POLITICA
El abogado de Diego Spagnuolo aseguró que los audios de las coimas son falsos y fueron modificados con IA
El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor del exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, afirmó que los audios que destaparon el presunto entramado de corrupción en la agencia “son falsos, tienen 18 microcortes, se agregó audio externo y fueron modificados con IA”.
Agregó que, “por si fuera poco, fueron obtenidos a lo largo de varios meses en diferentes lugares y en una operación de inteligencia destinada a alterar el orden constitucional, según investigan Ercolini/Stornelli”.
Son falsos, tienen 18 microcortes, se agregó audio externo y fueron modificados con IA. por si fuera poco, fueron obtenidos a lo largo de varios meses en diferentes lugares y en una operación de inteligencia destinado a alterar el orden constitucional, según investigan…
— Mauricio Dalessandro (@dalessamauricio) April 30, 2026
Las declaraciones se produjeron luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara peritar los audios, encomendando a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional verificar si “fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar”.
La medida implicó un giro inesperado en la causa, dado que hasta ahora la Justicia había mantenido las grabaciones al margen de la investigación. La defensa de Spagnuolo había presentado el año pasado un informe técnico que detectó un 65% de probabilidades de que su voz haya sido modificada con inteligencia artificial.
La Sala II de la Cámara Federal había ordenado previamente verificar el origen y veracidad de los audios, aunque el entonces juez a cargo, Sebastián Casanello, y el fiscal Franco Picardi habían evitado usar las grabaciones como prueba: no fueron mencionadas ni una sola vez en las 307 páginas donde se desarrollan los procesamientos de los primeros 19 acusados.
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POLITICA
El Gobierno le exigió a Axel Kicillof que deje de “echarle la culpa al Presidente por su pésima administración”
El gobernador Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de haber vaciado el programa Remediar, dejando “sin asistencia a más de 20 millones de personas”, y defendió la política provincial de medicamentos bonaerenses como respuesta.
“La salud no puede ser un negocio destinado solo a quienes pueden pagarla. Es un derecho”, sostuvo, y afirmó que “el único responsable de esta situación es Milei”.
La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional le respondió con un comunicado en el que lo acusó de “mentirle a los bonaerenses” y de “echarle la culpa al Presidente por su propia pésima administración”.
Rechazó las críticas al Plan Remediar al señalar que es una ley y que “es imposible que haya sido eliminada”, y recordó que en 2025 la Provincia recibió 5.329 millones de pesos en medicamentos a través de ese mismo programa.
FALSO. EL GOBERNADOR DEBE HACERSE CARGO DE UNA VEZ
El Gobernador Kicillof debe dejar, de una vez por todas, de mentirle a los bonaerenses y de echarle la culpa al Presidente Javier Milei por su propia pésima administración.
La atención primaria de la salud y la provisión de…
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 30, 2026
El texto cuestionó el gasto provincial y enumeró partidas del presupuesto bonaerense como ejemplos de “prioridades completamente torcidas”: 8.000 millones de pesos en 396 “fiestas populares” desde 2021, 154.128 millones destinados a salud sexual y reproductiva, y 66.435 millones previstos para 2026 en “transversalización de la perspectiva de género”.
El comunicado señaló que la Provincia acumula un déficit primario de 451.911 millones de pesos y una deuda con hospitales SAMIC de 630.635 millones. “Kicillof gastó en cajas navideñas exactamente lo mismo que le debe al Hospital Néstor Kirchner de Laferrere (más de $8.000 millones)”, indicó, y cerró con una interpelación directa: “Si tanto le preocupan sus docentes, médicos y policías, ¿por qué no reduce el déficit monstruoso que generan los 16 ministerios de la Provincia?”
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En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.
Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.
Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.
Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.
La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.
La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.
Se trata de propuestas en las que somos autoridad de aplicación desde la Secretaría de Trabajo, junto al Ministerio de Educación. A ellas se le suma el nuevo programa de asistencia social del Gobierno de la Ciudad, mediante el cual pusimos fin a los últimos planes sociales aún activos y creamos un programa de capacitación y empleo que promueve la autonomía económica. La medida alcanzará a unas 5 mil personas e incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
La nueva ley nacional va por el camino correcto. La reglamentación debe centrarse en restaurar la base de confianza y aptitud del individuo, potenciando no sólo la formación de operarios eficientes o técnicos, sino de personas con capacidad para usufructuar las herramientas que le otorga la educación para el empleo.
Por otro lado, la designación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación (artículo 153) puede ser extendida a las autoridades laborales provinciales, a fin de otorgarle al sistema la centralidad necesaria para coordinar la certificación de estas competencias, y en línea con las políticas de descentralización y autonomía de la Ciudad.
Otorgar a la certificación estatal la funcionalidad de actuar como un activo de seguridad social implica un hito fundamental para nuestro país. Este “pasaporte de empleabilidad” va a permitir a los trabajadores acreditar saberes frente a un mercado que se vuelve cada vez más exigente.
En definitiva, la empleabilidad mínima se constituye como una nueva garantía de equidad para los trabajadores en el siglo XXI. En un mundo donde el capital humano es el activo más valioso, el Estado debe asumir el rol de garante para que la metamorfosis digital no devenga en una segmentación irreversible entre integrados y excluidos, asegurando que la tecnología sea, finalmente, un vector de ascenso social y no de marginación.
POLITICA
Paro general: el Gobierno inicia acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una “sanción política”
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, inició sumarios a los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.
En la cartera dirigida por Sandra Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Fue horas antes del último paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. Entonces, en el ministerio advirtieron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.
Tanto la UTA como La Fraternidad estaban en ese momento en conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo desde el 14 de febrero pasado y hasta el 27 de ese mes, por lo que no podían adherir, según el ministerio.
Verificado el incumplimiento en las distintas jurisdicciones, en las últimas horas Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Y agregaron que la cartera contempla “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Antecedentes
En febrero pasado, en la intimación a ambos gremios, Capital Humano había advertido que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatorio oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.
En el Gobierno distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, de Roberto Fernández, de la UTA. Mientras que creen que el primero estaba “decidido a ir desde el comienzo” al paro y no ahorran en críticas, apuntan que Fernández “tenía voluntad de no sumarse, pero fue muy presionado para hacerlo”.
En el corazón del gobierno libertario alegan que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.
Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política», afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.
Conforme a
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