POLITICA
Desafío de ATE: 714 estatales pidieron un crédito en el Banco Nación, pero a la mayoría se lo rechazaron

En un intento por demostrar que se impuso la discrecionalidad en el reparto de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a funcionarios y diputados aliados de La Libertad Avanza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) activó a 714 afiliados para que inicien el trámite oficial para acceder al mismo beneficio.
De las 714 solicitudes, 623 pedidos fueron rechazadas de manera inmediata, unos pocos casos se aprobaron, pero con cifras insuficientes, y hay otros casos restantes que continúan todavía en trámite sin una resolución, según informar fuentes sindicales a .
En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones, como fue el caso de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.
Entre las 714 solicitudes de crédito, ATE destacó el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que a los afiliados que iniciaron el trámite se les solicitó los últimos tres recibos de sueldo, cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40.000 dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
“Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
el reparto de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación,Banco Nación,Conforme a,,Dibujos contables y offshores. La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires el titular de la ARCA,,Reforma laboral. La CGT pidió la nulidad del fallo que dejó vigente la ley y recusó a los dos camaristas,,Contra la prensa. Sigue la prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada y Milei redobla la apuesta con un retuit,Banco Nación,,Ajuste. Las dos Argentinas con las que convive Milei,,»Maniobras irregulares». Una tesorera del Banco Nación fue imputada por un faltante de $40 millones,,Tras la polémica. El Banco Nación habría bajado el scoring y facilita el acceso a los préstamos hipotecarios
POLITICA
Confirman el sobreseimiento de Santiago Caputo por la denuncia de amenazas de Facundo Manes

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa en la que había sido denunciado por amenazas por el exdiputado nacional del radicalismo Facundo Manes, por un incidente ocurrido en la apertura de sesiones del Congreso en 2025.
El fallo es de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que confirmaron —por unanimidad— el sobreseimiento de Caputo.
Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas porque el 1 de marzo de 2025, tras el discurso del presidente Javier Milei, se enfrentaron en una discusión dentro del Congreso de la Nación.
Manes expresó que, mientras se llevaba a cabo el discurso presidencial, su compañero de bloque, el diputado Pablo Juliano, efectuó manifestaciones a viva voz que motivaron la contestación de Milei.
En ese contexto, Manes dijo que advirtió gritos que provenían de un palco superior ubicado a sus espaldas y que pudo ver que Caputo le habría hecho un gesto al señalarse los ojos con los dedos índice y mayor, como si le indicara que lo estaba mirando.
Manes sostuvo que el asesor presidencial, entre otras palabras, expresó: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”; y que, según le dijo el diputado Juliano, Caputo también le expresó: “Te voy a hacer mierda”.
El ex diputado nacional declaró que, una vez finalizada la apertura de sesiones, se retiró de su banca en compañía de otros diputados; en uno de los pasillos fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó sobre su opinión acerca de las palabras del presidente.
Según la querella, Caputo apareció en ese contexto acompañado de otras personas e interrumpió la conversación.
Manes dijo que Caputo se le acercó “cara a cara”, que luego levantó su mano derecha y la colocó sobre el rostro del ex legislador, para después decirle frases como “vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, “vos no me conoces a mí” y “ya me vas a conocer a mí” y finalmente retirarse previo darle dos palmadas en el pecho.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó -por mayoría- la resolución del juez de primera instancia que había sobreseído a Santiago Luis Caputo por amenazas. Manes llevó el caso a la Cámara Federal de Casación, que convalidó el sobreseimiento al rechazar el recurso del exdiputado nacional.
El juez Borinsky —al que adhirieron los jueces Gustavo Hornos y Carbajo— consideró que la querella no había logrado demostrar la existencia de arbitrariedad en el fallo de la Cámara Federal que concluyó que no había delito en los actos denunciados.
El juez precisó que el contexto de los hechos había sido valorado y resultó clave para el sobreseimiento. Dijo que la secuencia de sucesos se inscribía en un contrapunto entre personas pertenecientes a distintas fuerzas políticas que se encontraban en el Congreso de la Nación con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2025.
Según Borinsky, los actos atribuidos a Caputo acontecieron en medio de “una acalorada disputa política” y en ese marco se debían interpretar los hechos. Borinsky estimó que Manes no había logrado poner en evidencia que los sucesos excedieran los límites de la discusión política. No negó el episodio ni los “tintes hostiles o agresivos” que pudiera haber percibido Manes.
Sin embargo, concluyó que la querella no había demostrado que la secuencia de actos encuadrara en el delito de amenazas, y menos agravadas. La fiscalía, además, había postulado la inexistencia de delito. Borinsky entendió que el fallo de la Cámara Federal era válido y que la querella no había demostrado la existencia de arbitrariedad.
El juez Hornos compartió las consideraciones y sostuvo que las expresiones de Manes no encuadraban como un anuncio de un mal concreto e inminente que exige el delito de amenazas. Precisó que el altercado que había involucrado a Manes y a Caputo se dio en una acalorada discusión y que debía contextualizarse “en las controversias propias de la discusión política”.
“En un recinto donde aquello que se busca es la generación de debates y consensos como mejor expresión de la democracia liberal que impera en nuestro país y carecen de la entidad amenazante que le había adjudicado -seguramente con buena fe- el querellante”, dijo Hornos. Por su parte, Carbajo compartió las consideraciones expuestas por Borinsky y Hornos.
dejó firme el sobreseimiento,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
ADEPA expresó su preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística en medio del caso AFA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su seria preocupación y rechazo por la medida cautelar dictada ante una denuncia penal realizada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y del CEAMSE, contra distintas personas, entre ellas varios periodistas.
La resolución impone prohibiciones de contacto y de acercamiento, y ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante. Sin embargo, no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar. La acusación a los periodistas se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso AFA.
ADEPA recuerda que cuando se trata de personas con notoria actuación pública o responsabilidades institucionales, la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público. La protección de la intimidad no puede convertirse en una fórmula amplia o ambigua que restrinja la difusión de información vinculada con la actuación pública, patrimonial o institucional de quienes ejercen funciones relevantes.
“Resulta especialmente preocupante que se imponga a periodistas una prohibición de acercamiento respecto del denunciante y de los lugares donde desarrolla sus actividades habituales. Una restricción de esa naturaleza, sin identificación de conductas intimidatorias concretas, puede afectar tareas básicas del periodismo, como procurar información, formular preguntas, cubrir acontecimientos o realizar investigaciones sobre asuntos de interés general”, aseguró ADEPA en un comunicado.
Además, explicó: “Medidas de este tipo conllevan un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa”.
La utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas, sin fundamentos específicos, es un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística en los términos del artículo 13 del Pacto de San José Costa Rica. Y, por sobre todo, la violación de la prohibición de establecer la censura previa a la libertad de expresión y prensa, establecida por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
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ADEPA expresó que la seguridad personal y la intimidad merecen protección, “pero esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
La entidad concluyó: “Una decisión de estas características constituye un peligroso antecedente: de extenderse, permitiría judicializar la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general, con grave afectación del debate público esencial para un sistema democrático”.
ADEPA, Chiqui Tapia, libertad de expresion
POLITICA
Santa Cruz: asumieron los nuevos vocales en el Tribunal Superior, cambiaron las autoridades y revisarán 80 designaciones

EL CALAFATE.- Finalmente, hoy se cumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedó conformado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con los nueve miembros que marcan la Ley 3949 que amplió el número de vocales. Atrás quedaron ocho meses de una férrea resistencia del kirchnerismo, que declaró inconstitucional la ley y obligó a que la situación sea dirimida a 2600 kilómetros de la provincia patagónica.
La primera reunión de acuerdo extraordinario ocurrió en medio de una fuerte tensión entre los antiguos y los nuevos vocales. Hubo algún pase de factura, pero también se tomaron decisiones importantes: se designó como nuevo presidente del cuerpo a Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien reemplazará a Reneé Fernández.
Además se cambió el representante en el Consejo de la Magistratura, se decidió que los próximos ingresos al Poder Judicial serán por concurso y que serán revisados los últimos 80 nombramientos.
Este lunesy fue el primer día que los vocales se ven cara a cara luego de que la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, reconociera la vigencia de la ley que amplió el TSJ, y que el tribunal provincial emitiera 24 horas después un escueto comunicado, en el cual aseguraban que acatarían la orden del máximo tribunal federal.
La jornada empezó temprano en el edificio ubicado en la esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y Chacabuco, en Río Gallegos. Era aún noche cerrada a las siete cuando llegaron los primeros vocales: Sergio Acevedo, Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora –todos designados entre septiembre y octubre pasado pero a quienes se les negó el sueldo, el cargo y el ingreso al edificio– junto a Daniel Mariani, el histórico vocal desplazado de la presidencia luego que le tomara la jura de los nuevos vocales.
Sobre Mariani, Reneé Fernández había emitido una circular que prohibía que se acaten sus órdenes o pedidos y hasta aquí se había cumplido a rajatabla.
Según pudo reconstruir a partir de testigos, a poco de llegar Mariani indicó a los empleados que se notifique al resto de los vocales la convocatoria a una reunión de acuerdo extraordinario para las nueve de la mañana: nadie se opuso y en breves minutos los vocales estaban notificados.
Minutos antes de las nueve de la mañana llegaron al edificio Reneé Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau, en tanto que luego se supo que Paula Ludueña faltó con aviso por enfermedad de un familiar, según se explicó en la reunión.
El clima en el salón de acuerdos fue tirante; no era una reunión entre extraños: casi todos se habían cruzado en el ámbito judicial o político, tal el caso de Reneé Fernández, que ejerció en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que se proyectó incluso en parte de la gobernación de Acevedo, quien inició en diciembre de 2003 y terminó abruptamente en 2006 con su renuncia.
Según pudo saber no hubo unanimidad en las votaciones; en un gesto para intentar buscar acuerdos, en lugar de proponer que Mariani sea restituido en la presidencia, se propuso a Contreras Agüero para el cargo –fiscal, juez de instrucción con más de 20 años de carrera judicial– y recibió seis votos de acompañamiento a favor y la negativa de Fernández y Mercau.
Mariani, por su parte, fue votado para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura, cargo que hasta aquí estaba en manos de Basantta, el vocal que atravesó un juicio político en diciembre y sobre el cual podría reactivarse un expediente. Mariani asumirá mañana.
“Nos queda un largo trabajo por delante”, expresó uno de los vocales a . Es que, a partir de ahora, se revisarán 80 nuevos nombramientos; se presume que hubo muchos cargos que llegaron al Poder Judicial sin ponderar su capacidad.
El reordenamiento institucional no se limita solo a la composición del plenario, sino que se espera la reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales.
Pasadas las 14, encontró a tres de los nuevos vocales caminando por la vereda de la avenida Presidente Néstor Kirchner; sin hacer declaraciones, aceptaron distendidos posar para la foto: el flamante presidente del TSJ, Contreras Agüero, flanqueado por Acevedo y González Nora; atrás quedaron meses en los que tuvieron que recurrir a la Corte para poder asumir en sus cargos.
Minutos antes, la cuenta de Facebook del Tribunal había publicado la primera foto de Contreras en su oficina anunciando su cargo para 2026, la primera que tiene en el palacio judicial. Sin embargo, mientras el TSJ parece encaminarse, hoy al mediodía ingresó en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial una denuncia formal y pedido de juicio político contra los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta, “en razón de haber incurrido en un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”.
Según detalla la presentación firmada por el abogado del fuero local Sergio Macagno, la denuncia es por utilizar el Poder Judicial en situación de conflicto de interés directo, alterar el equilibrio entre los tres poderes del Estado, afectación del principio de imparcialidad, incumplimiento del deber de excusación, obstrucción del control constitucional provincial y federal y la eventual comisión de conductas con relevancia penal en ejercicio de sus altos cargos.
Mariela Arias,Conforme a
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