Tal como se esperaba en su arranque, finalmente abril marcó el primer mes de desinflación en casi un año. Analistas económicos coinciden en que el índice habría cerrado en torno al 2,5% luego del pico de 3,4% alcanzado en marzo.

Aunque todavía sigue siendo un dato elevado, se trata de un punto de inflexión luego de diez meses de subas consecutivas. El piso del gobierno de Javier Milei se alcanzó en mayo del 2025, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocó el 1,5 por ciento. Desde entonces, la dinámica comenzó un recorrido alcista que recién ahora se estaría quebrando.

Hubo varios factores que ayudaron a que en abril se diera un salto menor significativo en los precios. Retrocedió levemente la carne, se congelaron los valores de la nafta (aunque en parte se trasladó la suba de marzo) y además el dólar operó con mucha tranquilidad. En simultáneo, no pesaron algunos aumentos estacionales como educación, que impactó fuerte en marzo.

El economista Fernando Marull proyectó que en mayo el índice podría bajar otro escalón hasta niveles de 2%, aunque no descartó “que incluso pueda ser menos”.

La hipótesis es que se repitan algunos comportamientos de abril que estarían ayudando a la desaceleración inflacionaria. La carne, por ejemplo, tendría otro mes tranquilo por delante, lo que impactaría favorablemente en el rubro alimentos y bebidas.

Al mismo tiempo, el 10 de mayo vence el compromiso de YPF de mantener los precios estables en los surtidores, pero no se espera una suba significativa aún con las presiones que siguen afectando al barril de petróleo internacional por el conflicto en Medio Oriente. Además, el ajuste tarifario se moderará de manera significativa.

Por otro lado, no se prevé que el tipo de cambio vaya a tener un salto significativo durante el mes, especialmente porque se viene una verdadera lluvia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa.

Ayer el Central compró nuevamente una cifra muy significativa, USD 207 millones, pero el tipo de cambio oficial minorista ni se movió y cerró la semana a $1.415 para la venta. La tranquilidad cambiaria es una condición necesaria, aunque no suficiente, para anclar los precios.

En tal sentido, Marull destacó que la principal consecuencia de la baja de la inflación en abril es que los salarios le estarían ganando a los precios por primera vez en el año. El 2,6% de aumento de inflación que este economista espera para abril compara contra un aumento de salarios promedio del orden de 4,8 por ciento. En los tres primeros meses del año se había dado la relación opuesta.

Ahora la expectativa es que la economía ingrese lentamente en una suerte de círculo virtuoso: baja la inflación, se reduce la tasa de interés, mejoran los salarios y la demanda interna empieza a repuntar.

Aunque todo indica que se vienen mejores meses para la economía, resulta muy difícil determinar si la mejora será significativa para que se sienta en los grandes centros urbanos. Por ahora, el crecimiento se concentra en sectores como la minería, el agro y la energía.

El titular del Central, Santiago Bausili, había señalado que “el índice de precios aumentó más de lo deseado en marzo, y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es temporario”, afirmó.

Según explicó, el salto reciente respondió a la caída en la demanda de dinero registrada en la previa electoral del año pasado, combinada con una serie de reacomodamientos de precios relativos. “Las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”, concluyó.

La deuda del Estado de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,476 millones al cierre del primer trimestre de 2026, tras acumular USD 235.19 millones solo entre enero y marzo, según datos del Banco Central de Reserva (el principal ente monetario del país) publicados este jueves.

Las cifras, que el Banco Central de Reserva retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (el ente regulador de pensiones), revelan que el saldo total pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,476.32 millones en marzo de 2026, un alza del 2.1% en apenas tres meses. Frente al mismo mes del año anterior, cuando la deuda ascendía a USD 10,697.11 millones, el incremento llega a USD 779.21 millones, equivalente al 7.3%.

El ritmo de endeudamiento fue desigual a lo largo del trimestre. En enero, el Gobierno tomó USD 92.32 millones de los fondos; en febrero: USD 46.76 millones; y en marzo: USD 96.11 millones. Estos recursos se destinan al pago de pensiones de los jubilados del sistema público, abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, mediante la emisión de títulos valores que el Instituto Salvadoreño de Pensiones coloca obligatoriamente en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

Ese instrumento, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente USD 3,082.13 millones. A ese monto se añaden USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa.

La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 779.21 millones de dólares entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 10,697.11 millones a 11,476.32 millones de dólares, según cifras del BCR basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Ese incremento equivale a un aumento del 7.3% en doce meses.

El ritmo de crecimiento fue de 64.93 millones de dólares por mes en promedio durante el período analizado, aunque la velocidad del endeudamiento no fue uniforme a lo largo del año. Los meses con mayor aceleración se concentraron en el último trimestre de 2025 y en el arranque de 2026, cuando los incrementos mensuales superaron los 90 millones de dólares.

La deuda está compuesta por dos instrumentos. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) pasaron de 2,301.38 millones en marzo de 2025 a 3,082.13 millones en marzo de 2026, un alza de 780.75 millones de dólares. Los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que representan la mayor parte del pasivo con 8,394.19 millones de dólares, permanecieron prácticamente sin variación durante todo el período.

El Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral, ha advertido que esa reforma derivó en que el 89% de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron los 14,900 millones de dólares— estén colocados en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, indicó el organismo.

El FMI también alertó que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que se activa cuando los pensionados agotan el saldo de su cuenta individual. Según proyecciones del organismo, ese mecanismo se agotaría alrededor de 2027, lo que hace urgente una reforma integral del sistema previsional.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió con el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, plazo que ya venció sin que la iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta no había sido recibida. El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario, un préstamo de USD 1,400 millones bajo un Servicio Ampliado, busca “corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia” del país.

Una misión técnica del FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones pasará del 2% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 2.9% en 2027, presionado por el mayor costo del servicio de deuda y el fin del período de gracia para el pago de intereses sobre los antiguos Certificados de Inversión Previsional. El stock de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones podría alcanzar el 28.3% del PIB en 2027, según las mismas proyecciones.

Entre las medidas que el Fondo Monetario Internacional considera posibles para sanear el sistema figuran el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las contribuciones de empleadores y trabajadores. El período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los CFT vence en 2027, año en que el Gobierno deberá retomar esos pagos sobre una deuda que representa cerca del 22.9% del PIB.

La morosidad bancaria en el Gran Buenos Aires experimentó un crecimiento sin precedentes durante diciembre de 2025, situándose en el 18,4% para los créditos otorgados a personas humanas. Esta cifra, representa un salto respecto al 4,9% registrado un año atrás, lo que implica que los préstamos en situación irregular prácticamente se multiplicaron por 4 en el lapso de doce meses.

El dato no solo supera ampliamente los niveles observados durante las crisis económicas de 2019 y 2021, sino que instala al conurbano bonaerense “en niveles críticos” en materia crediticia, según un informe de la consultora CML&A, del economista Pablo Curat, en base a datos del BCRA.

En comparación con las zonas vecinas, la situación de GBA marca una disparidad notable: la tasa de mora familiar es 48% más alta que la de CABA y 58% superior a la del Interior bonaerense, según el estudio.

El reporte, que considera al Gran Buenos Aires como “la zona Cero de la morosidad crediticia”, analiza los datos de los préstamos para personas físicas con empleo en relación de dependencia y que, pese a esa estabilidad, no pudieron cumplir con sus créditos.

Las razones de la morosidad creciente entre quienes tienen un empleo formal hay que buscarla en la crisis de su empleadores. Durante el mismo período, también entraron en mora los sectores productivos que más empleo generan en la región. En GBA, la industria textil y del cuero exhibió un 13% de préstamos incobrables, seguida por hoteles y restaurantes con 12%, transporte con 10%, construcción con 9% y comercio minorista y mayorista con 8%.

“Estos registros no sólo evidencian dificultades entre las empresas, sino que afectan la capacidad de pago de los trabajadores directa o indirectamente vinculados con estas actividades”, explicó Curat.

El economista, quien fue director del BCRA, destacó que para que la crisis crediticia no se siga agravando hacen falta medidas que exceden a las soluciones de mercado, a esperar que la oferta y la demanda de crédito vuelvan la morosidad a niveles razonables. Y que esas medidas no van en contra del eje de no emisión y equilibrio fiscal que pregona el Gobierno.

Según Curat, las soluciones convencionales resultan insuficientes para revertir la exclusión financiera que afecta a GBA: “Para evitar un agravamiento, son necesarias menores tasas de interés y franquicias regulatorias. Estas no requieren emisión ni aumentan el gasto público, pues consisten en flexibilizar temporalmente normas contables para permitir refinanciaciones sin castigar la calificación del deudor”.

La vía del “ajuste del mercado”, apuntó, “cristaliza la exclusión financiera; la regulación estratégica ayuda a restablecer la viabilidad del deudor y la solvencia del sistema” en el complejo contexto el distrito económicamente más poblado del país.

Los datos oficiales de morosidad en el financiamiento bancario por región son informados por el BCRA en forma trimestral y corresponden a diciembre de 2025. Son los más actuales de los que se dispone.

Para el Banco Central, el pico de la mora se dio en febrero, mes en que en el caso de los préstamos bancarios para familias la irregularidad superó el 11%. En el caso de las billeteras virtuales, saltó al 25%.

“El sistema se está saneando”, señaló el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el Congreso Económico Argentino celebrado en el marco de ExpoEFI 2026. Con esa definición, dejó en claro que el BCRA no tiene en carpeta ninguna medida para reducir la morosidad.

La reaparición del crédito hacia fines de 2024 hizo que “los bancos tuvieron que reconstruir sus sitemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero», dijo Bausili. En ese aluvión de préstamos, festajado por el Gobierno en su momento porque ayudó a salir a la economía del pozo posterior a la devaluación, hay que encontrar el origen de esta mora. Uno de los motores de la recuperación en “V” de ese momento generó el escenario actual.

Bausili aseguró que hay “indicios alentadores sobre la recuperación del crédito. El nivel de deterioro en las carteras se desacelera, y la información que anticipan marzo y abril muestra mejoras adicionales”. Para el presidente del Central, en materia de morosidad lo peor ya pasó.