La Argentina tiene un problema central, y es complicado, hasta ahora sin solución: es el problema de la falta de un consenso macroeconómico transversal a la política, no importa quién esté en el poder. Es decir, es el riesgo permanente de que los logros necesarios, aunque no suficientes, de la racionalidad macroeconómica de las gestiones no peronistas se licuen en las alternancias peronistas y sus variantes kirchneristas o filokirchneristas. Este 2026 ya empieza a anticipar ambiciones electorales de la oposición más dura: las deudas que va dejando pendientes la gestión mileísta le abren rendijas al kirchnerismo, de Axel Kicillof a Máximo Kirchner, por donde busca colar su sueño de regreso al poder.

Desde el cuadrante de centro derecha se plantean dos salidas para gambetear ese riesgo. Una, la reelección presidencial de Javier Milei como garantía de continuidad del rumbo económico. La segunda, un consenso transversal interpartidario con eje en la racionalidad macro. El exdiputado de Pro y actual presidente del think tank Cippec, Luciano Laspina, lo llama “consenso preideológico” que incluya “el compromiso de respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit”.

Esas dos opciones disparan preguntas. En relación al consenso macro a la Laspina, la pregunta dice así: ¿es posible un “moncloísmo” macroeconómico con una oposición kirchnerista que en su ADN tiene codificado la desestabilización macro? La pregunta se vuelve más pertinente en medio de las investigaciones judiciales por las SIRA y el dólar blue durante la gestión económica de Sergio Massa, presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Esa maquinaria de corrupción parece representar una escalada en la clásica corrupción del Estado protagonizada por el kirchnerismo. Se trata de la misma apropiación ilegal de los recursos del Estado pero ya no vía la obra pública. Ahora se da a través de la creación de un nuevo mercado regulado: el mercado del dólar con el cepo y las SIRA generando discrecionalidad, peajes y apropiación ilegal de riqueza para el poder kirchnerista y el empresariado funcional. Las decisiones macroeconómicas kirchneristas como plataforma para la corrupción. ¿Es posible un consenso macro con un kirchnerismo que usa la política macroeconómica y los incentivos cambiarios y de comercio exterior como oportunidad para la corrupción?

En relación a la renovación del mandato de Milei, ¿la única manera de sostener los cimientos macroeconómicos racionales que intenta consolidar el Plan Milei-Luis Caputo es garantizando un triunfo electoral mileísta? ¿La hegemonía electoral sostenida y eterna del mileísmo o de otra variante de la centro derecha económica es una salida realista, o habla de una limitación del plan y sus efectos? El desafío de la sostenibilidad macroeconómica interpela a todos: en el caso del oficialismo libertario, porque expone sus debilidades. Agitar “el riesgo kuka” es un indicio de algún tipo de debilidad del plan económico: para ganar una elección, debería bastar con éxitos incuestionables del plan.

El miedo a la alternancia pone signos de interrogación respecto de la viabilidad y sostenibilidad social del plan económico. Si un triunfo electoral es lo único que garantiza la continuidad de la estabilización macroeconómica, el futuro está complicado: en algún momento, las hegemonías políticas se terminan y llega la hora de la alternancia. Una macroeconomía sostenible debería ser a prueba de derrotas electorales. Es decir, que aún cuando haya alternancia política, el éxito del plan económico del partido saliente genere incentivos para continuarlo.

El problema actual del plan Milei-Caputo pasa por ahí: el riesgo es que los efectos colaterales negativos que hoy pesan sobre el salario real, el empleo, la actividad económica y la industria produzcan un rechazo electoral de la estabilización macro necesaria y frenen su consolidación.

El Gobierno atraviesa meses críticos en la consideración de la opinión pública. El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que acaba de publicar la Universidad Di Tella, muestra una caída del 12,1 por ciento respecto de marzo, lo que representa cuatro meses de caída ICG del ICG en lo que va de 2026. La caída interanual es del 13,2 por ciento.

La economía real sigue mostrando datos que cuestionan directamente al plan económico. El porcentaje de pymes que redujo personal en los últimos seis meses subió al 41,9 por ciento, según la encuesta semestral de expectativas pyme del IAE Business School. Respecto de las expectativas, el 31,1 por ciento de las pymes dice que “probablemente” reducirá personal en los próximos seis meses y un 18,5 por ciento asegura tener la decisión tomada. “Un salto relevante respecto de mediciones anteriores”, señala el informe.

La Argentina de Milei es un caso testigo respecto de los dos desafíos que enfrenta la racionalidad macroeconómica cuando intenta desembarcar en la Argentina. El primero se da en relación a las chances electorales de la promesa macro-racional. Milei ya tiene un punto en su haber: demostró que con la promesa de la racionalidad macroeconómica se puede ganar elecciones. En 2023 prometió ajuste, y la gente votó ajuste. El segundo desafío de las experiencias macroeconómicas racionales en la Argentina es el testeo definitivo que todavía está pendiente en el laboratorio Milei: demostrar que la racionalidad macroeconómica se instala como sentido común y logra renovar mandatos.

El gobierno de Macri es el caso testigo de lo contrario: cuatro años de un interregno macro-racional que no alcanzaron para rearmar el juguete de una economía dañada por décadas de una política distributiva sin responsabilidad fiscal.

Desde la llegada del kirchnerismo al poder, los gobiernos no peronistas ni kirchneristas, el de Mauricio Macri y ahora el de Milei, corren contra reloj para revertir las distorsiones económicas que el kirchnerismo consolidó durante veinte años. Macri no pudo reelegir por los efectos colaterales de una racionalización macroeconómica que no se produce sin contramarchas, obstáculos y errores. La promesa de racionalización macro perdió legitimidad con una inflación del 54 por ciento y un aumento de la pobreza. Macri llegó al déficit cero cuando estaba a punto de dejar el Gobierno. No alcanzó: la sociedad hizo su balance y optó por el retorno al kirchnerismo.

El problema es la repetición de patrón político-económico: que las dificultades de la sostenibilidad micro se conviertan en la deuda pendiente de las experiencias de macroeconómica racional. Es decir, que el gobierno de Milei sufra los mismos avatares que el de Macri y la ciudadanía vuelva a condenar un destino económico racional por los desgastes microeconómicos del presente.

Por eso, el desafío de la estabilización también interpela a los votantes y a la racionalidad de su impaciencia histórica: ¿hoy hay incentivos suficientes como para que la ciudadanía renueve el voto en favor de un plan económico que está cambiando los reflejos de la macro argentina, pero todavía tiene pendientes beneficios concretos en el bolsillo de los votantes? ¿La ciudadanía puede pasar de la “paciencia” a secas a la “paciencia estratégica” a la espera de la llegada de resultados de la macro racional, que harán realmente sostenibles los beneficios micro? Cuando se impone la impaciencia, no sale bien: la experiencia del gobierno de los Fernández-Massa volvió a mostrar los problemas de una opción macroeconómica irracional. Milei 2023 y 2025 es el resultado del miedo al “riesgo kuka”, el fantasma electoral que agita el Gobierno.

El desideratum de la racionalidad macro también hace mella en la oposición. Desde las filas del kirchnerismo y aledaños empiezan a preguntarse cómo escapar al “riesgo kuka”. En ese caso se refiere a la necesidad de evitar que los votantes perciban un riesgo de desestabilización económica en la alternancia en el poder: el miedo a que vuelva la inflación de la mano del kirchnerismo que se dispara en buena parte de los argentinos, y en los mercados, cada vez que hay chances de que gane el kirchnerismo.

Es un dato político que está empezando a tallar en algunos círculos del kirchnerismo. El politólogo José Natanson, director de Le Monde Diplomatique, lo formuló en relación a una candidatura de Axel Kicillof: si quiere enamorar al electorado de la zona núcleo, tiene que hablarle con el lenguaje de la estabilidad macro. Ante el “lunes negro” que se espera con un triunfo kirchnerista, la promesa electoral de Kicillof debería responder con aplomo macro. La idea es un “giro pragmático” que desactive una de las municiones centrales del cuadrante de centro derecha: el miedo al regreso de los desequilibrios kirchneristas como antídoto electoral.

Natanson lo explicita claramente: “Una operación interesante sería que el peronismo o un candidato progresista y popular en el peronismo diga Horacio Rodríguez Larreta va a ser mi ministro de Economía”, según sintetiza Natanson. Emmanuel Álvarez y Carlos Melconian fueron otras de las posibilidades mencionadas.

La cuestión central es si la búsqueda de una corrección de la identidad kirchnerista o kicillofista es puramente táctica, para volver al poder, o estratégica, como resultado de un aprendizaje ideológico-económico. Ese giro macro-racional parece imposible en la identidad política de Kicillof. ¿Hay un milagro capaz de llevar al kirchnerismo y sus variantes a abrazar la santa trinidad de la emisión cero con equilibrio fiscal e inflación a la baja, el desendeudamiento responsable y la apertura económica?

La región muestra dos ejemplos de alternancias ideológicas capaces de sostener los logros de la estabilización económica. Uruguay y su plan de estabilización de 1990. El economista uruguayo Ernesto Talvi, incorporado al equipo económico de Caputo, lo ha explicado con detalle: una transmisión transversal de esa concepción entre signos políticos distintos en base al reconocimiento de la mejora económica.

El otro ejemplo es el de Chile y la transición de la dictadura de Pinochet a los gobiernos de la Concertación: sólo porque el plan de estabilización de la segunda generación de Chicago Boys fue exitoso en la baja de la inflación, la democracia chilena de centro izquierda continuó con el mismo esquema.

La lección es interesante para el Gobierno, y hay figura del equipo económico que llegan a esa conclusión: sólo cuando el costo de desandar un modelo macroeconómico es alto, el modelo se vuelve exitoso. Y es alto cuando la mayor parte de los actores económicos, desde los votantes hasta el empresariado, perciben más beneficios que problemas pendientes. El plan Milei-Caputo está condenado a tener un éxito reconocido no sólo en lo macro sino también en el bolsillo de la gente. Caso contrario, se convertirá en una nueva excusa para que un gobierno de signo opuesto haga lo que no le conviene a la Argentina.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la llegada de Fernando Augusto Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, tras la salida de Carlos María Frugoni. Además, incluyó la designación de Mariano Ignacio Plencovich al frente de la secretaría de Transporte.

La decisión se oficializó este martes a la madrugada mediante el Decreto 286/2026, con vigencia desde el 25 de abril. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

En primer lugar, el decreto dispuso la aceptación de la renuncia de Frugoni al cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura, quien este domingo presentó su renuncia al cargo. En paralelo, también se formalizó la salida de Herrmann de la secretaría de transporte, función que ocupaba hasta ese momento dentro de la misma cartera. A continuación, el texto oficial establece la designación de Herrmann en infraestructura.

En tanto, para cubrir la vacante generada en transporte, el Gobierno nombró a Plencovich como nuevo secretario. Su designación también rige desde el 25 de abril, en línea con el resto de los movimientos definidos en el decreto.

Como informó , Frugoni fue despedido del Gobierno luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El propio Frugoni había reconocido, cuando fueron expuestas sus propiedades en EE.UU., que cometió un error al no declararlas ante el fisco argentino.

El encuadre de la salida de Frugoni fue motivo de diferencias en el relato oficial. “Fue un despido”, sentenciaron de manera terminante voceros de la Presidencia. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía advirtieron que fue Frugoni quien presentó la renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y que “decidió dar un paso al costado para aclarar su situación”.

En el Gobierno buscaron, además, diferenciar el caso de Frugoni del que afronta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes al exterior desde que es funcionario del gobierno de Javier Milei. “La diferencia es total: contra Manuel hay especulaciones, lo de Frugoni estaba comprobado”, indicaron en Balcarce 50 a . En el Palacio de Hacienda dieron un veredicto similar.

Caputo definió que el reemplazante de Frugoni sea quien hasta este domingo por la noche era secretario de Transporte, Fernando Herrmann, un arquitecto de larga trayectoria en el sector privado que en enero de este año reemplazó a Luis Pierrini y debió hacerse cargo de las negociaciones con las empresas de colectivos y los gremios del sector.

El nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura trabajó más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y arquitectos asociados, desde enero de 1992, y ejerció más de 20 años como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005.