El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.
Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.
Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.
El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.
El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.
Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger
Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.
Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).
«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.
Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.
El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.
El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo
En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.
El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.
Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.
Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.
El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.
Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.
La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial
La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.
En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.
El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.
Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer
Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.
El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.
Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.
Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).
A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.
En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.
En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.
Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.
El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.
Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.
