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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: todos los detalles

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El Gobierno presentó este miércoles el proyecto de ley para tratar la reforma electoral en la Cámara de Senadores. El presidente Javier Milei anunció ayer desde Israel que mandarían la iniciativa con el objetivo de eliminar las PASO, cambiar el financiamiento e incluir Ficha Limpia.

El escrito ingresó en la tarde de este miércoles en la Cámara Alta y cuenta con un total de 29 páginas. Allí se presenta la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras normas vinculadas.

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Ayer, el mandatario publicó en sus redes sociales que enviarían el proyecto: «ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!“.

La idea del Ejecutivo es modificar la arquitectura electoral argentina, pero requiere primero un escenario de negociaciones complejas entre el oficialismo y los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios.

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Cuáles son los principales cambios que propone el proyecto

Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser financiadas y organizadas por las propias fuerzas políticas, sin intervención estatal ni erogación de recursos públicos. Con esa medida, el Gobierno busca reducir gastos y otorgar mayor autonomía a los partidos en la selección de sus candidatos para cargos electivos.

La eliminación de las PASO implica que, en adelante, cada partido o alianza será responsable de definir sus postulantes a través de mecanismos internos, sin participación obligatoria de la ciudadanía en esa etapa. Según el proyecto, la modificación pretende evitar que los contribuyentes financien procesos internos de agrupaciones políticas, reforzando el principio de autosustentabilidad en la vida partidaria.

Entre las principales modificaciones para los partidos políticos, la reforma establece que para obtener personería jurídico-política será necesario contar con al menos 50 electores fundadores por distrito, un acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades, domicilio partidario y sitio web oficial. Los solicitantes deberán declarar además que no integran ni fundaron otro partido en formación.

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Luego del reconocimiento provisorio, la agrupación tendrá un plazo de 180 días para acreditar un número de afiliados no menor al 0,5 % del padrón del distrito, con un tope de 2.000.000 de inscriptos. Además, deberán convocar a elecciones internas para autoridades definitivas en un máximo de 90 días desde la obtención de la personería.

Para acceder al reconocimiento nacional, será requisito contar con personería vigente en al menos diez distritos y acreditar afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional. El control y la renovación de esa condición quedarán a cargo del Ministerio Público Fiscal, que podrá solicitar la caducidad en caso de incumplimientos. La ley fija causales específicas de pérdida de personería, como la falta de internas durante cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el 3 % del padrón en elecciones sucesivas, o el incumplimiento de paridad de género en los órganos directivos.

El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que establece la inhabilitación para ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos. El registro de antecedentes será gestionado por la Cámara Nacional Electoral y se mantendrá hasta la revocación de la condena o el cumplimiento efectivo de la pena.

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La presentación de candidaturas requerirá avales ciudadanos equivalentes al número de afiliados exigido para la personería, tanto en cargos legislativos como en fórmulas presidenciales, estas últimas en al menos diez distritos. Además, se prohíbe la doble postulación: ningún candidato podrá figurar en más de una lista ni para distintas categorías en la misma elección. Las listas deberán garantizar la alternancia de género, con mujeres y varones intercalados desde el primer titular hasta el último suplente.

El texto enviado al Congreso introduce la boleta única en papel como instrumento electoral obligatorio para todos los cargos nacionales. El modelo prevé una estructura diferenciada por categoría y la posibilidad de optar por lista completa. Los partidos tendrán la opción de solicitar un color determinado para la boleta hasta 65 días antes del acto electoral.

En relación con la campaña electoral, el proyecto fija el inicio 60 días antes de la fecha de votación y el cierre 48 horas previas al comicio. Se establecen sanciones para quienes realicen campaña fuera de plazo, consistentes en la pérdida de financiamiento público por uno a cuatro años y multas de entre 2.000 y 50.000 módulos electorales.

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Durante los 25 días anteriores a la elección, quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni desalentar el voto por ninguna agrupación o candidato.

En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras, o individuos procesados o condenados por delitos graves. Al menos 10 % de los fondos públicos deberán destinarse obligatoriamente a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.

El total de aportes permitidos por persona física o jurídica no podrá superar el 35 % del límite fijado por el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, la normativa exige la presentación detallada de gastos de campaña, incluyendo el material difundido en internet y redes sociales, con la obligación de discriminar por rubros como administración, publicidad, alquiler de sedes, encuestas, transporte y otros conceptos estrictamente vinculados a la elección.

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Los partidos políticos ya existentes contarán con plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones. También se prevén restricciones para la designación de personas inhabilitadas en altos cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales.

El régimen propuesto alcanza a la elección y funciones de los parlamentarios del MERCOSUR, a provincias que adopten el sistema nacional y a la inclusión de categorías provinciales y municipales en la boleta única.

Diplomacy / Foreign Policy,Middle East

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POLITICA

La confianza en el Gobierno creció en junio, según el índice de la Universidad Di Tella

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de junio de 2026 mostró un aumento de 3,9% respecto de mayo, marcando el primer repunte del año tras varios meses en caída. El indicador, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001, se ubicó en 2,07 puntos sobre una escala de cero a cinco, una cifra que, aunque supera los registros recientes, todavía implica una caída del 11,4% en la comparación interanual.

El dato inaugura un nuevo ciclo para la administración de Javier Milei. Aunque la confianza repunta levemente, la contracción acumulada desde fines del año pasado es del 16,1%. La serie de variaciones mensuales desde enero revela un clima de creciente escepticismo: las cifras mostraron bajas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del actual rebote.

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En el contexto histórico, el índice también compara mes a mes a Milei con sus predecesores. En efecto, luego de treinta meses de gestión, su nivel de confianza (2,07) está apenas por encima del valor que obtuvo Mauricio Macri (2,04; +1,3%) en el mismo momento de su mandato, aunque sigue por debajo del registrado bajo Néstor Kirchner (2,42; -14,6%). El valor del libertario supera ampliamente los registros de las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (1,70 y 1,61 en sus dos mandatos) y Alberto Fernández (1,40) en la misma instancia del mandato, lo que exhibe una brecha de hasta el 47,6% respecto de alguno de estos ciclos en el mes treinta de gestión.

El índice de confianza de Milei en el mes treinta de gestión quedó apenas por encima del de Mauricio Macri y por debajo del de Néstor Kirchner, aunque superó los registros de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. REUTERS/Pedro Lázaro Fernández

El promedio del ICG en la era Milei, sin embargo, descendió a 2,40 puntos, su registro más bajo. En la comparación contra los tramos equivalentes, Mauricio Macri tuvo un promedio de 2,52 y Alberto Fernández, de 1,93. Este promedio se robustece especialmente cuando se contrastan las tendencias de largo plazo y la volatilidad de la confianza durante los diferentes gobiernos.

Desglose de los componentes y los matices del repunte

El rebote del ICG se debió a aumentos en tres de sus cinco componentes. Eficiencia lideró el crecimiento, con un salto del 12,8% respecto del mes anterior hasta alcanzar los 2,12 puntos, una variación que representa el mayor diferencial dentro del índice. Capacidad también se incrementó y llegó a 2,46 (+4,3%), al igual que la dimensión Preocupación por el interés general, que marcó 1,63 puntos (+3,8%). En contraste, Honestidad permaneció estable en 2,46 y la Evaluación general del gobierno cayó levemente a 1,68 puntos (-0,5%).

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Esta dinámica sugiere que, más allá de un repunte global, persisten dudas sobre la gestión a nivel agregado, al mismo tiempo que ciertos aspectos técnicos y de percepción pública mejoran tras medio año de deterioro sostenido.

Género, edad, territorio: dónde recuperó apoyo el Gobierno

Los datos revelan matices en la composición del repunte del ICG. La brecha de género se mantuvo estable en 0,68 puntos respecto del mes anterior, lo que describe una grieta persistente en la percepción de la gestión. El índice entre mujeres aumentó hasta 1,70 puntos (+5,6%), mientras que entre los hombres subió a 2,37 (+3,7%).

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Por edad, el rebote se concentró en el grupo de mayores de 50 años, que alcanzó 2,23 puntos (+4,3%), pero también en los jóvenes de 18 a 29 años, donde el ICG trepó levemente a 2,18 puntos (+1,4%). El segmento intermedio (30 a 49 años) subió a 1,76 (+2,4%). Esta dispersión sugiere una recuperación distribuida, aunque con distintas intensidades según el grupo etario.

Desde el punto de vista geográfico, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,19 puntos; +0,9%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió a 2,03 (+6,3%), pero el mayor salto se dio en el Gran Buenos Aires, que trepó a 1,83 puntos (+11,1%).

Nivel educativo y victimización: sorpresas estadísticas del mes

El análisis por nivel de instrucción aporta uno de los datos únicos del informe. Si bien quienes tienen educación terciaria/universitaria sostienen la confianza más alta (2,20 puntos; +0,5%), el mayor incremento porcentual del mes fue para el segmento con primaria completa, que llegó a 1,72 puntos (+42,5%). Aquí se registra el rebote más inesperado, al retornar a valores similares a los de abril, tras haber mostrado ciertas fluctuaciones en los meses anteriores.

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Otro dato singular surge de la variable victimización por delitos. Por primera vez en el año, el ICG fue superior entre quienes declararon haber sido víctimas de delitos (2,10; +14,6%) comparado con quienes no lo fueron (2,07; +1,6%), invirtiendo la lógica del ciclo previo y neutralizando la brecha que se había instaurado a lo largo de 2026.

Expectativas económicas: el factor determinante en la confianza

El componente más sensible aparece en la valoración sobre el futuro económico. Aquellos que confían en que la economía mejorará en un año registran un ICG de 4,08 puntos, aunque con una baja de 2,2%. El verdadero salto porcentual del mes vino de quienes creen que la situación se mantendrá igual, con una suba del 13,1% (2,45 puntos). Por el contrario, entre quienes esperan un empeoramiento, el ICG se estancó en 0,37, sin cambios respecto de mayo.

El dossier metodológico asegura que la encuesta —realizada por Poliarquía Consultores— abarcó 1.000 personas, mayores de 18 años en 39 ciudades de más de 10 mil habitantes, con un margen de error estándar de ±0,06 para el ICG total. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 11 de junio de 2026.

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POLITICA

Los libertarios ponen en pausa su agenda en Diputados para evitar que el caso Adorni llegue al recinto

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El oficialismo comenzó a revisar su hoja de ruta en Diputados. Aunque tenía previsto sesionar el miércoles próximo para avanzar con dos proyectos clave de su agenda económica, el temor a que la crisis de Manuel Adorni monopolice el debate y acelere un intento opositor para desplazarlo de la Jefatura de Gabinete abrió una discusión interna sobre la conveniencia de abrir el recinto.

La planificación original de La Libertad Avanza contemplaba tratar el acuerdo para pagar US$171 millones a los holdouts Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los US$1000 millones. Pero la situación de Adorni alteró el escenario.

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Después de la entrevista en la que el funcionario intentó explicar el crecimiento de su patrimonio a partir de dinero encontrado e inversiones en Bitcoin, la oposición convocó para el martes 23 una sesión especial destinada a debatir su interpelación y una eventual moción de censura. La convocaron para apenas 24 horas antes de la sesión que el oficialismo pretendía utilizar para impulsar sus propios proyectos.

El primer interrogante es si los bloques opositores lograrán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate. Por ahora, esos números no están garantizados. Buena parte de la definición depende de los aliados habituales del Gobierno, principalmente Pro y la UCR, que no quieren ser los que definan el futuro político del jefe de Gabinete.

Cristian Ritondo (Pro) junto a la jefa del bloque UCR, Pamela Verasay, aliada al mendocino Alfredo CornejoHernán Zenteno

La cautela de los aliados también responde a diferencias internas entre ambas cámaras. En el Senado, donde Mauricio Macri conserva una influencia directa a través de Martín Goerling, jefe del bloque Pro, el partido ya dio señales de que está dispuesto a avanzar con los pedidos de explicaciones a Adorni. En Diputados, en cambio, Cristian Ritondo evita convertirse en el dirigente que termine sellando la suerte del jefe de Gabinete y reserva las críticas más duras para Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente dentro del universo legislativo macrista.

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Algo similar ocurre en la UCR. Mientras que en el Senado una mayoría de los radicales se inclina por acompañar el avance contra Adorni, en Diputados predominan posiciones más prudentes. Allí pesa especialmente la influencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales interlocutores del oficialismo entre los mandatarios provinciales. Esa diferencia ayuda a explicar por qué los votos que hoy necesita la oposición para alcanzar el quorum siguen siendo una incógnita.

La situación se volvió todavía más incómoda para los diputados aliados después de que el Senado resolviera postergar una semana la discusión sobre Adorni. En una reunión de jefes de bloque, la oposición acordó con la senadora Patricia Bullrich diferir el debate hasta la semana próxima y avanzar recién el jueves 25 con la aprobación de una interpelación para el 2 de julio.

Reunión de labor parlamentaria en el senado para tratar pa moción de censura para Adorni. BullrichSantiago Filipuzzi

Esa decisión volvió a colocar toda la presión sobre la Cámara baja. Por eso, entre los bloques dialoguistas crece la idea de evitar cualquier movimiento que los obligue a asumir el costo político de activar el proceso contra Adorni y dejar que sea el Senado quien tome la iniciativa.

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A esa discusión política se suma otra, de carácter reglamentario, que preocupa especialmente al oficialismo. Algunos sectores de la oposición sostienen que la interpelación seguida de una eventual moción de censura no necesita atravesar el circuito habitual de comisiones ni requiere los dos tercios para ser tratada sobre tablas. Argumentan que el artículo 101 de la Constitución establece un procedimiento específico que solo exige la mayoría absoluta de cada Cámara.

La interpretación fue planteada en el Senado por el jefe del bloque peronista, José Mayans, y terminó siendo aceptada por el resto de las bancadas, incluido el oficialismo. “Si reúne una mayoría tendría una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura”, reconoció Bullrich al finalizar la reunión de labor parlamentaria.

Ese antecedente aumenta la presión sobre Martín Menem. Si la Cámara baja adopta el mismo criterio, la oposición podría impulsar una interpelación sin necesidad de atravesar el trámite legislativo habitual.

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El diputado Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en explicitar esa estrategia. “La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura. No hace falta ni comisiones ni dictámenes”, sostuvo.

Para el oficialismo la prioridad inmediata es bloquear la sesión pedida por la oposición para el martes. Y si su estrategia prospera, son cada vez son más los que consideran inconveniente abrir el recinto al día siguiente para tratar el acuerdo con los holdouts y el “Súper RIGI”. Temen que cualquier sesión termine convirtiéndose en una oportunidad para que la oposición avance contra Adorni.

Por ahora, nadie quiere anticipar una definición. “Lo definirá la mesa política”, respondió a un referente libertario consultado sobre la posibilidad de mantener la sesión prevista para el miércoles. Mientras tanto, los dos proyectos que el Gobierno esperaba convertir en sus próximos triunfos legislativos quedaron en pausa, a la espera de que se despeje la crisis que atraviesa a su jefe de Gabinete.

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June 18, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,“Ganar tiempo”. El Gobierno pactó con Pro y la UCR una tregua para salvar temporalmente a Adorni,,»Te queda bastante mal». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Diputados. Con apoyo de sus aliados, el oficialismo dejó listo para aprobar el «Súper RIGI» y un acuerdo con holdouts

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POLITICA

El financista Francisco Hauque le pidió a la Justicia que cite a declarar a Jesica Cirio

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El financista Francisco Hauque solicitó que Jesica Cirio declare como testigo en la causa por extorsión que investiga el fiscal federal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.

En el escrito presentado, al que tuvo acceso TN, Hauque reclamó que la modelo y exconviviente de Elías Piccirillo sea citada para declarar sobre el estado emocional de su expareja al momento de los hechos investigados y sobre los “movimientos económicos observados”.

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Además, pidió identificar al personal doméstico, custodios, choferes y empleados que trabajan en la casa que Piccirillo y Cirio compartían en El Yacht de Nordelta.

La presentación se inscribe en la disputa judicial que Hauque mantiene con Piccirillo. La causa se inició en enero de 2025, luego de una en el Palacio Duhau. El expediente investiga un supuesto préstamo de US$ 6 millones que derivó en el conflicto entre los financistas.

Elías Piccirillo durante el operativo. (Foto: captura TN)

Hauque aclaró que estos acontecimientos no guardan relación directa con esa causa, pero consideró que podrían ser relevantes para evaluar si, durante el arresto domiciliario, Piccirillo desarrolló actividades incompatibles

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En consecuencia, pidió que se incorpore el comunicado de Cirio como antecedente, que se libre oficio a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 para obtener información sobre la causa por extorsión, que se requiera información oficial sobre el allanamiento difundido públicamente y que se obtengan los registros completos de control del arresto domiciliario de Piccirillo, como el monitoreo electrónico, autorizaciones, visitas e incidencias.

Finalmente, que se cite a declarar como testigo a Cirio.

El 17 de enero de 2025, Hauque fue detenido en las inmediaciones del hotel junto a su pareja, con más de un kilogramo de cocaína y un arma en su camioneta. La Justicia determinó que se trató de una emboscada ordenada por Piccirillo, quién se encuentra cumpliendo una prisión domiciliaria.

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En los últimos días se realizó una reconstrucción del hecho en Puerto Madero y en dos de las tres situaciones recreadas surgió la posibilidad de que Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl de la camioneta.

Leé también: Manuel Adorni convocó a los senadores de La Libertad Avanza para una reunión en la previa de su posible interpelación

La causa por extorsión, que comenzó en el fuero penal ordinario, fue anexada al fuero federal y vinculada a las investigaciones sobre el “rulo financiero” y el sistema SIRA que tramitan en Comodoro Py. En ese marco, Hauque se ofreció como arrepentido en las causas vinculadas al dólar blue y al SIRA. El financista afirmó poseer “conocimiento directo sobre circunstancias, hechos, mecanismos operativos, y elementos probatorios cuya incorporación al proceso podría resultar de significativa utilidad”.

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También aseguró que aportaría “información, documentación, datos y elementos de prueba de relevancia sustancial”.

Elías Piccirillo, Jesica Cirio, Justicia

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