La noticia se asemeja a una bomba de profundidad. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede viajar a Estados Unidos y disfrutar del Mundial, desde adentro, como líder de la comitiva oficial argentina. Pero ahora sabe que al menos tres fiscales norteamericanos investigan los movimientos de dinero de la entidad que preside y, por extensión, lo investigan a él. Y los antecedentes al respecto distan de ser tranquilizadores.

Corría el año 2010 cuando una investigación en Estados Unidos sobre el crimen organizado ruso derivó hacia la corrupción en el fútbol. Y se aceleró cuando un agente del organismo tributario de ese país (IRS, por sus siglas en inglés) abrió en 2011 una causa por evasión impositiva contra Chuck Blazer, el exsecretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, conocida como la Concacaf.

El primer punto de inflexión llegó cuando los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York confrontaron a Blazer junto a dos agentes del FBI, Jared Randall y John Penza. Le mostraron las evidencias que habían recolectado sobre su proceder delictivo con sociedades pantalla e impuestos impagos, y le ofrecieron el clásico dilema: cárcel o cooperación. Y en diciembre de 2011, Blazer aceptó volverse informante. En otras palabras, se reunió decenas de veces con los fiscales entre 2011 y 2013 y llegó a portar un micrófono oculto en un llavero durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El estallido público del llamado FIFAgate llegó, sin embargo, recién en mayo de 2015. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch —que había encabezado la pesquisa como fiscal del Distrito Este y llevaba apenas un mes en su nuevo cargo— presentó una acusación de 47 cargos contra catorce dirigentes y ejecutivos del marketing deportivo, coordinada con un operativo de la policía suiza que arrestó esa madrugada a varios imputados en Zúrich.

Los fiscales sostuvieron la jurisdicción estadounidense argumentando que el dinero —lícito e ilícito, incluidos sobornos— había transitado por el sistema bancario norteamericano, una construcción jurídica que les permitió perseguir a corruptos de toda Iberoamérica. Es la misma premisa que los fiscales podrían invocar ahora para avanzar sobre los movimientos de dinero —lícito y bajo sospecha— de la propia AFA y la gerenciadora TourProdEnter LLC.

La estrategia combinó cooperación internacional con Suiza, presión sobre imputados para obtener nuevos delatores —figuras como Alejandro Burzaco se convirtieron en testigos clave— y una segunda tanda de imputaciones en diciembre de 2015 que sumó dieciséis acusados más. El despliegue, sostenido durante años por un equipo reducido, consolidó un modelo de persecución extraterritorial de la corrupción transnacional que sigue produciendo causas derivadas hasta hoy.

El FIFAgate reveló un esquema sistemático de sobornos por más de US$150 millones a cambio de derechos de televisación y marketing de torneos y de votos para la organización de Mundiales. Consolidó, además, el largo brazo de la Justicia de Estados Unidos sobre los negocios del fútbol.

En ese marco, “Chiqui” Tapia fue autorizado por la Justicia argentina para viajar a la final de la Champions League, en Europa, y al Mundial que se desarrollará a partir del 11 de junio y durante 39 días en Estados Unidos, México y Canadá. A cambio, la condición impuesta fue depositar una caución de $30 millones en el expediente del fuero en lo Penal Económico en el que fue procesado por presunta retención indebida de aportes.

Así, Tapia voló este jueves a Europa, para luego seguir su camino hacia Estados Unidos. Tendrá hasta el 21 de julio para retornar a la Argentina. En el interín, podrá vivir desde adentro el esfuerzo de la Selección por obtener la cuarta estrella. Pero se sabrá, también, bajo una lupa.

El titular de la AFA conoce, sin dudas, el antecedente de Jeffrey Webb, quien presidía la Concacaf en mayo de 2015. Se hospedó en el hotel Baur au Lac de Zúrich, en vísperas del congreso de la FIFA, y se despertó esposado por la policía suiza a pedido del Departamento de Justicia. La lección: una imputación sellada (sealed indictment) puede materializarse en cualquier momento, sin previo aviso, mientras el acusado desayuna en su hotel. El FBI y el Departamento de Justicia mantienen una larga tradición de elegir el momento de máxima exposición pública —congresos, finales y ceremonias deportivas— para los arrestos.

El espejo más cercano para el fútbol sudamericano, sin embargo, lo aportó el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout. Arrestado en el mismo hotel suizo en 2015, el paraguayo fue extraditado a Estados Unidos, condenado a nueve años de prisión y fallecido en una cárcel federal en 2022.

Tapia, ahora, se sabe bajo una lupa.

En medio de un clima enrarecido por la feroz interna del Gobierno y el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reforma electoral propuesta por la administración de Javier Milei perdió impulso en el Senado, al extremo que en las últimas horas en algunas de las mesas de arena libertarias comenzó a discutirse cuál sería el sentido de avanzar con un proyecto que no logra reunir las mayorías que exige la Constitución.

La causa principal del empantanamiento de la reforma electoral es la fuerte resistencia que genera la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), medida que algunos oficialistas admiten que es la única que realmente le interesa al Gobierno del proyecto de 79 artículos.

Cono si fuera poco, el aire se enrareció más aun en el Senado con la decisión del Gobierno de vetar la candidatura de María Verónica Michelli, postulante a vocal en un tribunal criminal de La Plata, por el hecho de ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario que investigó el caso $LIBRA.

Según pudo saber este diario, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), ya les dijo a los integrantes de la mesa política del Gobierno que se olviden de la eliminación de las PASO, porque sin los votos de la UCR y el Pro, sumada a la oposición cerrada de la totalidad del kirchnerismo, es imposible reunir la mayoría absoluta que requiere la Constitución para aprobar reformas electorales, cifra que en el caso de la Cámara alta asciende a 37 votos afirmativos.

Más aún, según los sondeos de Bullrich de las últimas semanas tampoco habría lugar para la apuesta por una suspensión de las primarias, como ya ocurrió el año pasado cuando la oposición dialoguista apoyó en el Congreso la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo.

Las malas noticias de Bullrich no habrían hecho más que sumar un poco más de tensión a la relación con la secretaria general de la Presidencia y conductora de La Libertad Avanza, Karina Milei, vínculo que se mantiene en paz como consecuencia de una endeble tregua luego del enojo que provocó la senadora al reclamarle a Adorni que presentase cuanto antes su declaración jurada para terminar, así, con el escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete.

Así, a nadie extrañó que esta semana comenzarán a circular versiones que ubican al ministro del Interior, Diego Santilli, y a Adorni como los encargados de “levantar el muerto” de la reforma electoral en el Senado a partir de reactivar las negociaciones con los gobernadores, tal como ocurrió con la aprobación de la reforma laboral.

Las pruebas del congelamiento de la reforma electoral en el Senado están a la vista. El proyecto ingresó el 23 de abril al Senado, hace más de un mes, y en ese tiempo el oficialismo no ha mostrado interés por reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Las primeras dos semanas se consumieron con los contactos de Bullrich con los jefes de las bancadas de la oposición dialoguista, que le comunicaron a la senadora oficialista sus primeras objeciones al proyecto, con especial énfasis en su rechazo a eliminar las PASO. Nadie quiere perder una herramienta que les podría permitir sus internas de cara a una alianza electoral para las presidenciales del año próximo.

Desde entonces, la iniciativa pasó casi al olvido envuelta en las brumas de las típicas excusas parlamentarias que se usan cuando lo que faltan son votos. Primero, se explicó que el inicio del debate se demoró por la ausencia por un viaje al exterior de Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego) presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después, la razón para no discutir el proyecto fue la semana corta por el feriado del 25 de mayo sumado a la ausencia de otros legisladores.

Si bien todavía no hay un abandono oficial del tema, lo cierto es que la negativa a eliminar las primarias no es el único revés que sufrió el oficialismo tras recibir la devolución sobre el proyecto del Poder Ejecutivo de parte de los bloques opositores.

Así, el Pro, con el aval de algunos bloques menores y de sectores de la UCR, planteó su deseo de que la aplicación de la Ficha Limpia se trate por separado.

El pedido se entiende en el hecho de que fue en el Senado, y como consecuencia de una sospechosa maniobra con un partido provincial de Misiones aliado del Gobierno, donde fracasó el anterior intento por sancionar una ley que impida presentarse a cargos electivos y a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo a quienes tengan una condena judicial confirmada en segunda instancia.

El texto que había aprobado Diputados y fracasó en mayo de 2025 en la Cámara alta sólo limitaba la restricción a condenas corrupción en la administración pública. Los artículos incluidos por el Poder Ejecutivo en la reforma electoral extienden a condena en todo tipo de delitos.

Esta exigencia tampoco cayó bien en la Casa Rosada, desde donde Bullrich salió con la orden de evitar a capa y espada el tratamiento por separado. Ahora, la jefa de la bancada oficialista sostiene que Ficha Limpia podría convertirse en un proyecto paralelo, pero que al momento de ir al recinto se discutirá en la misma sesión con el resto de la reforma electoral.

La eliminación del debate presidencial es otro de los temas que la oposición dialoguista no estaría dispuesta a aceptar y que amenaza con convertirse en una piedra en el zapato para el Poder Ejecutivo que ve como, pieza por pieza, empieza a desdibujarse la reforma electoral que había pergeñado.