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POLITICA

De patentes medicinales y pacientes

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Una paciente con cáncer avanzado lleva a la justicia a su sistema de salud para acceder a un medicamento que quizás le salvara la vida. El ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) documentó miles de estos casos en 47 países y para el pembrolizumab. La escena se repite en todo el espectro de los tratamientos más innovadores. En este caso puntual, la Argentina es el único lugar del mundo donde existe un biosimilar de ese fármaco. Otro tanto ocurre con los moduladores del canal de cloro de las células epiteliales (elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor), un tratamiento biológico también producido en el país, para una severa dolencia pediátrica conocida como fibrosis quística. En ambos casos los medicamentos nacionales redujeron los costos de tratamiento entre 60 y 80% respecto de las drogas producidas por laboratorios internacionales. Y más gente mejoró su salud. Son casos de interés mundial y ocurrieron gracias a un margen de acción que existía en la regulación local de las patentes farmacéuticas. La Argentina cuenta con varios otros ejemplos parecidos. Hablamos de una moneda de doble cara. Y una de ellas es la salud.

El pembrolizumab es una molécula que combate el cáncer. El reporte del ICIJ señala que desde su aprobación por la FDA en 2014, su formulación originaria (Keytruda) acumuló más de 163.000 millones de dólares en ventas globales. Detrás de esa cifra hay décadas de investigación, riesgo financiero, y una arquitectura regulatoria que protege la innovación. Eso es legítimo. Sin patentes y sin retornos razonables sobre la inversión, la industria farmacéutica pierde el incentivo para desarrollar los próximos medicamentos que necesitará la humanidad. Pero el precio de Keytruda en Argentina, antes de la competencia, era un 325% más caro que en España. Mismo medicamento, misma presentación, misma marca. Esa cifra no refleja diferencias en la innovación sino poder de exclusividad de mercado. Y tiene consecuencias sanitarias.

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Keytruda no fue patentado en Argentina. La patente original fue desarrollada en Organon, compañía que pasó sucesivamente a Schering-Plough y luego a Merck. Más allá de la controversia sobre las razones exactas del registro incompleto, cuando el laboratorio Elea desarrolló Pembrox, el primer biosimilar global del pembrolizumab, y operó dentro de la legalidad vigente. Y el precio de la droga cayó más del 50%. El mercado argentino pasó entonces de 50.000 a 80.000 unidades en un año. Más pacientes acceden hoy al tratamiento, y eso es un hecho clínico de primer orden.

Una situación parecida ocurrió con el tratamiento para la fibrosis quística producido por otro laboratorio argentino (Gador). Se logró una reducción enorme del precio de la medicación. La consecuencia fue que familias de todo el mundo pudieron acceder a él a un costo que los precios internacionales hacían imposible. Hay varios ejemplos más.

Sería un error convertir este episodio en una cruzada contra la protección de la propiedad intelectual en medicamentos. Tan error como ignorar lo que se nos revela. Los medicamentos no tienen un precio natural. Tienen un precio determinado por la estructura de mercado, el poder de negociación del comprador, la existencia o ausencia de competencia, y por la capacidad regulatoria de los países. Cuando un Estado no produce medicamentos, no regula con criterio propio considerando el mayor beneficio de sus pacientes y la sustentabilidad de su sistema de salud, y no desarrolla capacidad biotecnológica, entonces paga un precio más elevado por los tratamientos para sus pacientes. La experiencia internacional demuestra inequívocamente que ese precio puede ser incompatible con los presupuestos de salud de cualquier país latinoamericano, y conlleva menos acceso para los pacientes. Lamentablemente es África la prueba más acabada de esto.

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Incluso Estados Unidos ha impulsado políticas de precio de referencia internacional para abaratar medicamentos, y allí se plantea promover biosimilares desde prestigiosos think tanks como RAND Corporation y otros. La India construyó la tercera industria farmacéutica del mundo en volumen con política estatal activa, preferencia de compra pública y formación de recursos humanos. Brasil destina 8000 millones de dólares en tres años para cubrir el 70% de su demanda de medicamentos con producción propia para 2033. Corea del Sur legisló para fomentar su industria farmacéutica como sector estratégico. China se encamina a liderar la innovación farmacéutica en pocos años más. Cada uno de estos países entiende que detrás de cada medicamento no hay solo “sector privado internacional”, sino que hay políticas de Estado que determinan quién compite, a qué precio y en qué mercados.

La capacidad de producción de vacunas o medicamentos biológicos de nuestro país es excepcional y constituye una clara demostración de que el ecosistema biotecnológico argentino existe, y puede generar valor clínico real cuando se le dan condiciones.

La gran industria innovadora internacional seguirá siendo indispensable, seguirá trayendo mejoras reales a las afecciones de salud de la gente, y la Argentina debe mantener relaciones productivas con todos (como de hecho ocurre desde hace años). La patente puede ser un instrumento legítimo para premiar la innovación. Pero cuando la exclusividad utilizada de manera imprudente se traduce en precios incompatibles con el acceso y la apertura de una grieta biotecnológica, entonces la discusión deja de ser jurídica y pasa a ser sanitaria.

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Nuestro país debe fortalecer su propio sistema de medicamentos, como la India, Brasil, Israel, China, los Estados Unidos, o Corea del Sur. Utilizando para ello un ecosistema donde inversión pública en investigación básica, formación universitaria, financiamiento eficiente de los sistemas de salud, promoción de un sistema nacional farmacéutico, y criterios regulatorios inteligentes y sustentables, se articulen en función de que todos los argentinos accedan a los mejores tratamientos disponibles.

Siempre debemos volver a casos como Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina y vendió su patente en 1923 por un dólar; “-La insulina no me pertenece, pertenece al mundo”, habría dicho. O a Jonas Salk, quien no patentó la vacuna contra la polio, preguntándose si “¿acaso se puede patentar el sol?”. O a nuestro César Milstein, científico bahiense que ganó el Nobel en 1984 por inventar los anticuerpos monoclonales, (paradójicamente la plataforma científica sobre la que se construyó el propio Keytruda), y que no patentó su descubrimiento. La política farmacéutica no consiste en elegir entre innovación y pacientes, sino en diseñar un régimen donde la innovación llegue efectivamente al paciente. Y la Argentina tiene un largo camino recorrido que debemos aprovechar.

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El autor es médico, Doctor en Ciencias Biomédicas (UBA), y fue director ejecutivo del PAMI




Carlos Javier Regazzoni,Medicamentos,Conforme a,Medicamentos,,Según un informe de Harvard. Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos,,Consumo diario. El alimento de origen vegetal que elimina las toxinas del cuerpo,,Análisis. Una batalla de fondo entre poder y lobby

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POLITICA

Uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar

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Este viernes se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

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La casa de Cristina Kirchner en El Calafate

La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.

Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca uno ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El complejo donde se construyó el Hotel Los Sauces, involucrado en otra causa judicial por corrupción (AFP)

El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.

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También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y a otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.

Casa que los Kirchner le vendieron a Báez en Río Gallegos en 2008 (Foto: Francisco Muñoz OPI Santa Cruz)

A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.

En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.

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Hotel La Aldea del Chaltén

La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.

Frente del edificio de Cristina Kirchner en Recoleta; su departamento es el de la ventana que está debajo del cartel de venta

El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.

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El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.

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La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.

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La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.

El matrimonio Kirchner en la asunción de Néstor. Así fue la evolución de su patrimonio (EFE/Jorge Aloy)

Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.

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POLITICA

La Justicia cerró la causa contra Adorni por incluir a su pareja en el viaje oficial a los Estados Unidos

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El juez Daniel Rafecas archivó la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la inclusión de su pareja, Bettina Angeletti, en la gira oficial de marzo a los Estados Unidos.

La decisión fue tomada luego de que la fiscal Alejandra Mangano sostuviera que aunque Angeletti no integraba formalmente la comitiva, fue invitada por el Poder Ejecutivo y su presencia no significó costos extras para el Estado. Esto es así porque en el vuelo había asientos libres y no hay registros de gastos adicionales durante la estadía, ni de viáticos, ni de alojamientos, sostuvo, puesto que las habitaciones facturadas, en el hotel The Langham, sobre la quinta avenida, eran dobles y no tenían un valor distinto por una o dos personas.

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“A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, dijo la fiscal en su dictamen.

Sostuvo también que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se encontraba dentro del umbral “razonable” de decisiones del Poder Ejecutivo. “La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, sostuvo la fiscal.

Rafecas hizo propios los argumentos de la fiscal y, este viernes, dispuso enviar la causa al archivo.

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De inmediato, el jefe de Gabinete destacó la novedad en las redes sociales. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene’, citó Adorni en X y luego remató: ”Será Justicia. Fin.”

El viaje de Angeletti a los Estados Unidos fue el disparador de una seguilla de pesares en los tribunales para el jefe de Gabinete. Se conoció a raíz de una foto durante una parada de la comitiva oficial en la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Con la foto, la oposición presentó pedidos de informes y empezaron las preguntas sobre por qué una persona sin cargo público había viajado en el avión presidencial.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, dijo el funcionario, para justificar la presencia de Angeletti en el viaje oficial.

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Luego llegaría el video con el que se hizo público el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en un avión privado, durante los feriados de carnaval, por el que se inició otra causa en los tribunales que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

En este otro expediente quedó constatado en una serie de testimonios que el periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y trabó contratos con la TV Pública, había invitado a la familia del jefe de Gabinete a su casa de Punta del Este y había pagado los vuelos privados.

Los viajes de Adorni también son protagonistas en una tercera causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca tener una foto lo mas precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete. Para ello, entre otras cuestiones, pidió información sobre todos sus viajes al exterior y confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y se hospedó en dos hoteles de primera línea.

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Bettina Angeletti,seguilla de pesares,Manuel Adorni,Caso Adorni,Conforme a,,Revés para la CGT. La Cámara del Trabajo volvió a dejar vigente la reforma laboral,,»Un hecho inédito». Pagano denunció a Milei en la Justicia por impedir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada,,Cuadernos. Empresarios ligados al kirchnerismo negaron pagos y apuntaron contra la familia Eskenazi,Manuel Adorni,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: confirmó que buscará la reelección y estará con Adorni en el Congreso,,“Voy a estar ahí». Javier Milei dijo que acompañará a Adorni en el Congreso y confirmó que buscará la reelección,,Diputados. El oficialismo definió cómo será la exposición de Adorni: tres tandas de preguntas y un cierre libertario

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El Gobierno mantiene la cautela ante los trascendidos por las Islas Malvinas y resalta la relevancia de su alianza con EE.UU.

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El Gobierno mantiene cautela frente a los trascendidos sobre una posible revisión de la posición de Estados Unidos en la disputa por las Islas Malvinas. En el Ejecutivo sostienen que no trabajan sobre filtraciones ni correos internos, pero admiten que el episodio vuelve a poner en primer plano la apuesta central de Javier Milei en política exterior: profundizar el alineamiento con Washington.

En el Ejecutivo insisten con que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas forma parte de una estrategia que combina fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y vínculos con aliados internacionales. “Vamos a recuperar las Islas antes de dejar la gestión”, repiten cerca del jefe de Estado.

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En el gabinete lo resumen con una frase: “Somos amigos de la gente correcta”. La reacción oficial se activó después de que Reuters informara que un correo interno del Pentágono evaluaba opciones para sancionar a aliados de la OTAN que no acompañaron las operaciones de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Entre esas alternativas figuraba revisar el respaldo diplomático estadounidense a posesiones europeas, como las Islas Malvinas.

El Reino Unido respondió de inmediato y sostuvo que la soberanía “recae” en Londres y que el derecho de autodeterminación de los isleños es “primordial”. En la Casa Rosada le bajan el tono público al tema, pero lo leen como una señal del nuevo escenario geopolítico. “Queremos ser los aliados más importantes de la región”, expresan en Nación. Esa definición abarca la agenda económica y comercial, pero también las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

El presidente Javier Milei saluda a su par de Estados Unidos Donald Trump en la firma del Consejo de Paz para evitar conflictos en Gaza (Foto: Reuters – Jonathan Ernst).

La visita del subsecretario de Estado Thomas DiNanno al Centro Nacional Antiterrorismo fue leída en el Gobierno como parte de ese esquema de cooperación, con capacitación técnica, equipamiento e intercambio de inteligencia. El funcionario anticipó un aumento de recursos, especialistas, entrenamiento, software y capital humano de Estados Unidos hacia la Argentina.

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El Ejecutivo también niega que la Casa Blanca haya pedido a la Argentina enviar unidades navales al estrecho de Ormuz. La versión había surgido en marzo por dichos de un dirigente cercano a Donald Trump, pero en Defensa aseguraron que “no hubo ningún contacto” para aportar buques y remarcaron que la Armada no cuenta con capacidad operativa para una misión de ese tipo.

Leé también: El Gobierno reconoce que no tiene los votos para eliminar las PASO y abre negociaciones con las provincias

El alineamiento con Estados Unidos tiene además una pata institucional pendiente. Milei firmó en enero la incorporación de la Argentina como miembro fundador del Consejo de la Paz, impulsado por Trump, y en febrero ratificó en Washington el compromiso. Sin embargo, en términos internos, el oficialismo todavía no completó el circuito legislativo para darle aprobación parlamentaria al instrumento.

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En la Casa Rosada consideran que la sanción legislativa de los acuerdos con la Casa Blanca -como el comercial- abarcarán una gesto político hacia Washington. Cerca de Milei remarcan que el presidente “hace todo lo que pide Estados Unidos dentro de lo que está a su alcance”, pero aclaran que eso no implica comprometer recursos militares que la Argentina no tiene ni participar de operaciones sin respaldo legal.

Gobierno, malvinas, Estados Unidos, Reino Unido

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