ECONOMIA
Milei incumplió su palabra con Trump y congeló acuerdo clave por patentes en Diputados
El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.
Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.
Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.
El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.
El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.
Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger
Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.
Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).
«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.
Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.
El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.
El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo
En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.
El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.
Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.
Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.
El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.
Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.
La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial
La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.
En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.
El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.
Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer
Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.
El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.
Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.
Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).
A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.
En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.
En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.
Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.
El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.
Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.
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ECONOMIA
Una consultora internacional comparó la mora de países de la región: en qué lugar quedó la Argentina
A fines de 2025, la mora bancaria en la Argentina escaló al 5,3%, un registro que coloca al país al frente de los principales mercados de América Latina según el informe Econosignal de la consultora internacional Deloitte basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El estudio señala que Argentina se posiciona entre los países con mayor ratio de cartera irregular, superando a naciones como Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y México. El informe de Econosignal resalta que, si bien el nivel de morosidad local marca una diferencia respecto a otros sistemas financieros de la región, todavía no alcanza los picos observados durante crisis previas en el país.
En el relevamiento regional, Brasil exhibió una morosidad de 3,9%, Colombia de 3,0%, Chile de 2,4%, Paraguay de 2,2% y México de 2,2%. Estos datos surgen de carteras en situación de 3 a 5, de acuerdo a las categorías utilizadas por el FMI y los bancos centrales locales. El documento de Econosignal aclara que “Argentina se ubica entre los países con mayores ratios de cartera irregular en América Latina, aunque aún por debajo de los máximos registrados en episodios anteriores”.
El trabajo compara el peso del sistema impositivo nacional sobre el costo del financiamiento. Según el informe, “tributos como IVA, Ingresos Brutos, tasas y sellos explican cerca del 30% del costo financiero, muy por encima de otros países de la región con menor morosidad y avances en el sistema financiero, como México o Brasil”. Esta carga impositiva incide directamente sobre la accesibilidad y el costo de los créditos para empresas y familias, un factor que impacta en los indicadores de irregularidad.
El acceso al crédito en Argentina también muestra una distancia notable frente a los promedios regionales. De acuerdo con la información provista por Deloitte, el financiamiento al sector privado representa apenas 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), cifra considerablemente inferior al promedio de países de ingresos bajos (22), a México (35), Perú (40), Colombia (40), el promedio de ingresos medios (64), Brasil (76), Chile (104) y el promedio de altos ingresos (156). El informe detalla que en la Argentina se consideran préstamos en pesos y en dólares otorgados por entidades financieras y no financieras.
La segmentación del crédito local revela que el financiamiento a empresas se sitúa en 7 puntos del PBI, el resto del crédito a familias en 7 puntos y los hipotecarios apenas en 1 punto. Estos valores contrastan con los mercados más desarrollados de la región, donde la participación de los préstamos hipotecarios y los créditos a familias es mucho mayor en relación al tamaño de la economía.
Desde la perspectiva de la evolución histórica, la cartera irregular argentina mantuvo una tendencia por encima del resto de los países analizados durante la última década, con oscilaciones que reflejan tanto episodios de crisis como períodos de estabilización. Según la serie relevada por Deloitte, la morosidad en la Argentina se mantuvo por debajo del 2% entre 2012 y 2017, pero a partir de 2018 empezó a incrementarse, con picos superiores al 5% en los últimos dos años.
El informe destaca la incidencia de factores estructurales y coyunturales en la dinámica de la morosidad local. Entre los elementos estructurales, la baja profundidad del sistema financiero, la elevada carga tributaria y la volatilidad macroeconómica condicionan el acceso y la calidad del crédito. Entre los factores coyunturales, la suba de las tasas de interés reales y la caída del salario real durante 2025 funcionaron como principales motores del deterioro de los indicadores de irregularidad.
Deloitte desarrolló un modelo de regresión para analizar el impacto de distintas variables sobre el nivel de morosidad del sistema financiero argentino. El estudio identificó que “la variabilidad de la morosidad está explicada principalmente por la dinámica de las tasas de interés reales y la evolución del salario real, en ese orden de importancia”. El informe señala que existe una relación positiva entre tasas reales y morosidad, lo que refleja el efecto que causa el encarecimiento del crédito sobre la capacidad de repago de los hogares y las empresas.
Según la estimación presentada, “un aumento de la tasa real de 10 puntos porcentuales se asocia con un incremento de aproximadamente 3,4 puntos porcentuales en la morosidad”. Por otra parte, “una mejora del 10% en el salario real contribuiría a reducirla en torno a 0,3 puntos porcentuales, evidenciando la mayor sensibilidad de la mora a las condiciones financieras que a las mejoras en ingresos”. El modelo también detectó que “un aumento del 10% en los préstamos reales se traduce en un incremento cercano a 0,03 puntos porcentuales en la irregularidad”.
Además, el análisis incluyó elementos adicionales: “Se identifican componentes estacionales, con menor morosidad en los primeros meses del año —febrero y marzo—, y persistencia de la variable dependiente. El modelo igualmente no escapa a posible endogeneidad entre morosidad y tasas de interés”, indica el informe.
El trabajo remarca que la comparación internacional no solo expone el mayor nivel de morosidad local, sino también la menor profundidad del crédito y el peso creciente de los factores macroeconómicos e impositivos en el desempeño del sistema financiero. El informe concluye que ajustar la estructura tributaria sería un paso relevante para reducir costos y acercar los indicadores argentinos a los estándares regionales.
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La pensión no contributiva por invalidez laboral es una de las prestaciones más consultadas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. El beneficio está destinado a personas que presentan una disminución significativa en su capacidad laboral y no cuentan con ingresos suficientes ni acceso a jubilaciones u otras prestaciones previsionales.
La prestación consiste en una asistencia económica mensual otorgada por el Estado a personas con invalidez total y permanente que atraviesan una situación de vulnerabilidad social y económica.
Uno de los aspectos centrales del sistema es que el otorgamiento no depende únicamente del diagnóstico médico, sino también del impacto concreto de la condición sobre la capacidad de trabajar y generar ingresos.
Qué es la pensión no contributiva por invalidez
La pensión no contributiva por invalidez (PNC) es un beneficio administrado por ANSES y organismos nacionales de salud y discapacidad. Está dirigida a personas que no pudieron acceder a aportes previsionales suficientes y que presentan una incapacidad laboral igual o superior al 66%.
El objetivo del programa es garantizar una cobertura económica mínima y el acceso a prestaciones de salud a personas que no pueden sostenerse económicamente por sus propios medios.
Además del pago mensual, quienes acceden a la pensión pueden contar con cobertura médica a través del programa federal de salud correspondiente.
Requisitos para cobrar la pensión por invalidez en junio 2026
Para iniciar el trámite en 2026 se deben cumplir todos los siguientes requisitos:
- Tener una incapacidad laboral del 66% o más
- No cobrar jubilación, pensión o retiro, contributivo o no contributivo
- No estar registrado laboralmente, excepto en el monotributo social
- No contar con ingresos ni recursos suficientes
- Ser argentino nativo o naturalizado, o acreditar al menos diez años de residencia en el país
- No estar detenido ni a disposición de la Justicia
En el caso de menores de edad, el Estado también evalúa la situación económica del grupo familiar conviviente.
Qué documentación pide ANSES
La documentación necesaria para tramitar la pensión incluye:
- DNI actualizado
- Partida de nacimiento, si el solicitante es menor
- Certificado Médico Oficial (CMO) digital
- Estudios, historias clínicas y antecedentes médicos
- Formulario P.S. 6.4, en caso de actuar mediante apoderado
- Copia del DNI frente y dorso
El Certificado Médico Oficial debe emitirse en hospitales públicos o centros de salud habilitados.
Cómo tramitar la pensión no contributiva paso a paso
El trámite es gratuito, personal y semipresencial.
1. Obtener el Certificado Médico Oficial: El primer paso es gestionar el CMO en un establecimiento público habilitado. Sin este documento no puede iniciarse la solicitud.
2. Ingresar a Mi ANSES: Luego se debe acceder a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
3. Actualizar datos personales: Dentro del sistema, el solicitante debe verificar domicilio, grupo familiar y datos de contacto.
4. Completar la solicitud: Finalmente, se debe seleccionar la opción «Pensión no Contributiva por Invalidez» y seguir las instrucciones para cargar documentación y avanzar con el trámite.
Qué enfermedades pueden dar lugar a la pensión
No existe una lista oficial cerrada de enfermedades habilitantes. Sin embargo, entre las patologías que suelen ser consideradas en las evaluaciones aparecen:
- Alzheimer
- Parkinson
- Epilepsia
- Esclerosis múltiple
- Artritis reumatoide
- Cáncer
- Insuficiencia renal crónica
- Hipertensión pulmonar
De todos modos, el diagnóstico médico por sí solo no garantiza el acceso al beneficio.
Qué evalúa el tribunal médico
La evaluación médica contempla distintos factores relacionados con la situación integral de la persona: evolución de la enfermedad, tratamientos realizados, limitaciones físicas, cognitivas o funcionales, posibilidad concreta de inserción laboral y tipo de trabajo realizado anteriormente.
En muchos casos, la solicitud puede ser rechazada si no se acredita una limitación efectiva para trabajar o si existen tratamientos pendientes que podrían mejorar la capacidad laboral.
Compatibilidad con AUH y otros beneficios
Mientras el trámite está en análisis, la persona puede seguir cobrando:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo
Una vez otorgada la pensión, también puede acceder a:
- Asignaciones familiares
- Cobertura médica
- Monotributo social, según la situación económica
El proyecto oficial para cambiar el sistema de pensiones
En paralelo, el Ministerio de Salud impulsa un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez en Argentina.
Según explicó el Gobierno, la iniciativa busca modificar los criterios de acceso, reforzar controles y redefinir el financiamiento del régimen.
Uno de los cambios centrales es eliminar la coexistencia entre los criterios de «invalidez laboral» y «discapacidad», con el objetivo de unificar el sistema bajo un esquema dirigido exclusivamente a personas que no puedan trabajar y carezcan de recursos suficientes.
La propuesta establece además:
- Reempadronamiento obligatorio de beneficiarios
- Auditorías médicas periódicas
- Cruces de información entre organismos estatales
- Revisiones continuas de requisitos médicos y socioeconómicos
El proyecto también habilita suspensiones preventivas ante inconsistencias detectadas durante auditorías, aunque prevé instancias de revisión y defensa para los titulares.
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ECONOMIA
El Gobierno emitirá deuda por $580.000 millones para auxiliar al PAMI por su “crítica situación financiera”
El Gobierno emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para que el PAMI pueda pagar sus deudas, en virtud de la “crítica situación financiera” del organismo. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue instrumentada por el ministerio de Economía mediante una resolución conjunta que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.
En los fundamentos de la norma, se afirmó que “en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto por la suma total de $ 580.270.262.261,46″.
Ese dinero será destinado, señaló la resolución, a “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.
La emisión de deuda se hará por el monto mencionado mediante la ampliación de las “Letras del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos”, LECAP, dividida en 3 partes con vencimientos al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026. Las emisiones se realizarán por $173.000, $164.000 y $187.000 millones, respectivamente. Cada una de las letras del tesoro capitalizables “serán entregadas a su valor técnico, calculado al 18 de mayo de 2026″.
La resolución oficial autoriza además a la Oficina Nacional de Crédito Público a “suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas”.
El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo días atrás en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos.
“El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”, dijo.
Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.
El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.
Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.
La situación del PAMI y sus incumplimientos generó acciones en los tribunales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.
La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.
El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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