ahorro previo y la estabilidad laboral requerida.

Así, para comprar un departamento de USD 100.000 mediante un crédito hipotecario del Banco Nación, el ingreso familiar necesario puede ubicarse entre poco más de $3,24 millones y cerca de $4,69 millones, dependiendo de las condiciones elegidas.