ECONOMIA
Chau matrícula obligatoria y los cambios que evalúa el Gobierno para desregular mercado inmobiliario

El debate por la desregulación del mercado inmobiliario sumó un nuevo capítulo tras la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en un evento del sector realizado por Reporte Inmobiliario en la sede de la UCA en Puerto Madero, donde confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto que buscará modificar aspectos centrales de la actividad. La iniciativa, que se enviaría al Congreso en junio, incluye cambios en la intermediación, el esquema de costos y el uso de herramientas digitales.
La presentación activó una rápida respuesta de los colegios profesionales, que salieron a marcar diferencias sobre el alcance de las medidas y sus posibles consecuencias. En el centro de la discusión aparece la posible flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
El ministro Sturzenneger planteó que el objetivo es generar mayor competencia, reducir costos y eliminar lo que considera barreras que hoy limitan el funcionamiento del mercado. Según explicó, la desregulación permitiría un esquema más abierto, con menos restricciones y mayor dinamismo en las operaciones.
Sin embargo, desde el sector profesional inmobiliario la lectura es distinta. Advierten que los cambios podrían afectar la seguridad jurídica, incrementar la informalidad y debilitar los controles sobre una actividad que involucra decisiones patrimoniales de alto impacto.
En agenda y cómo podría impactar en el trabajo de las inmobiliarias
• Eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
• Posible eliminación de la exigencia de título universitario para intermediar operaciones.
• Fin del rol sancionador exclusivo de los colegios profesionales.
• Eliminación de aranceles mínimos y mayor libertad para fijar honorarios.
• Apertura del mercado a nuevos actores, con menos barreras de entrada.
• Posibilidad de operar en distintas jurisdicciones sin restricciones geográficas.
• Avance hacia la digitalización de procesos, incluida la escrituración.
• Simplificación de trámites y reducción de regulaciones consideradas burocráticas.
Estos cambios podrían modificar de manera directa la dinámica de trabajo en las inmobiliarias. Desde el ministerio de Sturzenneger argumentaron que un mercado más abierto implicaría mayor competencia, con la posible entrada de operadores sin trayectoria tradicional, lo que pondría presión sobre los honorarios y obligaría a diferenciarse por calidad de servicio, respaldo y marca.
También podrían aparecer nuevos modelos de negocio apalancados en tecnología, con más peso de plataformas digitales, captación directa y herramientas de gestión.
Al mismo tiempo, una menor intervención de los colegios podría reducir los controles sobre la actividad, lo que incrementaría la necesidad de profesionalización interna y cuidado en los procesos para evitar conflictos.
En ese escenario, las inmobiliarias podrían reconfigurar sus equipos, con mayor presencia de agentes independientes y estructuras más flexibles, en un mercado que tendería a ser más dinámico, pero también más exigente en términos de competitividad y transparencia.
Matrícula en debate
Una de las voces más críticas fue la de Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci). Cuestionó el sustento jurídico de la iniciativa y puso el foco en el carácter federal de la regulación.
«No hay sustento jurídico para avanzar en ese sentido. La organización de la actividad inmobiliaria es una competencia originaria de las provincias y no fue delegada a la Nación», dijo.
Liotto explicó que el corretaje inmobiliario no es una actividad comercial más, sino una profesión que requiere formación técnica y actualización permanente. En esa línea, sostuvo que la matrícula y la colegiación funcionan como garantías para la sociedad.
«El principal problema no recae en los corredores, sino en los ciudadanos. Eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas, con riesgo de errores, fraudes y prácticas abusivas», comentó.
La dirigente también rechazó la idea de que una mayor apertura reduzca los costos de las operaciones. Señaló que los principales gastos están vinculados a impuestos, tasas y costos registrales, no a los honorarios profesionales.
Seguridad jurídica y control
Desde Rosario, Iván Vrancich, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), coincidió en el diagnóstico y advirtió sobre las consecuencias de eliminar los controles actuales.
«Eliminar la matriculación es una desprotección para todas las partes. Si no se controla al intermediario, ante una mala praxis solo queda la justicia ordinaria, con costos y demoras», explicó.
El dirigente remarcó que los colegios cumplen un rol clave en la supervisión de la actividad, con capacidad para sancionar conductas no éticas y mediar en conflictos entre partes. Según indicó, esa instancia permite resolver muchos casos sin llegar a la vía judicial.
Vrancich planteó que el mercado inmobiliario ya funciona sin obligatoriedad de intermediación, ya que las personas pueden comprar o alquilar por cuenta propia. Sin embargo, destacó que la intervención de un profesional aporta respaldo técnico en operaciones que suelen involucrar los ahorros de toda una vida.
Sostuvo: «Los colegios ayudan a los ciudadanos, controlan al matriculado y persiguen a los ilegales. Sin ese esquema, puede aumentar la conflictividad, los fraudes documentales y la mala praxis».
También advirtió que una reforma de este tipo podría derivar en conflictos constitucionales, al avanzar sobre facultades que corresponden a las provincias.
Costos y competencia
Otra de las discusiones que atraviesa el debate es el impacto de la desregulación sobre los costos del mercado. Desde el Gobierno sostienen que una mayor competencia podría reducir los gastos de compraventa y alquiler.
Sin embargo, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina plantean una mirada diferente. Su presidenta, Nancy Vieitez, explicó que los costos estructurales de una operación no están determinados por los honorarios profesionales.
Agregó: «Los principales costos están vinculados a impuestos, cargas fiscales, financiamiento y construcción. No pasa por eliminar honorarios».
Vieitez consideró que la competencia puede ser positiva, pero advirtió que no necesariamente se traduce en una baja real de costos. Además, alertó que una apertura sin controles podría generar distorsiones. Dijo: «Puede haber operadores sin responsabilidad, captación engañosa, conflictos entre partes y pérdida de seguridad para los consumidores».
En esa línea, planteó que el camino debería apuntar a modernizar el sistema, con reglas claras y mecanismos que garanticen transparencia, sin eliminar los controles existentes.
Digitalización y cambios estructurales
El proyecto oficial también contempla avanzar en la digitalización de los procesos, incluida la posibilidad de agilizar instancias como la escrituración. El objetivo es reducir tiempos y simplificar trámites en las operaciones inmobiliarias.
Desde el sector reconocen que la tecnología es un factor clave para mejorar la eficiencia, pero advierten que su implementación debe realizarse con cuidado.
Vieitez señaló que la digitalización puede facilitar los procesos, siempre que se mantengan las garantías jurídicas. «Se necesitan plataformas seguras, validación de identidad y protección de datos», explicó.
En el mismo sentido, Vrancich indicó que algunos avances ya están en marcha en distintas jurisdicciones, pero remarcó que el rol del escribano y los controles documentales siguen siendo centrales para asegurar la legalidad de las operaciones.
Liotto, por su parte, concluyó que los colegios cumplen un papel activo en la capacitación de los profesionales para adaptarse a estos cambios. Según explicó, «la formación continua es una de las claves para sostener la calidad del servicio en un contexto de transformación».
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ECONOMIA
El desconcierto de la IA: mucho ruido y pocas nueces

Casi todas las empresas usan algo de inteligencia artificial. Muy pocas saben qué hacer con ella. Y esa distancia no es tecnológica: es de liderazgo y de cultura.
La inteligencia artificial llegó a las organizaciones antes de que supieran qué hacer con ella.
Está en todas partes —en las herramientas, en los discursos, en los comités de innovación—. Pero los resultados no aparecen. Lo que predomina no es el entusiasmo ni el rechazo, sino algo más incómodo: el desconcierto.
Los números confirman que no es una impresión. El 88% de las organizaciones ya usa IA en al menos una función, pero solo el 39% percibe algún impacto en sus resultados, casi siempre inferior al 5%. El MIT fue más lejos: concluyó que el 95% de las inversiones en IA generativa todavía no produjo retornos medibles. Mucha adopción, poco valor.
En América Latina la foto es similar, aunque la brecha es más amplia. Solo el 23% de las organizaciones obtienen algún valor económico de la IA y apenas el 6% lo considera significativo (WEF y McKinsey, 2025). La región recibe, además, apenas el 1,12% de la inversión global en esta tecnología. Podría pensarse que el problema está ahí. No lo está: las compañías que más invierten en el mundo tampoco logran resultados consistentes. Si dependiera del dinero, ya estaría resuelto.
La inteligencia artificial llegó a las organizaciones antes de que supieran qué hacer con ella
La IA no es magia. El problema no es la herramienta: es todo lo que la organización no resolvió antes de encenderla.
Las organizaciones que atraviesan este proceso muestran siempre el mismo patrón. La tecnología avanza más rápido de lo que las personas pueden seguirla, y seguirla implica dos tiempos: entenderla y, mucho más lento, aceptarla. Son tres velocidades que rara vez coinciden —la de la tecnología, la de las personas y la del negocio—, y de ese desajuste nace buena parte del problema. Cuando una organización acelera solo la primera y descuida las otras dos, la IA entra en la empresa, pero no echa raíces. No es casual que el 92% de los líderes señale a la cultura y a la gestión del cambio —y no a la tecnología— como la principal barrera (Wavestone, 2026).
En las pymes el cuadro suele agravarse. Apremiadas por la necesidad de ganar eficiencia, muchas esperan que la IA resuelva problemas que en realidad son organizacionales.
Los síntomas se repiten. Se evitan las conversaciones difíciles. No se rediseñan los procesos: apenas una de cada cinco empresas reformuló sus flujos de trabajo, justamente la palanca de mayor impacto según McKinsey. Y se impone un cambio que genera incertidumbre, aunque nadie lo nombre. La adopción termina ocurriendo de abajo hacia arriba, sin que nadie la conduzca: ocho de cada diez trabajadores usan herramientas que su empresa nunca aprobó. La IA entró por la puerta de atrás.
El problema no es la herramienta: es todo lo que la organización no resolvió antes de encenderla
Hay, además, un costo que casi nadie mide. Buena parte de lo que produce la IA es workslop: contenido que parece terminado, pero puede ser superficial, contener errores o incluso inventar información. Alguien tiene que detectarlo, verificarlo y rehacerlo. El esfuerzo no desaparece: simplemente se traslada. La productividad no necesariamente aumenta; muchas veces se dispersa.
Debajo de todo esto late una decisión que la mayoría de las organizaciones posterga: si la IA viene a ampliar lo que las personas hacen o a reemplazarlas. Nadie lo anuncia, pero todos lo intuyen. Si las personas sospechan que el objetivo es prescindir de ellas, el miedo gana terreno y la adopción se frena. Si entienden que la IA viene a liberarlas de tareas de poco valor para que puedan concentrarse en las que realmente importan, el compromiso cambia. Esa definición no la toma el software: la toma quien conduce.
Las organizaciones que están capturando valor entendieron algo simple: no empezaron preguntándose qué herramienta comprar, sino qué problema querían resolver. La IA llegó después.
Y acá no alcanza con más tecnología: hace falta criterio. Quien logre que la IA aporte valor no será quien compre la herramienta más avanzada, sino quien tenga claro para qué la quiere. Quien abra la conversación que faltaba, rediseñe el proceso que quedó viejo y nombre el miedo en lugar de esconderlo. Su trabajo no es acelerar. Es sincronizar el ritmo de la tecnología, el de las personas y el del negocio para que el cambio ocurra a una velocidad que la organización pueda sostener. La inteligencia artificial es la parte fácil. Lo difícil, como siempre, son las personas.
Por eso, antes de dar el próximo paso, vale la pena hacerse algunas preguntas. ¿La IA amplía lo que las personas hacen o busca reemplazarlas? ¿Se rediseñaron los procesos o simplemente se le pidió a la máquina que hiciera más rápido lo que ya estaba mal hecho? ¿Qué conversación se está evitando?
El desconcierto tiene salida. Y es menos una cuestión tecnológica que una decisión de liderazgo: conducir el cambio en lugar de padecerlo.
El autor es CEO y Fundador de Modobeta
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ECONOMIA
Camioneros activaron aumento salarial y se disponen a actualizar el convenio colectivo de trabajo

El consejo directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y las cámaras de la actividad pactaron un incremento de los salarios básicos para los meses de julio y agosto, en el marco de la mejora que cerraron en marzo e incluye una cláusula de revisión en caso de que la inflación supere el aumento acordado.
En paralelo, la organización gremial que lidera Hugo Moyano ya está en contacto con los representantes de las patronales con el propósito de actualizar el convenio colectivo de trabajo 40/89, a propósito de la convocatoria solicitada por la secretaría de Trabajo según establece la nueva Ley de Modernización Laboral.
De cuánto es la mejora salarial y cómo se aplica
Según establecieron la Federación de Camioneros y los directivos de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), la suba consiste en una asignación extraordinaria no remunerativa de $30.000 que será abonada en los próximos días.
Asimismo, se incluirán $27.258 al salario básico del conductor de primera categoría a partir del 1° de julio, importe que se traslada proporcionalmente al resto de las categorías previstas en el convenio, dando origen a las nuevas escalas salariales para julio y agosto.
La mejora en los ingresos quedó acordada en el último acuerdo firmado en marzo, que fijó un incremento salarial del 10,1%, distribuido en seis tramos acumulativos para el semestre marzo-agosto, junto con una suma no remunerativa de $53.000 y una cláusula de revisión durante la primera quincena de junio para evaluar la evolución de los salarios, que es la que justamente se activó en esta oportunidad.
Cómo quedaron los sueldos básicos según la categoría
Con la firma de la revisión paritaria, quedaron ratificados los salarios básicos que regirán durante los meses de julio y agosto para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 40/89, que debe ser homologado por la cartera laboral, que ya fue solicitado al titular de la secretaría, Julio Cordero.
Con la mejora, los salarios básicos quedaron de la siguiente manera, según la categoría:
- Conductor de primera categoría, $1.060.010,29 en julio y $1.075.910,44 en agosto
- Conductor de segunda categoría, $1.041.120,50 en julio y $1.056.737,31 en agosto
- Conductor de tercera categoría (Fletes al Instante), $1.022.211,59 en julio y $1.037.544,76 en agosto
- Operador de servicios, $1.112.789,91 en julio y $1.144.811,30 en agosto
- Chofer de camión blindado, $1.139.645,55 en julio y $1.156.740,23 en agosto
- Chofer con firma, $1.223.953,00 en julio y $1.242.312,29 en agosto
- Peón, $968.120,14 en julio y $982.641,94 en agosto
Esta es apenas una muestra de la escala salarial, teniendo en cuenta que la actividad de camioneros se divide en diferentes ramas que, además, incluyen beneficios como antigüedad, viáticos, zonas desfavorables y plus por kilómetros recorridos, entre otras asignaciones. Se estima que las partes volverán a reunirse a mediados de agosto para acordar una nueva suba que sería para los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Actualización del convenio colectivo de trabajo
Además de solicitar la homologación del acuerdo, herramienta esencial para que las empresas estén obligadas a reconocer y liquidar en tiempo y forma la suba salarial para los meses de julio y agosto, trascendió que Moyano ya comenzó a dialogar con los representantes de las patronales para la actualización del convenio colectivo, tal como pretende la Casa Rosada a partir de la vigencia de la reforma laboral.
En su momento, el ministerio de Capital Humano dio instrucciones a la secretaría de Trabajo para que acelere la convocatoria a los sindicatos y cámaras empresariales para que se reúnan y revisen los convenios en el marco de la Ley de Modernización Laboral recientemente sancionada por el Congreso.
Trascendió que, tal como sucedió con el convenio de la industria de la Alimentación, en Camioneros se espera que se confirme la vigencia del actual convenio, aunque no descartan que surjan algunas modificaciones puntuales en diferentes ramas. Vale recordar que hace días se llegó a un acuerdo en la rama Aguas y Gaseosas, puntualmente para las empresas Coca-Cola y Quilmes, en cuanto a eliminar diferencias entre el personal de las plantas y los tercerizados, reconociendo antigüedad y el pago de bonos y premios.
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ECONOMIA
Por qué la baja del riesgo país no alcanza para que Argentina vuelva a los mercados: la explicación del Gobierno

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los vencimientos en moneda extranjera para lo que resta del 2026 y el 2027 están cubiertos, con la baja del riesgo país de las últimas semanas surgieron nuevas presiones para que se aproveche esta oportunidad y Argentina salga a colocar en el mercado internacional, una alternativa desechada nuevamente por el Gobierno. Pero fue el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien explicó por qué no alcanza con la baja del riesgo país y qué otra tasa hay que mirar.
Producto de la mejora en la calificación soberana de la Argentina por parte de Fitch y de Standard and Poor’s, el riesgo país bajó hasta ubicarse en la zona de 420 puntos básicos (p.b.), un nivel que no se veía desde hacía tiempo. En otras circunstancias, para Furiase, podría considerarse una ventana para volver a captar fondos en los mercados internacionales.
Pero el secretario aclaró que esta mejora no se refleja en la tasa total que debe asumir la Argentina para financiarse en dólares. El motivo principal es que la tasa de interés libre de riesgo global, la de los bonos de Estados Unidos a 10 años, se mantiene en 4,5%. Según explicó, históricamente el mayor componente del costo financiero argentino fue el riesgo país, pero en la actualidad la tasa base internacional representa una porción más relevante. “Hoy, en lo que compone el costo financiero en dólares del Tesoro, la tasa libre de riesgo global, la tasa a la que se financia Estados Unidos, es un componente más alto que el riesgo país”, remarcó.
El secretario de Finanzas definió el riesgo país como “el primer ladrillito sobre el que se construye el costo de financiamiento de una empresa o una familia”, ya que representa la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en dólares por encima de la tasa libre de riesgo global. Afirmó que la baja del riesgo país y la caída de las tasas de interés en moneda local son “la manera genuina de generar competitividad, bajar el costo financiero para poder acceder al financiamiento tanto en moneda local como extranjera y poder aumentar la inversión, la productividad y el crecimiento económico”. No obstante, insistió en que la mejora de ese indicador no alcanza para que Argentina vuelva a los mercados, ya que el contexto internacional impone límites claros.
Furiase explicó que por más que el riesgo país argentino baje, la tasa internacional de referencia se ubica en valores inusualmente elevados, lo que encarece cualquier financiamiento externo y desalienta la salida al mercado internacional. Siendo esta el foco de la pelea que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la Reserva Federal (Fed). Es que mientras el mandatario exige que se bajen las tasas para estimular la economía, la Fed resiste para anclar la desaceleración de la inflación.
En esa línea, sostuvo que las estrategias oficiales de financiamiento alternativo -como las garantías con organismos y los posteriores prestamos con instituciones financieras internacionales- permitieran a la Argentina acceder a financiamiento a tasas de interés considerablemente inferiores a las que implicaría salir al mercado global en este contexto.
“Hoy el Tesoro tiene en el BCRA depósitos en dólares por USD 4.200 millones y claramente ya tiene financiado lo que son los vencimientos en dólares de ahora en julio. Pero no solamente eso, teniendo en cuenta el financiamiento con préstamos con garantías de organismos multilaterales, otras fuentes de financiamiento, ya tenemos prefinanciados los vencimientos de deuda en dólares del año 2027”, afirmó. Además, anticipó que el programa financiero respecto de los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro está “totalmente cubierto”.
A su vez, Furiase festejo el ritmo de compra de reservas internacionales de la entidad que conduce Santiago Bausili, pero sobre todo bajo las condiciones en las que se logró. Es que en los primeros seis meses del año, el Banco Central, no solo ya cumplió la meta que se fijo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones sino que la superó, aunque en las últimas jornadas bajó el ritmo.
En esa línea, remarcó que estas compras se realizaron dentro del esquema cambiario vigente, sin necesidad de recurrir a una devaluación abrupta ni modificar los parámetros del sistema. “Este proceso de compras del BCRA de USD 11.000 millones, que a ritmo anualizado representa unos USD 23.000 millones, se logró dentro del esquema cambiario y con el tipo de cambio bajando de $1.470 hasta hace un mes y medio a $1.370, ahora volviendo a la zona de $1.470”, detalló. Para Furiase, mantener la política sin devaluaciones bruscas evitó un impacto mayor en la inflación y en el poder adquisitivo.
Y es ahí donde apuntó contra los que en octubre y noviembre del año pasado, tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativa, exigían una devaluación para que el Banco Central compre reservas. “Se dio dentro del régimen cambiario que veníamos sosteniendo y esto es importante porque implica que se ahorro un montón de materia de inflación. Imagínense lo que hubiese sido salir del esquema de banda, hacer una devaluación para comprar dólares como sostenían muchos economistas, esto hubiera generado mucha inflación y un deterioro en el poder adquisitivo de la gente”, sostuvo.
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