POLITICA
Un fiscal de Cámara pide agravar el procesamiento de Tapia y Toviggino en la causa por retención de aportes
El fiscal de la Cámara Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió endurecer los procesamientos de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en la causa por presunta “evasión” impositiva, al pedir que se incluyera un “subconcepto” especial, que habría sido desatendido por el juez y que representa más de $6.679.796.471.
Al procesar a los dirigentes por retención de aportes, a fines del mes pasado, el juez Diego Amarante consideró que no correspondía incluir allí a una serie de impuestos, relativos mayormente a la publicidad, por pertenecer al régimen de “autorretención” y no de “retención”.
Pero el fiscal de primera instancia, Claudio Navas Rial, y ahora su colega de Cámara, Pérez Barberá, se opusieron a ese apartamiento, que representa el 77% del monto total denunciado por aportes de seguridad social: $6.679.796.471 sobre un total de $ 8.675.262.968.
“El concepto de ‘autorretención’ puede –y debe– ser comprendido dentro del término ‘retención’ utilizado por la ley penal», dijo el fiscal. “Porque, sencillamente, no constituye una categoría distinta o ajena, sino una modalidad específica en la que aquella puede realizarse”, completó.
“En consecuencia –y tal como la más elemental intuición léxica lo indica– la autorretención se encuentra claramente alcanzada por el tenor literal de la norma. Una interpretación restrictiva que la excluya (como la del juez a quo) tiene el déficit de ser irrazonable, y en consecuencia no puede ser sino arbitraria», sostuvo Pérez Barberá.
Noticia en desarrollo
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Causa Vialidad: la Cámara de Casación ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y ordenó la ejecución de 111 bienes inmuebles para resarcir al Estado nacional por el perjuicio causado en la causa Vialidad.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del empresario y sus empresas.
Según se detalló en el fallo firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del decomiso confirmado, corresponden 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Las defensas de los condenados cuestionaron la medida. Los abogados de la expresidenta y sus hijos argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
Las defensas invocaron la buena fe de los adquirentes y sostuvieron que no existe nexo directo con el origen ilícito de los fondos. Por su parte, los abogados de Báez y otros condenados alegaron falta de fundamentación suficiente sobre el vínculo entre los bienes y los beneficios del delito.
Todos estos argumentos fueron rechazados por Casación que consideró que los parámetros utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes resultaron adecuados y que exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero resultaría irrazonable en casos de criminalidad económica organizada de larga duración.
Los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.
“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, sostuvo la sentencia.
El juez Borinsky discrepó parcialmente con la medida. Si bien avaló los criterios generales, consideró que la resolución del TOF presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos a determinados inmuebles concretos, especialmente algunos heredados por los hijos de la exmandataria. En su voto, propuso anular el decomiso respecto de esos 19 bienes y ordenar un nuevo pronunciamiento.
El voto mayoritario no hizo lugar a ese planteo y remarcó que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
Todos los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta.
Leé también: Revés para Chiqui Tapia y Toviggino: la Justicia rechazó la recusación del juez que los procesó por la presunta evasión de $19.000 millones
La causa Vialidad investigó un esquema de corrupción donde hubo un esquema sistemático de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. La sentencia condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La expresidenta se encuentra actualmente cumpliendo esta pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
Vialidad, cristina kirchner, Lázaro Baez
ROSARIO. – Una causa de corrupción en Santa Fe, que tiene entre sus protagonistas a dos jueces federales, como el exmagistrado Marcelo Bailaque y a Gastón Salmain, sumó un nuevo capítulo: Darío Ippolito, titular de la tabacalera Bronway será indagado por el pago de sobornos por 650.0000 dólares.
Darío Ippolito compite en el mercado local de cigarrillos con el llamado rey del tabaco, Pablo Otero.
Según la denuncia, el empresario sobornó al extitular de ARCA de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien había creado en Rosario una especie de ente de recaudación paralelo, en una jurisdicción estratégica como es la zona agroexportadora más importante del país.
Ippolito es un empresario, titular de la tabacalera Bronway, ubicada en la zona norte de Rosario, que está en el radar de la justicia desde hace tiempo.
El jueves pasado, el juez federal Aldo Alurralde ordenó una serie de allanamientos, entre ellos su domicilio fiscal, que figura en Villa Gobernador Gálvez, donde actualmente tiene familiares.
Los allanamientos se ordenaron por pedido del fiscal Walter Rodríguez, que investiga uno de los capítulos de la trama de corrupción en torno al extitular de ARCA, Carlos Vaudagna.
En la causa, según las fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, Ippolito habría pagado una serie de sobornos por un total de 650.000 dólares a Néstor Bermúdez, quien también trabajaba en la exAfip junto con Vaudagna.
Ese pago, que se hizo en varios tramos en un bar de Santo Tomé, servía para que ARCA, a cargo de Vaudagna, le otorgara las estampillas que necesitaba Bronway para vender los cigarrillos que importaba desde Paraguay.
La sospecha, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas, era que esa mercadería era de contrabando. Sin esas estampillas –que se denominan son Instrumentos Fiscales de Control (IFC)-, Brownway no podía vender los cigarrillos.
De acuerdo a las fuentes judiciales, Ippolito mantenía una relación con Néstor Bermúdez, mano derecha de Vaudagna en ARCA, desde hacía por lo menos 20 años.
El fiscal Rodríguez llegó a Ippolito a través de una inversión que Néstor Bermúdez hizo en la fábrica de hielo Giaccio, ubicada en la ruta 1, a la altura de Colastiné Norte.
La sospecha es que Carlos Bermúdez, hermano de Néstor, quien figuraría como titular de la empresa, hizo inversiones en maquinaria para fabricar hielo con el dinero de los sobornos que habría pagado Ippolito. Esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía Federal y que llevará a la indagatoria que realizará el juez Alurralde en una fecha que aún no definió. consultó al equipo de abogados, capitaneado por Paul Krupnik, que defiende a Ippolito desde hace tiempo, pero advirtieron que no estarán al frente de esta causa, porque uno de los letrados participó en la defensa de Vaudagna al inicio de la investigación.
El nombre de Ippolito circula en informes de inteligencia y causas penales desde hace más de dos décadas, siempre en la órbita del contrabando de tabaco, la evasión fiscal y los negocios en zonas grises del comercio exterior.
Los primeros registros datan de 2005. Ese año, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pidió colaboración a la Argentina para identificar a Mario Roberto Segovia, un rosarino de Villa Gobernador Gálvez señalado por enviar a España dos contenedores con 375.000 paquetes de cigarrillos marca Dorchester, ingresados como artículos de bazar. En esa causa también figuraban Lionel Loria, luego accionista de Bronway, y el propio Ippolito, oriundo de la misma ciudad. Dorchester —con variantes ortográficas— sería después una de las marcas que fabricó la tabacalera de Ippolito. Segovia fue detenido en 2008 como el mayor proveedor de efedrina de los carteles mexicanos desde la Argentina.
La Secretaría de Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe ya tenía identificado a Ippolito para 2013 como dueño de galpones en Villa Gobernador Gálvez. En 2015, la Secretaría de Delitos Patrimoniales —entonces a cargo de Margarita Zabalza, hoy ministra de la Corte Suprema de Santa Fe— estableció que Ippolito sería dueño informal o testaferro del depósito fiscal Binder, en la zona oeste de Rosario. Tanto los galpones como el depósito fiscal aparecen bajo la órbita del Grupo Selsa, que opera instalaciones de ese tipo en distintas localidades.
Bronway Technology SA, la empresa que Ippolito preside, comenzó formalmente como tabacalera en 2017. Antes se dedicaba a la fabricación de CD y DVD. En diciembre de 2019 fue clausurada. Los cargos: evasión impositiva, contrabando, robo y asociación ilícita. Ippolito quedó detenido junto con otros seis empleados. En los allanamientos se incautaron más de dos millones de atados de cigarrillos, 4.680.000 estampillas fiscales, 90 toneladas de policarbonato y armas con numeración suprimida. La causa quedó radicada en la Fiscalía Federal de Hurlingham y el Juzgado Federal 3 de Morón.
Un año después, en octubre de 2020, se denunció la desaparición de 4,8 millones de instrumentos fiscales de control vinculados a Bronway. La AFIP de Rosario presentó denuncia penal por defraudación contra la administración pública. Intervino el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo del entonces juez Marcelo Bailaque, hoy imputado en el Caso Vaudagna.
En mayo de 2021, Ippolito fue citado a indagatoria por falsificación de instrumentos fiscales, contrabando y evasión impositiva. En julio de ese año se realizaron 10 allanamientos más en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe.
La tabacalera intentó además esquivar el impuesto interno al tabaco con una estrategia similar a la de Pablo Otero, el llamado Señor del Tabaco, dueño de Tabacalera Sarandí. Obtuvo una cautelar de la Cámara Federal de Rosario, pero la Corte Suprema la revocó por unanimidad. Desde noviembre de 2023, Bronway no opera: el organismo recaudador dejó de extenderle estampillas fiscales por la falta de pago del tributo. Ippolito denunció entonces al juez federal Gastón Salmain, a quien acusó de haber sido enviado a Rosario con la instrucción de cerrar su fábrica, y aseguró que supo de la resolución una semana antes porque intentaron extorsionarlo. Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura, donde está muy cerca de la apertura de un jury, luego de que se relevara toda la información de este magistrado que habría cobrado, según la investigación y el arrepentido Fernando Whpei, un financista arrepentido, un soborno de 200.000 dólares.
El caso de Ippolito se inscribe en una crisis de corrupción sin precedentes en la justicia federal de Rosario, donde dos de los tres jueces de primera instancia están imputados por graves delitos funcionales.
El denominador común es Carlos Vaudagna, el extitular de ARCA que se presentó como arrepentido en marzo de 2025 y abrió la puerta a una cascada de investigaciones que desnudaron un sistema de extorsiones, sobornos y manipulación de expedientes.
El primer juez en quedar bajo la lupa fue Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N°4. En noviembre de 2024 fue imputado por extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de activos. Según la acusación, Bailaque coordinó con el financista Fernando Elías Whpei, el escribano santafesino Santiago Busaniche y el propio Vaudagna el armado de una causa penal falsa contra los empresarios bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el objetivo de dañar la carrera de Iglesias en el Grupo San Cristóbal. Para frenársela les exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima pagó 160.000. Bailaque renunció a su cargo, cumple prisión domiciliaria desde julio de 2025 y la fiscalía pidió para él una pena de 10 años de prisión.
El esquema no se limitaba a la extorsión. Bailaque también recibió pagos mensuales de Whpei a través de la mutual Siempre Joven, encubiertos como alquileres de un inmueble en Caleta Olivia, y junto a su esposa habría lavado fondos ilícitos mediante la compra de un lote en un country de Funes.
Santiago Busaniche, por su parte, fue identificado como el operador que articulaba los vínculos entre la justicia federal, el organismo recaudador y los intereses empresariales. Ex rugbier, escribano, con domicilio oscilante entre Santa Fe y Buenos Aires, los fiscales lo describen como un gestor de designaciones judiciales y lobby de alto nivel, con vínculos con el contador rafaelino Héctor Daniel Marchi, exadministrador general de la Corte Suprema. La fiscalía pidió para Busaniche 6 años de prisión. Y la defensa del escribano pidió que declare Marchi, un personaje que manejó la economía del máximo tribunal durante 15 años y llegó a ese puesto durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti.
Fue precisamente Busaniche, según la declaración de Whpei, quien impulsó la designación de Gastón Salmain como juez federal en Rosario en 2023. Y poco después lo habría reclutado para una nueva maniobra: a cambio de una coima del 10% sobre la brecha cambiaria —unos 200.000 dólares—, Salmain dictó desde el Juzgado Federal N°1 una medida cautelar que autorizó al fideicomiso Attila, controlado por Whpei, a comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo. La Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de deberes, con prisión preventiva dictada pero suspendida por su inmunidad como magistrado. Salmain niega todo y alega persecución.
Así, la trama que conecta a Ippolito con Vaudagna y Bermúdez no es un episodio aislado. Es una pieza más de un engranaje en el que un exjefe de ARCA, dos jueces federales, un financista y un operador judicial funcionaron durante años como una máquina de extorsión, sobornos y lavado que operó desde el corazón de la justicia federal de Rosario, donde también obtuvo beneficios el narcotráfico, como el narco Esteban Alvarado, preso en el penal federal de Marcos Paz.
Germán de los Santos,Narcos,Contrabando,Santa Fe,Conforme a,Narcos,,Historias de frontera. El hilo que une a un intendente paraguayo allanado y al narco correntino al que daba refugio,,“Mayita” Zambada. Está en la lista negra de EE.UU. y el Ejército de México la liberó,,¿Un ataúd de oro? Lo que revela del mundo narco el funeral de El Mencho y el corrido mexicano cantado en vivo
Este viernes se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.
La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.
Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca uno ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.
El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.
También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y a otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.
A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.
En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.
La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.
El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.
El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.
La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.
La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.
Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.
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