POLITICA
La denuncia del Gobierno contra periodistas contradice la propia normativa interna que impuso Milei

El sorpresivo cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada significó una adaptación de las reglas que el propio gobierno de Javier Milei impuso hace un año para el trabajo de los periodistas acreditados en el palacio presidencial.
Las autoridades justificaron la medida en la necesidad de “garantizar la seguridad nacional”, en sintonía con una denuncia penal por espionaje ilegal que presentó la Casa Militar contra periodistas del canal TN que tomaron imágenes sin solicitar autorización en áreas comunes del edificio.
El escrito judicial argumentó que aquella acción «se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».
La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”. Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.
Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.
El Gobierno aludió a otro párrafo de la misma normativa que habla de conductas “indecorosas o temerarias” que alteren “el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones”. En esos casos la Secretaría de Medios “podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso” del responsable.
“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, escribió el secretario de Medios, Javier Lanari, para explicar el castigo generalizado. Milei avaló el mensaje con un posteo en el que añadió: “NOLSALP”, las iniciales de la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La denuncia que firmó Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, considera que la grabación que hizo el periodista Ignacio Salerno, de TN, «representa una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación». Es decir, reclama enmarcarlo en un caso de espionaje ilegal, con penas de prisión.
Salerno presentó el domingo pasado un informe en el programa “¿Y mañana qué?“, conducido por Luciana Geuna, en el que mostró imágenes del patio de las palmeras, escaleras internas y despachos que tenían la puerta abierta. Son todos espacios comunes, de paso cotidiano para los periodistas destinados a la Casa Rosada. La filmación la hizo con unos anteojos inteligentes y así aparecía declarado en el video difundido.
La nota -de poco más de un minuto- se titulaba “Guerra de despachos en la Rosada” y es una crónica en la que no se ven espacios reservados. Se hablaba de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y la única persona que aparece en cámara fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Salón de los Bustos, mientras salía del edificio. En la edición se añadieron imágenes indisimuladamente generadas con inteligencia artificial de Santiago Caputo y Lule Menem, además de una infografía 3-D del exterior de la Casa Rosada.
“El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro alguno la actividad de la sede principal del Gobierno Nacional a través de una grabación subrepticia. En el graph colocado en la parte superior izquierda de la pantalla, la producción del programa explicitó que la inspección ocular y la filmación clandestina se habrían concretado mediante la utilización de lentes inteligentes”, sostiene la presentación judicial de Ibáñez.
Destaca, además, que el periodista reconoció al aire que no habían pedido autorización para filmar y que hablaba en voz baja, señal de que era una “actividad furtiva”.
Ibáñez considera que puede aplicarse el artículo 222 del Código Penal, que reprime con pena de reclusión o prisión de uno a seis años, al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”. O, en su defecto, podría caber el artículo 223, que prevé una pena de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo para el que “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
El texto describe las directivas establecidas en el reglamento interno. Menciona la prohibición de filmar en zonas no habilitadas, pero sin aclarar que la revocación de una acreditación podrá considerarse en caso de reincidencia (y solo limitada al periodista acusado). Especifica que a Salerno se lo suspendió de manera preventiva por la cláusula sobre “conductas indecorosas o temerarias” que “alteran el normal funcionamiento de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno”.
Al avanzar en el terreno penal considera que debe investigarse “las verdaderas razones que motivaron este proceder”. Y pide que se determine si hay más grabaciones aún no publicadas. “Debe tenerse presente que una de las denunciadas manifestó su voluntad de ‘hacer cien mil capítulos’; es decir, de continuar con la inspección ilegal en la Casa Rosada, o de difundir otras imágenes ya obtenidas de esa manera”, escribió el funcionario.
Hace alusión a un comentario de Geuna, que en referencia a la interna del oficialismo señaló: “Dice capítulo uno, porque imaginate que podemos hacer cien mil capítulos”.
El canal TN expresó, ante la denuncia del Gobierno, que la producción del programa “está poniendo a disposición del juzgado, a través de sus abogados, el material en crudo de todas las grabaciones, que demuestra que se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, de acuerdo a la normativa vigente”. También aportará “material fotográfico y de vídeo de muchas otras coberturas previas que pone en evidencia que esos lugares han sido registrados y reproducidos con anterioridad por numerosos medios de comunicación sin ningún tipo de consecuencia”.
Ibáñez, en cambio, denuncia que “las imágenes difundidas exhiben la disposición física de los espacios internos de la Casa de Gobierno: básicamente, revelan la ubicación de accesos restringidos, puertas de seguridad, pasillos de circulación y rutas de evacuación. Con esta información, un actor hostil a la República Argentina podría identificar puntos ciegos y elementos vulnerables para acceder de forma no autorizada, o para planificar un ataque».
También dice que “la divulgación del material obtenido puede exponer el rostro, la vestimenta y la ubicación habitual de agentes encargados de la custodia, incluyendo el personal que actúa de forma reservada”. En lo difundido solo se ve a Adorni, a la distancia y de espaldas.
La prohibición de acceso a todos los acreditados fue avalada por Milei en las redes sociales con una serie de mensajes publicados a lo largo del día. También avaló la denuncia penal y no se privó de insultar a Geuna y a Salerno.
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POLITICA
La Casa Rosada cuestiona el dictamen de la ley de Discapacidad y presiona para introducir cambios

Las tensiones internas por Discapacidad volvieron a aparecer en el Gobierno después de que La Libertad Avanza avanzara en Diputados con un dictamen que no fue convalidado por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La Casa Rosada abrió ahora una negociación interna para intentar acercar posiciones antes de que el proyecto llegue al recinto.
“Avanzaron solos”, sostiene un funcionario cercano al equipo económico sobre la conducción parlamentaria. En ese sector aseguran que el Ministerio de Economía no aprobó el texto que terminó firmándose y que tampoco recibió el aval de las otras dos áreas que intervienen en la definición jurídica y sanitaria de la iniciativa.
Cerca de Karina Milei reconocen el problema y aseguran que están negociando con Economía para conseguir su respaldo. “Por ahora están en que lo vetan si sale así. Vamos a arreglar igual, pero a Javier y a Toto no les gustó”, explican en el oficialismo. La definición todavía no está cerrada.
El conflicto vuelve a exponer los problemas de coordinación que el Gobierno ya había reconocido en la discusión por Discapacidad. En la Casa Rosada admiten que el texto parlamentario avanzó sin un acuerdo previo de todas las áreas y que ahora buscan evitar que la diferencia vuelva a convertirse en una disputa pública.
La posición de Javier Milei, según funcionarios que conocen su postura, sigue más cerca de los cambios que el Ejecutivo incluyó originalmente en el Presupuesto 2027. Ese capítulo planteó modificaciones en el esquema de prestaciones y pensiones que luego generaron cuestionamientos de los aliados y obligaron al oficialismo a reabrir la negociación.
El nuevo dictamen tomó otra dirección. La Libertad Avanza consiguió 42 firmas frente a 36 del despacho opositor en el plenario de Discapacidad y Presupuesto, con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Eso le permitirá al texto oficialista ser considerado primero cuando el tema llegue al recinto.
La iniciativa propone reemplazar la emergencia por un régimen permanente y mantiene varios puntos reclamados por los aliados: pensiones no contributivas, cobertura médica, compatibilidad con determinados ingresos laborales, universalidad del nomenclador, actualización de aranceles y un cronograma para pagar compensaciones adeudadas a prestadores.
POLITICA
Brasil, Estados Unidos e Israel: las tres elecciones que pondrán a prueba la estrategia geopolítica de Milei

En menos de un mes habrá elecciones en Brasil, Israel y Estados Unidos. Con matices, diferencias e intereses contrapuestos, el resultado de estos procesos impctarán de lleno en la política exterior del gobierno libertario. Javier Milei ratificó la semana pasada, en el marco de la Asamblea General de la ONU, su estrategia geopolítica y reinvindicó su cecanía con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
El Presidente no escatimó elogios. “Agradezco la oportunidad que me han brindado de formar parte de su círculo de amigos y socios”, afirmó durante una entrevista con Bloomberg en el Economic Club de Nueva York. Y los definió como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”.
En Brasil la situación es más compleja.
El próximo 4 de octubre se celebrará la primera vuelta presidencial y, salvo una sorpresa, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. El escenario que proyectan todas las encuestadoras es un duelo con final abierto entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado para presentarse tras su condena penal.
Los números más recientes —AtlasIntel/Bloomberg del 17 de septiembre, con 5.018 encuestados y margen de error de un punto porcentual— muestran al senador con 47,2% frente al 46,8% de Lula en un escenario de balotaje: empate técnico perfecto. En primera vuelta, el presidente retiene la delantera con 44,1% contra 41,7% del opositor.
Para la Argentina, el resultado brasileño tiene una carga adicional que va más allá de la ideología. Brasil es el principal socio comercial del país: el intercambio bilateral supera los 20.000 millones de dólares anuales y ningún otro mercado concentra tanto volumen de exportaciones argentinas. Sin embargo, la relación entre Milei y Lula da Silva atraviesa su peor momento, con un vínculo diplomático degradado a nivel de encargado de negocios.
El presidente argentino participó de un acto de proclamación de Flavio Bolsonaro como candidato opositor, cuestionó públicamente al mandatario brasileño y criticó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, lo que motivó una respuesta institucional del gobierno de Brasilia: el retiro de los embajadores. Los jefes de las misiones, Julio Bitelli, por el gobierno de Lula, y Daniel Raimondi, por el gobierno de Milei, volvieron a sus respectivos países por tiempo indeterminado.
Elsa Llenderrozas, directora del Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), describió el proceso electoral como “muy importante por varias razones”. Consultada por Infobae, señaló que una victoria de Bolsonaro “puede facilitar que se normalicen las relaciones con Argentina”, mientras que la continuidad de Lula “haría más costoso el diálogo diplomático, aunque no imposible”.
Llenderrozas también adviertió sobre el rol de Washington en la ecuación: “Estados Unidos está presionando a Brasil con sanciones políticas, aranceles unilaterales y coacciones de todo tipo”. Según su análisis, esa presión empuja al gobierno de Lula hacia China, mientras que un eventual presidente Flavio Bolsonaro “tendrá posibilidad de recomponer más rápido la relación con Trump, aunque su vínculo con Xi también será pragmático y evitará los errores iniciales que cometió su padre en el gobierno”.
Según la analista, Milei se enfrenta a una paradoja, porque “una victoria de Bolsonaro puede desplazar a Milei como aliado privilegiado de Trump en la región”. “Esa es la trampa en la que se encuentra el presidente argentino: apoyar a un candidato que puede desplazarlo de lo que considera su lugar de privilegio”, afirmó.
Por último, Llenderrozas puso el foco en una dimensión institucional. “Estas elecciones son importantes para medir la resiliencia democrática en Brasil. El temor es la reacción de un candidato como Bolsonaro, si pierde por una diferencia menor a un dígito, teniendo en cuenta lo que sucedió con la derrota de su padre y el ataque a las instituciones de gobierno”, indicó.

Israel: la primera elección tras el ataque de Hamás del 7 de octubre
El 27 de octubre, Israel celebrará las primeras elecciones desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Se pondrán en juego los 120 escaños del Knéset —el parlamento israelí— para conformar el nuevo gobierno.
Las encuestas posicionan como favorito al partido Yashar, liderado por el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Gadi Eisenkot, con proyecciones de entre 23 y 25 escaños. El Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu aparece segundo, con alrededor de 20 escaños. La alianza Beyachad, que agrupa al ex premier Naftali Bennett con Yair Lapid de Yesh Atid, sumaría entre 12 y 16 escaños. Ningún bloque tiene asegurada la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar, lo que abre la puerta a negociaciones complejas tras el cierre de las urnas.
La elección tiene una resonancia particular en Argentina, que alberga la comunidad judía más grande de América Latina y la quinta del mundo. Para Milei, el resultado también importa en clave diplomática: el presidente anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y abrió vuelos directos entre ambos países.

Alejandro Melincovsky, director para Países de Habla Hispana de la Organización Sionista Mundial y ex representante para Argentina del Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos, advirtió a Infobae que las encuestas en Israel deben leerse con más cautela que en otros países, dado que el voto no es obligatorio. “Mucho tiene que ver cómo se levanta alguien a la mañana, no solo a quién va a votar, sino si toma la decisión de salir a votar o no. Eso puede cambiar mucho”, señaló. Como ejemplo histórico, citó las elecciones de 1996, cuando la abstención masiva de la población árabe israelí le dio el triunfo a Netanyahu sobre Shimon Peres.
Sobre la formación de gobierno, describió tres escenarios posibles: que Netanyahu logre armar una coalición de 61 escaños, que la oposición lo logre con apoyo de partidos árabes, o que no se llegue a ningún acuerdo y el país deba convocar a nuevas elecciones. El sistema otorga 90 días para intentar conformar gobierno, con posibilidad de prórroga. Un elemento clave en ese proceso es el umbral electoral del 3,25%, que obliga a los partidos pequeños a fusionarse o arriesgarse a que sus votos “vayan a la basura” y redistribuyan entre los que sí ingresan al Knéset.
En cuanto al impacto sobre Argentina, Melincovsky sostuvo que existe consenso entre los principales candidatos —incluida la oposición— sobre mantener el vínculo con Buenos Aires. Y recordó cuando Milei visitó Israel se reunió también con Lapid, jefe de la oposición, quien “elogió el posicionamiento internacional de Argentina” y anticipó que continuaría en la misma línea.
“No importa quién llegue a ganar las elecciones: el que sea va a seguir alineándose con Argentina mientras tenga un gobierno afín”, afirmó. Y agregó que esa alineación trasciende al actual gobierno.

Los demócratas van por el Congreso
Por otro lado, el 3 de noviembre se harán en Estados Unidos las elecciones de medio término, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y 35 escaños del Senado. Las últimas encuestas favorecen a los demócratas en la batalla por la Cámara Baja, mientras que en el Senado la disputa es más pareja: Texas, Michigan, Georgia y Florida concentran los cruces más reñidos, con diferencias dentro del margen de error.
El resultado tiene consecuencia directa para la Casa Rosada. Jorge Arguello, exembajador argentino en Estados Unidos, advirtió a Infobae que “lo que ocurra en noviembre no será para la Argentina solamente un dato de la política interna norteamericana”. Para el diplomático, el gobierno de Milei “ha hecho de su vínculo con la administración Trump el eje central de su política exterior”, lo que convierte cualquier modificación del equilibrio en el Congreso en un factor de impacto directo sobre Buenos Aires.
Arguello puso el foco en lo que define como un problema de “timing”: el giro latinoamericano de Washington podría estar produciéndose justo cuando el escenario político interno podría modificarse. “Si así fuera, podría aparecer una suerte de descalce entre el ciclo político regional y el norteamericano”, señaló.
“La relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos debería construirse con el país en su conjunto y con una perspectiva que trascienda una administración determinada”, plantéo, y añadió que Argentina necesita “multiplicar sus vínculos, diversificar sus relaciones y ampliar sus márgenes de acción, no reducirlos”.
Benjamin Gedan, investigador del Centro Stimson, planteó a este medio otra dimensión de análisis. Advirtió que si los demócratas conquistan al menos una cámara, la relación entre Milei y Trump quedará “bajo la lupa”, incluido el rescate financiero que Washington extendió a Buenos Aires. “Milei se juega todo a una sola carta y, de repente, la relación entre Estados Unidos y Argentina se ha convertido en un tema partidario en Washington, algo que no suele ocurrir”, remarcó.
Más allá de la asistencia de USD 20.000 millones que instrumentó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a fines de 2025, antes de las elecciones legislativas, para contener la fragilidad de las reservas del Banco Central, la volatilidad cambiaria y la presión sobre los mercados financieros, esta semana se aunció el corredor Andes-Atlántico, un acuerdo que prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027 en obras de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.
2027 será, precisamente, el momento de Milei para competir por su reelección. En Nueva York ratificó la red internacional para sostener su figura y su gobierno. A los inversores les dejó un mensaje: “Todos los actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”. El nuevo mapa geopolítico que emerja de este proceso de elecciones moldeará las condiciones externas en las que Argentina deberá transitar su propio año electoral.
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POLITICA
Jorge Macri celebró el fallo que revocó la decisión de la jueza De Marinis: “Si quieren legislar, vayan al Congreso”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad que revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años.
“Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, publicó Jorge Macri en sus redes sociales después de que se conociera la resolución del tribunal de alzada.
La Cámara no solo dejó sin efecto la decisión de la magistrada, sino que también dispuso apartarla del expediente. De esta manera, el caso deberá continuar con otro juez, que podrá investigar al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y comenzó a regir el 5 de septiembre.
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