POLITICA
Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad
En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.
“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.
La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.
El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.
En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.
Protocolo, despliegue y acción
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.
El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.
El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).
Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.
En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.
El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.
Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.
Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial
La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.
“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.
Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.
La influencia de las pantallas y las redes sociales
Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.
En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.
A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.
El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.
Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.
Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.
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POLITICA
Un mensaje irónico de Mayra Mendoza sobre la salud de Carlos Bianco agitó la interna entre el kirchnerismo y Kicillof
LA PLATA.- La interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires quedó expuesta en público, una vez más, entre los seguidores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof como socios antónimos de un mismo espacio político.
Mayra Mendoza, intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial de máxima confianza de la expresidenta arremetió contra Kicillof y Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, que está en España tras ser intervenido de urgencia por una apendicitis. Mendoza agitó la pelea con un mensaje irónico sobre la salud del funcionario en un grupo de chat de WhatsApp en el que está el gobernador y los intendentes, según averiguó de fuentes provinciales.
En el inicio de la semana Kicillof reposteó en un chat con intendentes un tuit de Bianco, difundido en la red social X, donde su ministro informó: “En el día de ayer por la noche fue intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente”.
Bianco había viajado el miércoles de la semana que pasó a acompañar a Kicillof a una cumbre progresista -Global Progressive Mobilisation- donde los dos funcionarios mantuvieron reuniones con líderes internacionales en un intento por expandir el armado del Movimiento Derecho al Futuro.
Bianco no pudo regresar el sábado a la noche como estaba previsto, en un vuelo de línea junto a Kicillof. El gobernador informó a los intendentes sobre el motivo de la ausencia de su jefe de Gabinete en un chat interno.
Mientras la mayoría de los alcaldes expresaron solidaridad por la salud del Bianco, la intendente en uso de licencia de Quilmes respondió con un mensaje cargado de reproches. “Va a estar todo bien @Carlos Bianco Axel!. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.
La respuesta de Mendoza- que recibió como reacción un solo corazón- se diferenció de la expresada por la mayoría de los alcaldes peronistas que le desearon a Bianco pronta recuperación. Por ejemplo, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; Miguel Gesualdi, de San Andrés de Giles, y Maximiliano Wagner, de Olavarría, le desearon fuerza y pronto recuperación a Bianco.
También manifestaron su apoyo otros alcaldes como Mariel Fernández, intendente de Moreno, alienada con el Movimiento Evita, que busca suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y Darío Golía, intendente de Chacabuco.
Mendoza es la voz emergente del reclamo de todo un sector de La Cámpora que cuestiona a Kicillof por no reclamar de manera más enérgica la libertad de Cristina Kircher.
Kicillof personalmente busca bajar el tono a ese reclamo y en la última conferencia que brindó en la Casa de Gobierno de la provincia realizó una comparación entre la investigación por el patrimonio de Manuel Adorni y la detención de Cristina Kirchner. “Queremos pedir a la justicia que avance en esta investigación a Adorni. Y deje en libertad a Cristina”.
Lo cierto es que la interna entre Mayra Mendoza y Bianco tiene, además, un condimento personal. Un mes atrás el ministro de gobierno de Kicillof desató una fuerte polémica en el cornurbano cuando opinó: “La gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, en una comparación explicita entre la gestión de Mendoza y la de su vecino Carlos Balor, hombre que dio continuidad a la gestión de Juan José Mussi.
La semana que pasó Mendoza -que también busca suceder a Kicillof en la gobernación de la provincia de Buenos Aires- asistió al acto de asunción de Julio Alak en el PJ platense.
En ese acto, el alcalde aliado a Kicillof desde el Movimiento Derecho al Futuro pidió unidad entre las distintas corrientes. Alak también trabaja para que el sucesor de Kicillof sea un peronista, en el recambio político del año próximo.
intervenido de urgencia por una apendicitis,Partido Justicialista,Conforme a,,Conflicto con Nación. Kicillof fue a la Corte para una audiencia con el Gobierno por una deuda de la Anses,,En Jerusalén. Milei rindió un homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro en medio de un fuerte operativo de seguridad,,»Artista único». Silencio de Milei y su Gabinete ante la muerte de Brandoni: solo Cifelli y dos exmacristas lo despidieron,Partido Justicialista,,Lo preside Cristina. Pichetto: “Hay un rumor de que quieren intervenir el PJ para poner a un pastor que da vueltas por EE.UU.”,,Diferencias en el PJ. El viaje de Kicillof a España a una cumbre progresista reavivó la interna con el kirchnerismo,,»Dedíquese a trabajar». La mano derecha de Kicillof dijo que “la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui” y fue criticado por el entorno de Mayra Mendoza
POLITICA
Crece la tensión: Kicillof denunció ante la Corte Suprema la motosierra de Milei y LLA avanza con proyectos para controlar la provincia de Buenos Aires
Los miembros del Gabinete de Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof se verán las caras este martes por la tarde durante una misa en homenaje al primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, pero será solamente un instante de concertación en medio de un contexto altamente conflictivo entre ambos sectores. Y es que la provincia de Buenos Aires mantiene un reclamo contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema por ocho programas y transferencias diferentes, mientras que el bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense avanza con un pedido de informes para controlar los programas sociales de la Gobernación.
Precisamente, Kicillof se presentó este martes en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema en el marco de uno de los varios reclamos que la Provincia mantiene con la Nación por transferencias adeudadas, que según cifras movilizadas por la Gobernación llegarían a más de $681.000 millones. En rigor, la provincia de Buenos Aires mantiene actualmente ocho demandas contra el Estado Nacional.
En el entorno de Kicillof reclaman el pago de deudas y actualizaciones luego de que el presidente Javier Milei firmara el DNU 280/2024, el cual suspendió las transferencias destinadas a cubrir déficit previsionales de las cajas provinciales. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la ANSES no dio respuestas al respecto de cómo planea resolver el reclamo.
Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. En las últimas semanas se hicieron públicas las demandas de parte de las empresas de colectivos por mayores subsidios o una suba del boleto, así como la exigencia de los prestadores del PAMI para que se habilitaran los pagos correspondientes a este mes.
Las provincias no están exentas de un contexto en donde la motosierra también aplica por la baja de la recaudación a nivel nacional y la consecuente correlación que esto tiene con la merma en la coparticipación que luego se distribuye a los 24 territorios subnacionales. Sumado a esto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció el recorte en otras transferencias y programas indirectos, marcando que “desde la asunción del Gobierno nacional, la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos”.
En ese contexto, tal y como adelantó Infobae, la gestión de Kicillof está evaluando reducir el financiamiento sobre el programa social MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria).
Ayer por la noche, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó una carta contra el Ministerio de Capital Humano de la Nación, liderado por Sandra Pettovello, para reclamar el cobro de una deuda de $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que tiene vigente la Provincia. La cartera libertaria respondió esta mañana y desconoció el pedido al afirmar que el plan al que se refiere el ministro de Kicillof es de competencia provincial y que Nación no le debe dinero a su administración en materia de asistencia alimentaria.
“El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares, siendo el 80% restante obligación provincial”, marcó Capital Humano a través de un comunicado.
Avance de LLA contra Kicillof en la Provincia
Ante aquella cuestión, el senador libertario y presidente del bloque de LLA en el Senado de la Provincia, Carlos Curestis, hombre de estrechísima cercanía del armador Sebastián Pareja, presentó este mediodía un pedido de informe para que el oficialismo provincial dé detalles de cómo puede llegar a reconvertirse el programa MESA.
“Si el gobierno Kicillof decidió eliminar o recortar el programa, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad qué va a pasar con miles de familias bonaerenses que hoy dependen de esa asistencia alimentaria. No se puede jugar políticamente con la comida de la gente ni usar a los sectores más vulnerables como excusa para ocultar decisiones propias”, reclamó Curestis, según declaraciones conseguidas por Infobae.
El pedido de informes solicita precisiones sobre la continuidad o posible eliminación del programa MESA, incluyendo la cantidad y distribución de beneficiarios, el costo y composición de los módulos, el impacto presupuestario y destino de los fondos en caso de eliminación, el estado y financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), la existencia de deudas nacionales y reclamos formales, los organismos y mecanismos de control del MESA, evaluaciones técnicas realizadas, el modelo de asistencia social alternativo previsto y los canales de comunicación con municipios, organizaciones y familias ante eventuales cambios.
Avanzando con ese esquema de control a la Gobernación, los legisladores parejistas anunciaron ayer que presentaron proyectos en ambas cámaras provinciales para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.
La iniciativa incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes. Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.
Los otros siete fondos que reclama Kicillof
Además de las transferencias previsionales de parte de Nación, hay otros siete reclamos que la gobernación de Kicillof realizó ante la Corte Suprema.
Una de las principales presentaciones es sobre la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 192/2024, que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), y reclama una deuda de $88.800 millones más intereses por transferencias no realizadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. En la misma línea, la provincia exige la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), discontinuado arbitrariamente, reclamando un monto aproximado de $42.000 millones devengados desde 2023.
Otra demanda relevante busca restablecer el “Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior”, medida que impacta directamente en el financiamiento del transporte urbano y suburbano del territorio bonaerense. Se ejecuta ante la supresión del fondo motivada por comunicados del Ministerio de Economía y cambios en el DNU 280/2024, con una pretensión estimada en $5.000 millones.
El conflicto por el Sistema de Boleto Integrado del Transporte (SUBE) también llevó a una acción judicial, denunciando la decisión de dejar de compensar este servicio fundamental para millones de usuarios del AMBA en jurisdicción provincial y municipal. Asimismo, Buenos Aires reclama la plena vigencia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, cuya transferencia de recursos fue afectada por el Decreto 888/2024, con una deuda estimada en $400 millones.
Otra demanda presentada ante la Corte Suprema apunta contra ENARGAS, impugnando la Resolución 625/24 que impone el cobro de un impuesto para obras gasíferas en las boletas de gas. Por último, una causa sustancial refiere al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y acuerdos 2023, donde Buenos Aires reclama la aplicación correcta de los convenios y el recupero de recursos fiscales. El monto reclamado supera $1,13 billones, e incluso alcanza $2,2 billones al considerar las diferencias por el Fondo del Conurbano y saldos impagos de convenios recientes.
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En su tercera visita oficial como jefe de Estado a Israel, Javier Milei asistió a una serie de eventos que incluyeron una agenda cargada de agasajos y honores. Desde la entrega de reconocimientos internacionales y encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu, hasta la participación en la emblemática ceremonia por la Independencia del país, el Presidente aprovechó también para dar varios discursos en los que destacaron algunos puntos importantes.
Acompañado por una comitiva integrada por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Presidente regresará a la Argentina en un vuelo este martes por la noche, momentos antes de que finalice la tregua entre Estados Unidos e Irán.
Tras su arribo a Israel, Milei visitó el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Netanyahu. En la previa de la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, el primer mandatario brindó un discurso en el que ratificó su “alineamiento político y estratégico” con ese país.
Tras su encuentro con Netanyahu, que enfrenta un momento de máxima tensión por la guerra con Irán, Milei volvió a hablar y anunció los “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y América Latina.
Este lunes, en la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, recibió un Doctorado Honoris Causa “en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. Con la visita de los exrehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre —entre ellos, David Cunio, Iair Horn y la familia Marman-Har— el primer mandatario argentino habló, como es habitual, de política, de economía y renovó sus ataques contra el periodismo:
Finalmente, el presidente israelí, Isaac Herzog, le otorgó este lunes a Milei la “Medalla de Honor Presidencial”, en reconocimiento al respaldo “constante y firme” que le dio al Estado hebreo, pese a los cuestionamientos que sufre de buena parte de la comunidad internacional. Tras el reconocimiento, el Presidente dio unas palabras:
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