POLITICA
La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por la contratación de los seguros del Estado
La Cámara Federal de Casación anuló ayer el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que estaba siendo investigado por la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios amigos suyos.
El fallo es de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que conformaron una mayoría, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos, que votó por dejar firme el procesamiento del expresidente.
De esta manera, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la defensa de Alberto Ángel Fernández.
Anuló así la resolución que había confirmado su procesamiento en la causa y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento.
La razón por la que Borinsky y Carbajo anularon el procesamiento es que el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, entendió que no había elementos para procesar al expresidente.
Cuando la causa llegó a la Cámara de Casación, el fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, sostuvo lo contrario y reclamó confirmar el procesamiento, pero Borinsky y Carbajo entendieron que no correspondía porque la causa ya no tenía impulso de la fiscalía. Sin acusación, la imputación no puede prosperar.
La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.
Según las constancias del caso, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.
Se trata de un expediente de alto impacto público, en el que Alberto Fernández había sido procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo por $14.634.220.283,68 y donde se dispuso la prohibición de salida del país.
Borinsky sostuvo que no existió controversia entre la defensa de Fernández y la fiscalía, ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Al no existir una controversia entre el fiscal y la defensa, (ya que ambos pedían la falta de mérito), los jueces de la Cámara Federal confirmaron el procesamiento sin una “base acusatoria suficiente”.
Así vulneraron el debido proceso y la garantía de imparcialidad. En términos jurídicos, violaron el principio de que “no hay juez sin acusador”, argumentaron.
Para el magistrado, la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Federal implicó resolver en exceso la pretensión de la acusación y afectó el principio acusatorio y el del debido proceso.
En esa línea, Borinsky remarcó que la intervención posterior del fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, no subsanaba el problema.
Según su voto, el dictamen de Pleé no ofreció razones concretas, ajustadas al caso, que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior.
Dijo Borinsky que se apoyó en invocaciones generales al principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y no alcanzó para sostener la inadmisibilidad ni el rechazo del recurso defensista.
Carbajo adhirió a Borinsky y consideró que el fallo de la Cámara Federal que había confirmado el procesamiento había sido dictado “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.
Por eso propuso hacer lugar al recurso de Casación del expresidente, anular su procesamiento y devolver el expediente a la Cámara Federal para que dicte un nuevo fallo.
El voto de Gustavo Hornos fue en disidencia respecto de Fernández. Hornos propuso declarar inadmisible el recurso.
Para él el fallo que confirmaba el procesamiento no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que no correspondía que interviniera la Cámara Federal de Casación.
Además, entendió que la defensa no había demostrado un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior.
Hornos también argumentó su voto relacionando la falta de acusación fiscal. Dijo que Pleé había propiciado que el recurso era inadmisible y por ende que debía ser rechazado para que el proceso siguiera adelante.
A partir de ahí entendió que quedaba descartada la existencia de una cuestión federal suficiente. Según su criterio, la postura de Pleé sostenía la acusación y bastaba para avanzar con la causa
Para Hornos, el dictamen de Pleé, fundado en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal, permitía descartar la violación del principio acusatorio y justificaba declarar inadmisible el recurso de Fernández, para dejar firme su procesamiento.
El camarista dijo que el procesamiento dictado sin prisión preventiva y confirmado por la Cámara de Apelaciones se encontraba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”, en relación con los hechos investigados.
Hornos describió la maniobra, habló de un “esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales”.
Y detalló que “habría operado mediante el aprovechamiento de la centralización dispuesta por el Decreto 823/2021, lo que permitió la indebida incorporación de intermediarios y coaseguradoras privadas”.
“Ello habría derivado en el pago de comisiones superiores a las de mercado y en la eventual contratación de servicios innecesarios o sobrefacturados, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado”, escribió.
A pesar de este fallo, los recursos de los otros imputados Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A. fueron declarados inadmisibles, según la mayoría que conformaron Carbajo y Hornos.
Sin embargo, en la práctica, la anulación del procesamiento del expresidente abre una puerta para estos imputados. Borinsky advirtió que al tener que dictar un nuevo pronunciamiento, la Cámara Federal deberá “examinar el alcance que corresponda asignar a lo aquí resuelto respecto de los adherentes, según las particularidades de cada uno, su situación procesal y el grado de conexidad o identidad de agravios”.
Es decir, aunque la Cámara de Casación no los desvinculó de manera automática, obligó a la Cámara Federal a revisar si esta anulación alcanza a Rosendi, Beraldi, Bri Brokers S.A. y al resto de los acusados en el expediente.
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POLITICA
Fondos de campaña sin rendir: el responsable financiero del partido de Guillermo Moreno acordó ser inhabilitado por un año
Uno de los responsables del partido político por el que Guillermo Moreno compitió en las PASO de 2023 llegó a un acuerdo con el fiscal electoral Ramiro González para aceptar una inhabilitación de un año por la falta de rendición de cuentas de los fondos de campaña.
Se trata de Alexis Sebastián Leguizamón, responsable económico-financiero de Principios y Valores, que llevó a Moreno como candidato a presidente. Leguizamón se exponía a una pena electoral más dura, pero aceptó con el fiscal encarrillar el caso a través de un juicio abreviado, lo que implica reconocer responsabilidades por no haber acreditado debidamente el origen y el destino de los fondos recibidos por la alianza.
Sin embargo, ese entendimiento deberá ser homologado por la jueza federal con competencia electoral María Servini.
El expediente tramita en el ámbito del fuero electoral y, por ahora, no es una causa penal: apunta a sancionar la falta de rendición de cuentas de campaña.
Pero el fiscal González pidió además que se investigue si hubo una defraudación al Estado por el destino de los fondos públicos entregados a la alianza de Moreno para aquellas primarias, en las que el exsecretario de Comercio no alcanzó el piso del 1,5%.
La imputación contra Leguizamón se apoya en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que prevé sanciones para los responsables partidarios y de campaña cuando no puedan acreditar el origen o el destino de los fondos recibidos. La escala legal va de seis meses a diez años de inhabilitación.
Los votos que obtuvo Moreno en las PASO de 2023 −cerca de 200.000− no fueron suficientes para superar el piso legal y competir en las generales, pero sí alcanzan para marcar un dato político: si se sumaran a la cosecha de Unión por la Patria en aquella primaria, el peronismo habría peleado con Juntos por el Cambio palmo a palmo por el segundo puesto, detrás de La Libertad Avanza.
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POLITICA
Se reactivó el diálogo entre Argentina y Venezuela, pero para Milei el gobierno de Delcy Rodríguez no es democrático
El terremoto que sacudió Venezuela a fines de junio reabrió un canal de diálogo diplomático con Argentina que permanecía congelado desde 2024, cuando Caracas expulsó a los representantes argentinos tras el rechazo de Buenos Aires a los resultados electorales de julio de ese año. La catástrofe produjo un movimiento que la política bilateral no había logrado en casi dos años: el despliegue de un equipo consular y ayuda humanitaria argentina en un territorio devastado por dos terremotos que agudizó la crisis social.
El pasado miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó el tono de ese vínculo actual entre Buenos Aires y Caracas, y habló de la apertura de “un espacio de diálogo» con la esperanza de que “termine en un entendimiento mejor”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) advierten que la ayuda humanitaria no equivale a reconocimiento político al gobierno de Delcy Rodríguez.
“Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular ahí. Y obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia”, afirmó Quirno el miércoles, cuando ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con su par alemán, Johann Wadephul. Hasta los terremotos, el diálogo era nulo. Es más, la Argentina reclamó en todos los foros internacionales la liberación de los presos políticos, situación en la que se encuentra el abogado Germán Giuliani.
Sobre el terreno, la misión consular ya opera. “Compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, remarcó el canciller en X. La respuesta argentina movilizó recursos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Aerolíneas Argentinas e YPF, con brigadas y perros de rescate que ya realizaron hallazgos entre los escombros.
Hasta el momento, Argentina reportó seis ciudadanos muertos y tres desaparecidos. El balance oficial de la Cancillería registra además siete personas en situación de especial vulnerabilidad —cuatro grupos familiares con niños, dos individuos, un menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado— y 12 gestiones documentales completadas hasta el 29 de junio, entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y tramitaciones para connacionales que perdieron sus documentos durante el desastre.
Por otro lado, la diputada nacional por LLA Silvana Giudici, presidenta del recién constituido Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Venezuela, trazó una línea clara frente a esa lectura. “El régimen de Delcy Rodríguez para nosotros no es un gobierno democrático”, sostuvo a Infobae, y aclaró que cualquier restablecimiento de vínculos debe ir acompañado de una transición política y la convocatoria a nuevas elecciones. “Podemos llegar a restablecer algún vínculo por la catástrofe, pero lo que estamos pidiendo como país es la transición democrática de Venezuela”, precisó.
Giudici también reclamó la liberación de Giuliani. “No vamos a dejar de pedir”, sostuvo, y remarcó que el gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de un año preso en Venezuela por disposición del régimen chavista, ya inició acciones legales contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Para la legisladora, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del régimen no pueden quedar sepultados bajo la emergencia: “Todo lo demás no se borra con el codo”, dijo.
El sismo doble del 24 de junio —con magnitudes de 7,2 y 7,5 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)— dejó hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos, según el balance oficial venezolano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó los daños entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, equivalentes al 4 y 8% del producto interno bruto (PBI) de Venezuela.
En distintos puntos del país se pusieron en marcha colectas solidarias. Casa Venezuela informó haber reunido una tonelada de insumos médicos en su sede de Combate de los Pozos 1055, en Buenos Aires. Voluntarios clasificaron el cargamento y el lunes enviaron dos camiones con cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento hacia el centro de acopio de la Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR), en Avenida Las Heras 2416. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote, con un total superior a la tonelada en insumos y medicamentos.
Otra iniciativa, liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), recaudó 21 millones de pesos para insumos médicos destinados principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios. Los fondos serán transferidos a Cáritas Venezuela con una auditoría internacional a cargo de PricewaterhouseCoopers (PwC).
Giudici advirtió que el ingreso de ayuda a Venezuela está sujeto a fuertes restricciones, lo que hace inviable el envío por vías informales. “Si no lo hacemos a través de Cancillería, por la vía oficial, todo lo que los venezolanos están juntando acá se perdería”, señaló. El Grupo de Amistad Parlamentaria, advirtió, tiene prevista una segunda reunión para la semana próxima, con mayor participación de organizaciones venezolanas, iglesias y comunidades religiosas.
La reunión constitutiva del GPA, celebrada en la Cámara de Diputados de la Nación, contó con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien expresó su respaldo al pueblo venezolano: “Cuenten con la ayuda no solo de este Gobierno, sino también de todo el pueblo argentino que se está organizando para poder colaborar con ustedes”. También participaron representantes de la diáspora —Richard Blanco, Adriana Flores y Elisa Trotta— quienes pidieron mecanismos concretos para garantizar que la asistencia llegue a destino.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en enero de 2026—, enfrenta cuestionamientos por la lentitud de la respuesta estatal ante la catástrofe. Analistas consultados por Al Jazeera describieron la gestión gubernamental como “totalmente inexistente” o “completamente inadecuada”, en un país cuya infraestructura de emergencias quedó deteriorada por años de crisis económica y corrupción.
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A diferencia del acuerdo que hubo en la Legislatura porteña, donde en junio se aprobó el endurecimiento de penas para trapitos no autorizados, el Senado de Santa Fe no pudo convertir en ley el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia por falta de consenso en el oficialismo, por lo que el debate recién continuaría a fines de julio, luego del receso invernal.
La iniciativa había logrado media sanción en Diputados el pasado 5 de junio y se aprestaba a ser transformada en ley este jueves. Sin embargo, el interbloque Unidos no logró saldar sus diferencias y la jornada se postergó.
Está previsto que la actividad en la Cámara alta santafecina regrese a fines de mes debido al receso por las tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
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