Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos» de los trabajadores.

Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.

Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.

Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.

Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.

Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.

Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.

En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.

Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.

Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.

Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.

Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.

De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.

Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.

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“Que en la Casa Rosada haya un asesor sin firma ejerciendo poder como si fuera el presidente es un problema que en algún momento va a estallar“.

Manuel Adorni escuchaba en silencio la descripción de un interlocutor sobre Santiago Caputo. Ni imaginaba que el orden de los factores alteraría el producto. Entonces el vocero fantaseaba con ser el continuador del proyecto libertario de Javier Milei, apañado por Karina Milei. Pero, cuando aún no termina el affaire por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, estalló otro escándalo con una declaración jurada.

Detrás y delante de todo está la pelea entre la Hermana de Hierro y el Hermano putativo. La Inspección General de Justicia, que depende del ministro Juan Bautista Mahiques, intimó a la Fundación Faro, el think tank libertario, para que presente el detalle de las donaciones.

Fue después de que el presidente de la Fundación Agustín Laje salió a favor del Gordo Dan y en contra de Martín Menem, en la disputa por @PeriodistaRufus, la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados que había disparado tuits en contra del lado caputista del gobierno. Criticar a los Menem es criticar a la secretaria general de la Presidencia.

“No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente. No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, escribió Laje en X y Karina Milei le hizo la cruz.

En el Ministerio de Justicia buscan minimizar: “Cuando hay donaciones tienen que presentar un anexo con el detalle y se olvidaron. Eso solo”.

La IGJ, que en la anterior administración caputista, despachaba oficios para auditar a la AFA, ahora posó la atención en el think tank libertario. El reclamo fue después de que Chequeado publicó que la Fundación Faro declaró ingresos por 4.957.118.605 pesos en 2024. Los usó mayormente para “inversiones financieras”.

Karina Milei suma parcelas al territorio que quiere conquistar después de arrebatarle Justicia a Santiago Caputo. No solo la SIDE, ¿ahora la Fundación Faro? La usina de donaciones es clave para las elecciones de 2027. La Hermana de Hierro quiere el monopolio, con los Menem, desde el armado político hasta el financiamiento de la campaña.

¿Y la AFA? La Inspección General de Justicia reclama a la Superliga que explique US$340 millones. “Por ahora, nada. No apelaron. El plazo vence el lunes», dicen en Justicia.

Mientras los “Hermanos” se pelean, la familia judicial se devoró los pliegos. Un festín. Detrás de la cortina de gritos en el recinto del Senado y de la polémica por el intento de Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli, por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que investiga las causas por corrupción del gobierno, hubo una pasmosa unanimidad del oficialismo y la oposición para aprobar 74 pliegos de jueces. Todos jugaron al “hoy por ti, mañana por mí”.

“Jajaja. Viste ???”, festejó Patricia Bullrich, cuando al salir del recinto alguien le dijo: “Hubo gritos, pero el peronismo votó los pliegos…”. El oficialismo iba por 50 pliegos y terminó aprobando con la oposición 74, incluido el de Michelli, sobre tablas. Sobre la designación de la discordia de Milei, solo se opuso LLA. Dentro del bloque, Bullrich se abstuvo y Francisco Paoltroni votó a favor. “Acá hay que poner un límite, como fue con la candidatura de Ariel Lijo para la Corte. Se llenan la boca hablando de Cuba y de lo que hace Gildo Insfrán en Formosa no dicen nada”, decía enojado el senador formoseño.

Un Caputo boy lamentaba hace unos días en un ágape haber sido víctima de la Hermana de Hierro antes del banquete judicial: “Ay, qué lástima, no llegamos a la instancia de los pliegos”.

En el peronismo suavizaban el acuerdo total con el mileísmo: “No hubo grandes locuras. La mayoría son familia judicial. Son tan antiguas las ternas que los que las integran están muy manoseados. Muchas vienen de los últimos tres gobiernos de distintos signos. No hubo ningún invento raro”.

Karina Milei va por todo

La arremetida de la Hermana de Hierro es simultánea al golpe en ARSAT, con la caída de Facundo Leal, un mendocino de pura casta con terminal en Santiago Caputo, y con la preadjudicación de la Hidrovía a la empresa belga Jan de Nul.

“Jan de Nul es Santiago”, dice un libertario. La multinacional juró ante el embajador de los Estados Unidos en la Argentina que la empresa no tiene a China detrás.

No solo el asesor presidencial va por todo. Jan de Nul participa de la licitación para el dragado del puerto de Bahía Blanca. “Siempre operó en Bahía con los oficios de El Turco Elías. La única vez que perdió, un camarista federal actuó de oficio y sacó un fallo que le asignó la licitación y desde entonces siempre quedan ellos”, cuenta un funcionario conocedor de la nadería bahiense.

¿Dijo algo el asesor? Solo un tuit: “Far better is it to dare mighty things… even though checkered by failure… than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much” (Mucho mejor es atreverse a cosas grandes… aunque estén salpicadas por el fracaso… que figurar entre esos pobres espíritus que ni gozan mucho ni sufren mucho). Milei lo retuiteó. Curioso porque detrás del concepto lacaniano “plus de gozar” está el de la plusvalía de Karl Marx.

El antecedente. Como quiso hacer Milei y no pudo por el freno de Patricia Bullrich, Cristina Kirchner también cambió de opinión sobre un candidato a camarista, lo descartó y puso a Alberto Lugones en la Cámara de San Martín. Desde ese estrado, años después, Lugones dispuso que la causa por la mansión de Pilar pase al juzgado de Campana a cargo de Adrián González Charvay, como querían Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Fue por una martingala: aprovechó las vacaciones del juez titular para poner la firma. En las vueltas de la vida, siempre hay un juez a mano.

La invención electoral para 2027

La última sesión del Senado insinuó el escenario político que puede conducir a 2027. “Acá vamos a una polarización o una hiperfragmentación”, advierte un consultor.

Mientras Mauricio Macri se prepara para “el próximo paso“, Bullrich ya dio la vuelta. Son estilos.

“Los inteligentes están contentos, Pato se llevó la marca, nadie habla de Adorni. Hay que llegar al Mundial. Ya está claro que ella no va a CABA, por decisión compartida. Para lo nacional, falta. Ella aprovecha que hoy se pueden hacer cosas que hasta hace poco no se podía y marca la cancha, desplegando sus plumas y poniéndose en valor. Macri sigue out”, dice un bullrichista entusiasmado.

¿Y la relación con la Hermana de Hierro? “Por ahora hay convivencia. Patricia subió su perfil y le sacó las papas del fuego corriendo a Adorni del foco. No estaba pactado, Patricia creó la oportunidad. Ella jugó primero sabiendo la preocupación por cambiar el foco, la búsqueda de las dos líneas internas por la incapacidad de recuperar el manejo de agenda propia del gobierno y se mostró como una solución necesaria”, señala.

Descartada CABA, Patricia Bullrich va por la Presidencia o la Vicepresidencia con Milei. Ahora aparece el dilema libertario. El antecedente de Victoria Villarruel enciende las alarmas. ¿Aceptaría Milei una vice con tanta autonomía? ¿Si la senadora quiere la vice es pertinente la rebeldía?

Para la derecha no hay dos sin tres… cuatro. Están Milei, Bullrich, Macri y Victoria Villarruel. Parece que al final el peronista José Mayans y la Vice cumplieron la promesa del inicio de la gestión, con guiño de ojos: “Tenemos que profundizar la amistad”.

El presidente del bloque FP hace fuerza por Villarruel o, mejor, por dividir a la derecha: “Ella es una persona muy amable. Dice que va a ser candidata a presidenta”.

La autonomía que empezó a exhibir Bullrich en el Gobierno de Milei es un tapón para el crecimiento de Macri y Villarruel.

¿Detrás de la jugada hay una fantasía por el programa original de los Kirchner de un mandato intercalado entre la pareja presidencial para perpetuarse en el poder? ¿Sería el caso de Milei y Bullrich? Porque, si el Presidente accediera a la reelección, ¿cómo sería el último mandato de un presidente pato rengo? A veces la respuesta está implícita en el enunciado.

El “no” de Axel Kicillof a Cristina Kirchner

Axel Kicillof se niega a ir al pie de Cristina Kirchner. ¿También imagina un escenario de hiperfragmentación? El Gobernador quiere andar sin cadenas para una candidatura presidencial mientras aparecen otros competidores en el peronismo: Sergio Uñac, ¿Sergio Massa?, ¿Wado de Pedro?.

“Axel le debe toda la carrera política a Cristina. Es de mal agradecido no ir a verla. Si él va, ella lo va a elegir como candidato porque hoy no tiene otro. A Kicillof lo queremos apoyar. Pero él no quiere”, dice un peronista del conurbano. CFK y Kicillof lideran las encuestas de imagen dentro del peronismo.

Cerca del Gobernador niegan que la expresidenta quiera un acuerdo. “Nada en absoluto. Cristina no tiene interés en que suceda. No hay mensajes siquiera. No hay predisposición para un diálogo. Es solo imposición”.

Las PASO, que el Gobierno quiere eliminar, son condición para un cuadro de polarización.

En La Libertad Avanza decide el dedo de Karina Milei. Pero, para el resto de los partidos, las PASO representan un canal de parto para una oferta, al menos, con pies y cabeza. Robustecida.

El Gobierno tiene un 60 por ciento de imagen negativa. La polarización es una trampa si ese desencanto es aprovechado por la oposición. ¿Y para el peronismo? “Si Axel va a una interna para enfrentar a Cristina, aunque gane, pierde”, señala un peso pesado de la Cámara de Diputados bonaerense.

El antecedente más reciente de una oferta fragmentada es la elección presidencial de 2003, después de la crisis del 2001.Eduardo Duhalde había elegido a Néstor Kirchner como el sucesor y digitó la oferta electoral.

El lanzamiento del entonces gobernador de Santa Cruz fue el 16 de enero de 2003 en la quinta de San Vicente, de Perón. Alberto Fernández oficiaba de operador y recibía, uno por uno a los duhaldistas con un beso. Los bonaerenses fruncían la nariz y se resignaban entre ellos: “¡Cómo te cuesta cantar Néstor Presidente!“.

Entonces hubo tres ofertas por el peronismo –Carlos Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá– y tres por el no peronismo –Elisa Carrió, Leopoldo Moreau y Ricardo López Murphy. Menem fue el más votado, pero, Kirchner con el 22% de los votos resultó el ganador.

Los Menem -Lule y Martín- que hoy están en el poder vivieron desde adentro esa historia. Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en PBA, era el presidente de la mesa de la juventud de Carlos Menem.

Acaso, como cree Santiago Caputo, ¿un cuerpo extraño se metió en La Libertad Avanza? ¿El proyecto trunco del menemismo sueña ahora con la revancha?

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En el marco de las negociaciones con las provincias para conseguir apoyos en el Congreso, el Gobierno Nacional reactivó en marzo pasado el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), transferencias de la Nación a las provincias no automáticas, que no se rigen por los porcentajes de la coparticipación federal.

Si bien los ATN fueron creados para asistir a las provincias ante situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, en la práctica, históricamente fueron utilizados discrecionalmente según la cercanía política o como moneda de intercambio en busca de apoyos legislativos. Su asignación está en manos del Ministerio del Interior, hoy a cargo de Diego Santilli.

Fuente de esa cartera señalaron a Infobae que “esa herramienta de asistencia financiera a las provincias se utiliza regularmente, es de público conocimiento y se informa de manera transparente”. Agregaron que “algunas provincias han solicitado estos fondos porque tienen obligaciones que afrontar en sus territorios”, como desequilibrios financieros o por emergencia climática, y que “esos desequilibrios se deben en parte por el proceso que comenzó en Argentina de ordenamiento de cuentas”.

Las transferencias de ATN este año se concretaron en marzo y abril. En mayo no hubo desembolsos. Así, desde enero hasta el comienzo de junio, el reparto desde la cartera de Interior fue, en total, de $121.000 millones. Tuvieron como destinatarias 13 provincias, todas gobernadas por mandatarios aliados, entre los cuales hubo un solo peronista, el catamarqueño Raúl Jalil, de buen diálogo con la Casa Rosada.

De dónde salen los fondos

La ley que creó los ATN dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los quede el Gobierno nacional, el 56,66% se reparta entre las provincias de forma automática, y el 1% restante se reserve para estos aportes destinados a atender emergencias de distinta índole en las provincias.

Pero esos $121.000 millones distribuidos por la Nación en lo que va de 2026 son poco más del 25% de lo recaudado hasta finales de mayo. Según fuentes de Interior, de enero al 31 de mayo, el fondo de ATN recaudó $469.681 millones. Sin embargo, el saldo actual acumulado sin distribuir es muy superior: $1.906.054 ($1,9 billones).

Justamente, el monto de ATN que el Gobierno nacional retiene y no reparte fue uno de los principales reclamos de los gobernadores, tanto aliados como opositores, el año pasado. Los mandatarios presionaron para que sean distribuidos en forma automática según el porcentaje que recibe cada uno de acuerdo a la Ley de Coparticipación.

En línea con ese pedido, la Cámara de Diputados – con una amplia mayoría de votos de la oposición – sancionó el 20 de agosto del año pasado y convirtió en ley un proyecto que obligaba al Poder Ejecutivo a distribuir de manera automática y bajo los parámetros de esa ley, el 1% de los ATN. Eliminaba, así, la discrecionalidad de la Casa Rosada en el manejo de esos fondos.

Apoyaron la iniciativa distintos bloques opositores: desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre hasta Por Santa Cruz y parte de la UCR.

En la Cámara alta, la iniciativa también había cosechado el 10 de julio un amplio apoyo de 56 votos a favor y solo uno en contra (el de Luis Juez). Hubo 15 senadores ausentes de LLA, la UCR, el PRO, Cambio Federal y el Movimiento Neuquino.

Sin embargo, el 11 de septiembre, el Presidente vetó la norma y devolvió el proyecto al Senado. El argumento de la Casa Rosada fue que ponía en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional.

La Cámara alta rechazó el veto y ratificó la norma el 18 de septiembre, por 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones. Pero Diputados no trató la insistencia en la norma sancionada y el veto siguió vigente.

Las provincias más beneficiadas

Infobae relevó todos los ATN que la Nación le transfirió a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei, según la sintonía política de sus gobernadores con el Poder Ejecutivo libertario y negociaciones mediante.

Fueron, en total, $374.300 millones y se hicieron bajo el concepto de distintas emergencias: desde climática, ígnea o hídrica hasta la económica, alimentaria, socio sanitaria, o por desequilibrios financieros.

Pero no todas las provincias fueron beneficiadas con estos aportes discrecionales. De los 24 distritos, 8 no recibieron ATN en estos dos años y medio.

Además de la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, y San Luis, gobernada por Claudio Poggi, electo por Cambia San Luis, las restantes que no recibieron estos fondos son todas peronistas: Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

De las 16 que sí recibieron ATN, el ranking lo lideran Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada una en los dos años y medio desde que Milei llegó al poder.

Misiones es un distrito controlado por el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza local que lidera Carlos Rovira, y a quien le responde el actual mandatario Hugo Passalacqua. La provincia tiene dos senadores clave en el Senado, que juegan muchas veces de aliados con el oficialismo, pero que fluctúan con su voto o hacen valer sus ausencias en el recinto según el tema y las negociaciones subterráneas.

En el caso de Tucumán, está gobernada por Osvaldo Jaldo, de origen peronista pero con buen diálogo con el Gobierno nacional, al punto que su legisladores armaron un bloque aparte del de Unión por la Patria, bautizado Independencia.

En el total de ATN recibidos desde la nación desde diciembre de 2023, le siguen Salta con $36.000 millones; Entre Ríos, con $35.800 millones; Neuquén, con $30.000 millones;

En Salta y Neuquén gobiernan mandatarios de fuerzas provinciales – Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, respectivamente – con posturas críticas pero de buena relación con la Casa Rosada. En el caso de Entre Ríos, Rogelio Frigerio es uno de los gobernadores del PRO de mayor sintonía con la gestión libertaria nacional.

Luego aparecen en el ranking Chaco, con $28.000 millones, gobernada por el radical Leandro Zdero; Chubut, con $27.500 millones, cuyo mandatario es Ignacio Torres, del PRO; y Catamarca, con $27.000 millones en total, en manos del peronista dialoguista Jalil.

Luego se ubican Corrientes con $18.000 millones; Mendoza con $17.000 millones. Se trata de dos provincias gobernadas por el radicalismo, con matices en cuanto a su cercanía respecto del oficialismo.

El mendocino Alfredo Cornejo es uno de los mandatarios opositores más cercanos a la LLA. En su distrito, fue en alianza con los libertarios en las elecciones legislativas del año pasado. Por su parte, el correntino Juan Pablo Valdés tiene una posición dialoguista aunque más independiente, luego de que LLA le plantara un candidato propio en los últimos comicios.

A continuación, aparecen Santa Fe con $16.500 millones, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, un aliado crítico de LLA; San Juan con $16.000, comandada por Marcelo Orrego, del PRO; y Santa Cruz con $15.000, cuyo mandatario es Claudio Vidal, del espacio político provincial SER.

La provincia más populosa del país, Buenos Aires, solo recibió $10.000 millones en 2025 en lo que va de la gestión libertaria, una cifra que debe ser leída en el marco del enfrentamiento entre su gobernador, Axel Kicillof, y Milei.

Completan la lista Jujuy con $9.500 millones, gobernada por el radical Carlos Sadir, recibidos en 2024 y 2025; y Río Negro, un distrito en manos de Alberto Weretilnek, con solo $5.000 millones, solo en 2025. Ambos mandatarios tuvieron y sostiene posturas dialoguistas con el gobierno nacional.

El reparto en lo que va de 2026

Al igual que en el acumulado de la gestión Milei, la provincia que más recibió en los primeros cinco meses de 2026 fue Misiones: $15.000 millones.

Le siguen Corrientes y Mendoza con $14.000 millones cada una; Neuquén con $12.0000 millones; y Salta con $11.000 millones.

En el listado le siguen Entre Ríos, Chaco y San Juan con $10.000 millones cada una en ATN.

El top ten lo completan Chubut y Catamarca con $6.500 millones recibidos en ATN este año, Jujuy con $5,000 millones; Santa Cruz con $4.000 millones; y Santa Fe con $3.000 millones.

Cómo evolucionó la ejecución

Según detalló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su último informe enviado a la Cámara baja el 29 de abril, en 2025, se recaudaron $948.035 millones y se distribuyeron solo $209.000 millones, apenas el 22%. Estos números surgen de su respuesta a la pregunta Nro 1.242 realizada por los diputados.

El saldo que quedó sin distribuir y que motivó el reclamo de los gobernadores, alcanzó a finales de ese año de $1.552.232 millones (1,5 billones).

En 2024, el porcentaje de ATN distribuido a las provincias fue aún inferior. Solo un 7% de los $679.898 millones recaudados para ATN ese año, fue transferido por el Ministerio del Interior: $49.800 millones.

En tanto, el monto acumulado en manos de la Nación sin distribuir ascendió a $811.697 millones.

La distribución en 2025 y 2024

En 2025, 15 provincias recibieron ATN por un total de $209.000 millones. La que más dinero recibió fue, nuevamente, Tucumán con $35.000 millones.

Entre las beneficiadas, en segundo lugar, aparecen Entre Ríos, Misiones y Salta con $19.000 millones cada una. Le siguen Chaco y Neuquén con $18.000 millones cada una; Catamarca con $17.500 millones; y Chubut con $16.500 millones.

El listado lo completan Santa Fe, con $12.000 millones; Buenos Aires con $10.000 millones; Santa Cruz, con $8.000 millones; San Juan con $6.000 millones, Río Negro con $5.000 millones, Corrientes y Mendoza con $3.000 millones cada una.

En 2024, el primer año de la gestión libertaria, sólo 10 provincias recibieron ATN por un total de $49.800 millones. Excepto Tucumán y Catamarca, de los aliados Jaldo y Jalil, ninguna era peronista.

La que más dinero embolsó, otra vez, fue Misiones: $13.000 millones. Se repitió lo sucedido en los primeros cinco meses de 2026 y en 2025, cuando esa provincia había quedado segunda en el ranking.

Luego aparecen Entre Ríos con $6.800 millones; Tucumán con $6.500 millones; Salta con $6.000 millones; Chubut y Jujuy con $4.500 millones cada una; Catamarca y Santa Cruz con $3.000 millones cada una; Santa Fe con $1.500 millones; y Corrientes con solo $1.000 millones en total en 2024.

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