POLITICA
Quién es Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de YCRT que niega vínculos con inteligencia y rechaza las acusaciones de Arroyo Salgado
El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, figura en el centro de la escena tras los señalamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo vinculó públicamente con los servicios de inteligencia en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Aunque la intervención a su cargo atraviesa un período de reorganización sin precedentes y la empresa niega vinculaciones con el técnico informático Diego Lagomarsino, la gestión de Gordillo Arriagada en uno de los mayores complejos energéticos de la provincia de Santa Cruz suma capítulos decisivos.
Gordillo Arriagada, licenciado en Ciencias Políticas y oriundo de Caleta Olivia, asumió la intervención en octubre de 2024 tras la salida de Thierry Decoud, apartado en el contexto de una denuncia por presunto pedido de coimas, hecho sobreseído luego por el juez federal Julián Ercolini.
Gordillo Arriagada es un referente de confianza del gobernador Claudio Vidal y fundó el partido provincial Somos Energía para Renovar (SER), con protagonismo en la vida política de Santa Cruz desde 2018.
Antes de su intervención en YCRT, el empresario fue gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, vocal en el Instituto de Energía Santa Cruz, y participó en las gestiones de los exgobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner.
En su perfil profesional se destaca su desempeño como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y la Secretaría de Minería, y su presidencia en la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia entre 2012 y 2015, una etapa clave en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo y la vinculación público-privada en la región.
En la estructura de YCRT, proviene de la reciente transformación de la empresa hacia sociedad anónima, con el Estado nacional ostentando el 51% de las acciones. Gordillo Arriagada, según detalla su perfil oficial de LinkedIn y declaraciones reproducidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de Santa Cruz, sostuvo que la asamblea de accionistas que definirá la composición del directorio y pondrá fin a la intervención, estableciendo un nuevo régimen de gestión.
Las declaraciones judiciales y el rechazo desde YCRT
La jueza Arroyo Salgado sorprendió el reciente miércoles al afirmar que existen trascendidos sobre supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y su accionar en empresas del desarrollo en Río Turbio.
Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.
Con respecto al caso de su exesposo, sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. Y agregó: “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”.
La magistrada mencionó una presunta reunión en abril pasado entre Diego Lagomarsino -procesado como partícipe en la causa Nisman-, el gerente Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada.
Desde la empresa, los voceros negaron categóricamente la existencia de esta reunión y aseguraron que Lagomarsino “no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa” y calificaron las versiones difundidas como una “operación”.
Además, el entorno de Gordillo Arriagada subrayó que la empresa sufrió tres ataques informáticos en los últimos años, incluido uno en septiembre de 2024 cuya investigación judicial sigue abierta, y vinculan el interés mediático a estos incidentes.
Inversiones privadas, déficit y exportación de carbón
En paralelo a la controversia judicial, la gestión de Gordillo Arriagada en YCRT se encuentra marcada por el impulso de inversiones privadas y la reducción del déficit operativo.
En declaraciones a FM El Portal y recogidas por Diario El Cóndor, el interventor anticipó que existen dos importantes propuestas de iniciativa privada: una por USD 120 millones que contempla la unidad productiva completa (mina, usinas, puerto y logística ferroviaria) y otra por USD 20-25 millones enfocada en la central termoeléctrica de 240 MW.
La materialización de estas inversiones no implica la venta de la empresa, sino la puesta en marcha y funcionamiento integral de sus operaciones bajo un esquema de control estatal. Este proceso prevé la incorporación de capital privado y la adaptación de la estructura societaria para facilitar la viabilidad financiera de YCRT.
Sobre el flujo operativo actual, Gordillo Arriagada informó, según la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, que la reciente exportación de 60.000 toneladas de carbón santacruceño a Brasil representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial.
Con este contrato, basado en la totalidad del stock de carbón disponible en Punta Loyola y la Usina 240 MW, YCRT prevé avanzar en la producción y aspira a despachar cargas similares cada 45 días en el futuro.
POLITICA
La Iglesia y referentes del Poder Judicial piden promover una “justicia más humana” y combatir la exclusión
Referentes del Poder Judicial, de la Iglesia y de organizaciones sociales se reunieron este sábado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, una de las obras más emblemáticas dedicadas al cuidado de las personas con discapacidad severa y en situación de extrema vulnerabilidad, y se pronunciaron en favor de ampliar el acceso a “una justicia más humana” y combatir la exclusión.
El encuentro tuvo lugar en momentos en que los programas de atención a la discapacidad enfrentan una severa crisis, por recortes y ajustes atribuidos al gobierno de Javier Milei.
Con la misión de visibilizar los derechos de las personas más vulnerables, encabezaron la jornada el obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, monseñor Eduardo García, y el padre Aníbal Quevedo, responsable del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde residen y son acompañadas personas sin red familiar o atravesadas por situaciones extremas de fragilidad social y sanitaria.
En el emblemático centro de Claypole fundado en 1935, la Iglesia recibió a los jueces Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; Andrés Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre muchos otros.
Los jueces y referentes de organizaciones sociales realizaron una recorrida por los hogares y espacios de atención del Cottolengo, donde pudieron conocer de cerca el trabajo cotidiano que desde hace décadas sostiene la obra inspirada en el carisma de San Luis Orione, cuya misión es acompañar, alojar y dignificar a personas atravesadas por situaciones de abandono, pobreza y exclusión.
“Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes”, señalaron los organizadores del encuentro.
“La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro”, expresó el obispo García, al recordar una frase que Francisco encarnó en su pontificado.
Se explicó, en ese sentido, que los “diálogos por una justicia más humana” se consolidan como espacios de encuentro entre magistrados, funcionarios judiciales, organizaciones comunitarias y la Iglesia, para promover “una mirada más cercana a las realidades sociales y a las periferias urbanas”.
A lo largo de la jornada se presentaron testimonios, intercambios comunitarios y una ronda de diálogo centrada en las “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”, una iniciativa que busca acercar el mundo judicial a las realidades de mayor vulnerabilidad social.
Participaron de la jornada, también, Cristina Tabolaro, en representación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires; Daniela Bersi, fiscal de la Casación Penal bonaerense; la jueza nacional de ejecución penal Jimena Monsalve, Karina Yabor, conjueza del Tribunal Oral Federal de La Plata; Francisco Martínez Garmendia, juez de Garantías del Departamento Judicial Quilmes; Mariano Cascallares, del Consejo de la Magistratura bonaerense; Miguel Osorio, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal; Paloma Ochoa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, y Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8 de La Plata, con sede en Cañuelas.
A ellos se sumaron Nicolás O’Reilly, subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura de la Nación; Samanta Guede, auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10; Sofía Corradini Sagretti, secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales, y Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de la Ejecución Penal.
Además, participaron el hermano Jorge Silanes, director religioso del Cottolengo Don Orione de Claypole; Fernando Montero, coordinador técnico; el administrador Marcelo Bezek y el representante legal Pablo Díaz.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Discapacidad,Conforme a,Iglesia,,Misterio resuelto. Un arqueólogo revela cómo el tesoro del líder de una iglesia terminó en el fondo de un río,,Tender puentes. En reuniones con dirigentes políticos, la Iglesia insistió en la necesidad de favorecer el diálogo con todos los sectores,,Cuestionado por los obispos. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada separa otra vez al Gobierno y la Iglesia
POLITICA
La UCR bonaerense selló la unidad para conducir el partido, pero habrá internas en varios municipios
La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense logró cerrar un acuerdo de unidad para renovar la conducción partidaria y evitar una interna provincial, aunque el entendimiento no consiguió desactivar todas las disputas territoriales: en varios municipios habrá competencia el próximo 7 de junio.
Tras días de negociaciones entre el espacio que responde a Maximiliano Abad, Evolución Radical, el que lidera Gustavo Posse y el sector referenciado en Miguel Fernández, los distintos sectores de la UCR alcanzaron un consenso para definir una lista única en el Comité Provincia. El elegido para encabezar la nueva conducción es Emiliano Balbín, exdiputado bonaerense y nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín.
“El radicalismo bonaerense empieza una nueva etapa. Con orden institucional, liderazgos claros y vocación de unidad, logramos los acuerdos para expresar la pluralidad de un partido que quiere recuperar terreno en la provincia más importante del país”, afirmó Balbín tras conocerse el acuerdo de unidad.
El acuerdo también incluyó un reparto de lugares entre los distintos sectores internos, con el objetivo de evitar una nueva pelea partidaria después de meses de tensión y judicialización dentro del radicalismo bonaerense. La negociación se aceleró ante el vencimiento del plazo para presentar listas y la intención de evitar que los afiliados debieran votar en una interna provincial.
La conducción partidaria venía atravesando una etapa de fragilidad luego de la interna de 2024, que terminó en la Justicia y derivó en una estructura de transición para evitar una intervención del partido por la demora en la renovación de autoridades. En ese contexto, los principales referentes de la UCR bonaerense venían manteniendo conversaciones desde hace semanas para sellar un entendimiento político.
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Sin embargo, el acuerdo provincial no logró replicarse en todos los distritos. En varios municipios persistieron las diferencias entre sectores y finalmente habrá elecciones internas para definir las conducciones locales.
Los municipios donde la UCR irá a internas
Uno de los casos más representativos es General Pueyrredon, donde el radicalismo no consiguió cerrar una lista de consenso y se encamina a una disputa entre dos espacios. El oficialismo local impulsará la candidatura del concejal Ricardo Liceaga Viñas, mientras que la oposición llevará como postulante a Fernando “Pipi” Herrera.
Las tensiones territoriales exponen que, pese al acuerdo alcanzado en la cúpula partidaria, la UCR bonaerense todavía mantiene fuertes diferencias internas en varios municipios, donde las disputas por el control de los comités locales siguen abiertas.
El escenario refleja además la compleja ingeniería política del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, atravesado por alianzas cruzadas y reacomodamientos entre sectores que hasta hace poco tiempo se enfrentaban abiertamente.
En Mercedes tampoco prosperó un acuerdo de unidad. Allí, Marcelo Ventrelli y Sofía Marino oficializaron una nómina alternativa que enfrentará al armado respaldado por la conducción local del partido, encabezada por Karina La Regina y Martín Zunino.
La situación se repite en Avellaneda, donde el oficialismo partidario deberá competir contra una nueva corriente interna denominada “Renovación + Unidad”. El espacio es liderado por Martín Ruiz Deza y Melisa Gorosito, que buscarán disputar la conducción del comité local.
UCR, Provincia de Buenos Aires, interna
POLITICA
El Gobierno reveló que la UBA exige el 95% de los fondos nacionales para hospitales universitarios
En la previa a la marcha universitaria por la aplicación de la ley de financiamiento para este sector educativo, el Gobierno nacional apuntó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la acusó de “extorsión política” por pretender acaparar casi la totalidad del presupuesto para los hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseveró que la UBA quiere que el Estado le asigne el 95% del presupuesto para el sector, y dijo que el vicerrector de dicha casa de estudios, Emiliano Yacobitti, se encuentra detrás de lo que considera una maniobra política para presionar por mayores recursos.
El Hospital de Clínicas amenaza con parar por falta de fondos del Gobierno: Capital Humano acusó extorsión
De esta manera, el funcionario respondió el reclamo de la universidad pública, que había denunciado una falta de fondos que el Ejecutivo debía asignarse y amenazó con riesgos en la atención de los hospitales universitarios.
Frente a la acusación, Álvarez sostuvo que la UBA quiere quedarse con “75 mil millones de pesos” equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Públicas del Gobierno de Javier Milei, Alejandro Álvarez.
“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4 mil millones”, aseguró el subsecretario, a lo que agregó que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo solicitó, por sí sola, partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.
Alejandro Álvarez desmintió que el Gobierno no esté girando fondos a los hospitales de la UBA, y aseguró que se transfieren “en tiempo y forma”, por lo cual calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento: “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarse al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, apuntó el funcionario en un declaraciones a Radio Rivadavia.
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Alejandro Álvarez,Fondos,Gobierno,hospitales universitarios,Marcha Universitaria,Presupuesto,UBA
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