INTERNACIONAL
Ley que obliga a bancos en Costa Rica a responder por fraudes electrónicos ya entró en vigencia
La entrada en vigencia de la Ley 10,889 obliga desde este miércoles a bancos y entidades financieras de Costa Rica a asumir la responsabilidad directa por el dinero sustraído de cuentas de sus clientes a través de fraudes electrónicos, incluso cuando no exista culpa o negligencia de la institución. Esta reforma introduce una inversión en la carga de la prueba: ahora serán los bancos quienes deberán demostrar que actuaron conforme a estándares de seguridad y que no hubo fallas internas, transformando de raíz el equilibrio entre consumidores y entidades del sector financiero del país centroamericano.
En 2025, el Organismo de Investigación Judicial registró 10,027 denuncias por estafas electrónicas en Costa Rica, lo que representa un aumento del 41 % en comparación con el año anterior. El promedio diario de casos ascendió de 19 a 27 en ese período, consolidando a este delito como una de las amenazas principales para la seguridad financiera. La aprobación parlamentaria de la Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, el pasado 4 de marzo, respondió precisamente a este contexto de escalada del fraude y contó con el apoyo de diversas fracciones legislativas.
Con la publicación de la Ley 10,889 en el diario oficial La Gaceta, bancos públicos y privados están obligados a indemnizar a los usuarios cuando se compruebe la existencia de fraude electrónico, estafas o transferencias no autorizadas a terceros, independientemente de la existencia de culpa de la entidad. Esta obligación solo deja exento al banco si logra evidenciar que el caso corresponde a autofraude, dolo del cliente o transferencias entre cuentas del mismo titular, siempre que pueda acreditarse con pruebas técnicas y un informe que deberá remitirse tanto al Organismo de Investigación Judicial como a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
El procedimiento de reclamo requiere que el usuario afectado presente la gestión ante el banco en los 30 días naturales siguientes al incidente, acompañada de una denuncia previa ante el OIJ. A partir de ahí, el banco dispone de 30 días naturales para investigar y resolver, con posibilidad de una prórroga única de hasta diez días hábiles si informa oportunamente al usuario. Durante la investigación, el banco debe probar el cumplimiento de estándares de seguridad, analizar patrones de comportamiento, dispositivos, métodos de autenticación y cualquier actividad atípica.
El plazo para devolver fondos en caso de resolver a favor del usuario es de diez días naturales. En esos casos, el banco debe eliminar todo cargo o interés asociado al fraude y reintegrar los importes descontados, junto con intereses. Además, está obligado a bloquear de inmediato productos financieros implicados y emitir comprobantes de la gestión con fecha y hora.
Si la entidad no resuelve el reclamo en los plazos fijados, pierde el derecho a rechazarlo y debe restituir obligatoriamente los fondos. La normativa fija sanciones económicas para el banco que incumpla los plazos: deberá pagar una compensación equivalente a un salario base al afectado.
La legislación también define el delito de autofraude, que sanciona la simulación de una estafa para lograr un beneficio económico, con penas que van de dos meses hasta diez años de prisión, según el monto involucrado.
En materia de supervisión, la SUGEF asume la tarea de validar los rechazos de reclamos emitidos por los bancos, dentro de diez días hábiles desde su recibo. Si la Superintendencia no ratifica el rechazo, la entidad debe restituir los fondos o reabrir la cuenta en diez días hábiles; solo si lo ratifica, el usuario puede acudir a la vía judicial.
La ley exige canales de atención permanente (24/7), protocolos ágiles de respuesta ante fraudes y el fortalecimiento de equipos de ciberseguridad.
Las nuevas obligaciones afectan tanto a bancos tradicionales como a fintech y startups financieras, que deberán cumplir requisitos elevados en monitoreo, seguridad y gestión de reclamos. El resultado inmediato podría ser un aumento en las barreras de entrada para emprendimientos emergentes, favoreciendo a actores ya consolidados en el sector.
La Superintendencia General de Entidades Financieras deberá emitir y actualizar, al menos una vez al año, regulaciones de seguridad para prevenir estafas, ajustando su marco a estándares internacionales. El Banco Central de Costa Rica debe fortalecer los mecanismos de seguridad en sus plataformas y colaborar en prevención e investigación de delitos.
La reforma legal convierte a Costa Rica en un referente en derecho digital y protección al consumidor financiero, dado que pocos países en América Latina han adoptado estamentos similares. Sin embargo, la rapidez de transformación de los esquemas de fraude, junto con la digitalización y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial generativa para ataques personalizados, plantean el reto de que la regulación pueda mantenerse actualizada y eficaz.
La normativa contempla plazos transitorios de hasta seis meses para que entidades y supervisores adapten sus procedimientos y protocolos de atención a víctimas de fraude. Su aplicación concreta dependerá de la emisión de reglamentos técnicos, desarrollo institucional y la capacidad de ajustarse a un entorno donde la sofisticación del fraude digital avanza más rápido que la elaboración de nuevas leyes.
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INTERNACIONAL
¿Es o no es? Un misterioso Stradivarius reaviva una historia de saqueo nazi que llega hasta Argentina
¿Un Stradivarius robado por los nazis en Polonia reapareció a finales de marzo durante un concierto en el noreste de Francia? La experta Pascale Bernheim, que lo busca desde hace años, asegura que sí, aunque el origen del instrumento genera debate.
Este violín, fabricado por el célebre lutier italiano del Renacimiento Antonio Stradivari y desaparecido desde hace años, tiene actualmente un valor estimado en más de 10 millones de euros (más de 11,7 millones de dólares).
La experta cuenta que sus sospechas comenzaron tras leer la crónica del diario local Les Dernières Nouvelles d’Alsace sobre una velada el 31 de marzo en el museo Unterlinden de Colmar, en el noreste de Francia, que combinaba una cata de vinos y un concierto de violín.
El violonista Emmanuel Coopey tocó varios violines distintos, entre ellos tres antiguos: uno fabricado en “1624” por el lutier Niccolò Amati, otro “del taller de Antonio Guarneri fechado en 1735″… y “uno de 1719 de Antonio Stradivari, según el artículo del diario.
“Estoy absolutamente convencida de que se trata del ‘Lauterbach’”, declara la presidenta de la asociación Musique et spoliations (Música y Expoliaciones), en referencia al violín robado en 1944 en Polonia y llamado así por uno de sus primeros propietarios.
Soldados nazis lo robaron en 1944 en el Museo Nacional de Varsovia, pero la última vez que fue visto fue a inicios de los años 1990 en Francia tras pasar años en la República Democrática Alemana, en la órbita soviética, según una investigación del diario Le Parisien.
Sólo existen nueve Stradivarius de 1719, de los cuáles dos están desaparecidos: el “Lauterbach” y otro apodado “Lautenschlager”.
Sin embargo, este último tiene una particularidad. Su tapa inferior está compuesta de dos tablas de madera, por lo que no puede ser el violín usado en Colmar, cuya parte posterior está fabricada con una sola, según la información del rotativo.
El organizador de la velada en Colmar es además el productor de conciertos de música clásica Emmanuel Jaeger, quien en 2017 se puso en contacto con la experta para investigar el origen de un violín en posesión de Jean-Christophe Graff, un lutier de Estrasburgo.
Este último pensaba que tenía un Vuillaume, de menor valor, hasta que, durante un coloquio, un reputado experto mundial, el británico Charles Beare (fallecido en 2025), le dijo: “Esto no es en absoluto un Vuillaume, es un Stradivarius y un Stradivarius del periodo más bello”, explica Pascale Bernheim.
A Graff le preocupaba tener en su posesión un violín expoliado, agrega la experta.
La especialista inició entonces sus investigaciones, identificó al propietario del “Lauterbach” antes de la Segunda Guerra Mundial, el industrial polaco Henryk Grohman –que lo había cedido al museo polaco antes de su muerte–, y localizó incluso a descendientes suyos en Austria y en Argentina.
Pero el origen del instrumento aún está por determinar con certeza. “Que yo sepa, Beare evaluó en dos ocasiones el violín y posteriormente se sometió a un análisis dendrocronológico», método que permite determinar en particular la edad de los objetos de madera, explica Bernheim.
Ni Emmanuel Jaeger ni el lutier de Estrasburgo respondieron. El primero declaró, sin embargo, a Le Parisien que la experta se equivocaba. “No se trata del violín robado”, aseguró también el jueves en Les Dernières Nouvelles d’Alsace.
Según el organizador de la velada, el violín cedido para el concierto por el propietario del instrumento es otro Stradivarius de 1719. “Errar es humano y puede que me equivoque”, replica Bernheim. Pero si se trata efectivamente de un Stradivarius de 1719, sin ser el Lauterbach, “en ese caso, que nos explique cuál es”.
Fuente: AFP
INTERNACIONAL
Blue state residents ‘fleeing in droves’ after ‘insane’ progressive takeover, says top state attorney
NEWYou can now listen to Fox News articles!
A top state attorney in Democrat-controlled Maryland says he has had enough and is throwing in the towel after saying the Old Line State has suffered an «insane» «ultra-progressive» takeover.
In an interview with Fox News Digital, Haven Shoemaker, state attorney for Maryland’s Carroll County, said that after decades in public service, he is «sick to death» of the policies that «emanate» from the state capital in Annapolis. He said he is especially disgusted with Maryland’s «sanctuary» policies and the high taxes he said are being levied in part to pay for more services for illegal immigrants.
«Maryland has become California on the Chesapeake,» said Shoemaker. «It only gets worse. It’s not getting better. And at some point, I just had to make a personal decision that it’s time to throw in the towel and head for what I believe are greener pastures.»
Shoemaker is not the only one. He said that he sees Marylanders giving up on the state «all the time.»
«The State of Maryland has one of the worst outward migration numbers of any state in the country right now,» he said. «So, I don’t know who’s going to be the last to foot the bill for the profligate spending that Annapolis likes to engage in, but it’s not going to be me, I can tell you that.»
MARYLAND DEMS MOCKED FOR PRIORITIZING TAMPONS IN MEN’S BATHROOMS AMID STATE DEFICIT: ‘NONSENSE’
Marylanders are «fleeing in droves» under Democratic Gov. Wes Moore and the Democra-controlled State Assembly, according to Carroll County State Attorney Haven Shoemaker. (Mark Wilson/Getty Images; Heather Diehl/Getty Images)
Moore’s office did not respond to Fox News Digital’s questions. Fox News Digital also reached out to Maryland House Speaker Joseline A. Peña-Melnyk and Senate President Bill Ferguson for comment.
Born in Baltimore in the 1960s, Shoemaker spent three decades in local and state politics before taking the job as Carroll County’s top prosecutor in 2023. His career in public service includes seven years as mayor of Hampstead, Maryland, four years as a Carroll County commissioner and nine years in the Maryland House of Delegates. He rose to the role of House Minority Whip for the Maryland Republican Party.
Despite years deeply involved in state politics, Shoemaker said his decision to abandon Maryland has been a long time coming.
«I’ve been contemplating this move for a while, but the linchpin for me was this most recent legislative session where they essentially made Maryland a sanctuary state for illegal immigrants,» he told Fox News Digital.
Earlier this year, the Maryland General Assembly passed an emergency measure to ban local and state law enforcement agencies from cooperating with U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) through what is known as the 287(g) program. Maryland Democratic Gov. Wes Moore, whose name has been floated as a possible 2028 Democratic presidential candidate, signed the bill into law.
While emphasizing that law enforcement would continue cooperating with ICE on deporting individuals who «pose a risk to public safety,» Moore lauded the bill, saying, «We will not allow untrained, unqualified and unaccountable agents to deputize our brave local law enforcement officers,» according to WYPR.
While signing the measure, Moore stressed his view that «Maryland is a community of immigrants,» saying, «It is not our weakness, it’s our strength.»
FOUR ILLEGAL IMMIGRANTS LINKED TO MS-13 INDICTED FOR ALLEGEDLY MURDERING 14-YEAR-OLD BOY IN MARYLAND PARK
The Maryland State Capitol building in Annapolis, Md. (Getty Images)
Shoemaker, meanwhile, said that Maryland’s sanctuary-style policies are «just part of the problem.»
«In addition to that, their tax policy here is horrendous,» he said. He pointed to how state leaders raised taxes in Maryland last year by $1.6 billion.
The tax raise was passed by the State Assembly and approved by Democratic Gov. Wes Moore as part of a $67 billion state budget in 2025. The raise was part of a plan to address roughly a $3.3 billion budget deficit. Maryland’s budget is relatively large compared to other states, despite the state ranking 18th in population and 42nd in land size.
Shoemaker said that state leaders are «already looking at a structural deficit going into next year’s budget of another billion and a half or so.» He asserted the «handwriting is on the wall» that «Maryland politicians are beholden to their ultra-progressive base.»
Maryland Gov. Wes Moore, New York Gov. Kathy Hochul, and Minnesota Gov. Tim Walz speak to members of the media outside the White House in Washington, D.C., on July 3, 2024. (Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg)
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In the end, Shoemaker said that he has finally decided to escape to the South and head for North Carolina.
«A lot of taxpayers from across the State of Maryland are fleeing in droves,» he said. He added a warning to Moore and other Maryland leaders: «If you want to staunch the bleeding that’s occurring, maybe you should rethink your policies.»
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