POLITICA
Milei afirma que no removerá a Adorni: el trasfondo de la decisión y el miedo de los ministros a alzar la voz
La declaración del contratista Matías Tobar, que acusó a Manuel Adorni de pagar USD 245.000 en efectivo para refaccionar su casa del country Indio Cuá, cayó como una bomba al interior del Gabinete. Se trata de un episodio que pegó por partida doble: la dimensión del monto no estaba en el radar de los funcionarios libertarios; además, volvió a poner en la primera plana mediática un asunto que pega de lleno en la narrativa libertaria de la lucha contra la casta.
En un sector importante de la mesa política del Gobierno consideran que el jefe de Gabinete debe dar un paso al costado para poder explicar su crecimiento patrimonial y las operatorias que se dieron a conocer en las últimas semanas, las cuales se dieron en el marco de su vida personal, pero mientras ocupaba cargos públicos de altísima relevancia.
Esta posición no se explica por un encono en particular con Adorni. Hay ministros que no tienen buena piel con el jefe de Gabinete, pero hay quienes sí; y ambas partes coinciden en que las revelaciones mediáticas que se produjeron por estos meses, y su prolongación en el tiempo, hicieron mella de manera significativa sobre el Gobierno, tanto en su narrativa como en su electorado.
Esta idea se impone incluso en aquellos que piensan que la Justicia está actuando con una particular celeridad y que los medios están midiendo al funcionario con una vara que no se aplicó a otros dirigentes políticos. “Si me preguntás a mí, absolutamente todos los gobiernos tuvieron personas corruptas. El escarnio que hacen con Manuel no se lo hicieron a otros. Ahora, si me preguntás a mí, yo lo hubiera echado”, marca una figura destacadísima de las reuniones de Gabinete.
¿Si en numerosos despachos ejecutivos y legislativos del oficialismo comparten un diagnóstico similar, por qué nadie sale a hablar en público? La respuesta corta es que tienen miedo de decirle al Presidente lo que piensan.
“Yo no tengo autoridad para decirle a Javier qué debería hacer en este caso tan sensible”, justifica -en diálogo con Infobae -una persona de confianza de los hermanos Milei. Esta persona como otras más están esperando a que el Presidente sea quien se contacte con ellos para solicitar un consejo. Mientras esto no ocurra, no van a levantar la voz.
Cuando uno mira el panóptico del Gabinete y de los funcionarios políticos que orbitan el mismo, son pocos los que tienen la autoridad para hablar de asuntos de ese calibre de manera directa con Milei y su hermana. “¿Vos pensás que cuando un ministro va a hablar a Olivos con el Presidente hablan de esas cosas? Se habla de gestión o a lo sumo de algunas banalidades. Nadie lo va a interpelar con esa cuestión”, respondió ante una consulta una de las figuritas de mayor visibilidad del Ejecutivo.
Hay pocas personas que han conversado en estos días sobre este tema con los hermanos Milei. Las charlas han existido, aunque se mantienen en estricta reserva.
La decisión del Presidente es la de mantener al jefe de Gabinete. No hay discusión al respecto. Lo hizo cuando emergieron las primeras controversias en los albores del Argentina Week a comienzos de marzo y lo siguió haciendo con las causas judiciales en curso y declaraciones testimoniales que son, cuanto menos, sugerentes.
En privado, Milei justifica su decisión en que la causa mediática contra Adorni es una operación coordinada tanto por sectores judiciales, como políticos y económicos. Es por ese motivo que no tiene previsto ceder, porque afirma que hacerlo sería tirar a una persona de su confianza “por la ventana” y que ese presunto modus operandi se puede replicar en otros miembros de su entorno.
Milei les dice a los suyos que “a los testigos los compran” y que el contratista no es una excepción. “No vamos a entregar a nadie”, se repite desde Olivos.
La actividad pública en redes de parte del Jefe de Estado parece convalidar los trascendidos. En horas de la madrugada, el Presidente reposteó una publicación en X de un usuario que consideraba que el presupuesto de la refacción de la casa-quinta estaba sobredimensionado: “¡Piensen! ¿Pagó con 250 mil dólares cash refacciones de una propiedad que no vale 150 mil pudiendo pagar con esa plata sin endeudarse con hipotecas el saldo de esa casa 90 mil dólares y 200 mil del departamento? Ni en Narnia cuesta 250 mil dólares una refacción de esa propiedad. Para colmo, ¡el contratista resultó ser proveedor de Kicillof! Encima entregó el teléfono con los mensajes borrados!”.
Muestra de ese apoyo es que Milei convocó a Adorni a una reunión que tuvo esta mañana en Casa Rosada con la organización judía B’nai B’rith previo a viajar a California disertar en el Instituto Milken. Esta no será la única muestra junto a su vocero: ayer por la tarde se conoció que había convocado a una reunión de Gabinete para este viernes a las 14 horas en el Salón Eva Perón; el Presidente le confirmó que irá.
“Están en cualquiera si creen que va a renunciar o lo van a desplazar”, dijeron desde un importante sector político. A la luz de los acontecimientos, parece poco probable que haya otro descubrimiento que lo haga cambiar de parecer al Presidente. Quienes conocen al entorno presidencial marcan que el otro factor de veto lo tiene la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los hermanos libertarios fueron quienes instaron a todo el Gabinete a acompañar a Adorni a la Cámara de Diputados la semana pasada. Para ellos es vital no “dejar tirados” a quienes configuran el círculo de funcionarios más importantes de la Casa Rosada. En el inicio del escándalo mediático, en el entorno karinista decían que no iban a desplazar a Adorni por una acusación judicial. “Con la causa ANDIS sostuvimos a los nuestros y en esta va a ser igual”, afirmaban.
Se trata de un criterio que no se aplica a la totalidad de los funcionarios. Fue realmente inconveniente para la estrategia oficial la aparición de un escándalo en el edificio contiguo a la Casa Rosada, más específicamente en el Palacio de Hacienda. Dos semanas atrás se conoció que el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, no había declarado siete propiedades en Miami y dos sociedades comerciales en Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, debió pedirle la renuncia, la cual fue ofrecida por el mismo funcionario.
POLITICA
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.
La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.
El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.
Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal
Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.
Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.
Impacto sobre el consumo y percepciones sociales
La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.
Propuestas de la industria y alternativas regionales
COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.
Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.
Escenario legislativo y transición normativa
La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.
El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.
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POLITICA
La Justicia inspecciona el departamento de Cirio y la mansión de Insaurralde para establecer dónde se grabó el video de los dólares
Se realizan inspecciones oculares en el departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas y en la mansión de su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en el country Fincas San Vicente. Los procedimientos son por orden del juez federal, Luis Armella, en la causa en la que investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En las inspecciones, de las que participan peritos, se toman medidas de los vestidores, registran imágenes, con el objetivo de tratar de determinar en cuál de esas propiedades Cirio grabó videos en los que apareció junto a fajos de millones de dólares.
En las imágenes se ven fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor. El juez federal de Lomas de Zamora dispuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analice las imágenes para determinar si son auténticas o si presentan algún tipo de manipulación.
En principio las imágenes corresponderían a la casa del country Fincas de San Vicente, en el que Cirio convivió con Insaurralde. Sin embargo esa conclusión deberá ser confirmada por el análisis técnico ordenado por el magistrado. La investigación también intenta determinar cuándo se grabaron los videos. Según la información incorporada a la causa las imágenes se registraron hace al menos tres años.
Noticia que está siendo actualizada.-
Martín Insaurralde, Jesica Cirio
POLITICA
El juicio por el ARA San Juan entra en su etapa final: el veredicto podría dictarse esta semana
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto esta semana en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.
El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya hubo 30 audiencias. Los alegatos de las defensas tendrán lugar hoy y, una vez cumplida esa etapa y escuchadas las últimas palabras de los imputados, el tribunal podría anticipar su decisión el próximo miércoles.
El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.
Los cuatro imputados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.
Durante las audiencias incorporaron testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación sobre las condiciones del ARA San Juan y el desarrollo de su última navegación.
La etapa de alegatos de la fiscalía ya concluyó con pedidos de condena que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. En dos de los casos, los fiscales también solicitaron la inhabilitación especial perpetua.
El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y partió cuatro días después para participar en un ejercicio antisubmarino y luego en una patrulla de control de pesca ilegal.
El 15 de noviembre, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación se registró a las 7:19 de ese día.
Los alegatos
Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa. Sostuvieron que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes y que no era indispensable identificar el mecanismo final del naufragio para acreditar la responsabilidad.
Las defensas, en cambio, cuestionan que no se determinó con certeza la secuencia final de la navegación ni el nexo causal entre las presuntas omisiones y el siniestro.
El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, pidió la nulidad de la acusación y, subsidiariamente, la absolución, al argumentar que “no son conocidas las causas del estrago”.
Las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa adelantaron que objetarán la falta de explicación sobre cómo los incumplimientos incrementaron el riesgo y se vincularon con la última navegación.
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Las querellas unificadas y la representada por Luis Tagliapietra formularon pedidos de pena, pero el tribunal los dejó sin efecto por no haber presentado requerimiento formal de elevación a juicio en la etapa de instrucción.
El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, cerrará el debate tras las últimas palabras de los imputados. De anticipar el veredicto el miércoles, los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.
ARA San Juan, Armada Argentina, Santa Cruz
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