INTERNACIONAL
El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco
El asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera el 26 de abril de 1998, solo dos días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más, representó un acto político de alto impacto que transformó la búsqueda de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala.
La brutal muerte del obispo, quien fue golpeado hasta la desfiguración en la casa parroquial de San Sebastián, marcó un punto de inflexión para la sociedad guatemalteca y colocó bajo el escrutinio internacional a las estructuras de poder asociadas al Estado Mayor Presidencial.
De acuerdo con datos proporcionados por la ODHAG, las implicaciones judiciales y políticas del caso continúan resonando casi tres décadas después, mientras la investigación se mantiene abierta para identificar a autores intelectuales y responsables de encubrimiento.
El hallazgo de Juan José Gerardi Conedera, obispo y figura central de la búsqueda de justicia en Guatemala, con el rostro desfigurado por un bloque de concreto y signos de resistencia en su cuerpo, marcó en 1998 un hito sombrío en la memoria colectiva del país.
Diversos detalles investigados tras el crimen, como la demora y las declaraciones contradictorias del sacerdote Mario Orantes—quien residía en la iglesia San Sebastián y notificó el hallazgo del cuerpo—, reorientaron desde el principio las pesquisas, agregando complejidad al caso, según datos recogidos medios de comunicación en la época. Gerardi, quien había dedicado 14 años de vida pastoral a la parroquia San Sebastián, fue hallado a escasos metros del portón, junto a dos vehículos en el garaje parroquial, con los brazos y piernas cruzados y restos evidentes del forcejeo, entre ellos, la fractura de uno de sus dedos, considerada por los peritos “prueba” de que el obispo intentó defenderse en medio del ataque.
La descripción de la escena revelada por los análisis iniciales resulta clave por varios aspectos: el bloque de concreto triangular utilizado para golpear y desfigurar el rostro de Gerardi y el hecho de que el crimen ocurrió tras su regreso de un almuerzo familiar, en el momento mismo de abrir el portón del garaje donde, de acuerdo con las conclusiones de la investigación, el agresor ya lo esperaba. El nivel de premeditación y la violencia desplegada en este ataque eran, hasta ese momento.
En el año 2001, un tribunal guatemalteco condenó por el asesinato de Gerardi al coronel Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva (padre e hijo) y Obdulio Villanueva—todos militares—junto con el sacerdote Mario Orantes.
No obstante, la sentencia solo quedó firme en 2008, después de un largo recorrido judicial, recursos de apelación y amparos.
El informe presentado por Gerardi y su equipo documentó más de 55,000 violaciones a derechos humanos, en su mayoría cometidas por el ejército, e incluyó el testimonio de víctimas y la identificación de responsables directos de masacres.
El conflicto armado guatemalteco, que se prolongó entre 1960 y 1996, dejó al menos 250,000 personas asesinadas y desaparecidas, según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dirigida actualmente por Nery Rodenas.
La ODHAG y el proyecto REMHI —coordinados por Gerardi— fueron puntos neurálgicos de denuncia y memoria sobre la represión estatal.
Según Rodenas, entrevistado por Infobae Centroamérica, la publicación del informe generó un riesgo inmediato para quienes participaron en su elaboración: “Ese informe generó un impacto y, de alguna forma, quienes participaron en el conflicto armado interno se pudieron haber sentido amenazados”.
Al abordar el significado principal del asesinato y sus consecuencias, se establece que la muerte de Gerardi fue un crimen de Estado, con pruebas suficientes que evidenciaron el uso de recursos estatales para vigilancia, ejecución y encubrimiento.
Este caso demuestra la persistencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incluso después de la firma de la paz en Guatemala y expone las dificultades para investigar y sancionar crímenes donde integrantes de las instituciones militares resultan implicados.
Hipótesis descartadas y manipulación de la investigación: la pista de la banda Valle del Sol
El proceso judicial estuvo atravesado por hipótesis alternativas y estrategias de desviación, varias de ellas promovidas por representantes del Ministerio Público y sectores ligados al ejército.
Datos de Agencia Ocote muestran cómo, desde la captura inicial de un indigente sin relación real con los hechos, hasta la implicación de la llamada banda Valle del Sol, la investigación estuvo marcada por intentos de restar peso político al crimen.
Entre las líneas exploradas, a petición del fiscal Celvin Galindo en 1999, figuró la responsabilidad de la banda Valle del Sol, liderada por el colombiano Nelson Daniel Zapata Santamaría, cuya supuesta conexión con miembros de la iglesia fue alimentada por denuncias y declaraciones de testigos colaterales.
Hasta 17 personas fueron sometidas a pruebas de ADN, entre ellas militares, civiles y testigos de diferentes entornos, según el mismo fiscal. Sin embargo, expertos nacionales y extranjeros descartaron la hipótesis del perro Balú —al que señalaban como posible atacante— y la presunta implicación de la banda Valle del Sol, falta de fundamentos probatorios sólidos.
La defensa de varios acusados mantuvo la versión de la participación de la banda en el asesinato, señalando a Ana Lucía Escobar y Luis Carlos García Pontazo como autores materiales, pero la inconsistencia de las pruebas hizo que la hipótesis quedara descartada. La iglesia católica rechazó formalmente esa línea de investigación.
Durante el proceso, la investigación judicial fue objeto de amenazas, intimidaciones y presiones sobre fiscales, querellantes y miembros de la ODHAG.
Nery Rodenas, en diálogo con Infobae Centroamérica, relató que las maniobras para desacreditar el trabajo de Gerardi incluyeron centrar las acusaciones dentro de la propia Iglesia Católica, desplazando el ángulo político y desviando el objetivo de la investigación.
Las pruebas y declaraciones testimoniales permitieron establecer, según Rodenas, que “se utilizó vigilancia, ejecución y encubrimiento en el asesinato, lo que demuestra responsabilidad estatal”. Testimonios clave como el de Rubén Chanaxtan Tay, quien sostuvo haber sido contratado para espiar los movimientos de Gerardi y reconoció a los militares principales en la escena del crimen, resultaron determinantes en el juicio.
El proceso de investigación mantiene activo el expediente de trece personas más, incluyendo a Darío Morales, sargento del Estado Mayor Presidencial, detenido en 2025, cuyo caso sigue pendiente de resolución judicial por presunta ejecución extrajudicial y falso testimonio, según la información de Rodenas a Infobae Centroamérica.
A más de veintiocho años del asesinato, los desafíos persisten. El fallo judicial enfrentó retrocesos, impugnaciones y un entorno de inestabilidad institucional condicionado por intereses políticos, como describió Rodenas. Él estima que la demora y la inacción de autoridades redujeron el clima de amenaza únicamente tras la confirmación de las sentencias en 2008.
El legado de monseñor Juan José Gerardi excede el proceso judicial y tiene un valor en la lucha por la dignidad y la memoria de las víctimas del conflicto armado guatemalteco.
Rodenas puntualiza que “el acceso a la verdad” y la perseverancia ante la impunidad representan una responsabilidad ética y legal para quienes acompañaron la investigación.
El trabajo de Gerardi, desde su rol como obispo en comunidades rurales hasta la coordinación del informe Guatemala Nunca Más, estableció pautas para la documentación de delitos de lesa humanidad y para el papel de la iglesia en la reconstrucción social.
El caso expuso la existencia y funcionamiento de aparatos ilegales de represión en Guatemala después de la guerra, así como la importancia de un sistema judicial independiente para investigar casos políticos complejos.
Las dos décadas transcurridas reflejan que cuando fiscales y jueces mantienen un compromiso con la verdad, como en el caso Gerardi, la justicia puede imponerse incluso frente a estructuras de poder acostumbradas a la impunidad.
La muerte de monseñor Gerardi se mantiene como un episodio definitorio en la historia contemporánea de Guatemala.
El proceso para esclarecer el caso permanece abierto, con el avance del expediente sobre Darío Morales y la posibilidad de nuevas investigaciones, incluida una eventual intervención internacional si las autoridades nacionales no logran agotar las responsabilidades pendientes.
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INTERNACIONAL
White House puts Whitmer on notice about who is ‘actually delivering’ on US manufacturing jobs
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News that a local steel manufacturing company would soon pour $43.4 million into expanding its Michigan-based operations prompted praise from the White House — but not for the state’s Democratic governor.
«Democrats like Gretchen Whitmer spent decades talking about fixing broken trade deals and creating manufacturing jobs here in America for American workers,» Kush Desai, a White House spokesperson, told Fox News Digital, referring to the Michigan governor who is often floated as a potential Democratic candidate for president in 2028.
«President Trump is actually delivering — and he’s delivering with the same agenda of tariffs, deregulation.»
The investment underscores President Donald Trump’s recent restructuring on tariffs for steel, aluminum and copper — even as both parties claimed victory over Michigan’s expanding steel production.
TRUMP’S LATEST MOVE PROVES HIS MANUFACTURING GOLDEN AGE IS JUST FOOLS’ GOLD
President Donald Trump, left, pictured alongside Michigan Gov. Gretchen Whitmer, right. (Roberto Schmidt/Getty Images; Monica Morgan/Getty Images)
«Michigan is on the move and open for business, competing for and winning big projects in industries like steel manufacturing,» Whitmer said in a statement.
The investment, made by the Adrian Steel Company, would create at least 40 new jobs as the company expands its existing facilities in the southeast part of the state through a new 112,000-square-foot addition, according to the governor’s office.
The venture is Adrian Steel’s largest expansion since 1953, according to Whitmer’s office.
«The expansion will enhance Adrian Steel’s manufacturing capabilities with additional space dedicated to raw material storage, cutting, forming, welding, painting, assembly, office functions and shipping operations,» Whitmer’s office said in a press release.
Whitmer’s office said the State had attracted the expansion, in part, through state-level incentives.
The state will bolster Adrian Steel’s venture through a State Essential Services Assessment (SESA), a kind of tax break for manufacturers that could be worth up to $228,750, according to Whitmer’s office.
TRUMP SAYS HE’S LOOKING AT CERTAIN TARIFF EXEMPTIONS FOR AUTOMAKERS: ‘THEY NEED A LITTLE BIT OF TIME’
Michigan Gov. Gretchen Whitmer speaks at the Los Angeles Times Festival of Books at the University of Southern California in Los Angeles, Calif., on April 27, 2025. (Amanda Edwards/Getty Images)
In the past, Whitmer has looked critically on Trump’s tariffs, claiming that their overall effect has hindered industry development in Michigan.
«The pain of these increased costs from tariffs has not been offset by any of the promised economic gain,» Whitmer said in a press release earlier this month. «Michigan’s industries have been hit hard, with a recent analysis finding that the tariffs cost U.S. automakers $35 billion last year. Tariffs are estimated to have cost working families $1,000 per year.»
Under Trump’s re-worked tariff framework announced earlier this month, products made almost entirely of aluminum, steel or copper would pay a flat 50% tariff on their full value, while derivatives made only mostly of one of those elements would only pay 25%.
The new parameters also create lower rates for foreign products sourced from American materials and drop the tariffs entirely for products comprised of less than 15% steel, aluminum or copper.
TRUMP SAYS THOSE AGAINST TARIFFS ‘SERVING HOSTILE FOREIGN INTERESTS,’ ‘FULL BENEFIT’ YET TO BE SEEN
President Donald Trump makes a fist upon arrival at Miami International Airport in Miami, on April 11, 2026. (Jim Watson/AFP via Getty Images)
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«This buildout — and the continued health of these vital American industries — is only possible through the continued implementation and strengthening of the President’s Section 232 tariff programs,» the White House said.
Whitmer’s office did not immediately respond to requests for comment.
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INTERNACIONAL
Le tiró pintura negra al vestido de su cuñada para arruinarle la boda y la condenaron a 10 meses de cárcel
Un casamiento que debía ser inolvidable por el amor y la alegría terminó en un verdadero escándalo en Maidstone, Inglaterra. Gemma Monk, de 35 años, estaba a punto de dar el “sí” junto a su pareja de toda la vida, Ken Monk, cuando su propia cuñada irrumpió en la ceremonia y le arrojó pintura negra encima, dejando a todos los 50 invitados en estado de shock.
La agresora, Antonia Eastwood (49), esposa del hermano mayor de Gemma, Ashley, irrumpió en el salón de Oakwood House Register Office y desató el caos. Según contaron los testigos, la novia quedó empapada de pintura en el rostro, el vestido y la piel, mientras los presentes no podían creer lo que veían.
Aunque el incidente ocurrió fuera de cámara, un video de las cámaras de seguridad captó a alguien arrojando flores a Eastwood mientras huía. Así quedó Gemma Monk tras el ataque de su cuñada Antonia Eastwood. (Foto: gentileza The Mirror).
Un ataque por “venganza” que marcó a toda la familia
El episodio ocurrió el 24 de mayo de 2024, pero recién ahora se conoció la sentencia judicial.
La relación entre las familias Monk y Eastwood ya venía tensa desde hacía tiempo, con peleas y acusaciones cruzadas que se remontan a la boda de Ashley y Antonia en 2023. Según Gemma, su cuñada la acusó falsamente de “querer hacerla tropezar” en su propio casamiento, y desde entonces el vínculo se rompió. Antonia Eastwood fue condenada a 10 meses de cárcel en suspensión por el ataque a su cuñada. (Foto: gentileza Metro).
El día de la boda de Gemma, ni Antonia ni Ashley estaban invitados. Sin embargo, la mujer viajó desde Manchester y, en un acto premeditado, arruinó el vestido de la novia valuado en £1.800 y obligó a suspender la ceremonia por dos horas. El daño al salón y la pérdida de ingresos superaron las £5.000, según detalló la Justicia.
“Me arruinó el día más feliz de mi vida”
A pesar del ataque, Gemma se recompuso, se limpió como pudo en un vestuario y, con la ayuda de un asistente, se puso un vestido de reemplazo para poder casarse.
“Habíamos esperado ese día durante años. Nada me iba a detener. Si era necesario, caminaba al altar en ropa interior y con la cara manchada de pintura”, contó la novia, que trabaja como cuidadora de salud mental.
Pero el daño emocional fue profundo. En su declaración ante el tribunal, Gemma confesó: “Esto cambió mi vida para siempre. Perdí mi dignidad, mis hábitos, y sentí que ya no era la misma persona. Si no fuera por mis hijos y mi familia, no sé si habría podido seguir adelante”.
“Esto convirtió el día más especial de mi vida en el peor recuerdo que jamás olvidaré, y mi familia tampoco”, agregó la mujer.
Gemma Monk se casó con otro vestido dos horas después. (Foto: gentileza Metro).
El ataque coincidió con un momento delicado para Gemma, que venía de atravesar un susto por cáncer y había bajado mucho de peso. “Ella sabía por lo que estaba pasando y aun así decidió arruinar el día más importante de mi vida”, lamentó.
La Justicia condenó a la agresora, pero la víctima no quedó conforme
El caso llegó a juicio en Caorte de la Corona de Maidstone, donde Antonia Eastwood fue condenada por dos cargos de daño criminal. El juez Oliver Saxby KC le impuso una pena de 10 meses de prisión en suspenso, 160 horas de trabajo comunitario, una orden de restricción por 10 años y el pago de £5.000 en compensación (de los cuales £4.000 son para Gemma y £1.000 para el salón).
Durante la audiencia, Eastwood pidió disculpas a través de su abogado y alegó estar atravesando una depresión. Sin embargo, el juez fue contundente: “Esto debía ser un día especial para Gemma y su familia. Por tu culpa, se convirtió en una pesadilla. Fue un acto horrible, mezquino y cruel”.
Gemma, por su parte, aseguró que la sentencia fue “demasiado leve” y que nunca podrá perdonar a su cuñada. “No acepto sus disculpas. Debería haber recibido al menos 23 meses de prisión por todo lo que nos hizo esperar para llegar a este juicio”, expresó.
Habló la cuñada tras la condena: “Me avergüenzo de mí misma”
La mujer de 49 años, también conocida como Toni, declaró al Daily Mail: “Me avergüenzo de mí misma. No soy así. Nunca antes había tenido problemas con la policía. Jamás”.
Eastwood afirmó que había actuado “en un arrebato del momento” y que no estaba segura de por qué había tirado la pintura a su cuñada.
Gemma y Ken Monk cancelaron su luna de miel tras el ataque. (Foto: gentileza Metro).
La mujer también dijo que sufrió un ataque de pánico el día de su sentencia, y que estaba aterrorizada ante la posibilidad de ir a prisión.
El ataque no solo arruinó el vestido y la fiesta, sino que también obligó a la pareja a cancelar su luna de miel soñada en las Maldivas. “No estaba en condiciones de viajar”, admitió Gemma, que vive con Ken y sus hijos Tyler (18) y Naomi (11) en Herne Bay.
A pesar de todo, la pareja planea renovar sus votos en la misma fecha para intentar dejar atrás el mal recuerdo. “Ese día logré sonreír para las fotos porque me casaba con el hombre que amo. Pero no celebramos aniversarios desde entonces. Queremos volver a casarnos y, tal vez, así podamos celebrar de verdad y darnos la luna de miel que merecemos”, concluyó.
Reino Unido, boda
INTERNACIONAL
Moms group labeled ‘extremist’ flips script on SPLC after federal indictment: ‘Shut it down’
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The leader of a parental rights group that the Southern Poverty Law Center labeled an «extremist» organization is calling for the group to be «shut down» as it faces federal charges.
The Justice Department indicted the Southern Poverty Law Center on charges of wire fraud and conspiracy to commit concealment and money laundering, stemming from allegations that the civil rights organization funneled $3 million in donations to people linked to various violent extremist groups, including Unite the Right, the Ku Klux Klan and the Aryan Nations. These same extremist groups have been targeted by the Southern Poverty Law Center through its litigation and advocacy efforts for years.
Moms for America founder Kimberly Fletcher accused the Southern Poverty Law Center of being a «hate group against America, families, freedom, and God.»
«They’re not going to stop what they’re doing,» Fletcher said. «They’re going to continue funneling money into organizations that are extremist hate groups, and they’re going to continue to target organizations like ours, moms who just want to make sure that our kids are protected, our freedoms are defended, and we restore the republic.»
DAVID MARCUS: ERIKA KIRK IS THE MOTHER SQUABBLING CONSERVATIVES NEED
Kimberly Fletcher, president and founder of Moms for America, speaking at CPAC 2025 held at the Gaylord National Resort & Convention Center in National Harbor, Maryland. (Moms for America)
In its «Year in Hate and Extremism 2022» report, the Southern Poverty Law Center identified Moms for America as an «anti-government extremist» group, alleging that it is an «anti-student inclusion» group and that its measures have «contributed to a volatile climate» for teachers, faculty and school board members.
«I find it ironic that the Southern Poverty Law Center turns out to be the extremist group, which we’ve always known, but now that they’re finally being exposed because the DOJ has investigated them and found them to be funneling money into all the extremist organizations that they’re supposed to be protecting us against,» Moms for America President and founder Kimberly Fletcher said in an interview with Fox News Digital.
«Putting moms in the same category as the Ku Klux Klan or these violent protesters, rioters, it absolutely is not compatible.»
ANTIFA VIOLENCE EXPOSES UC BERKELEY’S HYPOCRISY ON FREE SPEECH AND TOLERANCE
The Southern Poverty Law Center (SPLC) building seen in March 2020 in Montgomery, Alabama. (Barry Lewis/InPictures via Getty Images)
Moms for America, which consists of roughly 500,000 mothers across the country, advocates for restoring «truth, family, freedom and the Constitution» in schools and American culture, and opposes critical race theory and LGBT ideology in public school curricula.
Fletcher said that the SPLC’s «extremist» label has disrupted the group’s operations, claiming that tech companies cut off services and that the organization faced threats and harassment, prompting dozens of the organization’s leadership to step down.
«We have been continuously targeted in threats of violence,» Fletcher told Fox News Digital. «I’ve had emails sent to me saying, ‘I know where your kids live, I know who your grandkids are. And mostly it’s just trying to scare us, but there have been times where I’ve gone face to face with the belly of the beast and people have been right in my face and physically pushing on me.»
OPPONENTS OF MAINE CAMPUS PRO-LIFE GROUP INVOKE CHARLIE KIRK IN SOCIAL MEDIA THREAT : ‘GOTTA BE CAREFUL’
Clashes occurred at the Unite the Right rally in Charlottesville, Va., on Aug. 12, 2017. (Evelyn Hockstein/For The Washington Post via Getty Images)
Despite threats and alleged shadowbanning by social media companies, Fletcher said the extremist label from the SPLC is «almost like a badge of honor.»
«You’re standing up for the right principles and values and so they’re gonna label you as an extremist,» and so we’ll just keep doing what we’re doing.»
To celebrate America’s 250th birthday, Fletcher said Moms for America is hosting a traveling festival in all 50 states geared toward families and children.
Fletcher said the key to countering the Southern Poverty Law Center and other leftist organizations’ attacks is to reach young people and unite families.
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«We are shining a light on all that’s good in America so that the darkness will be exposed for what it is because people gravitate to the lake,» Fletcher said.
Fox News Digital reached out to the Southern Poverty Law Center for comment.
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