POLITICA
La Corte Suprema libera el camino para que se realice el juicio contra Guillermo Moreno por Papel Prensa
La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo para revisar su propia decisión en una causa en donde se dejó liberado el camino para la realización de un juicio contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y del extitular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo, entre otros exfuncionarios, en una de las causas vinculadas a Papel Prensa durante la gestión kirchnerista.
La defensa de Daniel Reposo y Fabio Manuel Trossero plantearon un recurso de reposición contra la resolución dictada por la Corte Suprema el 8 de mayo de 2025, en donde se desestimó la queja con relación a la posible afectación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, entre otras cuestiones.
Las presentaciones fueron consideradas rechazadas porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. La defensa insistió que se dictara un nuevo pronunciamiento. Pero la Corte volvió a decir que no.
“Las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por ello, se desestima la presentación”, respondió el máximo tribunal.
Se trata de un expediente en donde se investiga a exfuncionarios por falsear un acta de directorio de la empresa Papel Prensa para nombrar a una contadora revisora de cuentas por fuera de lo votado por los accionistas, el 20 de octubre de 2010.
En la causa fueron acusados Moreno y Reposo por “falsedad ideológica de documento público agravada”. También fueron imputados Beatriz Inés Montoya, Fabio Trossero y Agustín Tarelli. Todos exrepresentantes del Estado en el directorio de Papel Prensa.
Inicialmente, el juez Daniel Rafecas había ordenado el sobreseimiento de todos los acusados, pero la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó profundizar la causa.
El caso llegó a juicio. Los acusadores fueron el fiscal Carlos Stornelli y Dafne Palopoli, y la querella en nombre de Jorge Rendo, a cargo del abogado Hugo Wortman Jofré.
Se solicitaron tres años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena, por el delito de falsedad ideológica de documento público agravado por su calidad de funcionarios públicos en abuso de sus funciones.
En mayo de 2023, los jueces Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli, a cargo del Tribunal Oral Federal 8, absolvieron a los acusados por entender que no hubo engaño en su actuación. Sin embargo, la fiscalía y la querella apelaron.
En septiembre de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, anularon la decisión: señalaron que el fallo era “arbitrario” porque no se efectuó una valoración integral de la prueba para arribar a la solución liberatoria y ordenó dictar una nueva sentencia.
La Cámara de Casación reenvió la causa a un tribunal oral diferente del que dispuso la absolución, mandó realizar un nuevo juicio oral y dictar un nuevo fallo.
La defensa de los acusados Daniel Reposo, Fabio Trossero y Beatriz Inés Montoya presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revocara la decisión.
Dijeron que estaba afectado el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. En mayo de 2025, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, que llegaron en queja al máximo tribunal, por entender que eran inadmisibles y que no se dirigían a una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Hernán Cappiello,Conforme a
El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.
Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.
La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.
La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.
Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas
Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.
El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.
La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.
Defensa, metalmecánica y requisitos para participar
El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.
El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.
Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.
Interés internacional y contexto geopolítico
En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.
El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.
Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.
Antecedentes, desafíos y expectativas futuras
Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.
La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.
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POLITICA
La Fiscalía pidió indagar a cuatro sospechosos por las amenazas contra el periodista Hugo Alconada Mon tras revelar el plan de inteligencia de la SIDE
El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy las indagatorias de tres hombres y una mujer sospechados de amenazar al prosecretario de Redacción de Hugo Alconada Mon horas después de que revelara que el Gobierno de Javier Milei había elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta para espiar ilegalmente a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas.
González consideró que existen indicios suficientes para indagar a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, tras verificar que son los titulares de las líneas telefónicas desde las que Alconada Mon recibió amenazas e insultos el 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen sostuvo, además, que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación en las conductas investigadas.
El juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar ahora si admite el pedido de la Fiscalía y cita a indagatoria a los cuatro acusados, que deberían presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py.
El primer acusado es Guido Morán, 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata, pero oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio, donde su madre trabaja como empleada de la Municipalidad, según surge de registros públicos y comerciales que cotejó . A él se suma Braian Cardozo, 25 años, dado de baja del régimen del monotributo, con domicilio en Charata, una ciudad de 40.000 habitantes ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Entre los identificados por la Fiscalía también aparece Mario Totilo, 56 años, empleado en relación de dependencia, con domicilio en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y que en los registros que cotejó figura como receptor de una asignación familiar durante la pandemia y ahora como afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sin embargo, la Fiscalía detectó que esa misma línea figura registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que el usuario efectivo del teléfono podría ser él y no su padre.
En la misma senda, otro teléfono que se utilizó para hostilizar a Alconada Mon consta en los registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras (1950, con domicilios conocidos en La Matanza y Santa Clara del Mar), pero que en Mercado Libre aparece a nombre de otra persona, Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.
“Habiendo realizado un análisis pormenorizado de los hechos relatados y de la documentación obrante en autos”, planteó el fiscal González, “es que considero que se encuentran reunidos los extremos necesarios para que Guido Morán, Braian Ezequiel Cardozo, Mario Miguel Totilo y Alicia Elena Scarpeccia sean escuchados en declaración indagatoria”.
“La audiencia señalada constituye el momento oportuno para que los nombrados brinden explicaciones respecto a los elementos que acreditan tales conductas y manifiesten lo que estimen pertinente en defensa de la atribución delictual aquí esbozada”, añadió el representante del Ministerio Público, “todo ello, a raíz de los mensajes intimidatorios que fueron enviados”.
La investigación
La investigación no solo abarca esos mensajes intimidatorios. También comprende los diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceder a su cuenta en la red social X, el registro no consentido del periodista en distintas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.
En paralelo, la Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, respectivamente, para obtener información sobre los ataques informáticos. Hasta el momento, sin embargo, esas gestiones no arrojaron información relevante para el expediente.
En la misma senda, y con el apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y Telecom Argentina, la Fiscalía determinó que algunos de los intentos de registrar en páginas pornográficas a Alconada Mon provinieron de una “IP” ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, aunque al tratarse de una IP “nateada” los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar al usuario o los usuarios.
Los ataques comenzaron pocas horas después de que revelara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE. Según la denuncia, incluyeron diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, un intento de acceder a su perfil en X, el registro de su nombre en plataformas pornográficas y una serie de amenazas enviadas desde cuatro líneas telefónicas distintas.
sospechados de amenazar,un Plan de Inteligencia Nacional,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ébola y alerta. El día que una amenaza de salud pública para el país se convirtió en secreto de Estado,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,Alerta por el ébola. El Gobierno bloqueó tres cargueros que llegaban desde Congo a la Argentina
POLITICA
Causa por los fajos de dólares: dos policías declararon y no pudieron confirmar que el vestidor que allanaron sea el de los videos de Cirio
Dos policías que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la casa que Martín Insaurralde y Jesica Cirio tenían en el country Fincas de San Vicente declararon este miércoles como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exjefe de Gabinete bonaerense. Los efectivos fueron citados puntualmente para responder una sola pregunta central: si el vestidor que recorrieron aquel día es el mismo que aparece en los videos conocido días atrás, donde se ve a Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo.
Ninguno de los dos testimonios confirmó esa coincidencia. El primer efectivo sí reconoció una de las dos fotos que se le exhibieron como perteneciente al vestidor de la habitación principal, en el primer piso de la vivienda, aunque no pudo identificar a qué ambiente correspondía la segunda imagen.
Pero al ser consultado directamente por un posible paralelismo con las imágenes divulgadas, fue tajante: dijo que no había similitud. Según describió, el vestidor de la casa de San Vicente es amplio y tiene vidrios oscurecidos, mientras que el que se observa en el video es angosto y sin vidrios.
El segundo policía tampoco pudo precisar a qué habitaciones ni a qué piso correspondían las fotos que se le mostraron, y coincidió con su colega en el punto central: el vestidor de la vivienda que allanaron era grande, mientras que el del video es angosto.
Ambos coincidieron, además, en que la casa estaba deshabitada al momento del procedimiento —los muebles cubiertos con telas, la ropa de cama sin indicios de uso reciente— y uno de ellos agregó que debieron esperar cerca de media hora para poder ingresar a la propiedad.
Leer más: Presunto enriquecimiento ilícito: Jesica Cirio pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba
El allanamiento al que declararon los dos testigos se había realizado en octubre de 2023, en el arranque de la causa contra Insaurralde, que estalló ese mismo mes a partir de la difusión de fotos del entonces jefe de Gabinete bonaerense navegando en el yate “Bandido” por el Mediterráneo, en Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici.
El escándalo conocido como “Yategate” derivó en la renuncia de Insaurralde a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora y abrió la investigación patrimonial. Recientemente se conoció un video que Cirio habría filmado en esa misma vivienda en 2023, mostrando fajos de dólares.
Este martes se supo que la modelo pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba. El planteo fue presentado por su abogado, quien sostuvo que el material fue obtenido mediante una extorsión y un acceso ilegítimo al celular de la modelo.
Con las dos declaraciones de los policías, la Justicia busca determinar el origen del video. El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella ya habían descartado, tras una inspección, que las imágenes correspondieran a la vivienda de Nordelta donde Cirio convivió con su expareja Elías Piccirillo.
Cirio e Insaurralde, Martín Insaurralde, Jesica Cirio
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