POLITICA
Claudio “Chiqui” Tapia no podrá defenderse de su procesamiento: la Justicia rechazó su apelación por fuera de término

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no podrá defenderse de su procesamiento en la causa por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. La Cámara en lo Penal Económico rechazó su apelación al considerar que fue presentada fuera de término.
El tribunal resolvió “declarar desierto el recurso de apelación” tanto de Tapia como de la propia Asociación del Fútbol Argentino, que también está procesada como persona jurídica. Esto implica que sus argumentos no serán analizados cuando la Cámara quede en condiciones de resolver el caso.
De todos modos, fuentes judiciales aclararon que esto no significa que el procesamiento quede automáticamente firme. La Cámara sí analizará las apelaciones del resto de los imputados y una eventual resolución favorable podría alcanzar también a Tapia.
El dirigente fue procesado a fines de marzo por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, junto al tesorero Pablo Toviggino, al exsecretario general Víctor Blanco, al actual secretario general Cristian Malaspina y al gerente general Gustavo Lorenzo.
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Todos están acusados de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social por no haber depositado en plazo unos $19.300 millones.
Según el magistrado, los imputados “pusieron en práctica un evidente plan” que consistía en demorar el pago de obligaciones para obtener beneficios financieros. En ese marco, dispuso un embargo de $350 millones sobre los bienes de Tapia y Toviggino y la prohibición de salida del país.
Por qué rechazaron la apelación
La Cámara había convocado a una audiencia para tratar las apelaciones, pero algunas defensas pidieron más tiempo y el tribunal fijó una nueva fecha para el 5 de mayo.
Sin embargo, esa prórroga no incluía a la defensa de Tapia, que debía presentar su escrito en el plazo original. Al no hacerlo, solicitó una nueva audiencia, pero el pedido fue rechazado.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron que la solicitud fue extemporánea. “El pedido de postergación de un acto procesal debe ser efectuado con anterioridad a la fecha de su celebración”, señalaron.
Además, remarcaron que la defensa no explicó por qué no presentó el escrito en tiempo y forma ni pidió la prórroga antes de que venciera el plazo.
El abogado del titular de la AFA aún puede recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar que se le permita presentar la apelación.
La decisión de la Cámara será clave para el futuro de la causa. Si confirma los procesamientos, el expediente quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral.
Chiqui Tapia, AFA, Justicia
POLITICA
A 44 años de la guerra de Malvinas. El Gobierno refuerza lazos con Gran Bretaña, pero sin avances en el reclamo de soberanía

Este jueves, a las 10 de la mañana, el presidente Javier Milei estará, por tercer año consecutivo, en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, para homenajear junto a miembros de su gabinete, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas a los soldados argentinos caídos en la guerra por las Islas Malvinas, de cuyo inicio se cumplirán ese día 44 años.
Al igual que en los dos aniversarios anteriores, y según fuentes oficiales, el presidente Milei renovará en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Vínculo que durante su gobierno ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
En medio de un contexto convulsionado por la guerra en Medio Oriente, y a pesar de la alianza de ambos gobiernos con la administración Trump (algunos cortocircuitos entre Londres y Washington aparecieron luego del ataque a Irán) algunas señales recientes de acercamiento del gobierno británico con vecinos de la región como Brasil, Uruguay y Chile son miradas de reojo desde el Gobierno, que insiste en la necesidad de flexibilizar el veto británico a la compra de material de defensa, vital para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Los pobladores de Malvinas (kelpers) siguen desconfiando del gobierno argentino, y creen que les aplica una “guerra económica” por medio de las restricciones a los vuelos desde y hacia las islas y otras operaciones comerciales, según un artículo publicado días atrás por el periódico Daily Express.
En diciembre pasado, Milei le expresó al también británico The Telegraph que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo británico, que le impide a Argentina comprar armamento que contenga algún componente de ese país. Una información que Gran Bretaña no confirmó, mientras sostiene que lleva adelante una política de “revisión caso por caso” de las licencias de exportación de bienes de uso militar, más flexible que en años anteriores.
Hubo ya una excepción, negociada con Estados Unidos, para la compra de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, por un valor superior a los U$S 300 millones. En esa entrevista, Milei también dijo que la soberanía argentina sobre Malvinas “no es negociable” y dio por hecho que visitaría Gran Bretaña en los meses siguientes.
Mientras sostiene la necesidad de ampliar los vínculos diplomáticos –el canciller Pablo Quirno afirmó a en diciembre pasado que el Mercosur debería acordar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña- el intercambio no se detiene.
La semana pasada visitó Buenos Aires la ministra británica para el cambio climático, Katie White, y el próximo mes podría llegar otro miembro del gabinete del primer ministro Keir Starmer. En Londres, la embajadora Mariana Plaza (confirmada en el cargo a pesar de que el excanciller Gerardo Werthein impulsó el pliego del experimentado Luis María Kreckler) llevó adelante la semana pasada un evento de cooperación en materia educativa con autoridades del programa de becas Chevening, financiado por el Reino Unido.
El intercambio comercial bilateral subió levemente en los últimos años, y sigue siendo superavitario para la Argentina. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en febrero pasado Argentina exportó $40,6 millones e importó $32,1 millones desde Reino Unido con un balance de $6,43 millones. Entre febrero 2025 y febrero 2026, las exportaciones argentinas se incrementaron poco más del 9 por ciento, y las importaciones un 16 por ciento.
Pero no todo es armonía en el vínculo. El pasado jueves, el canciller brasileño Mauro Vieira y su par británica, Yvette Cooper, firmaron un acuerdo de “alianza estratégica” en base al “diálogo político y cooperación internacional, comercio e inversión; seguridad y defensa; transición justa y desarrollo sostenible; y relaciones entre personas”, según expresó Itamaraty en un comunicado luego de la reunión. Según el sitio especializado en Defensa Escenario Mundial, esa alianza –y las avanzadas tratativas de Gran Bretaña con Uruguay para venderle barcos de patrullaje- “aíslan la postura regional de Argentina por Malvinas”.
Desde el Gobierno niegan que estos acercamientos representen una amenaza concreta. Y confían en contar con el apoyo del continente en el reclamo anual de soberanía nacional en Malvinas, que cada junio se vota en el comité de Descolonización de la ONU. Tampoco descartan que la promesa de Milei de visitar a Starmer en “abril o mayo” se cumpla, más allá de las complicaciones locales del Gobierno y las tensiones que afronta el gobierno británico por la vinculación el designado embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el caso de Jeffrey Epstein.
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POLITICA
Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos

Después de la ampliación declaratoria de Ariel García Furfaro, el propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que se prolongó casi trece horas distribuidas en tres días, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos que ya pesan sobre los 13 imputados, ya no por el fallecimiento de 20 pacientes de clínicas y hospitales que recibieron tratamiento con fentanilo HLB Pharma contaminado con dos tipos de bacterias, sino por 114 muertes y 49 víctimas que fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, en dos de ellas graves. Se trata de una causa clave por la envergadura de los hechos y la necesidad de conocer la responsabilidad de cada uno de los presuntos responsables de la mayor tragedia sanitaria del país.
En sus dichos defensivos, el imputado, asesorado por el abogado penalista Gastón Marano, volvió a negar su participación en los hechos. Insistió en un sabotaje, es decir que alguien introdujo las bacterias en la línea de envasado de exprofeso. Dijo que alguien podría haber retirado uno de los tres filtros de la línea de llenado de las ampollas del anestésico, que debería ser estéril.
Ariel García Furfaro volvió a solicitar la pericia sobre el moderno aparato valuado, según precisó, en tres millones de dólares. Para él, esa prueba es “clave”. También volvió a introducir el nombre de un colaborador con quien tenía desavenencias como el autor intelectual de la contaminación. Y, sin dar mayores precisiones, afirmó que se orquestó una campaña mediática en su contra, con la difusión de noticias falsas desde un servidor, una computadora, cuya IP estaba ubicada en Rusia.
Es potestad del magistrado avanzar o no con las sospechas —que no son nuevas— introducidas por el principal sospechoso de la mayor tragedia sanitaria del país, ubicada a la altura del siniestro de Once y del boliche Cromañón.

¿Cómo sigue la causa?
Con el acto defensivo de Ariel García que finalizó el miércoles 29, y después de evaluar los dichos de cada uno de los imputados —la mayoría se negó a responder preguntas y se remitió a la primera indagatoria—, el magistrado estaría en condiciones de elevar el expediente a juicio oral.
Antes deberá esperar la resolución de la instancia superior, ya que es muy probable que las defensas apelen el auto tomado por el juez de primera instancia, que ya procesó y embargó a:
Ariel Fernando García. Accionista mayoritario de HLB Pharma y propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo. El juzgado lo considera la figura central de la tragedia sanitaria. Se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de la operación de ambos laboratorios, el conocimiento pleno de las deficiencias productivas, la orden de producción de los lotes contaminados y la destrucción de prueba digital. También se le imputa la omisión del recupero farmacéutico. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 1.000.000.000.000 (un billón de pesos). Está detenido.

Diego Hernán García (hermano de Ariel). Responsable de Laboratorios Ramallo. Fue quien impartió directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. Se acreditó su presencia cotidiana en el laboratorio y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 500.000.000.000. Está detenido.
Nilda Furfaro. Madre de los García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma. Prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Embargada por $ 500.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán. Director General de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Persona de máxima confianza de los García, con capacidad de decisión sobre la operación de ambas plantas. Ordenó el borrado de servidores el día posterior a que la droguería alertara sobre el problema del fentanilo contaminado. Impartía directivas al personal técnico y participó de reuniones clave tras el estallido del escándalo. Procesado como coautor. Embargado por $ 500.000.000.000. Está detenido.
José Antonio Maiorano. Director Técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024. Fue quien firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. Declaró haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Embargado por $ 100.000.000.000. Está detenido.
Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023. Firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados. Fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en las inspecciones previas. Optó por no declarar en indagatoria. Procesada como coautora. Embargada por $ 100.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria. Procesados sin prisión preventiva (en libertad con restricciones).

María Victoria García. Gerente de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo. Firmó los registros de fabricación de ambos lotes contaminados. Conocía la manipulación de la documentación y la producción “en el aire”. Procesada como coautora. Embargada por $50.000.000.000.
Wilson Daniel Pons. Jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo. Verificó y firmó los batch records de los lotes contaminados 31202 y 31244. Su celular contenía abundante evidencia de las irregularidades que conocía. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Adriana Iúdica. Subjefa de Control de Calidad, a cargo del control microbiológico. Reconoció que un ensayo de esterilidad del lote 31202 había dado positivo de contaminación, pero no lo reportó. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de ambos lotes como “sin observaciones”. Procesada como coautora. Embargada en $100.000.000.000.
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Gerente de Producción y Mantenimiento. Firmó las órdenes de producción de los lotes contaminados. Recibía directivas de Diego García sobre qué producir. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar. Jefa de Garantía de Calidad. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de los lotes contaminados. Sus funciones incluían controlar el cumplimiento de las BPF y revisar los batch records. Procesada como coautora. Embargada en $ 10.000.000.000.
Rocío del Cielo Garay. Supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad. Firmó protocolos de análisis de agua para inyectables con discrepancias. Participó en conversaciones que evidencian su conocimiento de las irregularidades y de la falsificación de registros. Procesada como coautora. Embargada en $10.000.000.000.
Eduardo Darchuk. Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPPV). Recibió y ejecutó la orden de producción del fentanilo. Firmó los batch records de los lotes contaminados. Procesado como coautor. Embargado en $50.000.000.000.

Principales cuestionamientos sobre los procesados
El juzgado identificó una serie de conductas que agravan la responsabilidad de los imputados:
- Sistemático incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), pese a haber recibido 118 reportes de farmacovigilancia entre 2018 y 2024 y cinco inspecciones de la ANMAT con deficiencias críticas.
- Fabricación de medicamentos sin documentación válida: los batch records fueron confeccionados ex post facto y no reflejaban la realidad del proceso productivo.
- Omisión del recupero farmacéutico (recall): los responsables no retiraron el medicamento del mercado pese a conocer la contaminación desde el 5 de mayo de 2025, y delegaron esa tarea en el juzgado.
- Destrucción de prueba: borrado de servidores del laboratorio por orden de Tchukrán el 6 de mayo de 2025; cambio de dispositivos celulares por parte de Ariel García.
- Producción bajo clausura administrativa: el fentanilo se fabricó en diciembre de 2024 mientras la ANMAT inspeccionaba el laboratorio y había detectado deficiencias críticas.
- Ensayos de esterilidad inválidos: se analizaban hasta ocho lotes distintos en un solo ensayo, en contradicción con el método validado, lo que generaba resultados falsos negativos.
- Falsificación de registros: el personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.

Irregularidades en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma
En Laboratorios Ramallo SA:
- Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por ANMAT (deficiencia crítica detectada en la inspección de noviembre-diciembre de 2024).
- Falta de libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados (deficiencia crítica).
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo (deficiencia crítica).
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos de producción, con intervalos de sanitización insuficientes (entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados).
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino, según análisis realizados por el propio jefe de Control de Calidad.
- Antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en 2023, no reportado adecuadamente.
- Personal de producción que permanecía hasta 8 horas continuas en áreas asépticas críticas, con el consiguiente aumento del riesgo de contaminación particulada.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del media fill (ensayo de simulación del proceso aséptico), en violación de las BPF.
En HLB Pharma Group SA:
- Entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad de productos HLB, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos.
- En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado; en 3 ocasiones se prohibió el uso y comercialización de medicamentos.
- La empresa fue hallada comercializando medicamentos elaborados en áreas sin habilitación y con envases no autorizados desde al menos agosto de 2024.
- El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar “cansado de la cantidad de retiros que había” y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”.
- Ariel García presentó en 2022 un recurso de reconsideración calificando el procedimiento de entrevista de la ANMAT como una “verdadera emboscada”, lo que revela una actitud de confrontación con el organismo regulador en lugar de corrección de las deficiencias.
- La firma comercializó el lote 31202 sin realizar el recupero efectivo, y se limitó a enviar un correo electrónico a las droguerías el 9 de mayo de 2025, un día después de que la ANMAT emitiera la alerta pública.

Investigar a la ANMAT
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, en su dictamen presentado el 14 de mayo de 2025, cuestionó y pidió investigar a la ANMAT y al INAME por los siguientes hechos:
1. Información dispersa, parcial y de difícil acceso. La resolución judicial —que recoge el planteo de la fiscalía y del juzgado— señala que, desde el inicio de la causa, el suministro de información por parte de la ANMAT fue “disperso, poco sistemático, de difícil acceso y, por sobre todas las cosas, parcial en muchos aspectos”.
2. La ANMAT tardó en acusar recibo de la alerta del hospital. El Hospital Italiano de La Plata comunicó el problema a la ANMAT el viernes 2 de mayo de 2025, pero el organismo “no acusó recibo sino hasta el lunes 5”. Es decir, demoró tres días en responder ante una alerta de contaminación microbiana en medicamentos inyectables.
3. El INAME realizó ensayos en un laboratorio cuestionado. La resolución —en voz del propio Ariel García durante su indagatoria, pero sin que la fiscalía lo rebata— señala que los análisis se realizaron en el laboratorio Gobbi Novag, “un laboratorio que estuvo procesado en el penal económico por mentirle al ANMAT”. La fiscalía no impugna este dato en la resolución. En su defensa, García Furfaro aduce que, además, es un laboratorio “de la competencia” y que desde la salida del mercado de HLB Pharma, gana millones de dólares.
4. Falta de trazabilidad del fentanilo: responsabilidad normativa de la ANMAT. La resolución indica que el fentanilo no estaba comprendido en la Disposición N° 10564/2016 de la ANMAT, lo que impedía su trazabilidad individual. Esto es identificado como “el primer obstáculo” de la investigación y se atribuye a una omisión regulatoria del organismo: “la ausencia de un mecanismo de registración de las ampollas del medicamento impide su individualización”.

5. El sistema de formularios en papel es “obsoleto e insuficiente”. La resolución señala que el sistema vigente, establecido por la Ley N° 17.818 y aún en vigor, “resulta a todas luces obsoleto e insuficiente”, en alusión directa a la falta de informatización que la ANMAT no había corregido.
6. El recall lo tuvo que hacer el juzgado, no la ANMAT ni el laboratorio. La resolución establece que la tarea de recupero de casi un millón de ampollas “debió ser suplida por este juzgado” ante la inactividad tanto del laboratorio como de la ANMAT. El organismo reiteró la solicitud al laboratorio, pero “esta tarea debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país”.
7. Inspecciones sin seguimiento efectivo. La resolución documenta que tras inspecciones realizadas en febrero-marzo de 2022 y diciembre de 2023-enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas y mayores, pero “no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto” por el laboratorio.
8. Antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB (2023): la ANMAT no actuó. La resolución describe que en septiembre de 2023 el Instituto Médico Quirúrgico Garat (Entre Ríos) reportó cuatro casos de fiebre tras la aplicación de Dexametasona HLB contaminada con Ralstonia mannitolilytica y Ralstonia insidiosa. El INAME analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria. En consecuencia, “la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote”. La resolución concluye que “estas circunstancias hacen muy difícil aceptar que los responsables y el personal técnico ignoraran por completo el desvío”.
La resolución judicial del juez Kreplak, que va más allá del requerimiento fiscal inicial, plantea implícitamente la necesidad de investigar:
- Por qué la ANMAT no incorporó el fentanilo al sistema de trazabilidad (Disposición 10564/2016).
- Por qué el INAME no realizó seguimiento tras las inspecciones con hallazgos críticos.
- Por qué ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona (2023), el INAME no ordenó medidas sobre el laboratorio que luego produjo el fentanilo contaminado.
Los próximos diez días hábiles serán claves para conocer el impulso final de una causa que es imprescindible llegue a la verdad y al castigo de los responsables.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno reabre la sala de periodistas y el avanza la causa Andis

“El ritmo de compras viene siendo consistente con el objetivo de acumulación, y eso es clave para sostener la credibilidad del programa. Además, el esquema financiero no depende únicamente del FMI: también incorpora financiamiento con garantía de organismos multilaterales, lo que le da mayor robustez al plan», consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital. En lo que va del año, el Central acumula un verde de US$7151 millones, cuando el Gobierno se propuso una meta de al menos US$10.000 millones para 2026.
En ese contexto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1391,12, una caída diaria de apenas $0,30 (-0,02%). Al ver el recorrido que tuvo esta cotización de punta a punta en el mes, acumuló una suba de $10 (+0,7%). A pesar de que este mes se aceleraron las liquidaciones del agro, fue el primer mes del año donde las cotizaciones oficiales cerraron al alza.
En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1415 durante la rueda. En este caso, con diferentes subas y bajas a lo largo de abril, mostró un avance total de $5 (+0,3%). En tanto, el precio promedio en el resto de los bancos fue de $1415,79, de acuerdo con el relevamiento que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).
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