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POLITICA

Un fiscal de Cámara pide agravar el procesamiento de Tapia y Toviggino en la causa por retención de aportes

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El fiscal de la Cámara Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió endurecer los procesamientos de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en la causa por presunta “evasión” impositiva, al pedir que se incluyera un “subconcepto” especial, que habría sido desatendido por el juez y que representa más de $6.679.796.471.

Al procesar a los dirigentes por retención de aportes, a fines del mes pasado, el juez Diego Amarante consideró que no correspondía incluir allí a una serie de impuestos, relativos mayormente a la publicidad, por pertenecer al régimen de “autorretención” y no de “retención”.

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Pero el fiscal de primera instancia, Claudio Navas Rial, y ahora su colega de Cámara, Pérez Barberá, se opusieron a ese apartamiento, que representa el 77% del monto total denunciado por aportes de seguridad social: $6.679.796.471 sobre un total de $ 8.675.262.968.

“El concepto de ‘autorretención’ puede –y debe– ser comprendido dentro del término ‘retención’ utilizado por la ley penal», dijo el fiscal. “Porque, sencillamente, no constituye una categoría distinta o ajena, sino una modalidad específica en la que aquella puede realizarse”, completó.

“En consecuencia –y tal como la más elemental intuición léxica lo indica– la autorretención se encuentra claramente alcanzada por el tenor literal de la norma. Una interpretación restrictiva que la excluya (como la del juez a quo) tiene el déficit de ser irrazonable, y en consecuencia no puede ser sino arbitraria», sostuvo Pérez Barberá.

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Noticia en desarrollo




Federico González del Solar,Conforme a

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El fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras descomprimió las tensiones entre el Gobierno y sus aliados y podría cambiar la agenda legislativa

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La Corte Suprema le dio un salvavidas político al Gobierno al restablecer, de manera provisoria, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión llegó cuando el oficialismo enfrentaba la posibilidad de que sus aliados habituales acompañaran a la oposición en el Congreso para recuperar esos límites.

El problema para la Casa Rosada estaba en el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Con esa disposición, quedaron eliminadas las restricciones específicas que la norma establecía para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

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Ese aspecto de la política libertaria no convencía al PRO, a la Unión Cívica Radical y a otros sectores que suelen votar con el Gobierno. Los aliados estaban dispuestos a dar quórum en la sesión convocada por la oposición para la semana próxima, con el objetivo de avanzar contra la derogación y restablecer límites a esas operaciones.

La amenaza había obligado al oficialismo a preparar una respuesta. La estrategia consistía en avanzar con una norma que recuperara ciertas restricciones y permitiera acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, estaba dispuesto a ceder para evitar que esa diferencia terminara en una nueva derrota parlamentaria.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino

Ahora, la Corte le simplificó el trabajo. Con una medida cautelar interina, suspendió los efectos del artículo que derogaba la ley y repuso sus restricciones. La resolución tiene carácter provisional: no constituye una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación.

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Sin embargo, su efecto político es inmediato. El Gobierno encuentra una salida para una discusión que amenazaba con dividirlo de sus aliados y facilitarle a la oposición los votos necesarios para avanzar en el recinto.

Una salida para concentrarse en la eliminación de las PASO

La prioridad de la Casa Rosada es evitar quedar trabada en este tipo de controversias. La compra de tierras por extranjeros era uno de esos frentes; la discapacidad es otro asunto en el que el oficialismo también está dispuesto a hacer concesiones.

El objetivo central del Gobierno es avanzar con la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso, necesita ordenar su relación con los aliados y reducir las discusiones que consumen su margen de negociación parlamentaria.

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En ese escenario, el fallo descomprime el conflicto por las tierras. La restitución provisoria de las restricciones atiende el punto que preocupaba a los dialoguistas y reduce la presión sobre el oficialismo para ofrecer una solución legislativa inmediata.

Los votos de la Corte y la lectura política sobre Mahiques

La decisión se tomó por cuatro votos contra uno. La mayoría estuvo integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El expediente fue enviado al juzgado federal de Bariloche para que continúe su trámite.

Según pudo saber TN, Rosenkrantz diferenció la situación de la asociación ambiental demandante de la del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), pero consideró que la Corte no estaba habilitada para disponer una cautelar, aunque fuera transitoria. Su posición era remitir la causa a Bariloche sin establecer una protección mientras se tramitaba el reclamo. En la práctica, esa alternativa habría mantenido operativa la derogación de la Ley de Tierras.

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La Justicia suspende el fallo que declara inconstitucional el decreto de Milei, pero no la obligación de pagar

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El Gobierno apeló la sentencia que lo obliga a cumplir de inmediato la ley de financiamiento universitario. Lo hizo con un escrito de 42 páginas en el que reiteró su postura sobre la necesidad de indicar con qué ingresos se va a solventar el aumento del gasto público que provocará su implementación.

El juez Diego Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno y, por lo tanto, quedó suspendida su decisión anterior que declaraba inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenaba el pago a las universidades.

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Sin embargo, la obligación de pagar por parte del Estado sigue vigente porque aún queda en pie la medida cautelar que había dispuesto el propio juez y que exigía recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y girar los fondos de funcionamiento a las universidades.

Efectivamente, en su decisión, Cormick informó a las partes del juicio que se dará “continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento” sobre las obligaciones de pagar.

El recurso enviado al juez fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, y apunta contra el fallo del 6 de octubre que hizo lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los rectores de universidades públicas. Esa sentencia declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir “de inmediato” la ley de financiamiento, con las normas reglamentarias necesarias.

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Esto suma un nuevo capítulo a la historia del financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei, que no solo acumula episodios en Tribunales y en el Congreso, sino también movilizaciones en las calles. La apelación del Gobierno recuerda esa historia, cuando en octubre del año pasado el Parlamento aprobó la normativa. Sus artículos 3 y 4, según la apelación presentada, aluden a una “recomposición presupuestaria” correspondiente al ejercicio 2024, así como una “actualización presupuestaria bimestral” de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para el ejercicio de 2025.

Clase abierta de la UBA frente a tribunales. La UBA realizó un reclamo con clases abiertas frente al Palacio de Tribunales, para pedir al Máximo Tribunal de la Nación que se expida a la brevedad sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

“Por su parte, el artículo 7 prevé –sin brindar mayores precisiones– la asignación de una partida especial destinada a la carrera de Investigador Científico”, continúa el racconto realizado por el Gobierno. Y agrega que el noveno artículo de la ley sostiene que el Poder Ejecutivo adecuará partidas.

Menos de un mes después de que se aprobara la ley de financiamiento universitario, el Gobierno firmó el Decreto 759/2025, que es el declarado inconstitucional por la sentencia que ordenó el cumplimiento de la ley. El Ejecutivo citó en su apelación contra esa sentencia que el texto de este decreto menciona que “la ley se ejecutará cuando el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.

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El Gobierno señaló “no “condicionó” o “suspendió” la vigencia de la Ley», sino que, según su punto de vista, quedó supeditada a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 24.629. Esta normativa establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”.

Cuarta marcha federal por la educacion pública universitaria apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos. Marcha del Congreso a Plaza de MayoMartín Cossarini

No es la primera vez que el Gobierno sale a defender el decreto sobre la ley de financiamiento universitario en los Tribunales. En diciembre del año pasado, según manifestó en su apelación, el juzgado a cargo de Martín Cormick había resuelto “inaplicar” el decreto.

El Gobierno cuestionó esa decisión y entonces debió intervenir la Cámara, que en marzo de este año mantuvo lo decidido en primera instancia. Entonces, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que el máximo tribunal desestimó.

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Luego de ese periplo judicial se llegó al fallo del pasado 6 de octubre que ordena al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario, lo que fue recientemente apelado por el oficialismo.




recurrió a la Corte Suprema,Conforme a

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Nuevo estallido interno en el PJ: el kirchnerismo acusó a Kicillof de querer que Cristina Kirchner continúe presa

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La posibilidad de lograr la unidad entre el sector Axel Kicillof y el que conduce Cristina Kirchner es cada vez más difícil. Por momentos, parece imposible. Inviable. Ya no solo se trata de la desconfianza que impera en ese vínculo tortuoso, sino que también está atravesada por acusaciones cada vez más espesas.

Lo que desató el último capítulo de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires fue la definición que brindó el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en el canal de streaming Cenital.

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“Se hablaba de un dictamen en octubre (del consejo de Derechos Humanos de la ONU), ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Al ser consultado por la posibilidad de alienearse a una eventual candidatura de CFK, en el caso de que haya un cambio en su situación judicial, Bianco fue contundente: “No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”.

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La mano derecha de Kicillof dejó en claro que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) será muy cauto en sus movimientos, más allá de si Cristina Kirchner puede ser candidata o no. No cambian la postura. Se definirá el año que viene y se verá, cuando se reúnan todos alrededor de la mesa, quién tiene más espalda para ser el candidato del peronismo.

Las expresiones de Bianco desataron el enojo en el corazón de La Cámpora, que le contestaron a través de las redes sociales. El primero en hacerlo fue el ex senador nacional Martín Doñate, quien hizo un recuento de los motivos por los que es importante lo que diga la ONU y dejó entrever que el funcionario bonaerense pretende que la ex presidenta no quede libre.

“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, sostuvo el dirigente de Río Negro. En ese sentido, agregó: “Se trata de la proscripción y persecución a Cristina, conductora de nuestro movimiento, dos veces presidenta y amada por millones de argentinos, a la que intentaron asesinar y hoy someten a la muerte civil mediante el escarnio mediático y judicial”.

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El mensaje que escribió Facundo Tignanelli en sus redes sociales

Acto seguido a esa definición, Doñate precisó: “Pese a todo eso, Cristina aun conserva un enorme respaldo popular y electoral. Defender su libertad es defender el derecho del pueblo a elegirla. Frente a eso, tu posición pública es, como mínimo, irresponsable e ingrata. Y la porfiada ingratitud, como enseña la secular historia, repta en el subsuelo de la traición y el olvido”. El contenido del mensaje fue extremadamente duro.

“Poner en duda todo esto es un grave daño para la democracia y para el Estado de derecho. Hablamos de compromisos internacionales que la Argentina asumió y debe honrar, aunque sus consecuencias incomoden, y hay dudas jurídicas que dicen más de una posición política que del derecho”, sostuvo el rionegrino respecto a la postura de Bianco sobre si es o no vinculante.

En esa línea, agregó: “La Argentina ya conoció elecciones con el peronismo y sus líderes proscriptos, y quienes ganaron así gobernaron con la legitimidad prestada. Llegar a 2027 con Cristina presa e inhabilitada sería repetir ese simulacro de democracia, con el agravante de que esta vez habría quienes, desde nuestras filas, estarían dispuestos a ser parte de esa coreografía”

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El ex senador nacional Martín Doñate cuestionó con dureza a Carlos Bianco

Otro que apuntó contra Bianco, aunque sin nombrarlo, fue el diputado provincial Facundo Tignanelli, hombre fuerte de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. “Al final la corte si revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana. Por lo tanto la conclusión política es que los que hablan de “imposibilidad jurídica de participación electoral” son aquellos a los que les conviene que este presa», aseguró.

En el cristinismo están convencidos que Bianco expresó en público lo que Kicillof piensa en privado. Y ellos lo traducen como la conveniencia de que Cristina Kirchner siga presa para que su condición judicial le abra paso a una candidatura presidencial del gobernador bonaerense. En los hechos, el Jefe de Gabinete explicó lo que distintos abogados han dicho en público respecto a la influencia de lo que pueda decir la ONU. El problema es su nombre, su rol y la interna, que genera otra dimensión en sus expresiones.

El clima está caldeado desde ayer, cuando desde un sector del kicillofismo dejaron entrever que no estaba asegurado el acuerdo con el cristinismo para que Máximo Kirchner sea el presidente del congreso en el PJ Bonaerense. La información generó ruido en las arterias del sector de CFK y el enojo empezó a crecer. Sin embargo, Kicillof bajó una orden rápida, dejó sin efecto cualquier especulación y aseguró que el acuerdo se cumplirá tal cuál estaba hablado.

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“Jugó bien Axel ahí”, reconocen en La Cámpora. Un día después, la tensión volvió a aumentar a la máxima expresión y desató un ola de cuestionamientos a Bianco y, en consecuencia, a Kicillof. La interna nunca termina. Y, difícilmente, pueda culminar el año que viene.

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