POLITICA
La denuncia del Gobierno contra periodistas contradice la propia normativa interna que impuso Milei

El sorpresivo cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada significó una adaptación de las reglas que el propio gobierno de Javier Milei impuso hace un año para el trabajo de los periodistas acreditados en el palacio presidencial.
Las autoridades justificaron la medida en la necesidad de “garantizar la seguridad nacional”, en sintonía con una denuncia penal por espionaje ilegal que presentó la Casa Militar contra periodistas del canal TN que tomaron imágenes sin solicitar autorización en áreas comunes del edificio.
El escrito judicial argumentó que aquella acción «se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».
La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”. Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.
Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.
El Gobierno aludió a otro párrafo de la misma normativa que habla de conductas “indecorosas o temerarias” que alteren “el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones”. En esos casos la Secretaría de Medios “podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso” del responsable.
“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, escribió el secretario de Medios, Javier Lanari, para explicar el castigo generalizado. Milei avaló el mensaje con un posteo en el que añadió: “NOLSALP”, las iniciales de la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La denuncia que firmó Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, considera que la grabación que hizo el periodista Ignacio Salerno, de TN, «representa una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación». Es decir, reclama enmarcarlo en un caso de espionaje ilegal, con penas de prisión.
Salerno presentó el domingo pasado un informe en el programa “¿Y mañana qué?“, conducido por Luciana Geuna, en el que mostró imágenes del patio de las palmeras, escaleras internas y despachos que tenían la puerta abierta. Son todos espacios comunes, de paso cotidiano para los periodistas destinados a la Casa Rosada. La filmación la hizo con unos anteojos inteligentes y así aparecía declarado en el video difundido.
La nota -de poco más de un minuto- se titulaba “Guerra de despachos en la Rosada” y es una crónica en la que no se ven espacios reservados. Se hablaba de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y la única persona que aparece en cámara fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Salón de los Bustos, mientras salía del edificio. En la edición se añadieron imágenes indisimuladamente generadas con inteligencia artificial de Santiago Caputo y Lule Menem, además de una infografía 3-D del exterior de la Casa Rosada.
“El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro alguno la actividad de la sede principal del Gobierno Nacional a través de una grabación subrepticia. En el graph colocado en la parte superior izquierda de la pantalla, la producción del programa explicitó que la inspección ocular y la filmación clandestina se habrían concretado mediante la utilización de lentes inteligentes”, sostiene la presentación judicial de Ibáñez.
Destaca, además, que el periodista reconoció al aire que no habían pedido autorización para filmar y que hablaba en voz baja, señal de que era una “actividad furtiva”.
Ibáñez considera que puede aplicarse el artículo 222 del Código Penal, que reprime con pena de reclusión o prisión de uno a seis años, al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”. O, en su defecto, podría caber el artículo 223, que prevé una pena de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo para el que “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
El texto describe las directivas establecidas en el reglamento interno. Menciona la prohibición de filmar en zonas no habilitadas, pero sin aclarar que la revocación de una acreditación podrá considerarse en caso de reincidencia (y solo limitada al periodista acusado). Especifica que a Salerno se lo suspendió de manera preventiva por la cláusula sobre “conductas indecorosas o temerarias” que “alteran el normal funcionamiento de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno”.
Al avanzar en el terreno penal considera que debe investigarse “las verdaderas razones que motivaron este proceder”. Y pide que se determine si hay más grabaciones aún no publicadas. “Debe tenerse presente que una de las denunciadas manifestó su voluntad de ‘hacer cien mil capítulos’; es decir, de continuar con la inspección ilegal en la Casa Rosada, o de difundir otras imágenes ya obtenidas de esa manera”, escribió el funcionario.
Hace alusión a un comentario de Geuna, que en referencia a la interna del oficialismo señaló: “Dice capítulo uno, porque imaginate que podemos hacer cien mil capítulos”.
El canal TN expresó, ante la denuncia del Gobierno, que la producción del programa “está poniendo a disposición del juzgado, a través de sus abogados, el material en crudo de todas las grabaciones, que demuestra que se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, de acuerdo a la normativa vigente”. También aportará “material fotográfico y de vídeo de muchas otras coberturas previas que pone en evidencia que esos lugares han sido registrados y reproducidos con anterioridad por numerosos medios de comunicación sin ningún tipo de consecuencia”.
Ibáñez, en cambio, denuncia que “las imágenes difundidas exhiben la disposición física de los espacios internos de la Casa de Gobierno: básicamente, revelan la ubicación de accesos restringidos, puertas de seguridad, pasillos de circulación y rutas de evacuación. Con esta información, un actor hostil a la República Argentina podría identificar puntos ciegos y elementos vulnerables para acceder de forma no autorizada, o para planificar un ataque».
También dice que “la divulgación del material obtenido puede exponer el rostro, la vestimenta y la ubicación habitual de agentes encargados de la custodia, incluyendo el personal que actúa de forma reservada”. En lo difundido solo se ve a Adorni, a la distancia y de espaldas.
La prohibición de acceso a todos los acreditados fue avalada por Milei en las redes sociales con una serie de mensajes publicados a lo largo del día. También avaló la denuncia penal y no se privó de insultar a Geuna y a Salerno.
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POLITICA
Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional luego de que el Gobierno lo declarara ilegal

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció el levantamiento parcial del paro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que había sido programado para este viernes 24 de abril, luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal la medida convocada por los trabajadores del organismo.
La decisión fue informada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por medio de un comunicado emitido en la red social X. Pese al acatamiento de la orden gubernamental, el gremialista denunció que la Secretaría de Trabajo actuó fuera de la ley al limitar el derecho a huelga en ese sector.
“Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza”, indicó el representante sindical, para luego confirmar que, en su lugar, realizarán una asamblea general resolutiva a partir de las 10:30 horas. El encuentro será en la sede central del SMN, ubicada sobre la Avenida Dorrego al 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones.
De esta manera, está previsto que se definan los pasos a seguir por los trabajadores, mientras persisten las diferencias entre el gremio y las autoridades nacionales sobre la legalidad de las medidas de fuerza y las condiciones laborales en uno de los organismos clave para la seguridad aérea y la prevención climática en Argentina.

En contraposición, Aguiar apuntó que “el Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”. Asimismo, sostuvo que los trabajadores del organismo se encontraban habilitados a hacer el paro, pese a que las autoridades argumentaron que era ilegal por tratarse de un servicio esencial.
“Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental”, remarcó. Además, exigió que, si el Gobierno considera esencial la tarea del organismo, debe garantizar presupuesto, equipamiento y capacitación permanente, en lugar de avanzar con despidos.
En línea con esto, el secretario general de ATE sostuvo que “el SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y, por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.
Aguiar planteó que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga” y concluyó que “ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma; lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas, pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos”.
El reclamo de los trabajadores del SMN
El paro apuntaba a instalar en la agenda pública que, ante el cierre de 40 estaciones y la desvinculación de meteorólogos, tanto la seguridad aérea como la “continuidad del servicio meteorológico esencial” estarían en riesgo.

Según la dirigencia de ATE, el problema trasciende lo laboral e incide de forma directa en el funcionamiento de las operaciones aeronáuticas y en la capacidad de prevención frente a condiciones climáticas adversas.
En las últimas semanas, los representantes gremiales del sector aeronáutico y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se reunieron con legisladores nacionales para exponer la situación del SMN y debatir el “feroz desguace” de áreas críticas del Estado. Según la Coordinación Nacional de ATE ANAC, el Ejecutivo nacional no dio señales de voluntad política para detener los despidos ni para resolver la crisis de recursos que afecta a estos organismos.
El conflicto se profundizó tras la confirmación de que los despidos alcanzarán a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109. Para el gremio, esto precarizaría la situación laboral y pondría en riesgo funciones clave del sector. Sobre todo, hicieron hincapié en el funcionamiento del servicio nocturno de aviación.
De hecho, el propio sindicato alertó que la reducción del SMN podría provocar un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la labor de los técnicos resulta irremplazable para el control y la prevención de incidentes aeronáuticos.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: las restricciones a periodistas en Casa Rosada y la caída de bonos argentinos

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición del próximo miércoles en el Congreso. “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, confirmó. También dijo que irá por la reelección y brindó detalles de su encuentro con el empresario estadounidense Peter Thiel.
Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril, que se estaba preparando en Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela.
La decisión de Milei de acompañarlo es una clara muestra de respaldo en un momento donde el funcionario se encuentra bajo la lupa por la investigación penal por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.
La Cámara del Trabajo otorgó este jueves efecto suspensivo a la apelación que había hecho el Estado nacional contra la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral, por lo que la normativa vuelve a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo dispusieron los camaristas de la Sala VIII María Dora González y Víctor Pesino, quienes dejaron en suspenso el fallo en primera instancia del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma.
UNO POR UNO TODOS LOS PUNTOS ACÁ.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió a través de su cuenta en la red social X sobre la presencia de Peter Thiel, el magnate tecnológico estadounidense con quien Javier Milei se reunió en la Casa Rosada, y lo calificó como parte del “eje del mal”.
“Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor», escribió Carrió en X y siguió: “Hay que buscar qué es Palantir [una de las empresas del magnate]. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”.
Por fuera (o a causa) de los tropiezos políticos, sociales y económicos del Gobierno han empezado a pasar cosas que, de a poco, alteran la dinámica política nacional, hasta ahora hegemonizada por los éxitos y desaciertos del oficialismo libertario. Nada que amenace la estabilidad ni la gobernabilidad, pero algo que sí modifica el escenario y el horizonte.
Después de ser el partido del poder, de dos décadas de hegemonía kirchnerista, de perder cinco de las últimas seis elecciones nacionales y con el más bajo nivel de representación legislativa y el menor control territorial desde la recuperación a la democracia, el peronismo se mueve, se agita y se retuerce en busca de no terminar como una confederación declinante de fuerzas provinciales y de volver a ser una alternativa de Gobierno.
Goldmund entró en concurso preventivo. La empresa fabricante de los electrodomésticos de marca Peabody busca reestructurar un pasivo que incluye a 497 acreedores y garantizar su continuidad operativa.
La medida fue dictada por el Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, un mes después de que la compañía presentara su solicitud. Se da en un contexto en el que desde Goldmund identificaron una pérdida de competitividad local, una “retracción de la actividad económica” y una elevada “tensión financiera”.
El riesgo argentino sufrió hoy un marcado y generalizado castigo en un mercado global sensibilizado por la frágil tregua en Medio Oriente y ante datos que confirmaron que la economía local no despega.
Los bonos de la deuda más referenciales cerraron en rojo y los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street se desvalorizaron de forma mayoritaria, con caídas que llegaron, en el caso de Globant, al 9%.
Esto último condicionó al S&P Merval, que cayó un 2,31% (-2,57% medido en dólares al tipo de cambio implícito), negociando $281.000 millones en renta variable, con retrocesos que se ubicaron entre el 4% y casi el 7% entre los bancos: -4% Banco Macro; -4,4% Grupo Financiero Galicia; -5,1% Grupo Supervielle y -6,2% BBVA Argentina, por ejemplo.
POLITICA
La Corte Suprema resolverá sobre la crisis desatada entre el Poder Judicial de Santa Cruz y el gobernador

La Corte Suprema de la Nación resolvió intervenir en el conflicto institucional que atraviesa Santa Cruz y analizará la constitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia provincial, en medio de una fuerte disputa entre el Poder Judicial y el gobernador Claudio Vidal.
La decisión fue tomada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la recusación presentada en su contra y ordenaron que se remitan de manera urgente todas las causas vinculadas al conflicto.
“Requerir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que, con carácter urgente, remita las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados con la causa 917/2025 en la que se dictó sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025”, señalaron los magistrados.
De esta manera, el máximo tribunal nacional se abocará a revisar el escenario judicial en torno a la ley que amplió de cinco a nueve miembros el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, así como las decisiones posteriores adoptadas por la justicia provincial.
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El origen del conflicto se remonta a agosto del año pasado, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley 3949 impulsada por el oficialismo con el argumento de “modernizar y agilizar el funcionamiento del máximo tribunal local”. A partir de esa norma, el gobernador envió ternas para cubrir los nuevos cargos, aunque solo dos postulantes lograron ser designados: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó Vidal durante el acto de jura.
Sin embargo, poco después, cuatro de los integrantes del tribunal declararon nula esa designación al considerar que el procedimiento no cumplía con los requisitos constitucionales. “La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostuvieron en una resolución que profundizó la crisis.
El Gobierno provincial cuestionó con dureza esa decisión y acusó a los magistrados de responder al kirchnerismo. En ese marco, Vidal denunció la existencia de un “golpe judicial” y apuntó contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
El conflicto escaló aún más cuando el propio tribunal santacruceño declaró la inconstitucionalidad de la ley que había ampliado su integración, lo que derivó en una fuerte tensión entre los distintos poderes del Estado provincial.
Ante ese escenario, el gobernador acudió a la Corte Suprema para pedir su intervención al sostener que la justicia local “actúa de forma destituyente”. También presentaron recursos los jueces involucrados, en un contexto en el que se acumulan distintas causas vinculadas al mismo tema.

Con esta decisión, la Corte nacional centralizará el análisis del conflicto y podría dictar un fallo clave sobre los límites entre los poderes provinciales y la validez de la reforma judicial en Santa Cruz.
Una disputa de larga data
“Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, aseguró el gobernador y apuntó contra la conformación actual del Tribunal Superior de Justicia: “Son antidemocráticos y anticonstitucionales”.
En el Gobierno están convencidos de que hay una decisión política de la Justicia de “no dejarlos gobernar”. Ahí apuntan directamente contra el entorno de la exgobernadora Alicia Kirchner. “Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al gobierno de la provincia”, afirmó el mandatario, quien consideró que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión.
“El tema es que esa mayoría automática jugó corporativamente”, indicó a TN un dirigente cercano a Vidal. Y agregó: “Ademas tiene el apoyo del gremio de judiciales de Santa Cruz. Ellos presentaron la medida cautelar”.
En cuanto al Tribunal Superior provincial, hay algunas particularidades. Uno de los vocales que no dejan asumir es Sergio Acevedo, un hombre con una larguísima trayectoria política en Santa Cruz. Fue intendente, vicegobernador, gobernador, legislador provincial, diputado nacional y ahora vocal del TSJ. Acevedo estuvo además a cargo de la SIDE apenas asumió Néstor Kirchner como presidente.
Acevedo terminó peleado con el kirchnerismo y alejado de la política partidaria, por eso luego se acercó a las filas del Gobernador Claudio Vidal.
Santa Cruz, Justicia, Kirchnerismo
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