La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) presentó hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber impedido el ingreso de los periodistas acreditados la Casa Rosada.

La exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) realizó una presentación en la Justicia para reclamar que se investigue al jefe del Estado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La denuncia también alcanza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Y fue asignada por sorteo al juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, quienes definirán si corresponde abrir una investigación.

El Ejecutivo argumentó que la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada “se tomó de manera preventiva” después de que la Casa Militar, encargada de la custodia de la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos, denunciara penalmente a dos periodistas de la señal Todo Noticias (TN) por supuesto espionaje ilegal.

Se trata de Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes acusan por difundir una filmación realizada en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

“Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis”, escribió Milei en sus redes para defender la restricción a la prensa.

Semanas atrás, el Gobierno había decidido restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar a la administración de Milei durante 2024. Finalmente, revirtió la medida en todos los casos.

La legisladora Pagano calificó la decisión de Milei de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la sede de gobierno como “un hecho inédito desde el retorno de la democracia”. “La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, remarcó Pagano en un mensaje que difundió a través de su cuenta en la red social “X”.

Y agregó: “La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. No nos van a callar”.

La medida dispuesta por el Presidente generó un fuerte repudio de entidades periodísticas, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea)y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), que expresaron su “enorme preocupación” por las restricciones.

Desde la oposición también salieron a rechazar la disposición de la administración libertaria. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica (CC), la fuerza que lidera Elisa Carrió, reclamó que Milei dé marcha atrás y restituya las acreditaciones de los periodistas.

“No hubo ningún espionaje ilegal. Déjenlos trabajar, porque así no se puede vivir en una República. Esto no es una medida preventiva de seguridad nacional, es un ataque más del Gobierno contra el periodismo, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, resaltó Ferraro, diputado nacional y hombre de confianza de Carrió.

El legislador subrayó que “solo a un gobierno populista se le puede ocurrir hostigar a quienes preguntan, repreguntan, investigan y cuentan lo que pasa”. “Sin eso, no hay República. Mi solidaridad con los periodistas acreditados en la Casa Rosada”, concluyó.

Por su parte, el exjefe de gobierno porteño y actual legislador de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta comparó la animosidad que tiene Milei hacia la prensa con la situación en países con regímenes autoritarios, como Irán, Venezuela, Cuba o Corea del Norte.

El diputado radical Pablo Juliano también condeno la medida de Milei: dijo que “la decisión lesiona la democracia y la República”. “El mundo empieza a mirar el desvío autoritario de nuestro país”, indicó.

Entre tanto, Esteban Paulón (Partido Socialista) reclamó “la urgente reapertura de la Sala de Periodistas” y presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar la medida.

“El PEN debe garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y el acceso irrestricto a la información”, dijo. Graciela Ocaña y los radicales Karina Banfi y Luis Naidenoff o Nicolás Massot también se manifestaron en contra de limitar la actividad de la prensa.

Pasado el mediodía, Ferraro, Frade y legisladores de izquierda se acercaron a la Casa Rosada para pedir formalmente una reunión con el jefe de la Casa Militar y Lanari. “Si tiene miedo, escóndase. Si cumple la función por la que cobra todos los meses, aquí estamos, dispuestos a escuchar las razones de tanta persecución a la prensa”, dijo Frade.

En esa línea, la conducción nacional de la UCR emitió un comunicado para condenar la decisión y pedir que restablezca el acceso de los periodistas a la Casa Rosada.

Fue llamativo que Silvana Giudici, integrante del bloque de diputados de La Libertad Avanza y dirigente cercana a Patricia Bullrich, haya salido a manifestarse en contra de las restricciones. Giudici, referente de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), expresó: “La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará”.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó una nueva audiencia para el 11 de mayo para escuchar los argumentos de las partes y decidir qué juez debe investigar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por administración fraudulenta y lavado de dinero por la mansión de Pilar, supuestamente a nombre de testaferros de las autoridades de la organización deportiva.

La decisión es de los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, que al mismo tiempo confirmaron al fiscal de Casación Mario Villar al frente del caso.

La permanencia de Villar había sido cuestionada por el monotributista y dirigente de fútbol Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que figuran como titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casona de Pilar, de cinco hectáreas, pista ecuestre y helipuerto valuada en 20 millones de dólares.

Ahora, tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deben resolver qué tribunal es competente para investigar el caso: si el juez federal de Campana Adrián González Charbay (como quiere la AFA), si el juez federal Daniel Rafecas, como opina el fiscal Villar, o si el juzgado en lo penal económico 10, a cargo de Verónica Straccia, pues se venció ayer la subrogancia de Marcelo Aguinsky.

La causa está en la Sala I de la Cámara de Casación desde el 18 de febrero pasado sin que se resuelva esta cuestión de competencia. Pasaron cosas.

Por ejemplo, el camarista Carlos Mahiques, que era subrogante en esa sala, dejó la suplencia y por ende la causa después de que publicó que festejó su cumpleaños en la casona de Pilar. Mahiques lo negó.

Su colega Daniel Petrone se excusó de votar porque comparte actividades sociales y escolares con Javier Faroni, que administra los fondos de la AFA en el exterior y es uno de los acusados de fraude.

Llegó a la causa la jueza Angela Ledesma, que fue recusada por Elisa Carrió, el 10 de abril, justo el día en que se había convocado a una audiencia, similar a la de ahora, para escuchar a las partes.

La audiencia se suspendió y los jueces rechazaron la recusación de Ledesma. Se sumó al caso además el juez Mariano Borinsky.

Todos estos movimientos, sumados a la recusación del fiscal Villar y las apelaciones de la defensa de Pantano, hicieron que recién ahora el tribunal quede constituido para decidir.

Carbajo, Ledesma y Borinsky rechazaron el planteo de recusación de Villar.

Cabe destacar que el pedido de apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal fue interpuesto por la defensa, pues entendió que perdió objetividad y denunció que fue filtrado a la prensa antes de ser incorporado a la causa.

El pedido de recusación formulado por la defensa de Pantano fue rechazado y se confirmó la intervención de Villar en el caso.

Javier Carbajo dijo que la recusación es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva y reservado para supuestos taxativamente previstos en la normativa ritual, los cuales no se verificaban en el caso.

Explicó que para los fiscales no rige el principio de imparcialidad sino el de objetividad, el cual no se encontraba comprometido en el caso. Ledesma coincidió.

El juez Borinsky en su voto sostuvo que no se advertía que se configure alguno de los supuestos para la recusación y que no se demostró la pérdida de objetividad.

Mientras se definen esas cuestiones procesales, que por momentos terminan en un laberinto, el juez de Campana sigue avanzando y dispuso un peritaje sobre la contabilidad de la AFA para investigar el fraude y definir si se alteraron los registros informáticos.

Al mismo tiempo y en paralelo, encargó un nuevo peritaje sobre la mansión de Pilar, no para saber su valor hoy (ya establecido en unos 20 millones de dólares), sino para conocer cuánto dinero demandó su construcción y la compra del medio centenar de autos de colección y alta gama hallados en un galpón.

En paralelo, el juez de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, que tenía la causa de fraude y desvío de fondos, entendió que es la Corte Suprema la que debe definir la competencia y le envió esa parte del caso.

Al definir el objeto de este caso, el fiscal Villar dijo que se vincula con la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA mediante un complejo circuito financiero.

Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de la AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior, algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias offshore, con participación de dirigentes de la AFA.

Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.

Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencias SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre de 2021), luego desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EE.UU., Reino Unido y República Oriental del Uruguay.

“Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, sostuvo el fiscal.

A su vez, se denuncia la circulación posterior de los bienes, incluyendo la conversión de remesas en efectivo y la realización de actos de lavado de activos como la compra de propiedades, en especial la quinta de Pilar, casas en el barrio Ayres Plaza, de Pilar, 54 vehículos a nombre de Real Central SRL, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes.

Se denunció a Central Park Drinks SRL, actualmente Real Central SRL, a nombre de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como supuestos testaferros de personas vinculadas a la administración de fondos de AFA.

A su vez existiría un poder especial de administración de la sociedad Real Central SRL a favor de Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón, Leticia y Silvia Yaniello, supuestamente ligados a la política nacional y provincial, pues uno de ellos fue empleado en el Senado del exgobernador Gerardo Zamora y otro de un operador judicial del karinismo.

Los investigados son Tapia, Toviggino, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de AFA), Ma. Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y ex tesorera de AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL), Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, ex director de la liga femenina de AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en la Provincia de Santiago del Estero con domicilio en esta ciudad), Andrés Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, SERVICIOS LINDOR SA.

También se mencionaron otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EE.UU. presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche, Argentina, a saber: Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).

Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de AFA, se encontrarían: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.

La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero.

Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos como Carbello SRL (dedicada a la compra-venta de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos), Equestrian (dedicada a la compra-venta de caballos de salto). Esta actividad ecuestre es de las favoritas de Toviggino.