La minería argentina atraviesa uno de los momentos más prometedores de las últimas décadas. La creciente demanda mundial de litio, cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y las nuevas tecnologías, ha colocado al país en una posición privilegiada para captar inversiones multimillonarias. Sin embargo, disponer de recursos naturales no alcanza. La competencia internacional por esos capitales es feroz y exige marcos regulatorios previsibles, procesos ágiles y reglas de juego estables.

En ese contexto, el Gobierno nacional publicó el Decreto 482/2026, que introduce modificaciones a la reglamentación de la Ley 24.196 de Promoción de Inversiones Mineras. Aunque no modifica los beneficios sustanciales del régimen, sí actualiza numerosos aspectos operativos que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica y las nuevas exigencias de gestión.

La filosofía que atraviesa la norma parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayores controles sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.

Entre los cambios más relevantes se destacan la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico, la digitalización de trámites vinculados a importaciones, la integración con la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y seguimiento de inversiones. También se precisan las condiciones para acceder a determinados beneficios y se refuerzan las obligaciones informativas de los sujetos alcanzados por el régimen.

Cada demora administrativa, cada trámite redundante y cada incertidumbre regulatoria terminan elevando el costo argentino y reduciendo la competitividad frente a otros destinos mineros de la región.

El decreto también delimita con mayor precisión quiénes pueden acceder a los beneficios promocionales. Particularmente, los prestadores de servicios mineros deberán acreditar que una porción mínima de su facturación proviene efectivamente de actividades vinculadas a la minería, buscando evitar la incorporación de empresas cuya actividad principal resulte ajena al sector.

Otro cambio significativo se relaciona con el fortalecimiento de los controles. Se precisan las obligaciones informativas anuales y se establecen mecanismos más claros para la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento, incluyendo la suspensión o incluso la caducidad de la inscripción en el régimen. La señal es clara: la simplificación administrativa viene acompañada de mayores exigencias en materia de transparencia y trazabilidad.

Resulta particularmente relevante la modernización del Certificado de Estabilidad Fiscal, probablemente uno de los pilares más importantes del régimen promocional. La estabilidad tributaria constituye una condición esencial para proyectos cuyo horizonte de recuperación suele medirse en décadas.

En un país que durante años modificó reiteradamente las reglas impositivas, brindar mayor certeza sobre los alcances y el momento a partir del cual opera dicha estabilidad constituye una señal positiva para los inversores.

También merece destacarse la ampliación de la distancia permitida para integrar yacimientos y plantas de procesamiento, que pasa a 500 kilómetros. Esta modificación reconoce una realidad geográfica evidente: la minería argentina se desarrolla en territorios extensos y muchas veces alejados de la infraestructura industrial disponible. La nueva regulación permite una mayor flexibilidad operativa y favorece el desarrollo de cadenas de valor más eficientes.

La reglamentación incorpora además precisiones respecto de la doble deducción de gastos de exploración, extiende el beneficio de amortización acelerada a bienes reacondicionados y simplifica el procedimiento para solicitar la devolución anticipada del IVA correspondiente a gastos exploratorios. Estas medidas buscan mejorar el flujo financiero de las empresas durante las etapas iniciales de los proyectos, caracterizadas por elevados desembolsos y largos períodos sin generación de ingresos.

En paralelo, se profundiza la digitalización de las operaciones de importación vinculadas a la actividad minera. El nuevo esquema se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea) y con el Sistema Informático Malvina, permitiendo validaciones automáticas y reduciendo tiempos administrativos.

Desde una perspectiva ambiental, se reconoce que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá satisfacer determinados requisitos de previsión para la conservación del medio ambiente, siempre bajo evaluación de la autoridad competente. El objetivo es evitar superposiciones regulatorias y aportar mayor claridad a las obligaciones de las empresas.

Sin embargo, sería un error pensar que la actualización reglamentaria por sí sola alcanzará para transformar el potencial minero argentino en inversiones concretas. Los inversores internacionales observan variables mucho más amplias que un régimen promocional. Analizan la presión tributaria total, la estabilidad macroeconómica, las restricciones cambiarias, la seguridad jurídica, la infraestructura disponible, los costos logísticos y la capacidad de los distintos niveles de gobierno para actuar de manera coordinada.

La competitividad de un proyecto minero no se define únicamente en los despachos de Buenos Aires; también se construye —o se destruye— en cada jurisdicción donde ese proyecto debe operar.

La Argentina posee una oportunidad histórica de consolidarse como uno de los grandes proveedores globales de minerales estratégicos. Pero para convertir esa oportunidad en realidad no alcanza con disponer de recursos geológicos excepcionales. Es necesario construir un ecosistema regulatorio integral que combine promoción, estabilidad y competitividad.

En términos generales, la norma reglamentaria refleja una tendencia que atraviesa buena parte de la agenda económica actual: menos burocracia, más digitalización y mayores exigencias de cumplimiento. Para un sector que requiere inversiones de largo plazo y miles de millones de dólares para desarrollar nuevos proyectos, la previsibilidad regulatoria resulta tan importante como los incentivos fiscales.

Porque en la minería, como en cualquier actividad intensiva en capital, las decisiones de inversión no se toman por los recursos que existen bajo la tierra, sino por la confianza que generan las reglas que rigen sobre ella.

CEO y socio del Dpto. de Energía y Recursos Naturales de Lisicki, Litvin & Abelovich

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 26 de junio con el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. Hoy se efectúan acreditaciones para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, así como para titulares de asignaciones sociales y prestaciones familiares, con los montos actualizados tras el incremento de 2,58% y el pago del medio aguinaldo. El calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite una distribución ordenada de los haberes en todo el país.

Este viernes corresponde el pago a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 6 y 7. Estos beneficiarios reciben su haber actualizado, el medio aguinaldo y, en los casos que corresponde, un bono extraordinario.

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminados en 8 reciben hoy el pago correspondiente a junio, que ya incluye el aumento del 2,58%. El esquema mantiene la retención de una parte del monto hasta la presentación de la documentación obligatoria.

Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos documentos finalizan en 8, según el calendario oficial. La prestación se acredita en la cuenta bancaria declarada por la titular.

Las titulares de la Asignación por Maternidad de todas las terminaciones de DNI reciben el pago durante el período que va del 10 de junio al 8 de julio, por lo que hoy también se efectúan acreditaciones para quienes cumplen con los requisitos y cronograma.

El período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (por Matrimonio, Nacimiento y Adopción) sigue vigente entre el 9 de junio y el 8 de julio, alcanzando a todas las terminaciones de documento.

El Seguro por Desempleo se abona según el cronograma dispuesto y corresponde hoy a los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

Durante el mes de junio, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 2,58% aplicando la fórmula de movilidad. Los montos para este mes quedan de la siguiente forma:

• La jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos. Una vez realizado el descuento al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
• Los beneficiarios de la mínima reciben, además, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos. El total bruto para quienes cobran la mínima alcanza $674.976,99 ($656.827,67 netos).
• La jubilación máxima en junio se ubica en $2.713.948,17 brutos. Con el descuento de PAMI, el monto neto es de $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos, por lo que el ingreso total del mes llega a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
• La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) corresponde a $322.654,39 más el bono y el aguinaldo, totalizando $553.981,59.
• Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $282.322,60 más bono y aguinaldo, sumando $493.483,90.

Estos valores reflejan el impacto de las medidas oficiales para preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

Las asignaciones familiares y universales también recibieron el ajuste del 2,58% y presentan los siguientes valores:

• Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese monto, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40 hasta que se presente la Libreta AUH o la documentación obligatoria.
• AUH por Discapacidad: el monto mensual es de $471.915. El beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta la acreditación documental. En los casos donde se suma la Tarjeta Alimentar, el ingreso total puede superar $449.780,06.
• Asignaciones Familiares (SUAF): para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, la Asignación por Hijo es de $72.474 en el primer rango de ingresos (hasta $1.122.074 mensuales) y $235.967 por hijo con discapacidad. Los montos disminuyen en rangos de ingreso superiores.
• Asignaciones de Pago Único (APU): por Nacimiento, el monto es de $84.478; por Matrimonio, asciende a $126.489; y por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago.

Los titulares pueden consultar la fecha y el monto exacto de sus acreditaciones a través de la plataforma Mi ANSES o en las entidades bancarias habilitadas.

Para formar parte del 10% de los hogares argentinos más ricos, una familia debe contar con un ingreso total mensual superior a $4.120.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el primer trimestre de 2026. Este valor marca el umbral mínimo requerido para ingresar al décimo decil de la escala de ingresos en los 31 principales aglomerados urbanos relevados.

En este segmento, los ingresos familiares se ubican entre $4.120.000 y $45.000.000 mensuales, con un ingreso medio de 6.732.547 pesos. El décimo decil concentra a 1.014.000 hogares, lo que equivale al 10% del total, y a 3.411.000 personas, que representan el 11,4% de la población contemplada en la muestra.

Dentro del grupo, las diferencias internas son notables, ya que incluye tanto hogares que apenas superan el umbral de $4.120.000 como otros con ingresos que multiplican varias veces esa cifra. El promedio de ingresos en este decil evidencia una distancia significativa respecto al resto de la distribución.

La comparación con los deciles inferiores resalta aún más la brecha existente. En el noveno decil, los hogares perciben entre $3.000.000 y $4.120.000, con un ingreso promedio de 3.511.457 pesos. El octavo decil comprende ingresos de $2.400.000 a $3.000.000, con un ingreso medio de 2.652.257 pesos. En el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores recursos, los ingresos oscilan entre $12.000 y $600.000, y el ingreso medio se ubica en 426.981 pesos.

Primer decil

• Ingreso total familiar: desde $12.000 hasta $600.000
• Hogares: 1.016.000 (10%)
• Personas: 2.041.000 (6,8%)
• Ingreso total decil: $433.730.000.000 (2%)
• Ingreso medio: $426.981

Segundo decil

• Ingreso total familiar: desde $600.000 hasta $853.000
• Hogares: 1.019.000 (10%)
• Personas: 2.419.000 (8,1%)
• Ingreso total decil: $757.692.000.000 (3,5%)
• Ingreso medio: $743.309

Tercer decil

• Ingreso total familiar: desde $853.000 hasta $1.060.000
• Hogares: 1.019.000 (10%)
• Personas: 2.697.000 (9%)
• Ingreso total decil: $973.973.000.000 (4,4%)
• Ingreso medio: $964.541

Cuarto decil

• Ingreso total familiar: desde $1.060.000 hasta $1.310.000
• Hogares: 1.015.000 (10%)
• Personas: 2.942.000 (9,8%)
• Ingreso total decil: $1.209.299.000.000 (5,5%)
• Ingreso medio: $1.191.510

Quinto decil

• Ingreso total familiar: desde $1.310.000 hasta $1.600.000
• Hogares: 1.017.000 (10%)
• Personas: 3.056.000 (10,2%)
• Ingreso total decil: $1.497.003.000.000 (6,8%)
• Ingreso medio: $1.471.332

Sexto decil

• Ingreso total familiar: desde $1.600.000 hasta $1.919.000
• Hogares: 1.012.000 (10%)
• Personas: 3.413.000 (11,4%)
• Ingreso total decil: $1.781.824.000.000 (8,1%)
• Ingreso medio: $1.760.251

Séptimo decil

• Ingreso total familiar: desde $1.919.000 hasta $2.400.000
• Hogares: 1.016.000 (10%)
• Personas: 3.163.000 (10,6%)
• Ingreso total decil: $2.175.789.000.000 (9,9%)
• Ingreso medio: $2.139.223

Octavo decil

• Ingreso total familiar: desde $2.400.000 hasta $3.000.000
• Hogares: 1.014.000 (10%)
• Personas: 3.446.000 (11,5%)
• Ingreso total decil: $2.686.153.000.000 (12,3%)
• Ingreso medio: $2.652.257

Noveno decil

• Ingreso total familiar: desde $3.000.000 hasta $4.120.000
• Hogares: 1.014.000 (10%)
• Personas: 3.362.000 (11,2%)
• Ingreso total decil: $3.565.249.000.000 (16,3%)
• Ingreso medio: $3.511.457

Décimo decil

• Ingreso total familiar: desde $4.120.000 hasta $45.000.000
• Hogares: 1.014.000 (10%)
• Personas: 3.411.000 (11,4%)
• Ingreso total decil: $6.828.789.000.000 (31,2%)
• Ingreso medio: $6.732.547

Según el Indec, en la Argentina, el 61,9% de la población percibió algún tipo de ingreso durante el primer trimestre de 2026. El ingreso promedio para quienes tuvieron ingresos en este período fue de 1.153.457 pesos. Analizando por niveles, quienes se ubican en los deciles más bajos (del 1 al 4) tuvieron un ingreso promedio de $389.298, el sector medio (deciles 5 a 8) alcanzó $1.059.895, y el segmento de mayores ingresos (deciles 9 y 10) promedió 2.873.233 pesos.

Existen diferencias importantes según género. Los varones que percibieron ingresos tuvieron un promedio de $1.352.247, mientras que en las mujeres el promedio fue de 959.030 pesos.

En cuanto a la población ocupada —personas que efectivamente trabajan— el ingreso promedio se estimó en $1.104.227, con una mediana de 900.000 pesos. Esto significa que la mitad de quienes trabajan perciben hasta ese monto. En el grupo de menores ingresos laborales (deciles 1 a 4), el promedio fue de 405.245 pesos. En el sector medio (deciles 5 a 8) llegó a $1.065.844 y, en los deciles más altos (9 y 10), a 2.579.304 pesos.

Entre las personas asalariadas, se estimaron 9,7 millones de trabajadores con un ingreso promedio de 1.136.558 pesos. Quienes cuentan con descuento jubilatorio —es decir, aportes a la seguridad social— tuvieron un promedio de $1.375.143, mientras que quienes no realizan estos aportes percibieron en promedio 731.150 pesos.

Al observar los ingresos de los hogares, el 77,7% provino de fuentes laborales y el 22,3% restante de ingresos no laborales, como jubilaciones, pensiones o ayudas sociales. Estos últimos tienen mayor peso en los hogares de menores ingresos: en el primer decil, los ingresos no laborales representaron el 61% del total, en contraste con el décimo decil, donde solo aportaron el 15,6 por ciento.

La relación de dependencia en los hogares —cuántas personas no ocupadas hay por cada 100 ocupadas— fue de 123 a 100 en el promedio general, y de 61 personas sin ingresos por cada 100 con ingresos. Esta relación es mucho mayor en los sectores más vulnerables: en el primer decil, hay 272 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas y 153 no perceptores de ingreso cada 100 perceptores. En el decil más alto, en cambio, la relación cae a 48 no ocupados y 22 no perceptores por cada 100 ocupados y perceptores, respectivamente.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,442, levemente por encima del 0,435 registrado un año antes. La brecha de ingresos entre la mediana del decil más alto y la del más bajo fue de 15 veces, un valor que se mantuvo estable respecto al año anterior, aunque mostró variaciones en los trimestres intermedios.