ECONOMIA
Chau matrícula obligatoria y los cambios que evalúa el Gobierno para desregular mercado inmobiliario

El debate por la desregulación del mercado inmobiliario sumó un nuevo capítulo tras la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en un evento del sector realizado por Reporte Inmobiliario en la sede de la UCA en Puerto Madero, donde confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto que buscará modificar aspectos centrales de la actividad. La iniciativa, que se enviaría al Congreso en junio, incluye cambios en la intermediación, el esquema de costos y el uso de herramientas digitales.
La presentación activó una rápida respuesta de los colegios profesionales, que salieron a marcar diferencias sobre el alcance de las medidas y sus posibles consecuencias. En el centro de la discusión aparece la posible flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
El ministro Sturzenneger planteó que el objetivo es generar mayor competencia, reducir costos y eliminar lo que considera barreras que hoy limitan el funcionamiento del mercado. Según explicó, la desregulación permitiría un esquema más abierto, con menos restricciones y mayor dinamismo en las operaciones.
Sin embargo, desde el sector profesional inmobiliario la lectura es distinta. Advierten que los cambios podrían afectar la seguridad jurídica, incrementar la informalidad y debilitar los controles sobre una actividad que involucra decisiones patrimoniales de alto impacto.
En agenda y cómo podría impactar en el trabajo de las inmobiliarias
• Eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
• Posible eliminación de la exigencia de título universitario para intermediar operaciones.
• Fin del rol sancionador exclusivo de los colegios profesionales.
• Eliminación de aranceles mínimos y mayor libertad para fijar honorarios.
• Apertura del mercado a nuevos actores, con menos barreras de entrada.
• Posibilidad de operar en distintas jurisdicciones sin restricciones geográficas.
• Avance hacia la digitalización de procesos, incluida la escrituración.
• Simplificación de trámites y reducción de regulaciones consideradas burocráticas.
Estos cambios podrían modificar de manera directa la dinámica de trabajo en las inmobiliarias. Desde el ministerio de Sturzenneger argumentaron que un mercado más abierto implicaría mayor competencia, con la posible entrada de operadores sin trayectoria tradicional, lo que pondría presión sobre los honorarios y obligaría a diferenciarse por calidad de servicio, respaldo y marca.
También podrían aparecer nuevos modelos de negocio apalancados en tecnología, con más peso de plataformas digitales, captación directa y herramientas de gestión.
Al mismo tiempo, una menor intervención de los colegios podría reducir los controles sobre la actividad, lo que incrementaría la necesidad de profesionalización interna y cuidado en los procesos para evitar conflictos.
En ese escenario, las inmobiliarias podrían reconfigurar sus equipos, con mayor presencia de agentes independientes y estructuras más flexibles, en un mercado que tendería a ser más dinámico, pero también más exigente en términos de competitividad y transparencia.
Matrícula en debate
Una de las voces más críticas fue la de Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci). Cuestionó el sustento jurídico de la iniciativa y puso el foco en el carácter federal de la regulación.
«No hay sustento jurídico para avanzar en ese sentido. La organización de la actividad inmobiliaria es una competencia originaria de las provincias y no fue delegada a la Nación», dijo.
Liotto explicó que el corretaje inmobiliario no es una actividad comercial más, sino una profesión que requiere formación técnica y actualización permanente. En esa línea, sostuvo que la matrícula y la colegiación funcionan como garantías para la sociedad.
«El principal problema no recae en los corredores, sino en los ciudadanos. Eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas, con riesgo de errores, fraudes y prácticas abusivas», comentó.
La dirigente también rechazó la idea de que una mayor apertura reduzca los costos de las operaciones. Señaló que los principales gastos están vinculados a impuestos, tasas y costos registrales, no a los honorarios profesionales.
Seguridad jurídica y control
Desde Rosario, Iván Vrancich, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), coincidió en el diagnóstico y advirtió sobre las consecuencias de eliminar los controles actuales.
«Eliminar la matriculación es una desprotección para todas las partes. Si no se controla al intermediario, ante una mala praxis solo queda la justicia ordinaria, con costos y demoras», explicó.
El dirigente remarcó que los colegios cumplen un rol clave en la supervisión de la actividad, con capacidad para sancionar conductas no éticas y mediar en conflictos entre partes. Según indicó, esa instancia permite resolver muchos casos sin llegar a la vía judicial.
Vrancich planteó que el mercado inmobiliario ya funciona sin obligatoriedad de intermediación, ya que las personas pueden comprar o alquilar por cuenta propia. Sin embargo, destacó que la intervención de un profesional aporta respaldo técnico en operaciones que suelen involucrar los ahorros de toda una vida.
Sostuvo: «Los colegios ayudan a los ciudadanos, controlan al matriculado y persiguen a los ilegales. Sin ese esquema, puede aumentar la conflictividad, los fraudes documentales y la mala praxis».
También advirtió que una reforma de este tipo podría derivar en conflictos constitucionales, al avanzar sobre facultades que corresponden a las provincias.
Costos y competencia
Otra de las discusiones que atraviesa el debate es el impacto de la desregulación sobre los costos del mercado. Desde el Gobierno sostienen que una mayor competencia podría reducir los gastos de compraventa y alquiler.
Sin embargo, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina plantean una mirada diferente. Su presidenta, Nancy Vieitez, explicó que los costos estructurales de una operación no están determinados por los honorarios profesionales.
Agregó: «Los principales costos están vinculados a impuestos, cargas fiscales, financiamiento y construcción. No pasa por eliminar honorarios».
Vieitez consideró que la competencia puede ser positiva, pero advirtió que no necesariamente se traduce en una baja real de costos. Además, alertó que una apertura sin controles podría generar distorsiones. Dijo: «Puede haber operadores sin responsabilidad, captación engañosa, conflictos entre partes y pérdida de seguridad para los consumidores».
En esa línea, planteó que el camino debería apuntar a modernizar el sistema, con reglas claras y mecanismos que garanticen transparencia, sin eliminar los controles existentes.
Digitalización y cambios estructurales
El proyecto oficial también contempla avanzar en la digitalización de los procesos, incluida la posibilidad de agilizar instancias como la escrituración. El objetivo es reducir tiempos y simplificar trámites en las operaciones inmobiliarias.
Desde el sector reconocen que la tecnología es un factor clave para mejorar la eficiencia, pero advierten que su implementación debe realizarse con cuidado.
Vieitez señaló que la digitalización puede facilitar los procesos, siempre que se mantengan las garantías jurídicas. «Se necesitan plataformas seguras, validación de identidad y protección de datos», explicó.
En el mismo sentido, Vrancich indicó que algunos avances ya están en marcha en distintas jurisdicciones, pero remarcó que el rol del escribano y los controles documentales siguen siendo centrales para asegurar la legalidad de las operaciones.
Liotto, por su parte, concluyó que los colegios cumplen un papel activo en la capacitación de los profesionales para adaptarse a estos cambios. Según explicó, «la formación continua es una de las claves para sostener la calidad del servicio en un contexto de transformación».
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ECONOMIA
Paro en el Servicio Meteorológico: cómo afecta a los vuelos y qué aeropuertos tendrán demoras y cancelaciones

(Maximiliano Luna)
La protesta anunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 30 de abril en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) impactará en la actividad aérea de todo el país. Según anticiparon las autoridades, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque podrían registrar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos durante una jornada clave para el turismo, a raíz del aumento de la demanda por el fin de semana largo.
La reacción sindical llegó luego del cruce con el Gobierno nacional por la decisión de avanzar con el despido de 240 trabajadores, cifra que representa alrededor del 30% del personal civil del organismo, una parte significativa de los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad de la navegación aérea. De este total, 130 empleados se desempeñan en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y 110 trabajan en la sede central del SMN.
El impacto concreto sobre los pasajeros se relaciona con la importancia de los informes meteorológicos en la planificación de los despegues y aterrizajes. La ausencia o limitación de estos informes compromete la operación regular de los vuelos. En este contexto, se prevén demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones de vuelos en todo el país. El impacto podría sentirse con mayor fuerza debido al movimiento previo a un fin de semana largo, lo que incrementa la demanda de viajes.

Créditos: NA
Las aerolíneas recomiendan chequear el estado de los servicios con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de líneas aéreas y aeropuertos. Como respuesta preventiva, la autoridad aeronáutica declaró que el servicio meteorológico aplicado a la aviación es esencial, y estipuló que en escenarios de huelga no puede paralizarse más del 50% del servicio.
Previo a esta medida, ATE, en representación de los trabajadores del Servicio Meteorológico, había amenazado con realizar un reclamo el viernes de la semana pasada. Sin embargo, horas después de que el paro se levantara, el Gobierno, a través del Decreto 274/2026 transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) la facultad de garantizar la prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), ya sea de manera directa o a través de terceros proveedores nacionales o internacionales.
El objetivo era asegurar la prestación ininterrumpida, regular y confiable de este servicio estratégico para el país. El decreto define que la interrupción, prestación deficiente o afectación del servicio puede derivar inmediatamente en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo sobre usuarios, cargas, operadores y la actividad económica vinculada.
En cuanto al horizonte operativo inmediato, la Secretaría de Transporte confirmó a Infobae que el SMN continuará prestando servicios a EANA hasta por 180 días hábiles desde la puesta en vigor del decreto, plazo en el que podrían producirse cambios en el esquema de provisión de información meteorológica.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un descargo en su cuenta en X para justificar la reducción: expuso que el SMN opera con cerca de 1.000 trabajadores y unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país, aunque sólo 20 personas serían meteorólogos.
El funcionario lamentó el elevado número de personal de apoyo y criticó la falta de modernización tecnológica en el organismo: “La mayoría de las estaciones tienen más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”. Sturzenegger sostuvo que el servicio podría cumplir su función “gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente”, y estimó que se lograría “un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”.
Declaraciones como estas recibieron un rechazo inmediato por parte de profesionales y especialistas en meteorología, e incluso generaron debate público en la red social. La polémica se profundizó con la respuesta de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien desmintió los datos del ministro y denunció un “vaciamiento” del SMN.
Según declaraciones del propio Aguiar, la cifra de estaciones meteorológicas activas asciende en realidad a 120, contradiciendo la información oficial y sumando que en la actual gestión ya se cerraron cinco estaciones. “El desguace y la falta de financiamiento e inversión provocaron que más de la mitad ya no trabajen durante la noche, dejando una ventana de entre nueve y doce horas sin cobertura”, afirmó.
ECONOMIA
Synthomer reporta un impulso mejorado en el segundo trimestre en medio del impacto de la guerra de Irán Por Investing.com

Investing.com — informó el jueves de un impulso más fuerte en el segundo trimestre de 2026, beneficiándose la compañía de las condiciones comerciales modificadas como resultado de la guerra de Irán.
El fabricante de productos químicos especializados anunció ventas del año completo 2025 de 1.739 millones de libras y un EBITDA de 136,5 millones de libras, con márgenes que se expandieron 40 puntos básicos hasta el 7,8%. La deuda neta se situó en 575 millones de libras, equivalente a 4,7 veces el EBITDA.
Mientras que las operaciones del primer trimestre de 2026 estuvieron en línea con las expectativas, el segundo trimestre ha mostrado un rendimiento mejorado.
Las capacidades de abastecimiento y adquisiciones de la compañía, junto con su huella operativa, la han posicionado para beneficiarse del entorno comercial actual.
La capacidad de Synthomer en Oriente Medio, que representa aproximadamente el 5% de las ventas, continúa operando con normalidad. La compañía mantuvo su guía para el año completo 2026 de progreso interanual, impulsado por iniciativas internas.
La compañía también completó una refinanciación, aunque esto resultará en mayores cargos por intereses. Iain Torrens ha sido nombrado Director Financiero.
Por división, Recubrimientos, Construcción y Especialidades reportó ventas de 699 millones de libras y un EBITDA de 64,3 millones de libras. Soluciones Adhesivas registró ventas de 571 millones de libras y un EBITDA de 66,0 millones de libras, mientras que Materiales de Alto Rendimiento y Fabricación registró ventas de 469 millones de libras y un EBITDA de 24,2 millones de libras.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
ECONOMIA
Aumenta el gas: aprobaron los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de mayo

En el mes de mayo, los bolsillos de los usuarios sufrirán un nuevo golpe, con el aumento de las boletas de gas. Esta madrugada el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de este viernes.
Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la publicación de las resoluciones 463/2026 y 466/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, los usuarios residenciales y comerciales verán reflejados en sus facturas los valores establecidos.
El ajuste tarifario contempla la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que será trasladado a los usuarios finales según lo dispuesto por la Secretaría de Energía. Este precio, calculado en dólares estadounidenses por millón de BTU y convertido al tipo de cambio promedio del Banco de la Nación Argentina, busca unificar el valor del gas en todo el sistema de transporte y distribución. Además, la resolución establece que la facturación deberá incluir, en los casos que corresponda, las bonificaciones previstas en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a proteger a los hogares vulnerables.
Las nuevas tarifas se enmarcan en la profunda reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía. Esta normativa ordenó la reasignación de capacidades de transporte y la definición de rutas específicas para cada licenciataria, incluidas nuevas reglas para la asignación de capacidad disponible. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio.

Las empresas obligadas a suscribir los contratos de transporte conforme los lineamientos oficiales en un plazo de diez días hábiles administrativos. El incumplimiento de esta obligación habilita a la autoridad regulatoria a iniciar un procedimiento sancionatorio, lo que podría acarrear consecuencias sobre la seguridad del suministro para los usuarios del área licenciada.
El nuevo esquema tarifario aprobado contempla diversos componentes: la actualización dispuesta por la revisión quinquenal de tarifas efectuada en 2025, la variación mensual de índices económicos, y el reconocimiento de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), un mecanismo que permite ajustar las tarifas en función de las diferencias entre precios estimados y reales del gas adquirido y vendido por la distribuidora.
El Precio Anual Uniforme (PAU), central en la estructura tarifaria, se aplica a todos los contratos y acuerdos de abastecimiento vigentes en el marco del Plan Gas.Ar. De igual forma, este precio no aplicará sobre los beneficiarios del SEF, régimen que mantiene los bloques de consumo base y otorga bonificaciones automáticas a los hogares vulnerables.

La aprobación de los cuadros tarifarios representa un paso clave en la modernización y ordenamiento del sector energético, en un contexto de emergencia y transición regulatoria. La medida busca equilibrar la sustentabilidad económica del sistema, la protección de los usuarios vulnerables y la transparencia en la gestión de los servicios públicos.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir del 1° de mayo de 2026, los usuarios deberán pagar los nuevos valores establecidos en los cuadros tarifarios oficiales, que definen cargos fijos y variables según la categoría y la zona de prestación.
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los usuarios residenciales sin subsidios afrontarán cargos fijos mensuales que dependen del consumo anual. En los segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a $426,68 por metro cúbico en Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en provincia de Buenos Aires, mientras que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se establece en $281,33 por metro cúbico en ambas jurisdicciones.
Los valores del cargo fijo mensual también varían de acuerdo a la categoría: en la escala R1, los usuarios abonan $3.976,22 en la ciudad y $4.591,88 en la provincia, y en la categoría R4, el importe sube a $94.995,74 en la Capital Federal y a $51.624,44 en territorio bonaerense. Las categorías intermedias presentan incrementos progresivos entre ambos extremos.
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