El gobierno de Javier Milei avanzará en una decisión de alto impacto político y estratégico: destinar una porción de los fondos obtenidos por privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas.

La medida será oficializada en los próximos días mediante un decreto presidencial que ya superó instancias técnicas dentro del gabinete. Según fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones, así como el 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes propios del ámbito militar.

El objetivo es reforzar la capacidad operativa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, falta de inversión y pérdida de capacidades estratégicas.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de generar un financiamiento estable para sostener mejoras en equipamiento, infraestructura y despliegue.

Desde la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una redefinición de prioridades del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca vincular el proceso de reducción de la participación estatal en empresas con la recomposición de áreas consideradas clave, como la defensa, la seguridad y la inteligencia estratégica.

El plan no se limita a la compra de armamento. También contempla inversiones en bases militares, hangares, pistas aéreas, arsenales, sistemas de comunicación y modernización edilicia en distintas unidades del país.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada estratégica por su cercanía con rutas marítimas clave y su proyección hacia la Antártida.

En paralelo, el Gobierno ya avanzó en algunas decisiones que van en la misma línea, como la adquisición de aviones F-16 a Dinamarca y la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos. En el caso de la Armada, se mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina, perdida tras la tragedia del ARA San Juan.

Hasta ahora, los recursos provenientes de privatizaciones eran destinados íntegramente al Tesoro Nacional. Con este cambio, una parte de esos fondos se redireccionará hacia el fortalecimiento del instrumento militar, en un intento por revertir años de desinversión.

En el oficialismo admiten que el principal desafío será la ejecución sostenida de estos proyectos. La compra de sistemas militares complejos requiere no solo inversión inicial, sino también mantenimiento, capacitación y actualización tecnológica permanente.

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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados. Los datos surgen de una nueva auditoría interna a la que Infobae tuvo acceso exclusivo, y que se suma a una serie de investigaciones previas que ya derivaron en causas judiciales y sanciones administrativas.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados. Los auditores del organismo detectaron que los mismos patrones se repiten entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y ciudades como Concordia. En estos lugares se registraron cientos de casos por prestador y una concentración de recetas en determinados profesionales que supera con creces el promedio nacional.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos: los prestadores recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. El afiliado recibía un producto económico, mientras PAMI abonaba uno premium. La diferencia es contundente: un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204.

La segunda modalidad son las prestaciones fantasma: consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico. Se sumó la manipulación del sistema de consultas: primeras consultas facturadas como “consultas de seguimiento”, de mayor valor, y el uso deliberado de códigos para inflar la facturación.

El cuarto patrón es el de circuitos cerrados con conflicto de interés: médicos que derivaban de manera sistemática a una única óptica, en varios casos con vínculo familiar directo.

El quinto es el más perjudicial para el afiliado en términos directos: cobro indebido. Se ofrecían lentes “mejores” fuera de cobertura a un precio menor que el de mercado y los afiliados terminaban pagando cifras muy altas por una prestación que debían recibir gratis. A su vez, el lente de “menor calidad” se le facturaba a PAMI, por lo que el óptico cobraba dos veces. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

El afiliado opera como víctima directa del sistema.

Los auditores relevaron tres casos con documentación específica. El primero involucra a óptica M (se reserva el nombre por razones legales) y O SRL (se reserva el nombre por razones legales) en Santiago del Estero: 606 casos de sobrefacturación confirmada, un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a la misma óptica.

La investigación confirmó un vínculo familiar directo entre el médico que derivaba y el titular de la óptica receptora. Los auditores lo consideraron un sistema cerrado con derivación direccionada y beneficio económico directo.

El segundo caso se registró en Mar del Plata, donde el Centro Oftalmológico asociado a óptica M (mismo caso) combinó dos irregularidades: afiliados que pagaron de su bolsillo prestaciones que debían estar cubiertas, bajo la lógica del “lente estándar vs. lente premium”, y 58 prestaciones sin historia clínica. Los auditores lo encuadraron como un caso donde el afiliado resulta víctima directa del sistema.

El tercero se ubica en Entre Ríos e involucra a una óptica de una mutual sindical en la que un mismo profesional de apellido S sobrefacturó 613 casos, 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías, lo que las vuelve médicamente inconsistentes. La síntesis de los auditores fue contundente: facturación sin sustento médico real.

El relevamiento también identificó el mismo esquema en La Rioja, con tres ópticas involucradas, y en la ciudad entrerriana de Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un único médico.

La nueva auditoría oftalmológica se enmarca en un proceso de investigación más amplio que PAMI lleva adelante desde el año pasado sobre el sistema de OME. Las investigaciones anteriores, también reveladas en exclusiva por Infobae, expusieron maniobras que van desde la simulación de consultas y la facturación sin respaldo hasta la falsificación documental y el uso indebido de datos personales de afiliados.

En esos casos, los prestadores se valieron de los mecanismos del sistema electrónico para cobrar por prestaciones que nunca se realizaron, emitir recetas falsas y manipular identidades de jubilados.

Hay al menos seis causas judiciales activas, impulsadas por el Instituto y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal, con radicación en varias jurisdicciones del país.

Entre los patrones documentados figuran: médicos que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas no realizadas; empresas reincidentes que continuaron con esquemas de fraude pese a las advertencias; profesionales que emitían órdenes irregulares con su usuario sin atender a los afiliados; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros; y centros médicos que manipulaban registros y compartían credenciales profesionales.

En todos los casos quedó demostrado el abuso del sistema OME, lo que derivó en denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.

Uno de los expedientes más avanzados está radicado en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra un médico de 72 años, identificado como A. J. M., y una farmacéutica titular de un comercio del rubro, G. V. B., por defraudación contra la administración pública. El pedido se presentó ante el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa.

La investigación determinó que los imputados confeccionaron 636 prescripciones apócrifas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico acusado. El dato técnico que cerró el circuito fue el rastreo de las direcciones IP desde las que se emitieron las recetas electrónicas: todas correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia.

El caso se inició por la denuncia de una afiliada que advirtió diferencias entre los medicamentos recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Al analizar la denuncia, se comprobó que las recetas fueron emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y a quien aseguró no conocer. A partir de este dato, la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela revisó documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI y entrevistó a otros afiliados, que en su mayoría negaron conocer al médico investigado o haber recibido los medicamentos registrados en el sistema.

Con autorización judicial, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la farmacia y secuestró ocho gabinetes de computadoras. El peritaje reforzó la hipótesis de una maniobra coordinada. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró probada la existencia de un esquema sistemático para provocar un gasto indebido al Estado, lo que habilitó el procesamiento de ambos imputados por defraudación contra la administración pública y, posteriormente, el pedido de llevar la causa a juicio.

Las auditorías anteriores también hallaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable. En gastroenterología, un prestador con solo dos quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas, cifra que los auditores consideraron materialmente imposible.

En cardiología se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a más de 300 pacientes diferentes. Si se considera que el tiempo promedio de atención oscila entre 15 y 20 minutos por paciente, esa carga equivaldría a jornadas de 81,5 a 108,7 horas diarias. También se detectaron turnos otorgados en el mismo horario a un profesional para prácticas distintas, situación que viola los criterios básicos de trazabilidad.

Las auditorías comenzaron en el contexto de un saneamiento más amplio impulsado por la conducción del PAMI, encabezada por su director ejecutivo Esteban Leguízamo desde diciembre de 2023. Al asumir, la nueva gestión halló un organismo con un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre. Entre los problemas heredados figuraban la venta de recetas falsas por parte de algunos profesionales y un hackeo informático que comprometió los datos personales de más de 5 millones de afiliados.

La administración de Leguízamo recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios, eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias, y todas las coordinaciones locales. También centralizó las compras de insumos desde PAMI Central —antes realizadas por efector, lo que dificultaba el control y encarecía los costos— y eliminó la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables, que favorecía la cartelización de precios por un grupo reducido de proveedores. El nuevo esquema de licitación pública permitirá un ahorro anual estimado de $5.000 millones.

Ante este escenario, PAMI implementó un sistema de control más estricto, con monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, uso obligatorio del calendario digital, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según la capacidad declarada, cruces de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. Se sumaron medidas de trazabilidad digital y validación obligatoria de identidad.

Las nuevas acciones contemplan sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío. Desde el organismo remarcan que la atención al afiliado queda garantizada en todo momento y que el objetivo no es recortar prestaciones, sino desarticular los mecanismos de fraude y asegurar que los recursos lleguen a los jubilados. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, destacaron fuentes del Instituto en diálogo con Infobae.

Con causas judiciales abiertas en distintas jurisdicciones, sumarios administrativos en marcha y nuevas auditorías sobre el sistema oftalmológico, el PAMI avanza sobre uno de los circuitos de fraude más extendidos detectados en la historia reciente del organismo.

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28 acusados, un emperador sorpresivamente ausente, una nación dolorido y en vilo, muchísimos harakiris, un hombre que enloquece en medio del proceso, 18 condenados a larga penas de prisión y siete llevados a la horca.

La historia no suele recordarlo, ni siquiera tiene un nombre propio en el inconsciente colectivo. 80 años atrás comenzó en Tokio el juicio contra los jerarcas japoneses responsables de la Segunda Guerra Mundial. Se lo llamó el Nuremberg Japonés. Pese a que no es tan célebre ni referido como su antecesor alemán, este juicio muestra matices más interesantes y ofrece mayores contradicciones y ambigüedades.

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El tribunal a cargo llevó un nombre pomposo, marcial: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

A partir de septiembre de 1945, el General MacArthur y otros jefes norteamericanos en Japón se pusieron en marcha para cumplir lo que había decidido los líderes de las potencias vencedoras en sus encuentros en Teherán, Yalta y Postdam: juzgar a los jerarcas de las naciones derrotadas.

En Nuremberg se sentarían los líderes máximos, casi indiscutibles. En Tokio la lista inicial era muy extensa y poco representativa. MacArthur pretendía que cada uno de los estamentos importantes de los que participaron en la guerra estuvieran representados en el banquillo de los acusados. Los soviéticos tenían cuestiones personales. No iban a permitir que se dejara en libertad a aquellos que habían sido en extremo hostiles o crueles con ellos. Deseaban vengarse. Sus socios, para evitar disputas en el bando ganador, le dieron el gusto.

Primeros ministros, cancilleres, ministros, jefes de las distintas armas y hasta un civil acusado de ideólogo. Los elegidos, los señalados, fueron 28. Muchos de los que integraban las listas posibles no llegaron al juicio: varios de los prominentes líderes militares prefirieron el harakiri al deshonor de la derrota.

Era evidente que en esa lista, profusa y repleta de hombres célebres en su tiempo y que habían detentado un poder enorme, faltaba alguien: el emperador Hirohito.

No fue un olvido casual sino deliberado. También quedó fuera de los juzgados todo miembro de la familia imperial japonesa. Hirohito era considerado una divinidad. El mensaje radial en el que informó a su pueblo la capitulación fue la segunda vez en que los japoneses escucharon su voz. La mayoría de los historiadores coinciden que el emperador conocía las grandes decisiones de sus primeros ministros y de sus generales y que prestó su anuencia a las más importantes.

Pero nadie quiso bajarlo del trono al estrado. MacArthur buscó alejarlo de los juicios desde el principio. Con ese movimiento, intentaba darle legitimidad a la ocupación norteamericana y preservar al menos esa institución y tradición japonesa. MacArthur utilizó al emperador y a la institución imperial para conseguir más poder, para poder manejar a ese Japón de posguerra. Los abogados defensores recibieron instrucciones para que los acusados desligaran a Hirohito de las decisiones. Ni siquiera dejaron que fuera citado como testigo.

El modelo obvio del juicio fue Nuremberg. No sólo en la parte operativa y logística. También en sus motivaciones y fundamentos. Más allá de tener como fin castigar a los líderes que llevaron a Japón a la guerra, un objetivo primordial era contarle a Japón (y a los japoneses) y al mundo lo que había sucedido, dar a conocer el panorama general y los hechos (desde el punto de vista de los Aliados) que habían quedado tapados en el fragor de la contienda bélica.

Uno de los fiscales dijo: “El Juicio fue una de las fases más importantes de la ocupación. Recibió gran cobertura en la prensa japonesa y reveló a millones de personas por primera vez muchos sucesos que desconocían y entender otros que les habían sido retaceados”.

Las primeras disputas fueron alrededor de la nacionalidad de los jueces. Los juristas locales exigían que los juzgadores fueran japoneses. Estados Unidos se opuso de manera terminante.

El proceso quedó a cargo de un tribunal internacional. El presidente era Jim Webb, un jurista australiano. Los otros integrantes provenían de diversas nacionalidades, de potencias vencedoras y de países que habían sufrido la agresión nipona. Los jueces provenían de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, China, India, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, Francia y Países Bajos. La fiscalía estuvo a cargo de un norteamericano. Los abogados defensores provenían de Japón y de Estados Unidos.

Los cargos se dividieron en cuatro grandes grupos de delitos: los delitos contra la paz y crímenes de guerra, los delitos contra la humanidad, genocidio (la extinción de un grupo étnico) y complot en guerra (atentar contra la paz interior de un país soberano).

El sitio en el que se llevó a cabo había sido una academia militar y en los últimos tiempos de la guerra, la sede del Estado Mayor Conjunto. Más allá de su valor simbólico fue elegido porque se trataba de una anomalía en esa Tokio desolada, llena de escombros y tierra. Fue uno de los pocos grandes edificios que quedó en pie y mantuvo su lujo original. La sala era imponente, gigantesca. Albergaba a más de cien abogados defensores, los jueces, los colaboradores, los intérpretes, mecanógrafos, asistentes y a los 28 acusados.

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La lista la encabezaba Hideki Tojo, el primer ministro de prominentes bigotes que lideró al país durante casi toda la guerra. Cuando el 11 de septiembre de 1945 los soldados norteamericanos ingresaron a su casa para apresarlo, Tojo se pegó un tiro en el corazón. Pero el disparo falló. Destrozó su estómago y lastimó otros órganos, casi se desangra; a pesar de eso los doctores lograron salvarle la vida. “Lamento mucho que me tome tanto tiempo morir. La guerra fue justificada. Espero el justo juicio de la historia. Quería suicidarme, pero eso, a veces, falla”, dijo. Estados Unidos centró sobre Tojo, entre otras acusaciones, la de ser el responsable último del ataque a Pearl Harbor.

Luego hubo primeros ministros, los que estaban a cargo de las ocupaciones en China y en Filipinas, los embajadores ante los otros países del Eje y los jefes de las fuerzas armadas.

Shumei Okawa, el único de los acusados que no había sido militar ni funcionario, llamado el Goebbels japonés, parecía un Modigliani. Alargado, anteojos redondos, la mirada perturbada, una sonrisa inquietante y ondulada. Negaba la legitimidad del tribunal, sostenía, muchas veces a los gritos, que todo se trataba de una farsa. Estaba acusado de ser uno de los ideólogos que condujo a Japón a la guerra. Filósofo y escritor de una enorme erudición era un nacionalista que sostenía que el choque entre las civilizaciones era inevitable, y que Japón, junto a otros países asiáticos, debía enfrentarse y derrotar a Estados Unidos y Occidente. Durante su vida pública estuvo cerca del poder y participó en varios golpes de estado.

En las primeras audiencias su conducta empezó a llamar la atención. Había algo más que indignación en sus frecuentes gritos de Esto es una comedia y similares. En algunas ocasiones asistió en pijama, en otras descalzo. Tal vez, el límite del tribunal se quebró el día que Okawa se puso de pie y utilizó la cabeza pelada del ex primer ministro Hideki Tojo mientras gritaba en un perfecto alemán: “Vamos Indio, vamos”. El psicólogo oficial certificó que no se encontraba en sus cabales y los jueces lo declararon inimputable y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. A los pocos meses, Okawa estaba en su casa. En los años posteriores encaró una impecable (según dicen) traducción del Corán al japonés, una de las pocas existentes. Son muchos los que creen que Shumei Okawa simuló su locura para librarse de la condena.

Entre los 419 testigos, las miles de pruebas, los alegatos y la escritura de una sentencia de casi 1800 páginas, el proceso se extendió por dos años y medio cuando inicialmente habían calculado una duración de seis meses nada más. La lectura de la sentencia llevó casi una semana y cada sesión se transmitió por radio. Pese a lo farragoso del texto jurídico concentró la atención de los japoneses. Los ciudadanos nipones recibieron las sentencias con pesar y fatalismo, como un nuevo e innecesario recordatorio de que la guerra había sido perdida. “En lugar de ayudar a los japoneses a comprender y a aceptar su pasado, el juicio los dejó con una actitud de cinismo y resentimiento. De todas maneras, se debe tener en cuenta que condenar al juicio no es negar la culpa japonesa”, escribió Ian Buruma en su notable libro El Precio de la Culpa.

Antes de iniciar el proceso, los jueces se pusieron de acuerdo en respetar las mayorías y que a pesar de las diferencias, cada decisión saliera a la luz como si hubiera sido unánime para no mostrar resquicio, para no afectar la legitimidad de un juicio que recibía múltiples cuestionamientos. Los jueces de diferentes orígenes deliberaron arduamente. Hubo en la sentencia votos en disidencia pese a que había un compromiso previo de acompañar a las mayorías. El magistrado filipino sostuvo que el tribunal carecía de validez. El holandés, por su parte, se quejó amargamente de la ausencia de Hirohito. Otro dejó constancia de que el proceso ignoraba el bombardeo a Tokio y las dos bombas atómicas, hechos que configuraban delitos similares a los tratados allí. La sentencia recibió críticas de juristas japoneses y extranjeros por considerar que se trató de “justicia de vencedores”. Otros creen que la sentencia fue ecuánime y que los acusados no vieron conculcado su derecho de defensa aunque en estos casos nunca pueda dejarse de lado el aspecto político de la cuestión.

Pese a que el modelo fue Nuremberg, las acusaciones no fueron similares. William Webb, el australiano presidente del tribunal, reconoció que los que estaban en el banquillo no eran sólo unos nazis con rasgos orientales: “Los crímenes de los reos alemanes eran mucho más abominables, variados y amplios que los de los acusados japoneses”. Esto no significa que los japoneses no hayan cometido actos atroces y abominables desde antes de la guerra como la Matanza de Nanking, el programa de experimentos científicos con humanos (Unidad 731), uso de armas químicas, matanza de civiles y el trato cruel con los enemigos, prisioneros y habitantes de las tierras ocupadas y arrasadas. Los del Juicio de Tokio fueron condenados por delitos contra la paz y no contra la humanidad como los alemanes. Sin embargo, al contrario que en Nuremberg, los 25 que llegaron a la sentencia (dos murieron en el medio y Okawa fue declarado inimputable) recibieron condenas severas. 7 a muerte, 16 a cadena perpetua, 1 prisión por 20 años y otro sólo por 7 años.

Los 7 condenados a muerte fueron ejecutados en la prisión de Sugamo. Algunos de ellos pidieron ser fusilados. Creían que esa era una forma más noble de morir. Las autoridades aliadas no lo permitieron. Los ahorcaron de madrugada.

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Los restos de varios de ellos -de los detenidos y de los ejecutados-, tiempo después de su muerte, fueron enterrados en el Santuario de Yasukuni, el cementerio oficial de los grandes guerreros de Japón.

Los otros 18 condenados estuvieron en prisión hasta que a los pocos años comenzaron a recibir conmutaciones de la pena e indultos.

Hirohito no se expidió sobre los juicios. Continuó siendo emperador hasta el día de su muerte en 1989.

Japón sorprendió al mundo con su recuperación económica y social. Se integró al mundo deslumbrando con sus avances tecnológicos y manteniendo tradiciones.Habiendo aprendido del pasado pero sin quedar atado a él, con los ojos puestos en el futuro.

El edificio en el que tuvieron lugar las audiencias fue demolido. La cárcel de Sugamo tampoco sigue en pie. Contrariando los augurios y recomendaciones de manosantas y videntes por su pasado trágico, a mediados de la década del setenta, en ese terreno, se construyó un moderno rascacielos. Lo bautizaron Sunshine 60.

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