El regreso de los créditos hipotecarios al sistema financiero volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave para quienes buscan dejar de alquilar: qué nivel de ingresos se necesita para acceder a un préstamo. Cada entidad financiera tiene sus propias condiciones, pero lo que está claro, es que el acceso sigue concentrado en hogares con ingresos formales elevados.

Para entender mejor este escenario, Infobae analizó el resultado de distintas simulaciones realizadas en la web del Banco Nación. El ejercicio fue realizado por la compra de una vivienda de 100.000 dólares. Como el banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad, el crédito máximo a solicitar en este caso es de USD 75.000, mientras que el comprador debe contar con el 25% restante como ahorro previo .

A partir de ese punto, el ingreso necesario depende de variables clave como el plazo elegido y si el solicitante cobra o no su sueldo en el banco.

Para quienes perciben sus haberes en el Banco Nación, las condiciones son más favorables, con una tasa nominal anual del 6% y cuotas más bajas en relación con otras alternativas.

En una primera simulación, con un plazo de 20 años, la cuota mensual inicial se ubica en $917.649 Dado que el sistema establece que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar, los ingresos netos necesarios (sumando titulares y codeudores) deben alcanzar los 3.670.595 pesos.

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En tanto, los titulares del crédito deben aportar al menos la mitad de esos ingresos, lo que implica demostrar ingresos propios por $1.835.297.

Si se extiende el plazo a 30 años, la cuota baja a $811.476 mensuales. En ese caso, los ingresos requeridos también se reducen: el grupo familiar debe acreditar $3.245.905, mientras que los titulares deben percibir al menos $1.622.952.

La diferencia entre ambos plazos muestra uno de los principales mecanismos para mejorar la accesibilidad: alargar el tiempo de pago reduce la cuota inicial y, por lo tanto, el ingreso exigido.

Las condiciones cambian de manera significativa para quienes no acreditan su sueldo en el Banco Nación. En estos casos, la tasa es más alta (la TNA sube a 12%) y, en consecuencia, también lo son las cuotas y los ingresos exigidos.

En una simulación a 20 años, la cuota mensual asciende a $1.172.657. Para poder afrontarla, el grupo familiar debe demostrar ingresos por $4.690.627, mientras que los titulares deben alcanzar ingresos de 1.172.657 pesos.

Si el plazo se extiende a 30 años, la cuota baja a $1.095.472. Sin embargo, los ingresos requeridos siguen siendo elevados: $4.381.890 para titulares y codeudores, y $2.190.945 en el caso de los titulares.

En lo que respecta a las tasas, la TNA es del 12%, con lo que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) llega al 1%.

Estas cifras reflejan el impacto directo que tiene la relación con el banco en el costo del financiamiento y en las condiciones de acceso.

Uno de los puntos centrales de los créditos hipotecarios UVA es que la cuota inicial no puede superar el 25% del ingreso neto del grupo familiar . Este límite es el que determina, en última instancia, cuánto hay que ganar para acceder al préstamo.

Además, el Banco Nación permite sumar ingresos de familiares directos como codeudores, lo que facilita alcanzar el umbral requerido. Sin embargo, también exige que los titulares aporten al menos el 50% de los ingresos necesarios.

Este esquema busca garantizar la capacidad de pago del crédito y reducir el riesgo de mora, en un contexto en el que las cuotas se ajustan por inflación a través del sistema UVA.

Más allá de los ingresos, hay otro requisito clave: contar con el ahorro inicial. Como el banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad, el comprador debe aportar el 25% restante.

En el caso de un departamento de USD 100.000, esto implica disponer de USD 25.000 antes de iniciar la operación. A la cotización de hoy ($1.420 por dólar), eso se traduce en un ahorro de $35.500.000.

A esto se suman otros requisitos habituales, como demostrar ingresos formales, contar con estabilidad laboral y cumplir con las condiciones de calificación crediticia. En general, estas líneas están dirigidas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados o autónomos con ingresos comprobables.

Los números actuales muestran que, aun con la reactivación del crédito hipotecario, el acceso sigue siendo restringido. Los niveles de ingreso requeridos superan ampliamente el promedio salarial, lo que deja fuera a una gran parte de la población.

Si bien no hay datos oficiales de salarios actualizados a abril de 2026, los datos más recientes publicados por el Ministerio de Capital Humano indican que en enero de este año los trabajadores asalariados del sector privado formal cobraron en promedio $1.753.134 netos, un valor que apenas alcanza para cubrir la exigencia mínima del Banco Nación para quienes perciben el salario en esa entidad financiera. De esa forma, para acceder al crédito se necesitaría inevitablemente un segundo ingreso familiar.

En este contexto, las simulaciones permiten dimensionar con precisión el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda propia: no solo por el nivel de ingresos exigido, sino también por el ahorro previo y la estabilidad laboral requerida.

Así, para comprar un departamento de USD 100.000 mediante un crédito hipotecario del Banco Nación, el ingreso familiar necesario puede ubicarse entre poco más de $3,24 millones y cerca de $4,69 millones, dependiendo de las condiciones elegidas.

El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.

Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.

Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.

El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.

El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.

Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger

Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.

Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).

«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.

Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.

El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.

El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo

En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.

El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.

Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.

Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.

El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.

Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.

La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial

La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.

En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.

El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.

Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer

Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.

El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.

Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.

Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).

A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.

En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.

En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.

Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.

El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.

Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.

Más allá de un leve incremento semanal, la cotización del dólar opera con una notable estabilidad desde principios de 2026. La oferta en el mercado supera a la demanda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene la cotización mayorista en torno a $1.400 mediante la compra de divisas para evitar que se acerque a 1.300 pesos.

Los analistas esperan que el equilibrio cambiario continúe en los próximos meses, potenciado por la liquidación de la cosecha gruesa, las exportaciones Vaca Muerta y de la nueva minería, junto al ingreso de las colocaciones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales.

Hasta ahora, el tipo de cambio se movió a contramano de la inflación: mientras que la dinámica de precios se aceleró en el primer trimestre del año, la moneda estadounidense registró caída de hasta 3,4% en el segmento minorista y 3,8% en el mayorista. Desde los picos de septiembre y octubre de 2025, la baja es más pronunciada: 7% y 6,7%, respectivamente.

Con una dinámica inflacionaria que acumuló 9,4% hasta marzo, muchos ahorristas optaron por instrumentos en pesos para obtener tasas positivas en dólares, ya que quedarse líquidos en billete verde hubiera implicado una pérdida.

El carry trade posibilitó el aprovechamiento de rendimientos positivos que brindó la tasa de interés en pesos, en un contexto donde el valor del dólar se mantuvo estable o mostró cierta baja. Aquellos que eligieron conservar dólares sin invertir no obtuvieron ganancias.

Durante el primer trimestre de 2026, la combinación de inflación en alza y baja nominal del tipo de cambio generó un escenario favorable para los bonos en moneda nacional, especialmente para los que ajustan por el índice de precios, como los Boncer. Estos títulos registraron un incremento cercano al 18% en su cotización, al que se suma el retroceso del tipo de cambio, lo que impulsó aún más la ganancia medida en dólares.

Entre los instrumentos que obtuvieron los mejores rendimientos se destacan el Boncer, con una ganancia del 18,1% en dólares, las Lecap 13,4%, los títulos ajustados por tasa Badlar 11,2% y los fondos Money Market ofrecidos por billeteras digitales, que alcanzaron el 11 por ciento. Todas estas alternativas superaron ampliamente el desempeño tanto del dólar minorista como del mayorista en el período.

Tanto el BCRA con la reapertura de un corredor de tasas de interés, como el Tesoro en sus licitaciones de deuda en pesos buscan reducir la tasa de interés. ¿El objetivo? Reactivar la actividad económica mediante la reducción del costo de los créditos para empresas y consumidores. Esto facilita el acceso a financiamiento para invertir, producir o consumir bienes y servicios.

Pese al retroceso de los rendimientos en pesos, los inversores siguen apostando a los activos nominados en moneda nacional, ya que anticipan que la “paz cambiaria” se mantendría, a priori, hasta que finalice la liquidación del agro en junio, y de ese modo obtienen ganancias equivalentes en dólares.

A comienzos de 2026, la buena cosecha de trigo permitió mantener el tipo de cambio estable e incluso con tendencia bajista. Luego, se sumó el ingreso de divisas provenientes de la emisión de obligaciones negociables por parte de empresas y deuda subsoberana (provincias).

En abril comenzó la liquidación de los dólares de la cosecha gruesa (maíz y soja), que concentra el mayor volumen de producción agrícola del país y representa una fuente clave de generación de divisas a través de las exportaciones. Al “trimestre de oro” del sector agroexportador, se añaden los flujos corporativos y provinciales.

Esa oferta de divisas fue aprovechada por el Banco Central para comprar casi USD 7.000 millones. Se trata del 70% de la meta piso de adquisición de divisas -entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones- fijada para todo 2026. El plan es reforzar la posición de reservas internacionales, el jueves superaron el umbral de USD 46.000 millones.

En una reunión con inversores internacionales en Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, informó que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las empresas emitieron obligaciones negociables por un total de USD 9.900 millones. De ese monto, solo USD 6.800 millones ingresaron efectivamente al mercado, mientras que quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, cifra que podría sumarse a la oferta de divisas en el corto plazo.

Werning destacó que las compañías “volvieron a operar (desarmaron coberturas cambiarias y obtuvieron financiamiento para el ciclo de inversiones) tras la actitud de ‘esperar y ver’ que predominó el año pasado” por la volatilidad electoral.

Werning también contó que “la emisión de deuda en moneda extranjera por parte de las compañías se aceleró después de las elecciones, aunque la venta efectiva de esas divisas se dio con cierto rezago, lo que contribuyó a aumentar la oferta de dólares”.

El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas generó una reducción significativa del índice de riesgo país, lo que favoreció las condiciones financieras y abrió la puerta a nuevas colocaciones de deuda tanto para empresas como para gobiernos provinciales.

El aumento de emisiones externas por parte de empresas y provincias se traduce en un ingreso adicional de dólares en un momento de menor aporte del sector agroexportador hacia el final del año pasado. Ese flujo colaboró en la estabilidad cambiaria durante los meses posteriores a los comicios, ya que parte de esos fondos se liquidó en el mercado de cambios o mediante operaciones en bloque.

El saldo que aún resta liquidar se sumará a los dólares de la próxima cosecha gruesa en el segundo trimestre. Esta combinación de divisas podría contribuir a que el Gobierno mantenga la tranquilidad en el mercado cambiario durante los próximos meses. La estabilidad del tipo de cambio se considera central para que el equipo económico logre que la inflación retome una trayectoria a la baja.

Por otro lado, si el índice de riesgo país logra ubicarse por debajo de 500 puntos básicos y permanece en ese nivel, se abriría la posibilidad de un mayor volumen de emisiones de deuda corporativa, lo que reforzaría la oferta de divisas en el mercado una vez que disminuya la liquidación estacional del agro.