ECONOMIA
Milei incumplió su palabra con Trump y congeló acuerdo clave por patentes en Diputados
El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.
Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.
Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.
El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.
El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.
Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger
Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.
Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).
«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.
Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.
El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.
El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo
En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.
El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.
Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.
Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.
El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.
Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.
La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial
La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.
En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.
El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.
Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer
Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.
El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.
Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.
Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).
A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.
En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.
En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.
Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.
El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.
Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.
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ECONOMIA
El Banco Central siguió con la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 132 días consecutivos con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, tras adquirir USD 25 millones este miércoles . En lo que va del año, la entidad ya incorporó más de USD 12.700 millones a sus reservas internacionales.
Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario en enero, el BCRA concretó adquisiciones por 12.711 millones de dólares. El equipo económico había fijado como objetivo anual un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares para 2026.
Durante los primeros siete meses de 2026, el ingreso de divisas se vio favorecido por liquidaciones provenientes del sector agropecuario, energético y minero, además de la colocación de deuda en mercados internacionales por parte de compañías y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron al BCRA captar una porción significativa de los dólares disponibles.
En junio, el Banco Central redujo su nivel de intervención con el fin de disminuir la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda de divisas registró un aumento y el tipo de cambio mayorista subió más de 5%, superando por primera vez a la inflación desde octubre de 2025.
Durante ese mes, las compras oficiales sumaron 1.418 millones de dólares, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo y solo superiores al registro de enero, que fue el menor del año. En julio, hasta el momento, las adquisiciones totalizan USD 1.546 millones y ya superaron al registro total de junio.
La entidad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. En el primer trimestre, la acumulación de reservas resultó más desafiante debido a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.
Para sostener el ritmo de compras, el BCRA aumentó la emisión de pesos sin operar sobre mecanismos de esterilización, mientras el Tesoro absorbió parte del excedente mediante deuda en moneda local, con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria y contener la inflación.
Las reservas internacionales cerraron en USD 49.063 millones, tras una suba diaria de 117 millones de dólares. De esta manera, volvió a niveles de comienzos de mes, en la previa del pago de un abultado vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares.
Con operaciones que alcanzaron USD 389,7 millones en el mercado de contado, el volumen negociado se redujo casi a la mitad frente al martes. En este contexto, el dólar mayorista subió 5,50 pesos, lo que representa un avance del 0,4%, y cerró en $1.483, nivel observado por última vez el 8 de julio.
El Banco Central estableció el tope del régimen cambiario en 1.833,77 pesos. Así, el dólar mayorista se ubicó a 350,77 pesos o un 23,7% por debajo del límite superior fijado para la flotación.
En cuanto a la cotización al público, el dólar aumentó cinco pesos (0,3%) y finalizó en $1.505 para la venta en el Banco Nación. Según datos oficiales, el promedio en las entidades financieras fue de $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.
En tanto, el blue avanzó diez pesos o 0,7% en la jornada, alcanzando los $1.555 para la venta, un máximo nominal que supera los 1.550 pesos registrados el 22 de octubre del año pasado. En lo que va de 2026, la cotización del mercado informal subió 25 pesos, equivalente a un 1,6%, todavía muy por debajo de la inflación acumulada, que ronda el 18% en el mismo lapso.
En este segmento informal, las agencias de cambio compran la divisa a sus clientes a $1.535, es decir, 85 pesos o 5,9% más que los 1.450 pesos que abonan los bancos, lo que motiva a liquidar dólares guardados en este circuito.
ECONOMIA
Cuáles son las diferencias entre un blanqueo y el plan de Inocencia Fiscal para captar dólares
El ministro de Economía Luis Caputo presentó este miércoles los cambios que se incluirán en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que buscará captar al menos una parte de los u$s170.000 millones que los argentinos guardan «en el colchón».
Si bien Caputo detalló la importancia de este proyecto para la economía, al mencionar la Inocencia Fiscal suele surgir la duda si es lo mismo que un blanqueo. Pero la realidad indica que son dos cosas distintas, con objetivos distintos.
Mientras que el blanqueo funciona como una herramienta para exteriorizar bienes no declarados correspondientes al pasado, la inocencia fiscal establece un nuevo marco para la relación entre los contribuyentes y el Estado hacia adelante, con un cambio en la forma en que ARCA puede ejercer sus controles.
Cuando se lanzó la primera ley de Inocencia Fiscal, a comienzos de este año, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, remarcó las diferencias y dijo que la medida no implica un perdón fiscal como los programas de exteriorización aplicados en 2024 y en administraciones anteriores.
Según explicó Domínguez la Inocencia Fiscal debe entenderse como un esquema simplificado dentro del Impuesto a las Ganancias, pero no como una ley de blanqueo que otorgue inmunidad plena frente a eventuales inspecciones futuras.
«Esto no es un blanqueo. Un blanqueo es lo que tuvimos en 2024, donde hay una ley que establece que si uno cumple determinadas condiciones, queda protegido. Esta ley no es un blanqueo«, subrayó el especialista.
La diferencia no es menor: en un blanqueo tradicional, el contribuyente que cumple con los requisitos obtiene un «perdón» explícito sobre los bienes exteriorizados. En este caso, en cambio, la normativa crea una presunción de exactitud para quienes adhieran al régimen, pero esa protección puede caer si el organismo recaudador detecta inconsistencias.
Las claves de la Inocencia fiscal, la ley para captar dólares del colchón
La inocencia fiscal no es un nuevo blanqueo ni un perdón para quienes ocultaron patrimonio.
Se trata de un régimen que presume la buena fe del contribuyente, simplifica el cumplimiento tributario y modifica el enfoque de las fiscalizaciones. En lugar de partir de la sospecha sobre el ciudadano, el esquema busca que sea el Estado el que deba acreditar la existencia de irregularidades cuando pretenda cuestionar una declaración.
En otras palabras, cambia el paradigma: el contribuyente deja de ser considerado potencialmente infractor por defecto y pasa a contar con una mayor presunción de exactitud de sus declaraciones juradas.
El blanqueo es una regularización de activos no declarados
El blanqueo, en cambio, tiene un objetivo completamente distinto.
Permite que personas y empresas declaren bienes, dinero o inversiones que nunca fueron informados al fisco, pagando una alícuota o cumpliendo determinadas condiciones previstas por la ley.
A cambio, obtienen beneficios como la liberación de sanciones tributarias y la posibilidad de incorporar esos activos al patrimonio formal.
Por ese motivo, suele definirse como un «perdón hacia el pasado», ya que busca regularizar situaciones previas de incumplimiento.
Las diferencias clave entre inocencia fiscal y blanqueo
Las principales diferencias entre la Inocencia Fiscal y el blanqueo
1. Enfoque temporal
Esta es la principal diferencia entre ambos regímenes.
Blanqueo
- Está orientado al pasado.
- Permite regularizar bienes o dinero que no fueron declarados en ejercicios anteriores.
Inocencia fiscal
- Mira hacia el presente y el futuro.
- Establece nuevas reglas para la relación entre el contribuyente y ARCA en las fiscalizaciones futuras.
2. Objetivo principal
Los dos mecanismos persiguen finalidades distintas.
El blanqueo busca exteriorizar activos ocultos e incorporarlos a la economía formal, además de generar ingresos fiscales mediante el pago de una alícuota.
La inocencia fiscal, en cambio, apunta a reducir la burocracia, brindar mayor seguridad jurídica y disminuir la litigiosidad para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
3. Qué debe hacer el contribuyente
También cambian los requisitos para acceder a cada régimen.
En el caso del blanqueo, el contribuyente debe declarar los bienes no informados y cumplir con las condiciones establecidas por la ley, lo que puede incluir el pago de un impuesto especial.
En la inocencia fiscal, no es necesario exteriorizar patrimonio oculto. El beneficio está vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al nuevo esquema de control previsto por la normativa.
4. Cómo cambia la carga de la prueba
Uno de los aspectos más relevantes de la inocencia fiscal es el cambio en la lógica de las fiscalizaciones.
El régimen de Inocencia Fiscal establece una presunción de buena fe y de exactitud de las declaraciones juradas, por lo que será el organismo recaudador el que deberá demostrar la existencia de un ilícito cuando pretenda cuestionar la situación de un contribuyente.
En el blanqueo, en cambio, la discusión sobre la existencia de bienes no declarados queda superada porque el propio contribuyente reconoce esos activos y los incorpora al sistema.
5. Protección legal
Los beneficios jurídicos tampoco son los mismos.
El blanqueo ofrece un blindaje respecto de los bienes exteriorizados y funciona como un «borrón y cuenta nueva» para esos activos, siempre dentro de los alcances previstos por la ley.
La inocencia fiscal no implica ese perdón sobre el pasado. Lo que hace es otorgar una mayor presunción de legalidad respecto de las declaraciones presentadas y limitar los cuestionamientos automáticos del fisco.
Sin embargo, esto no elimina las obligaciones de otros organismos. Los bancos, las entidades financieras y la Unidad de Información Financiera (UIF) continúan obligados a analizar el origen de los fondos cuando detecten operaciones inusuales o sospechosas, en cumplimiento de la normativa sobre prevención del lavado de dinero.
Luis Caputo y la Inocencia Fiscal: «Tener dólares en el colchón no es negocio»
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles por la tarde el proyecto de ley que enviará al Congreso este jueves para modificar la Ley de Inocencia Fiscal que permitirá que todas las personas adhieran al Régimen de Ganancias Simplificado.
Caputo dio detalles del nuevo proyecto, que busca captar al menos una parte de los u$s170.000 millones que actualmente están «en el colchón» y que ingresen al circuito formal, para que de esta manera se puedan volcar a créditos y reactiven la economía. La nueva Ley de Inocencia Fiscal presenta cuatro cambios clave con respecto a la que ya aprobó el Congreso.
«Mañana vamos a estar mandando la Ley de Inocencia Fiscal II: cabe recordar que la ley de Inocencia fiscal ya fue aprobada en el Congreso y que el espíritu de la ley no cambia nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido de alguna manera el acceso libre a la compra de dólares, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo«, sostuvo Caputo.
«Hay una nueva ley porque cuando se votó la ley se generaron dudas de muchos asesores tributarios y con el correr de las semanas y los meses fuimos recabando esta información y terminamos armando una mesa de trabajo con unos tributaristas que van a estar hoy contestándoles preguntas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos que, independientemente de cuál sea el Gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones», agregó.
Luego repasó las medidas económicas de los últimos años, con una fuerte suba impositiva «que empujó a mucha gente a la informalidad», habló de la escasez de dólares, del desorden macroeconómico y del cepo cambiario: «Incluso la gente que pagaba impuestos se veía forzada a sacar los pesos al sector informal para ahorrar en dólares. Esto derivó que hoy haya una masa de dólares en el colchón que es récord: hay unos u$s170.000 millones fuera del sistema».
«Hacemos esto porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor, porque en Estados Unidos hay inflación. Es una mala decisión económica tener los dólares bajo el colchón», sostuvo.
«A nivel país, tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares bajo el colchón. Porque necesitamos que la economía crezca. Y vamos a recaudar más formalizando la economía y creciendo», agregó Caputo, quien aclaró: «Nosotros nunca vamos a subir impuestos».
«Necesitamos que el ahorro de los colchones se vuelque al sistema financiero«, remarcó.
«Hoy habiendo generado los incentivos correctos en industrias como agro, energía, minería, estamos en récord de exportaciones y récord de superávit comercial. Como muchas veces nos hicieron el cuento de la restricción externa, la realidad es que los incentivos estaban mal alineados. Entonces no había dólares para nadie», sostuvo.
«El objetivo es que todos se queden convencidos de que si no depositan los dólares del colchón es porque están mal asesorados», subrayó.
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ECONOMIA
Caputo envía un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso: “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”
En la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a enviar una nueva Ley de Inocencia Fiscal al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón.
“Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”, afirmó el ministro.
Caputo confía en que el Congreso vuelva aprobar el proyecto ya que sostiene que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y que el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros a poder bancarizarlos. Sin embargo, no hizo ninguna mencionan a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.
La decisión de Caputo de enviar una nueva ley al Congreso surge tras las insistencias de los contadores, algunos de los cuales participaron de la ronda, quienes advirtieron que la legislación vigente expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027.
La versión de Inocencia Fiscal que aprobó el Congreso en diciembre presenta, según tributaristas, varios puntos débiles. Entre ellos, los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ya que solo pueden hacerlo quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos.
El aspecto más relevante, señalan los especialistas, es la forma de calcular la discrepancia significativa. Estos puntos se buscarán corregir en la nueva versión, que además permitirá a los grandes contribuyentes adherirse, aunque sin la opción de exteriorizar dólares en efectivo.
Después de varios meses, Caputo reconoció que el proyecto no logró el nivel de adhesión esperado, algo que se evidencia en los depósitos en dólares del sector privado, que permanecen en torno a los USD 40.000 millones, con cambios mensuales mínimos.
El Gobierno apuesta a que Inocencia Fiscal funcione, ya que la considera clave para la remonetización de la economía. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos USD 170.000 millones, que pierden valor frente a la inflación. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, sostuvo Caputo.
Ante la consulta en la conferencia de prensa sobre cuántos de esos USD 170.000 millones que están abajo del colchón deben bancarizarse para que el proyecto sea considerado exitoso no existió una respuesta, es que los tributaristas que quedaron encargados de responder no tienen esas proyecciones. Entre ellos se encontraba Ricardo Paolina, socio Lisicki, Litvin & Abelovich; Liban Kusa, socio del departamento de impuestos del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja; y Sonia Becherman.
Una de las dudas era que va a suceder con las provincias que no adhieran del RSG. Durante la administración de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se firmaron diferentes convenios con distintas provincias y se destacó que quienes no lo hiciera se le cortaría la información.
Ante la consulta de Infobae a los tributaristas aseguraron que el proyecto que mañana va a girar el Gobierno al Congreso no contempla que se se corte la información aquellos gobiernos subnacionales que no adhieran. “Lo que pueden llegar a reclamar es el impuesto sobre los ingresos brutos. No hay otro”, sostuvo Kusa. Mientras que Paolina remarcó que siempre y cuando desarrolle una actividad económica en forma personal.
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