La Corte Suprema de Justicia validó hoy el avance del juicio oral contra los acusados de haber integrado hace casi 20 años una supuesta red de espionaje a través de escuchas telefónicas, en una causa donde llegó a estar procesado el expresidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por razones formales la presentación del expolicía Ciro James.

El acusado cuestionaba la sentencia que había dejado sin efecto su sobreseimiento. La presentación de la defensa no cumplió con pautas formales.

En tanto, en otro incidente, la Corte también desestimó las presentaciones hechas por James y por el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, también procesado en la causa, porque no se dirigía a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Allí se buscaba cuestionar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó avanzar con el juicio oral.

El caso conocido como de “escuchas ilegales” -aunque habían sido autorizadas por jueces de Misiones- comenzó en 2009 con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, representante de un sector de víctimas de la AMIA, cuando éste estaba de viaje con la entonces presidente Cristina Kirchner en Nueva York por una asamblea de Naciones Unidas.

En ese momento un desconocido le avisó a la hija de Burstein que le estaban “pinchando” el teléfono de su casa y que el responsable era el fallecido Jorge Palacios, entonces titular de la Policía Metropolitana.

A partir de ahí, por impulso del fiscal Alberto Nisman, el juez Norberto Oyarbide abrió una investigación en donde terminó procesando a Macri por “violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita”.

Los procesamientos incluyeron también a Palacios, a Narodowski y al expolicía James (contratado como asesor en esa dependencia).

Fueron también procesados el exjuez de Misiones José Rey, su exsecretaria Mónica González y los policías Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda, porque supuestamente autorizaban esas escuchas sin fundamento legal.

En la causa fue imputado Guillermo Montenegro, exministro de Justicia y Seguridad porteño y actual intendente de General Pueyrredón, pero quedó sobreseído.

En tanto, Macri fue sobreseído cuando ya era presidente de la Nación. El resto de los involucrados fue enviado a juicio.

En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de la defensa de Palacios y sostuvo que fue irregular el inicio de la causa y la investigación del juez Oyarbide, y dispuso la nulidad de lo actuado. La fiscalía apeló, pero la Corte Suprema declaró abstracto el recurso con el fallecimiento del exjefe policial.

En tanto, las defensas de los otros involucrados pidieron su sobreseimiento ante el Tribunal Oral Federal 5 que hizo lugar, por mayoría, a los planteos de la excepción de falta de acción en mayo del 2024. Dijo que la decisión de Casación debía extenderse al resto de los acusados.

Pero la fiscalía apeló y en junio de 2025 Casación -con otra integración y por mayoría- dejó sin efecto el sobreseimiento porque dijo no se podía extender la decisión sobre Palacios para el resto.

Eso fue lo que se apeló, pero la Corte , con la firma de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el planteo por falta de sentencia definitiva.

De este modo, los acusados que restan procesados serán sometidos a juicio oral, si es que no prospera algún planteo de prescripción en este caso que lleva 17 años.

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo para revisar su propia decisión en una causa en donde se dejó liberado el camino para la realización de un juicio contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y del extitular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo, entre otros exfuncionarios, en una de las causas vinculadas a Papel Prensa durante la gestión kirchnerista.

La defensa de Daniel Reposo y Fabio Manuel Trossero plantearon un recurso de reposición contra la resolución dictada por la Corte Suprema el 8 de mayo de 2025, en donde se desestimó la queja con relación a la posible afectación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, entre otras cuestiones.

Las presentaciones fueron consideradas rechazadas porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. La defensa insistió que se dictara un nuevo pronunciamiento. Pero la Corte volvió a decir que no.

“Las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por ello, se desestima la presentación”, respondió el máximo tribunal.

Se trata de un expediente en donde se investiga a exfuncionarios por falsear un acta de directorio de la empresa Papel Prensa para nombrar a una contadora revisora de cuentas por fuera de lo votado por los accionistas, el 20 de octubre de 2010.

En la causa fueron acusados Moreno y Reposo por “falsedad ideológica de documento público agravada”. También fueron imputados Beatriz Inés Montoya, Fabio Trossero y Agustín Tarelli. Todos exrepresentantes del Estado en el directorio de Papel Prensa.

Inicialmente, el juez Daniel Rafecas había ordenado el sobreseimiento de todos los acusados, pero la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó profundizar la causa.

El caso llegó a juicio. Los acusadores fueron el fiscal Carlos Stornelli y Dafne Palopoli, y la querella en nombre de Jorge Rendo, a cargo del abogado Hugo Wortman Jofré.

Se solicitaron tres años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena, por el delito de falsedad ideológica de documento público agravado por su calidad de funcionarios públicos en abuso de sus funciones.

En mayo de 2023, los jueces Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli, a cargo del Tribunal Oral Federal 8, absolvieron a los acusados por entender que no hubo engaño en su actuación. Sin embargo, la fiscalía y la querella apelaron.

En septiembre de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, anularon la decisión: señalaron que el fallo era “arbitrario” porque no se efectuó una valoración integral de la prueba para arribar a la solución liberatoria y ordenó dictar una nueva sentencia.

La Cámara de Casación reenvió la causa a un tribunal oral diferente del que dispuso la absolución, mandó realizar un nuevo juicio oral y dictar un nuevo fallo.

La defensa de los acusados Daniel Reposo, Fabio Trossero y Beatriz Inés Montoya presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revocara la decisión.

Dijeron que estaba afectado el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. En mayo de 2025, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, que llegaron en queja al máximo tribunal, por entender que eran inadmisibles y que no se dirigían a una sentencia definitiva o equiparable a tal.