POLITICA
Contraataque | Libertarios denunciaron por su patrimonio a Marcela Pagano: llamativa reacción de la diputada
Una quincena de diputados del oficialismo presentó esta mañana una denuncia penal contra su par y excolega de bloque Marcela Pagano (Coherencia) por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.
La demanda incluye a la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi, como “instigador y cómplice necesario” de esos delitos.
La presentación, impulsada por los diputados Lilia Lemoine, Celeste Ponce, Santiago Santurio, entre otros, fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.
“El núcleo indestructible de la presente denuncia reside en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de la diputada Pagano: la desaparición sin trazabilidad del ‘depto. 2011′ a lo largo de tres instrumentos sucesivos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente el Sr. Franco Agustín Bindi pese a la obligación legal expresa; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable a lo largo de dos años de intensa actividad patrimonial, consignada además con una fecha de origen manifiestamente imposible –advierten los denunciantes-. Ninguno de estos hechos requiere prueba adicional para ser constatado: emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la propia Oficina Anticorrupción”.
En las últimas semanas, el Gobierno había adelantado que lanzaría un ataque sobre los diputados opositores como parte de su defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su crecimiento patrimonial y viajes al exterior, y para escudarlo durante el informe de gestión que presenta hoy en el Congreso. Para ello, el oficialismo había activado una investigación sobre las declaraciones juradas de los legisladores rivales.
Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza y denunciante de Adorni (fue quien presentó la denuncia penal por la adquisición de la casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz), asomaba como objetivo claro de esa misión del oficialismo.
Sin embargo, Pagano no estaba en la Cámara baja cuando Adorni inició su informe de gestión. Según indicaron a cerca de la diputada, se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py “para aportar más elementos sobre el enriquecimiento ilícito” que se le atribuye al jefe de Gabinete.
La “funcionaria electa por el pueblo habría utilizado los recursos y las facultades que le confiere su mandato parlamentario para enriquecerse a expensas del erario público, valiéndose de su conviviente y padre de su hija —el Sr. Franco Agustín Bindi— como instrumento central del mecanismo», denunciaron los libertarios, advirtiendo que habría intentado ocultar ese crecimiento patrimonial presentando “declaraciones juradas patrimoniales sistemáticamente incompletas, omitiendo bienes propios al momento de asumir el cargo y los bienes de su grupo familiar conviviente”.
Es más, los libertarios sostienen que Bindi está vinculado con funcionarios de Venezuela, Rusia y Bolivia, por lo que interpretan que existe “la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito denunciado tenga, al menos en parte, financiamiento de origen extranjero”.
La presentación guarda algunas singularidades. Por ejemplo, denuncia que Pagano no consignó precisiones en sus declaraciones juradas que, a las luz de las últimas revelaciones, tampoco Adorni habría cumplimentado. “Su ausencia total en los tres instrumentos públicos presentados configura prima facie la omisión maliciosa de datos prevista en el art. 268(3) CP”, señalan los diputados libertarios.
La situación se repite ante los bienes de Bindi. “La omisión sistemática de los bienes del conviviente en tres instrumentos sucesivos configura la conducta tipificada en el art. 268(3) CP y la infracción al deber impuesto por el art. 6 inc. c) de la Ley N° 25.188″, enfatizan los denunciantes.
Sobre ese punto había puesto la lupa Pagano al denunciar la compra de la casa en Exaltación de la Cruz a nombre de la mujer de Adorni. De hecho, el anexo reservado donde el jefe de Gabinete debe consignar el patrimonio de Bettina Angeletti fue incorporado con demoras ante la Oficina Anticorrupción, luego de que se revelara la compra de la casa del country.
La denuncia de los libertarios incluye una acusación adicional contra Pagano: menciona a cuatro personas contratadas como personal de apoyo por la diputada en la Cámara baja, las relaciona con empresas de Bindi y presuntos agentes de inteligencia, y afirma que “una vez percibidos sus honorarios con fondos del erario público, estas personas habrían reintegrado total o parcialmente dichos montos” a Bindi y Pagano.
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Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso sobre su patrimonio, los viajes y el vínculo con Marcelo Grandio
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción
Ante la Pregunta N° 559, que solicitaba saber si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, el Gobierno respondió que no existe obligación de registrarlo. El argumento es que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”. La respuesta agrega que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.
La respuesta no precisa si alguna autoridad evaluó activamente si correspondía o no el registro, ni si los financiadores del viaje mantienen vínculos contractuales con el Estado. La pregunta legislativa apuntaba en esa dirección: quién pagó, por qué lo hizo y qué relación une a esas personas con la administración pública.
La Justicia federal avanzó en ese terreno. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el viaje bajo la figura de dádivas. Según declaró ante el juzgado Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation —la empresa que vendió el vuelo—, fue Grandio quien pagó los pasajes y quien indicó expresamente que “la familia invitada” era la del jefe de Gabinete. Los chats incorporados a la causa muestran que Grandio solicitó que los tickets se facturaran a nombre de Imhouse, su productora, que en ese momento ya tenía contratos con la TV Pública. El tramo de vuelta fue facturado directamente a Grandio por USD 3.000.
Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado
La Pregunta N° 1780 pedía el detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge desde el inicio de la función pública, y si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado. La respuesta remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246 —de carácter confidencial— y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.
La declaración jurada pública de Adorni corresponde al período 2024. En ella figuran un departamento en Parque Chacabuco —del que es cotitular con su esposa al 50%— y otro en La Plata, recibido como donación familiar. No aparecen en ese documento el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024. El plazo para presentar la declaración de 2025 vence el 31 de julio.
La compra del departamento de Caballito presenta una estructura financiera que la Justicia analiza: las propias vendedoras, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aportaron un crédito hipotecario de USD 200.000, equivalente al 87% del precio total, y quedaron como acreedoras en partes iguales. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.
Ante los periodistas en una conferencia de prensa del 25 de marzo, Adorni dijo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones con el argumento de que existe una causa judicial en trámite.
Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora
La Pregunta N° 1655 solicitaba la lista de programas que Grandio tuvo en la TV Pública en 2025 y los contratos correspondientes. La respuesta del Gobierno es directa: “El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”, con respaldo en información suministrada por la propia empresa y puesta a disposición de la Justicia.
La afirmación es técnicamente precisa en un sentido estricto. Imhouse, la productora de Grandio, sí firmó contratos con Radio y Televisión Argentina (RTA). La Justicia incorporó a la causa al menos seis acuerdos de coproducción, secuestrados en un allanamiento de fines de marzo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El primero de esos contratos se firmó en abril de 2024, cuatro meses después de que Adorni asumiera como secretario de Comunicación y Medios, área de la que depende RTA.
Bajo esos acuerdos, el Estado cedió estudios, escenografía, equipos técnicos y personal sin costo para los programas “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”. Los registros bancarios incorporados a la investigación revelan además diez transferencias desde la productora de Grandio hacia las cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $1.670.900, en el período previo a la asunción del Gobierno. Los investigadores buscan determinar el concepto real de esos pagos.
Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada
La Pregunta N° 1997 pedía el listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas. La respuesta detalla trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con montos en pesos para cada uno. El gasto total declarado supera los $425 millones de pesos.
El viaje más costoso fue el traslado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le siguió la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.
Ese último tramo —Miami y Nueva York— es el que concentra uno de los señalamientos de la oposición. La propia respuesta oficial consigna que Angeletti viajó en carácter de “invitada” en la comitiva presidencial. El informe no desagrega cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.
Sobre los viajes del propio Adorni, la respuesta oficial dice que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”. La pregunta sobre si el Presidente o algún funcionario percibió honorarios por participar en eventos privados no recibe respuesta en el informe.
La causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Lijo confirmó además que Adorni viajó a Aruba para recibir el Año Nuevo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
La declaración jurada que aún no se presentó
La Pregunta N° 1535, también de Unión por la Patria, plantea una omisión normativa puntual: por qué Adorni no presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral como Jefe de Gabinete dentro de los 30 días hábiles desde su asunción del 5 de noviembre de 2025, plazo que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 25.188 y el decreto 164/99, y si fue intimado por la autoridad competente. La respuesta oficial es la admisión más explícita del informe: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.
El detalle es importante. La actualización por nuevo cargo —exigida cuando un funcionario asume un puesto distinto al que ya tenía declarado— no se confunde con la presentación anual ordinaria, cuyo plazo recién vence el 31 de julio. La declaración jurada disponible públicamente sigue siendo, hasta esa fecha, la del período 2024: la que no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en Indio Cuá Golf Club. El plazo ordinario opera, en los hechos, como un cierre adicional de la información hasta julio.
Las preguntas de Provincias Unidas
Más allá de la Pregunta N° 1997, el informe contiene cuatro preguntas correlativas del bloque Provincias Unidas que avanzan ordenadamente sobre el viaje a Punta del Este. La N° 551 indagó si el viaje fue registrado en agendas oficiales. La N° 552 pidió fechas, itinerario, aeropuertos, tipo de aeronave, matrícula, empresa operadora y titular registral. La N° 555 reclamó copia de facturas, comprobantes de pago, contratos, manifiestos de vuelo, planes de vuelo y registros migratorios. La N° 559 cerró la secuencia preguntando si el viaje fue declarado ante la Oficina Anticorrupción.
La respuesta oficial a las cuatro es la misma fórmula reiterada: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete”. La N° 552, sin embargo, contiene una variante notable: el Gobierno alegó que “la consulta no individualiza el viaje al que se hace referencia, por lo que no resulta posible brindar el detalle requerido en los términos planteados”. La pregunta inmediata anterior —N° 551, del mismo bloque y la misma serie— sí individualizó el viaje: Punta del Este, fin de semana de carnaval de 2026.
La consultora de la esposa
La Pregunta N° 1782, formulada por Unión por la Patria, pidió detalle de los contratos y vinculaciones empresariales de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, con el Estado, organismos descentralizados y empresas con participación accionaria estatal. La pregunta refiere específicamente una denuncia judicial: la firma habría facturado $6.370.000 por capacitaciones brindadas a National Shipping S.A. los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, cuando Adorni ya era funcionario nacional. Los diputados pidieron que el Jefe de Gabinete informara si declaró formalmente ese vínculo y si se abstuvo de intervenir en cualquier decisión que pudiera beneficiar a esa empresa.
La respuesta oficial es una triple remisión —a las preguntas 180, 1780 y 548— sin aporte sustantivo. La fórmula central, contenida en la respuesta a la Pregunta N° 1080, es: “La Oficina Nacional de Contrataciones informa que no se registran contrataciones de ‘+BE’ con el Estado Nacional”. La precisión es relevante: la afirmación se limita al Estado Nacional. National Shipping S.A. no integra el universo del Estado, pero sí mantiene contratos con YPF, controlada por el Estado. Esa distinción —entre el Estado Nacional estricto y las empresas con participación estatal— es la que la respuesta oficial elude.
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La última audiencia del juicio de los cuadernos de las coimas le ofreció a José López la posibilidad de reconvertirse una vez más. Frente a los jueces del tribunal, el exsecretario de Obra Pública del kirchnerismo puso a media asta su declaración como arrepentido e intentó, como pudo, sostener su inocencia y la de Cristina Kirchner, sin hacer implosionar su régimen de imputado colaborador.
Apegado a un libreto que leyó durante los casi 30 minutos en los que habló, afirmó que durante su época como funcionario “actuó siempre dentro de los parámetros de la política”, una actividad en la que no siempre es fácil saber, dijo, “si se cruzan o no algunos límites”.
Fue el último López. Antes hubo otros: el funcionario fiel que creció junto a los Kirchner a lo largo de tres décadas; el arrepentido que detalló los pormenores del sistema de recaudación y aquel otro que quiso salirse del juicio alegando problemas de salud mental.
La gestión de identidades volvió aparecer esta semana, pero nació en 2018, cuando el caso de los cuadernos explotó y él intentó mejorar su situación procesal.
El funcionario
López fue el hombre fuerte de la obra pública durante todo el kirchnerismo. En el organigrama, respondía a Julio De Vido, ministro de Planificación, pero su vínculo con el matrimonio Kirchner nació en Santa Cruz, muchos años atrás.
A escala municipal, estuvo al frente de la obra pública en Río Gallegos, cuando la gobernación de la provincia era para Néstor Kirchner todavía un proyecto. Con Kirchner al mando del Ejecutivo provincial, López pasó a ocupar un lugar en Vialidad y luego a presidir el organismo de Desarrollo Urbano.
Después vendría la aventura nacional, desde el 2004 hasta el 2015. Junto a Carlos Zannini y De Vido, su antiguo jefe, integra un grupo exiguo de funcionarios que atravesaron los tres mandatos del kirchnerismo.
Sin embargo, su huella más profunda en la vida pública la dejó meses después de dejar el poder, en la madrugada del martes 14 de junio de 2016, al ser sorprendido en un convento de General Rodríguez intentando ocultar casi 9 millones de dólares. Tenía en su poder relojes de alta gama y un rifle semiautomático.
“Lo odié”, dijo Cristina Kirchner, al referirse en una entrevista al episodio del revoleo de bolsos en el convento. Por ese entonces, López era diputado del Parlasur y todavía no había hecho su primer cambio de piel.
El arrepentido
El exfuncionario se convirtió en un verdadero lastre para el kirchnerismo con su decisión de apegarse al régimen de imputado colaborador en el caso cuadernos.
Declaró durante más de diez horas frente al fiscal Carlos Stornelli aportando detalles que le sacarían filo a la acusación fiscal: corroboró la existencia del sistema descripto por el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones; precisó que los retornos oscilaban entre el 3 y el 7%; relató que fue su jefe De Vido quien lo puso en conocimiento del mecanismo y que luego fue él mismo quien se lo transmitió a Cristina Kirchner, en 2010, tras la muerte de Néstor, para ponerlo nuevamente en marcha.
En la misma confesión, calificó a la expresidenta como una persona “muy vengativa” y dijo que su figura le inspiraba “temor”, no solo por su vida, sino también por la seguridad de su familia.
Salud mental
En marzo de este año, ya con el juicio oral en marcha, su abogada, la defensora oficial Pamela Bisserier, le pidió al tribunal que lo apartara del proceso. Sostuvo que el exfuncionario no estaba en condiciones mentales de ejercer su defensa y que, incluso antes de cualquier pericia, existía un “evidente cuadro incapacitante” que le impedía comprender cabalmente el juicio.
La defensora oficial afirmó, además, que no podía comunicarse con su asistido, lo que comprometía la defensa “material” de López. Pero un peritaje circunscribió los lapsus del exfuncionario a episodios puntuales y Bisserier terminó por desistir de la solicitud.
Arrepentido, a medias
López ofreció su versión más reciente el jueves pasado, al declararse inocente frente a los jueces del Tribunal.
Sin responder preguntas y con los ojos puestos en un papel que leyó casi de principio a fin, intentó, sin mucha fuerza, desacreditar las declaraciones de los otros imputados colaboradores, aunque sin referirse explícitamente a la suya.
Negó haber integrado una asociación ilícita -uno de los delitos que se le achacan- y afirmó no haber tenido nunca la “intención” ni “voluntad” de cometer ningún tipo de delito. Un atisbo de remordimiento pareció emerger, sin embargo, cuando sostuvo: “El trabajo diario y el ritmo de la política no siempre hace posible que se observe si se pasan o no algunos límites”.
Ajustó su versión sobre Cristina Kirchner, al sostener no era más que a perder el trabajo, su “única fuente de ingreso”, y que nunca la concibió como la jefa de una “asociación ilícita”.
Sin embargo, nunca se desdijo -lo que habría hecho caer su régimen de colaborador, indicaron fuentes judiciales- y sus expresiones fueron “aclaraciones nuevas” respecto a su confesión como arrepentido, que sigue en pie.
La puso a resguardo al comienzo de su exposición, cuando señaló: “Sin abordar ni querer meterme en el contenido de la declaración de arrepentido, quiero narrar mi situación personal…”.
Fue trasladado a Comodoro Py desde Ezeiza, donde cumple una pena unificada a 13 años de prisión por la causa Vialidad y la causa de los bolsos de convento, y otra por portación ilegal de arma de uso civil.
En paralelo, afronta el juicio de Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales implementado durante el kirchnerismo que fue ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre el que pesan acusaciones de desvíos millonarios y fraude al Estado.
Su defensa no descarta volver eventualmente a la carga con la “incapacidad sobreviniente”, si nota que el cuadro de López se agrava durante el juicio.
última audiencia,Federico González del Solar,Conforme a
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Patricia Bullrich tildó de “inútil” a Axel Kicillof y el gobierno bonaerense salió al cruce: “Deje de usar a las víctimas para campaña sucia”
Un nuevo cruce de palabras se generó este sábado entre el gobierno de Javier Milei y la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Luego de que la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tildara de “inútil” al gobernador tras señalar un caso de inseguridad, el ministro Javier Alonso le pidió que “tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”.
“Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”, le respondió el ministro de Seguridad bonaerense en su cuenta de X.
Horas antes, Bullrich había cuestionado al gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la misma red social. “¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada?“, cuestionó.
En la misma línea, la senadora señaló: “Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien».
“Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad hoy”, agregó.
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En su defensa de la gestión bonaerense, Alonso indicó que tuvo que “prestarle patrulleros” a Nación para que pudieran intervenir en Rosario, porque “no tenían ni cómo patrullar las calles”.
“Es el mismo ‘no ministro’ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”, continuó el funcionario.
“Habla de ‘no hacer nada’ cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 se le fugó Alberto Samid en canoa hacia Paraguay. Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, finalizó Alonso.
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Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso sobre su patrimonio, los viajes y el vínculo con Marcelo Grandio
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