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La conferencia de Adorni: excusas y evasivas para no explicar cómo creció su patrimonio

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó claro otra vez que no tiene intenciones de explicar públicamente los misterios de su crecimiento patrimonial. “No me lo permite el debido proceso judicial”, dijo, solemne, invocando una prohibición legal que no existe.

Minutos antes alegó que ya había dado “todas las explicaciones a la sociedad”, aunque admitió que puede haber cuestiones pendientes que aclarará en los Tribunales; según afirmó, “el único ámbito competente”.

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También dijo que había presentado todas sus declaraciones juradas de bienes “en tiempo y forma”, pese a que, según revelaron fuentes oficiales, presentó casi un año tarde el anexo donde dio cuenta de la compra que hizo su mujer de la casa de Indio Cua. En esa propiedad, además, Adorni habría invertido US$245.000 en refacciones, según declaró un testigo en los tribunales en el mismo momento en que él ofrecía la conferencia de prensa en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete solo informó la compra de ese inmueble el mes pasado, con la causa penal avanzada.

En su afán por eludir preguntas, Adorni dijo que no había leído la nota de Clarín de ayer que sostuvo que él y su familia habían hecho un viaje de cinco días a Bariloche y pagado $9.104.769,97, publicación que también hablaba de sospechas de sobresueldos en el Gobierno. Esquivó esa pregunta con el siguiente argumento: “No analizamos notas periodísticas”. Curiosa afirmación en un funcionario que lanzó un programa de streaming llamado “Fake, 7, 8″ con la finalidad de denunciar “las noticias falsas de la semana”. Y miembro clave de un gobierno que creó una oficina para responder a supuestas campañas de desinformación y señalar publicaciones periodísticas: la Oficina de Respuesta Oficial. Funciona, en realidad, como una usina de mensajes de propaganda de la gestión libertaria que rara vez da con fake news, pero acumula críticas y acusaciones a periodistas.

Adorni empezó su conferencia de este lunes con una lista de anuncios de lo más variados, desde la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea y cambios en el régimen de subsidios al gas, hasta la futura reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y una modernización del proceso de donación de sangre.

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Consciente de que lo consultarían por su incremento patrimonial, pretendió bloquear el tema antes de la primera pregunta leyendo un papel que llevó consigo: “Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente que es la Justicia”.

Con este mismo argumento se negó a contestarle a , que le preguntó si era cierto lo que declaró en la Justicia Pablo Feijoo, el hijo de una de las mujeres que le vendieron el departamento de Caballito, que dijo en la fiscalía que Adorni se había comprometido a pagarles 65.000 dólares adicionales al precio de venta declarado en la escritura.

Tampoco contestó cuánto pagó su mujer por la casa del country Indio Cua, que ella escrituró a su nombre en 2024 ni por qué había omitido declararla ante la Oficina Anticorrupción (OA) hasta este año. Sobre esa propiedad no dijo una palabra.

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Conferencia de Manuel Adorni, frase 2

Adorni repitió hoy un argumento que ya había dado en otras ocasiones. “Como hay una investigación judicial en curso no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite el debido proceso judicial”, dijo. Nunca explicó el funcionario de dónde surge esa supuesta prohibición del “debido proceso judicial”, que no está prevista en ley alguna.

Como investigado en una causa penal, Adorni sí podría invocar que tiene el derecho de no decir nada -ni ante la Justicia ni ante la prensa- que pueda comprometer su futuro y complicarlo en el expediente. Pero la existencia de una investigación de ningún modo le impide dar explicaciones públicas a un funcionario que tiene vocación de aclarar los cambios en su patrimonio. Sobre todo, cuando la Ley de Ética Pública establece como regla la transparencia.

“No veo cómo podría afectarse la garantía del debido proceso si él responde. No hay obstáculo legal para que conteste las preguntas que le están haciendo”, dijo a el constitucionalista Alejandro Carrió, reconocido especialista en garantías constitucionales en el proceso penal. “La causa no está en secreto y las preguntas que le hacen no están relacionadas con medidas de prueba que se puedan frustrar”, añadió.

Adorni también alegó: “Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ningún punto de vista obstruiremos el avance de ninguna causa judicial”.

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La semana pasada, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había dicho, en el mismo sentido: “Les ruego, señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite. Serán los jueces y solo ellos quienes deberán resolver las denuncias formuladas”. Fue una alusión al artículo 109 de la Constitución Nacional, que no aplica a la situación de Adorni. Dice que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

La constitucionalista María Angélica Gelli explica en su Constitución comentada que este artículo buscó “neutralizar todo intento de instaurar una dictadura legal mediante el empleo de detener personas” por parte del Poder Ejecutivo y le prohibe al Presidente actuar como juez, incluso, en un estado de sitio. Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, completó: “La norma le impide al Ejecutivo ejercer la función jurisdiccional (es decir, en criollo, ser él quien dicte fallos decidiendo los derechos de particulares). De ningún modo puede prohibirle participar en un proceso judicial, ya que todo el tiempo el Poder Ejecutivo participa en juicios como parte (sea porque lo demandan, porque él mismo demanda, porque ejerce la querella o, como en este caso, porque uno de sus miembros es imputado). Si uno llevara el argumento del jefe de Gabinete al extremo, ni siquiera se podría defender, ya que estaría intentando influir sobre un fallo futuro”.

Conferencia de Manuel Adorni, frase 4

Adorni dijo que todos sus bienes se verán reflejados en su próxima declaración jurada, que él cumplió con la Ley de Ética Pública y que presentó hasta ahora todas sus declaraciones juradas “en tiempo y forma”, pero según informaron a fuentes oficiales, esto no es cierto.

La mujer de Manuel Adorni, compró la casa de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.

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Según las fuentes oficiales consultadas, Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto de 2025. Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA el mes pasado, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y cuando la Justicia ya le había pedido al organismo anticorrupción todo lo presentado por Adorni.

Conferencia de Manuel Adorni, frase 3

“No analizamos notas periodísticas”, dijo Adorni esta mañana, para eludir otra de las preguntas sobre su patrimonio, cuyo crecimiento salió a la luz, en gran medida, por la tarea de periodistas que informaron sobre sus nuevos bienes y sus viajes desde que asumió en el Gobierno. La de Adorni es una declaración llamativa porque ningún Presidente atacó tanto a periodistas como lo hizo Javier Milei, que acuñó el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y en sus redes sociales difunde insultos a la prensa de a cientos.

Minutos antes, Adorni había dicho: “Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuándo quieran y donde quieran”. La semana pasada, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, presentó su último informe, que muestra un severo retroceso de la Argentina en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa en el mundo. Ocupa el puesto 98 sobre un total de 180, cayó 11 puestos en el último año y registra un descenso de 69 lugares desde 2022.

Mientras Adorni se niega a responder preguntas concretas sobre los cambios en su patrimonio, los interrogantes que solo está dispuesto a contestar en los tribunales se acumulan. ¿Por qué acordó con Feijoo, según la declaración de este testigo, que le iba a pagar 65.000 dólares adicionales que no quedaron registrados en la escritura de compra del departamento de Caballito? ¿Por qué dos mujeres que no lo conocían accedieron a financiarle casi el 90% de ese inmueble (200.000 dólares), sin intereses? ¿Por qué si fue él quien pagó los vuelos en avión privado a Punta del Este las facturas no están a su nombre y no se conoce constancia alguna de que haya abonado él? ¿Por qué pagó en efectivo los 8874 dólares que gastó para hospedarse en complejos de lujo en Aruba, en sus vacaciones del año pasado? Si, como dice, todo su patrimonio lo acumuló en la gestión privada, ¿de dónde salió el dinero para sumar dos nuevos inmuebles, un auto y, según la declaración del último testigo en la causa, pagar arreglos por US$245.000, con su sueldo de funcionario y los ingresos de su mujer, que hasta el año pasado era monotributista?

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Milei, entre Adorni y el desarrollo sin desarrollismo

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Hay dos procesos en marcha que en esta coyuntura desafían al gobierno de Javier Milei. Uno, el rumbo económico y la heterogeneidad de sus resultados. El otro, el enfrentamiento con la prensa conectado con la investigación judicial del caso Adorni y las llamaradas con las que sorprende cada día, como la declaración del contratista y la cifra de 245 mil dólares que se conoció el lunes: ese incendio está lejos de apagarse.

En lo económico, el plan Milei-Caputo demora efectos positivos palpables para los hogares. Y la puja política ya empieza a encontrar nuevos carriles: mientras el Gobierno plantea un desarrollo con macro estable pero sin desarrollismo, cuyos resultados salariales y de empleo están pendientes, una oposición kirchnerista residual se esfuerza por ponerse el traje de la moderación. Intenta darse una oportunidad de representación con la promesa de una “macro con la gente adentro”. Por suerte para el Gobierno, por ahora, esa opción está floja de credibilidad.

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Los dos frentes, economía y Adorni versus prensa, se retroalimentan y acentúan la tensión en la percepción de la opinión pública. La misma estrategia del Gobierno refuerza esa retroalimentación: en lugar de hacer pedagogía transversal sobre el sentido y los tiempos de su plan económico y aprovechar para eso el diálogo con cada periodista y cada medio, profundiza la ruptura con la mediación mediática y se dedica a ensayar respuestas malas al tema Adorni.

Se vio en la presentación de Milei en ExpoEFI, el congreso de economía que cerró con sus palabras el miércoles pasado. Su discurso duró una hora y veintiséis minutos, pero la repercusión se concentró en menos de cinco minutos en los que Milei atacó ferozmente a la prensa. Esos ataques se intensificaron desde que estalló el caso Adorni hace más de dos meses.

Milei usó ochenta y cinco minutos para dar respuestas sobre su concepción de la transición y su visión sobre el rol de su política económica en relación a la matriz productiva argentina. Pero el mensaje pasó de largo en medio de los ataques mediáticos mileístas, que se viralizaron. Esos momentos completó la saga que Milei había iniciado a la salida del Congreso, el miércoles de la exposición de Adorni, cuando respondió a una pregunta normal de un periodista con un insulto al periodismo en general: “chorros” y “corruptos”, gritó el Presidente.

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¿Le conviene al gobierno sostener y alimentar ese grado de conflictividad cuando cuando debería estar inundando la conversación pública con su pedagogía económica? En 2023, Milei interpretó el sonido del momento: su rabia y su motosierra representaron la rabia de la gente con la política que llevó a una Argentina estancada. ¿Cómo suena la calle hoy? Ahora que ocupa el poder, ¿a Milei se le puede volver en contra la rabia o hastío de la gente? Si no hay respuestas, la rabia ciudadana tiende a orientarse contra el oficialismo en el poder.

La puja política se organiza hoy en torno a Milei y las deudas propias que genera: Cristina Kirchner y el kirchnerismo empiezan a quedar instalados en el espejo retrovisor. El mismo Luis Caputo lo reconoció la semana pasada: “el riesgo kuka es cero”, dijo. Por eso es mayor el desafío del Gobierno: para consolidar el apoyo a su plan económico dejó de alentar el miedo al regreso del kirchnerismo, como lo hizo en la campaña electoral el año pasado. Agitar el “riesgo kuka” impacta en la apetencia de los mercados y genera una profecía de incertidumbre autocumplida: termina complicando el mismo plan económico del Gobierno. El “riesgo kuka” como miedo que sale del mismo Gobierno se integra en el riesgo país. El Gobierno aprendió esa lección.

Ahora Milei y Caputo necesitan ganar voluntades y tiempo con una estrategia distinta mientras esperan que se concreten los efectos positivos más generales de sus políticas. Ese aprendizaje les es esquivo: en lugar de inundar los espacios mediáticos con sus explicaciones, se dedican a romper aún más la conversación transversal con sus votantes menos cautivos. El repliegue en sus cámaras de eco los aísla de una sociedad que está más allá de sus votantes más leales.

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La política lo sabe: es más conveniente tener a los críticos a tiro de diálogo posible que cascotearlos desde la vereda de enfrente. Hay una prueba clara: cuando se abrió a la negociación en el Congreso, el Gobierno obtuvo resultados. Para cualquier gobierno, dar su visión de las cosas y responder preguntas y repreguntas incómodas en territorio independiente es una oportunidad más que un problema. Hablarle siempre a los convencidos no aumenta la credibilidad ni la confianza.

En el plano ético, por ahora el caso Adorni es una batalla perdida para el Gobierno: se necesita mucha ira presidencial para apagar ese fuego y distraer a la sociedad con otros conflictos. Esa cantera en algún momento se agota, y aunque no se extinga la cólera presidencial, sí cambia el contexto que la hace efectiva. Cuando el bolsillo se vacía, a la ciudadanía se le achica la paciencia ante los fuegos de artificio del poder político. Lo que quiere es salarios que alcancen y empleo disponible. Es la economía, estúpido, podría decir Milei.

El oficialismo libertario cree ver “sobres” en la persistencia del tema en los medios. En realidad, en los medios independientes, la cobertura responde a ratings y niveles de audiencias, además de un posicionamiento histórico de investigación del poder, no importa quién lo ocupe. Pero aún en la prensa kirchnerista o filo kirchnerista funciona algo más que sus sesgos ideológicos y su intencionalidad política: las audiencias también mueven esa cobertura. Si el caso Adorni sigue presente es porque sigue habiendo preguntas relevantes sin respuestas creíbles y a buena parte de la ciudadanía, traducida en ratings, views y clics, le sigue interesando. El Gobierno debería tomar nota de eso.

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La sombra larga del caso Adorni no va a desaparecer rápido. Hay agujeros negros en la batería de respuestas organizadas desde el Gobierno. Aquí, la enumeración de algunos, aunque son más. Primero, que la Justicia archivó la causa de la esposa de Adorni en el avión presidencial por inexistencia de delito: es cierto, pero el problema no era ése sino que tanto Milei como Karina Milei y Adorni habilitaron un privilegio discrecional típico de “la casta” que combaten. Segundo, que Adorni tiene derecho a tomarse vacaciones con su familia: es cierto, pero ése no es el punto. La cuestión es si los ingresos declarados de Adorni le permiten sostener ese nivel de gastos familiares o si fueron financiados por amigos contratistas del Estado.

Tercero, que Adorni no tiene que responder por sus conductas privadas: en realidad, tiene que hacerlo si se sospecha un delito o una falta ética detrás de esas conductas. Cuarto, que sólo responderá ante la Justicia: tampoco es una buena respuesta. Por un lado, porque la ciudadanía también demanda respuestas políticas sobre todo a un proyecto político que pone a la ética como política de Estado. Y además, porque si el esquema de Adorni es tan transparente como asegura, desde que se inició la causa está habilitado para presentar cada comprobante en los tribunales y así ahorrarle a la Justicia y a los contribuyentes tiempo y recursos aplicados para investigarlo judicialmente, sobre todo en un partido que pregona la eficiencia en el uso de los recursos.

Quinto, porque en su primera conferencia de prensa sobre el tema afirmó hechos que no se condicen con la realidad: dijo haber declarado todos sus bienes “en tiempo y forma”, pero la casa del country Indio Cua, comprada en noviembre de 2024, no consta su declaración jurada de 2025. Recién la incluyó este año, luego de iniciada la causa judicial.

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Cuándo y dónde quiere, Milei autorregula su barrabravismo de Estado. Lo exacerbó en la Cámara de Diputados el día del informe de Adorni; lo contuvo en ExpoEFI. Planteó a la iniciativa privada del empresario como descubridor de oportunidades con valor agregado en el mercado: “El héroe de esta película es el empresario. Como hacedores de políticas justas, nosotros tenemos que nivelar la cancha y el empresario tiene que decidir dónde invertir. Nosotros no elegimos ganadores. Esto (por los problemas históricos de Argentina) lo van a dar vuelta los empresarios que crean valor, por eso sacamos al Estado del medio”, explicó. Puso al Estado como desregulador de obstáculos para la misión del empresario: “Estamos generando mayor flexibilidad para que la reasignación de recursos sea lo más rápido posible”. Definió las características del escenario actual y el impacto en el momento darwiniano en el que se destruyen empresas y nacen otras: cambio tecnológico, cambios de precios relativos y liberación de rendimientos crecientes a partir de la desregulación y la apertura de mercados.

Sostuvo la estrategia de exportaciones diferenciadas como una oportunidad para la industria argentina, inclusive la industria textil: “La especialización no significa hacer de todo. Vamos a hacer algunas cosas en las que somos mejores. En las que somos malos no vamos a tener chances. Igual cuidado con en qué somos malos y en qué no somos malos. La discusión en el sector textil: dicen que no pueden competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo, tienen industria textil: ¿cómo es eso? Compiten por diseño. Ponen el eje en el diseño. No es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Si van a estar llamando a papá Estado cada vez que algo no les gusta, va a ser difícil competir”.

El Gobierno espera que los resultados de la nivelación racional de la macro le den la razón en una matriz productiva creadora de empleo y de mejora del salario. A la “macro con la gente adentro” con la que lo corre el kirchnerismo en busca de oxígeno, le responde con la baja de la inflación como el primer pilar de ese camino.

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Mientras tanto, deja pasar oportunidades para acercar su mensaje. El Gobierno necesita resultados que se noten en el bolsillo de la gente, en las góndolas de los comercios y en los ladrillos de la construcción. No le queda más que esperar al paso del tiempo.

Para ganar tiempo, el Gobierno necesita explicar, explicar, explicar en lugar de construir enemigos en la prensa y retirarse del mercado del diálogo democrático con el periodismo independiente. Ese mercado libre es un escenario potente a la hora de dar batallas conceptuales. Abandonarlo implica un riesgo: generar un vacío y que lo ocupe otro.




Luciana Vázquez,Conforme a

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El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia

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El empresario Ariel Vallejo, titular del conglomerado Sur Finanzas, sociedad vinculada a negocios con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), no se presentará hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, tal como estaba citado. La razón: una apelación no resuelta interpuesta por su defensa en la causa conocida por el presunto vaciamiento y lavado de activos en el Club Atlético Banfield. El magistrado ya fijó fecha para las indagatorias de los otros involucrados en las presuntas maniobras delictivas que podrían complicar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien hasta el momento no fue mencionado en ese expediente.

Los abogados de Vallejo le explicaron a Infobae los motivos por los cuales su defendido no se presentará a declarar ante el juez federal: “Nosotros presentamos una nulidad de la convocatoria (a indagatoria). Eso es lo que rechazaron. Pero lo apelamos. Vallejo está citado a indagatoria por tres cuestiones que, según entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfileño (la cámara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona y al juez Armella que no existe lavado); la causa de la denuncia de ARCA, la cámara ya dijo que le corresponde al juzgado del juez Federico Hernán Villena. No le corresponde a Armella. No lo puede indagar por eso. La causa de los clubes de AFA, Armella e Incardona ya se declararon incompetentes y la mandaron al juez de Campana Adrián González Charvay. Que nos expliquen cómo lo van a indagar por delitos que ya dijeron que se van al juzgado federal de Campana”.

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Será la instancia revisora quien decidirá si corresponde que Armella y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, indague al allegado de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA y el pendiente “pedido de ampliación de la imputación efectuada a Maximiliano Ariel Vallejo en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, (art. 45 y 173 inc. 7° del C.P.)”, tal se lee en la resolución judicial fechada el 4 de mayo.

Ariel Vallejo, no se presentará a indagatoria por una medida interpuesta por su defensa

Imputados e indagatorias

Según pudo reconstruir Infobae el magistrado, en esa misma resolución que corresponde a la causa FLP 29107/2025, ya dispuso las citaciones a indagatoria a los principales implicados, pertenecientes a la dirigencia de Banfield:

  • Eduardo Juan Spinosa (presidente), se lo indagará por “asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor”. La cita es para el “18 de junio de 2026, 10:00”.
  • Federico José Spinosa (vicepresidente), se lo indagará por “asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado agravado como coautor. Cita para el 18 de junio de 2026, 10:30”.
  • Ignacio Javier Uzquiza (tesorero), los cargos también son por los presuntos delitos de “asociación ilícita y administración fraudulenta, como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:00”.
  • Oscar Fabián Tucker (secretario), se los investiga por “asociación ilícita y lavado agravado como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:30”.
  • Representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, las fechas y horarios de indagatorias fueron previstas para el 25 de junio de 2026, 10:00 y 10:30, respectivamente”.

A todos se les impuso la obligación de prometer sujeción al proceso penal, presentación periódica ante la sede judicial, prohibición de salida del país sin autorización, retención de documentos de viaje y prohibición de contactarse entre sí, junto con la obligación de informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de alejarse a más de 100 km del juzgado sin previa autorización, según lo dispuesto por el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.

Una investigación judicial desvela un esquema de lavado de dinero y vaciamiento patrimonial en el Club Banfield, involucrando a 16 clubes de la AFA y desviando USD 1.150.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería financiera

La investigación, impulsada por Incardona, identificó la existencia de una organización criminal profesionalizada, cuya base operativa era la estructura de Sur Finanzas y empresas vinculadas como Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.

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La hipótesis, recogida textualmente por el juzgado, sostiene que “esta estructura ofrecía un andamiaje de opacidad diseñado específicamente para el reciclaje de fondos de origen espurio, el cual fue aprovechado por los directivos del Club para perfeccionar el desvío de sus activos institucionales”.

Uno de los datos singulares que surge de la resolución de Armella es el resultado de los allanamientos realizados en la sede central de Sur Finanzas: en el lugar se incautaron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, evidenciando operaciones y contratos con dieciséis clubes de fútbol: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

La justicia allanó Sur Finanzas de Ariel Vallejo

El juzgado describió un mecanismo donde la dirigencia de Banfield simultáneamente ejercía dominio sobre la administración formal del club y sobre los vehículos societarios como Banfileños S.A. La constitución del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en 2012 instrumentó que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara canalizado a través de la fiduciaria, en la práctica bajo el control de las mismas personas físicas.

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La maniobra, documentada en los contratos y movimientos bancarios secuestrados por la investigación, permitió que Banfield canalizara tanto el dinero de préstamos como recaudaciones de socios —a través de empresas externas como “PagoTic”— hacia cuentas asociadas al fideicomiso. El sistema se mantuvo sin alteraciones entre febrero de 2019 y agosto de 2023, según la información proporcionada por PagoTic al juzgado.

Montos, acuerdos y sospechas

Según detalla el juzgado, el 12 de diciembre de 2021 se suscribió un contrato de sponsoreo por $4.583.333 más IVA mensuales con Sur Finanzas Group S.A., y el 5 de febrero de 2022 otro con Roma Inversiones S.A. por $12.000.000 más IVA. La principal irregularidad, resalta la resolución, radica en que los ingresos derivados de estos convenios públicos fueron dirigidos al fideicomiso en vez de ingresar a las cuentas institucionales del club.

El dueño de Sur Finanzas, vinculado a la AFA, está bajo investigación por presunto lavado de dinero a través de varios clubes de fútbol argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración fraudulenta habría incluido, además, la celebración de contratos de mutuo en efectivo: el 17 de julio de 2023 Banfield se obligó por USD 500.000 a una tasa de interés del 3% mensual; solo tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un nuevo mutuo por otros USD 500.000 con tasa al 4% mensual. En ambos casos, las dirigencias del club y Sur Finanzas pactaron la devolución de un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, es decir, USD 150.000 en concepto de intereses, y declararon la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria.

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La documentación revela que estos compromisos financieros simultáneos no tuvieron justificación comercial y resultaron gravosos para Banfield, contribuyendo, según el juzgado, al “vaciamiento patrimonial” de la entidad. Los investigadores también detectaron una “triangulación” sistemática de ingresos genuinos del club hacia vehículos societarios controlados por los propios directivos, y una reconversión de los fondos desviados en “dineros negros” finalmente integrados al circuito legal mediante la adquisición de bienes de lujo, como vehículos y propiedades.

El expediente describe la adquisición de bienes —entre ellos, un vehículo Toyota SW4 4X4 valuado en $53.745.000 por Eduardo Spinosa y un inmueble de USD 170.000 por Federico Spinosa— como operaciones presuntamente orientadas a legitimar activos de origen ilícito.

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Andrés Malamud, analista político: “Milei no lo hecha a Adorni porque es amigo de su hermana”

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El politólogo Andrés Malamud analizó cuáles son los motivos por los que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanece en el Gobierno pese a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea argentina (LN+) el lunes por la noche, el analista político desarrolló tres interpretaciones posibles sobre la continuidad del funcionario en el Ejecutivo.

Algunos piensan que la razón para mantener a Adorni es que es un pararrayos”, planteó Malamud. Según esta interpretación, Adorni estaría siendo utilizado para concentrar la atención pública en él y evitar las críticas sobre las políticas económicas: “La inflación sube, hay otros problemas y la gente habla de la corrupción”.

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La segunda hipótesis la denominó como la del “fusible”, que indicaría que Milei “se lo va a sacar de encima cuando acumule demasiados problemas” e implicaría, según explicó, que la permanencia de Adorni resulta funcional al interés del Presidente.

La tercera explicación apunta a los vínculos personales dentro del círculo de poder. “No le hizo lo mismo que a Nicolás Posse o Guillermo Francos, no lo echó como a sus amigos, porque no es su amigo, es el amigo de su hermana”, afirmó. En esa línea, agregó: “Él no la echa a ella y no echa a los de ella”, y definió que existe “una dependencia profunda que es difícil de evaluar”.

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En ese contexto, Malamud esbozó, sin desarrollarla, una posible cuarta hipótesis. “Después hay pensamientos mucho más complicados como el testaferro”, indicó, aunque no profundizó en esa línea durante la entrevista.

Más allá del caso puntual de Adorni, el politólogo amplió su análisis al funcionamiento general del Gobierno y señaló que “Milei depende fundamentalmente de la economía”. Explicó que el respaldo social que recibe el Gobierno varía en función de ese factor y que, por el contrario, “cuando mete -Milei- la batalla cultural, le va peor”.

El analista planteó que el actual Presidente representa un cambio respecto de la lógica tradicional. “Vivimos durante 40 años en un péndulo entre la capital y el conurbano”, indicó, y señaló que Milei se posicionó como una opción “contra el AMBA” y que “vino a representar a las otras 22 provincias”.

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