En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.

“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.

La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.

El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.

En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.

Protocolo, despliegue y acción

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.

El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.

El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).

Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.

En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.

El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.

Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.

Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial

La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.

“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.

Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.

La influencia de las pantallas y las redes sociales

Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.

En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.

El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.

Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.

Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.

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